Autor: Christian Espinoza

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Es un hecho notorio, respaldado ampliamente por encuestas, que la Policía Nacional Civil dista mucho de ser la policía que la ciudadanía espera. Las causas de esta situación son variadas y complejas, ameritando una exhaustiva discusión ulterior. En tal sentido, mucho se ha hablado en los últimos meses en Guatemala respecto a que necesitamos urgentemente fortalecer a la Policía Nacional Civil, particularmente por la serie de medidas arbitrarias y regresivas que han sido impulsadas por el Presidente Morales y el Ministro Degenhart, pero también por el contexto de ofertas electorales de este año.

De hecho, algunos partidos políticos hicieron algunas propuestas concretas al respecto, las cuales tendremos la oportunidad de examinar críticamente más adelante. Sin embargo, no se trata solamente de decir que se hará esto o aquello otro de modo particular; hay un marco filosófico y estratégico de la función policial que se necesita discutir y explicitar a fin de que se comprenda con suficiente claridad hacia dónde se dirigen aquellas propuestas o qué tipo de policía aspiran realmente a fortalecer: por ejemplo, si apuntan hacia institucionalizar una policía primordialmente de naturaleza gubernativa, o bien una profesional, o bien una comunitaria.

En realidad, no cualquier propuesta particular, a primera vista atractiva (por ejemplo: aumentar la tasa de encuadramiento policial), puede serlo efectivamente o seguirlo pareciendo si se discuten a fondo los méritos y el alcance de los modelos policiales globales en los que se enmarcan. En mi opinión, más que fortalecer la Policía Nacional Civil, lo que necesitamos es repensar e implementar un nuevo modelo policial en el país, lo cual podría incluir tal propuesta pero en absoluto se limita a ello. Esto requiere tomar en cuenta ciertas discusiones y análisis que brillan por su ausencia en Guatemala, no sólo en el campo de los partidos políticos sino también, lo cual es más lamentable, en el propio campo de expertos en política pública y de los think tanks especializados en seguridad y justicia.

En esta línea, intentaremos en esta primera entrega responder a las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son la naturaleza y alcance de la función policial? ¿Qué es un “modelo policial”? ¿Cómo se relaciona con la política de seguridad? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de los principales modelos policiales?

1. ¿Por qué y para qué existe la policía?: Estado, policía y seguridad pública

Existe una estrecha relación entre el Estado, la policía y la seguridad pública, a tal grado que una reforma o transformación del primero –sea de su aparato o de sus políticas públicas– tendrá notables efectos sobre los otros dos elementos. Las políticas de seguridad y los modelos policiales se encuentran íntimamente ligados al sistema político o Estado de una sociedad determinada. Así, es difícil pensar que una auténtica política de seguridad democrática y un verdadero modelo policial comunitario puedan darse en un régimen autoritario. Hay varias maneras de explicar dicho nexo. Optaremos aquí por el ángulo liberal.

“Policía” se llama, en general, a una función, esencial en el Estado moderno, orientada a proveer de seguridad a la población de un territorio determinado, particularmente respecto de amenazas internas, ya que las de carácter externo suelen estar comprendidas en “Defensa”, a cargo del ejército.

Aunque la policía es un producto relativamente tardío – suele situarse su surgimiento en los inicios del siglo XIX, vinculado a la seguridad de las ciudades en la industrialización y urbanización capitalista–, ya el pensamiento liberal y contractualista del siglo XVII –como el de Hobbes– dieron cuenta de la función de seguridad como razón de la existencia del Estado, en tanto organización política que ejerce el monopolio del uso de la fuerza legítima a fin de evitar que unos hombres causen daño o ejerzan violencia sobre otros (Guillén, 2015).

El Estado, reza el mantra del liberalismo clásico, existe para proveer seguridad a quienes habitan en su territorio. El Estado pretendidamente neutral funciona como árbitro de los conflictos entre individuos y es la alternativa racional y legítima a la anarquía. En este esquema la función policial es un instrumento clave para asegurar el orden público y el imperio de la ley. Donde hay Estado, pues, hay policía; y hay policía para proveer seguridad. En esta línea, a tono con dicho mandato crucial del Estado moderno, en el caso del Estado de Guatemala ese mandato se encuentra establecido especialmente en el artículo 2 de la Constitución Política de 1985.

Ahora bien, ¿qué papel específico juega la organización policial en relación con el mandato estatal de proveer seguridad a la población?

Destaquemos que la seguridad suele entenderse en términos amplios como “ausencia de amenazas”, pero el espectro de éstas que puede enfrentar la población y el propio Estado es amplio y heterogéneo, reconociéndose por ello la existencia de distintos ámbitos de la seguridad, por ejemplo: amenazas a la seguridad de la Nación (ámbito de seguridad nacional o de la Nación, que regula en nuestro país la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad); amenazas a los derechos, libertades y bienes de los ciudadanos (seguridad pública); amenazas relativas al uso de la internet y las plataformas digitales (seguridad cibernética); amenazas de origen externo, tradicionales o emergentes (seguridad exterior o defensa), etc.

En tal sentido, en el caso de la institución policial, hoy en día está ampliamente difundida y legitimada la opinión de que su mandato central es la “seguridad pública”, denominada también en ocasiones como “seguridad interna”. Para el caso guatemalteco, la Ley de la Policía Nacional Civil establece que la PNC fue creada precisamente con el mandato exclusivo de proveer seguridad pública a la población.

Pero, ¿cómo pueden entenderse, con mayor detalle, el ámbito o concepto de “seguridad pública” y la función policial en sentido estricto? Desde una perspectiva teórica asociada a la tradición liberal (y particularmente tras las conquistas logradas por la Revolución Francesa), la seguridad pública suele caracterizarse como aquel ámbito de seguridad en el que el Estado busca primordialmente mantener el orden público; proteger la integridad física de las personas y, especialmente, sus derechos y sus bienes; prevenir los delitos; y realizar la investigación criminal. Estos elementos son los que, justamente, imposibilitan que puedan mezclarse la función de policía con la de defensa y que no puedan confundirse los roles y mandatos de la policía con los del ejército; esto es, que no puedan confundirse el ámbito, los principios y los medios de la seguridad interna con los de la defensa o seguridad exterior.

De hecho, el artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, señalaba la necesidad de contar con una “fuerza pública” para garantizar estos derechos “en beneficio de todos”; este crucial planteamiento de la policía como garante de los derechos individuales suele considerarse como el punto de inflexión histórico a partir del cual se propició la creación de cuerpos policiales encargados de la seguridad interna, pero precisamente con filosofías y estrategias distintas a las de los cuerpos militares, pues la lógica y medios de abordaje de las amenazas respectivas de las que se encargan cada una de estas instituciones se orientan hacia fines sustantivamente diferentes (Guillén, 2015). Esta nota sobre la crucial distinción y separación entre la naturaleza y los roles de la policía (civil) y los del ejército (militar), o entre la seguridad y la defensa, no es de menor importancia en la discusión sobre el modelo policial en Guatemala y volveremos a ella en la próxima entrega.

Concurren, pues, en la dimensión de la seguridad pública las tres funciones claves del órgano policial: el mantenimiento del orden público, la investigación criminal y la prevención del delito. Cabe decir que el artículo 10 de la Ley de la PNC refrenda esta concepción, pues señala e incluye a aquellas –entre un catálogo mucho más amplio– como atribuciones y funciones centrales de dicha institución, aun y cuando desde los estudios criminológicos se ha subrayado el enorme peso y primacía que en la praxis tiene la primera función sobre las dos restantes en la mayor parte de los cuerpos policiales del mundo (Guillén, 2015), algo que también puede sostenerse con respecto a la PNC, donde el grueso del personal no está dedicado a la investigación criminal ni a la prevención del delito.

• ¿Cómo organizar a la policía?: Política de seguridad y modelos policiales

Podemos ahora introducir la discusión sobre los “modelos policiales” y preparar el terreno para el análisis sobre el modelo policial imperante en Guatemala. Partamos de que un modelo policial no es otra cosa que un “conjunto ordenado de normas, órganos, recursos –humanos, materiales y de otro tipo– y procedimientos de relación entre todos ellos, que se articulan y actúan de forma coordinada, con la finalidad de contribuir a garantizar la seguridad de los ciudadanos” (Jar Couselo, 2000). O, en forma más sintética, es una “visión global de la función policial”, no una estrategia concreta para abordar amenazas a la seguridad en determinada coyuntura (Guillén, 2015).

En esta línea, debemos tener claro que toda política de seguridad conlleva –como cualquier política pública en otro ámbito– no solamente la definición del problema público a abordar (la inseguridad subjetiva, por ejemplo), la identificación de los factores determinantes sobre dicho problema (la proliferación de armas o la desigualdad en el ingreso, por ejemplo) y la formulación de los objetivos estratégicos y metas (reducir a la mitad la tasa de homicidios por 100,000 habitantes en el territorio nacional durante el próximo lustro, por ejemplo), sino también la identificación de los actores relevantes (PNC, DIGICI, etc.), la formulación de las estrategias o intervenciones principales que estos implementarán para alcanzar metas específicas (patrullajes policiales, por ejemplo)  y, asimismo, un modelo organizativo-funcional en el que se definen los principios orientadores, las misiones primordiales y la manera en que dichas entidades estarán estructuradas, interrelacionadas y en su caso coordinadas, a fin de cumplir eficaz y eficientemente con sus distintos roles, atribuciones y funciones institucionales.

Toda política de seguridad presupone, pues, un modelo policial o varios modelos policiales, según el número y la heterogeneidad de organizaciones policiales que puedan existir simultáneamente en un país concreto. Y toda discusión sobre una reforma o transformación del modelo o modelos policiales vigentes acarrea, por tanto, una discusión sobre la política de seguridad en su conjunto (Guillén, 2015). En realidad, no podemos discutir seriamente sobre los modelos policiales si no tomamos en cuenta a la vez las políticas de seguridad a las cuales dichos modelos se adscriben, particularmente su adecuación o inadecuación con la naturaleza, los objetivos y las estrategias que planteen tales políticas. Por ejemplo, en la política de seguridad, y en el modelo policial asociado a ella, juega un papel importante el factor relativo a si dicha política se enfoca más en los aspectos situacionales del delito o si no lo hace así. En caso afirmativo, como sostiene Guillén (2015) lo más probable es que las causas sociales, personales o ambientales del crimen pasarán a un segundo plano y esto tendrá incidencia sobre el alcance y orientación de la función policial, esto es, sobre el modelo policial mismo.

No obstante, no es oportuno proceder ahora a tal tarea, de la cual también nos ocuparemos en la segunda entrega. Conviene, más bien, explicitar de mejor manera la cuestión ¿qué es un “modelo policial”? y revisar brevemente algunas tipologías relevantes.

En principio, refiramos que hay una tipología clásica que distingue entre dos grandes modelos policiales: 1) el continental o francés y 2) el anglosajón o inglés (Jar Couselo, 1999). Esta taxonomía se enfoca en las dos grandes vertientes de la policía moderna que emergieron durante el siglo XIX en Europa.

En breve, el modelo continental –cuyo prototipo clásico lo constituyó la policía de Fouché– se caracterizaría por disponer de estructuras organizativas militarizadas, una fuerte centralización del mando, un sistema de información desplegado a nivel nacional, un énfasis en el control de la población y bajo nivel de proximidad, apoyo y legitimidad de la ciudadanía.

Por su parte, el modelo anglosajón establecería una separación clara entre la función militar y la policial, vinculando ésta al poder local; además, se concedería una prioridad al enfoque preventivo del delito sobre el reactivo y la función policial se ejecutaría a través de órganos policiales bajo el control de las autoridades locales y no desde la capital del país.

Otros autores, como Wilson, han distinguido entre un modelo legalista, un modelo orientado hacia la prestación de servicios y un modelo de vigilancia. Según Wilson (Moloeznik, 2010), el modelo legalista se caracterizaría por la aplicación estricta de leyes y reglamentos, por una débil importancia concedida al mantenimiento del orden público, por límites importantes a la discrecionalidad de la función policial, por una cifra elevada de arrestos (particularmente sobre delitos menores) que funcionan además como un indicador de desempeño policial, por una división de funciones altamente especializadas y por altos niveles de control jerárquico y rigidez en la ejecución de las tareas.

Por su lado, el segundo modelo se distinguiría por concebir a la policía ante todo como un servicio a la ciudadanía, por un grado moderado de descentralización de la autoridad y la responsabilidad, por privilegiar el mantenimiento del orden sobre la aplicación de la ley, por priorizar las relaciones con la comunidad y dar importancia a cultivar en el público una imagen positiva de la policía, así como por fomentar la ética y potenciar el espíritu de iniciativa del agente policial. Y, por último, el modelo de vigilancia dispondría de los siguientes rasgos sobresalientes: focalización en el mantenimiento del orden, amplia discreción en la ejecución de las tareas policiales, control débil del personal, vulnerabilidad a la corrupción y limitada descentralización de la autoridad y la responsabilidad.

Por su parte, Moloeznik (2010) ha propuesto distinguir entre modelos policiales “de mayor grado de desarrollo relativo”, propios de los países con poderío económico y financiero y con fuertes Estados de derecho, entre los cuales identifica al alemán, al canadiense, al español, al francés, al británico, al israelí, al japonés y al estadounidense; modelos policiales “de desarrollo intermedio”, entre los que destacan el modelo ruso y el chino; y los modelos policiales “latinoamericanos”, sobresaliendo entre ellos el argentino, el brasileño, el chileno, el colombiano y el mexicano.

Algo importante de estos últimos –entre los cuales se encontraría el propio modelo guatemalteco– es que, según Moloeznik (2010) pero también otros autores como Cheves (2005), se caracterizarían por tener una organización muy centralizada de naturaleza cuasi-militar, un enfoque represivo del delito y débil proximidad y baja legitimidad ante la ciudadanía.    

Por último, en la literatura sobre modelos policiales descuella el trabajo reciente de Guillén (2015), quien ha destacado que el elemento definitorio clave de un modelo policial es el relativo a sus fuentes de legitimación, distinguiendo tres de ellas: la obediencia a un gobierno democrático, legítimo y representativo; el saber profesional; y el servicio que se presta a la población.

Guillén también ha apuntado la relevancia de otro elemento: el de la finalidad o misión policial. Por ejemplo, si la misión principal es la lucha contra la delincuencia, o el mantenimiento del orden público, o la satisfacción de los ciudadanos en tanto usuarios del servicio de seguridad. Cada una de estas misiones conduce o corresponde a modelos diferenciados.

Ciertamente, la intensidad puesta en cada elemento y la combinación que pueda existir entre todos ellos es lo que le dará especificidad a cada modelo y lo diferenciará de otros.

Todos esos elementos tienen un gran peso sobre otros aspectos de un modelo policial, como la relación específica y el grado de discrecionalidad que tendrá la policía con la aplicación de la ley en casos concretos; las prioridades particulares a asumir en el mantenimiento del orden en espacios públicos (gestión del orden público, de la masa o del desorden); la relación con la ciudadanía y el papel de esta en la seguridad pública y en la definición de las políticas policiales y de la propia organización y funcionamiento de la policía; así como el tipo de controles y mecanismos de rendición de cuentas a los que los cuerpos policiales estarán sometidos, entre otros.

Un modelo policial, pues, pone en juego todos aquellos elementos centrales a la hora de definir cómo se ejercerá la función policial por uno o varios cuerpos policiales en un territorio determinado. Ningún modelo se concreta de manera pura en ninguna organización policial determinada. Toda implementación de un modelo policial es compleja. Pero la mezcla de elementos propios de diversos modelos no significa que ninguno de ellos tenga una influencia clara o decisiva. Normalmente, un modelo domina o tiende a dominar en cada cuerpo policial particular.

Examinemos con algún detalle la tipología propuesta por Guillén (2015).

Este autor ha distinguido tres principales modelos policiales entre los que existiría históricamente un tipo de sucesión cronológica, a saber: el gubernativo, el profesional y el comunitario.

El modelo gubernativo es bajo el cual nacen las policías modernas y tiene como rasgo sobresaliente que la policía actúa en dependencia directa del Gobierno, el responsable de darle las órdenes de actuación, de supervisar su funcionamiento y de aplicar determinado tipo de sanciones en caso de negligencia o mal desempeño. La policía no es otra cosa aquí que “una organización que ejecuta órdenes”.

Más allá de esto, sin embargo, hay otros atributos relevantes que configuran y distinguen al modelo gubernativo, por ejemplo:

1) La policía tiene como fin principal el mantenimiento y aseguramiento del orden político, dependiendo mucho de las bondades o insuficiencias del sistema político en el cual se implementa;

2) El modelo le otorga mucho mayor énfasis al control de la información y el mantenimiento del orden en los espacios públicos que a la seguridad subjetiva (temor al delito, percepción de inseguridad de la ciudadanía), lo cual puede abarcar no solo hacerse cargo de más funciones administrativas sino incluso de gestionar información o inteligencia para la toma de decisiones políticas, razón por la cual el cuerpo policial está o puede sujetarse a un uso político por el Gobierno;

3) Prevalece la influencia de la estructura y disciplina militar en el diseño organizacional y la cultura de los cuerpos policiales civiles, dando lugar incluso a la coexistencia de policías militares o de estatuto castrense;

4) Dispone de una estructura bastante centralizada y jerárquica para garantizar y controlar la ejecución de las órdenes, para lo cual no elude el uso de la fuerza cuando resulte necesario, teniendo además normalmente cobertura a nivel nacional;

5) Es un modelo primordialmente reactivo; está mejor dispuesto o preparado para la reacción ante el crimen que para la prevención del mismo;

6) Dado que el cuerpo policial es un mero ejecutor de las decisiones gubernamentales, no necesita abrirse ni cultivar una relación o establecer canales de comunicación con la ciudadanía que no vayan en dirección de los intereses policiales, lo cual puede redundar por otra parte en un difícil acceso a la información policial así como a la realización y divulgación de los resultados de las encuestas de victimización. Dicho de manera simple: la ciudadanía no es un elemento central para este modelo;

7) Dada su vinculación y dependencia estrecha del Gobierno, es usual que un cambio en este último comporte también cambios relevantes en la propia cúpula policial;

8)  El método de trabajo privilegiado de este modelo es el patrullaje policial uniformado; se apuesta por la presencia policial en las calles como factor disuasivo del crimen y asegurador del orden público;

9) Los controles externos en vigor sobre la policía serán primordialmente judiciales, aunque también los hay de carácter político y administrativo. Los controles ciudadanos son prácticamente inexistentes.

10) Es un modelo que puede resultar atractivo para sistemas políticos autoritarios o incluso para “democracias débiles”, al posibilitar el control político del uso de la fuerza policial con mucho margen de discreción y configurar a la policía como un ente aislado de la sociedad.

Por su lado, el modelo profesional habría aparecido durante las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos de América con el espíritu de resistir o superar los graves problemas a los que se venía enfrentando el modelo gubernativo en razón de su dependencia del sistema político. Este modelo tiene como características principales las siguientes:

1) Por su fuerte carácter legalista, la misión principal de la policía es la lucha contra la delincuencia, particularmente el combate del delito. La policía ha de enfocarse en la desviación de la ley, persiguiendo las infracciones cometidas.

2) Otorga especial relevancia a la formación y especialización de los policías con referencia expresa a la idea de profesionalidad, a fin de aludir a un conjunto de personas que actúan en función de un saber y unos procedimientos específicos considerados idóneos para el cumplimiento de la misión policial;

3) La policía, por tanto, es concebida como una profesión con personal formado al más alto nivel técnico para abordar los problemas de inseguridad, así como ocurre en otras profesiones como la salud o la educación;

4) La autoridad policial se obtiene primordialmente a través del conocimiento. Este énfasis otorgado al saber y la técnica posibilita que la policía pueda ser percibida como un ente neutral y técnico, buscando distanciarla de la influencia de los actores políticos;

5) Por ello mismo, los procesos de selección, formación y promoción del personal policial han de ser objetivos y rigurosos, con un alto perfil educativo y orientados hacia la más alta especialización y profesionalización, lo cual eleva el status y el prestigio de la profesión policial;

6) La policía debe tener a su alcance mejores condiciones de trabajo que las usuales y poder aprovechar el desarrollo científico y tecnológico para el cumplimiento de sus roles y funciones en seguridad;

7) Concede una mayor exigencia ética y de apego y respeto por la ley, limitando al máximo la discrecionalidad policial para evitar arbitrariedades y actos de corrupción, buscando además garantizar la independencia respecto de la política y la credibilidad ante la ciudadanía;

8) Se basa en protocolos normalizados de trabajo y promueve el uso de indicadores propios para monitorear y evaluar el desempeño del servicio policial, particularmente relacionados con el incremento o descenso de las tasas delictivas;

9) Su método o estrategia principal de trabajo es la intervención intensa, una estrategia muy reactiva y focalizada en el control de los espacios;

10) No le otorga una prioridad a la prevención del delito; ésta juega un papel marginal en el modelo, al considerarse que la detención y condena de los delincuentes –y, por tanto, las capacidades de investigación criminal– es el principal factor preventivo o disuasivo de nuevos delitos;

11) No obstante lo anterior, propugna un incremento del número de policías operativos al considerar que ello funciona como factor de disuasión, y por tanto de prevención, de la delincuencia;

12) La ciudadanía tampoco adquiere un papel relevante en sí mismo, pues es el saber y no la satisfacción ciudadana es la fuente de legitimidad del cuerpo policial; la interacción con la población no es por tanto muy relevante ni debe ser fomentada, aunque se reconoce que los ciudadanos pueden colaborar en la prevención del delito y en proveer de información útil para la actuación policial; y

13) Aunque admite ciertos controles externos, los principales controles sobre la policía son aquí los controles internos; los controles ciudadanos adquieren poca importancia.

Por último, aunque hay variadas formulaciones que utilizan nombres como los de “policía comunitaria”, “policía de proximidad” o “policía de barrio”, el modelo comunitario –teniendo algunos antecedentes en la Policía Metropolitana de Londres del siglo XIX– surgió durante la década de los setentas en los Estados Unidos como respuesta al fracaso del modelo profesional, extendiéndose luego a diferentes regiones del mundo y distinguiéndose especialmente por los siguientes rasgos:

1) Concibe esencialmente a la policía como un servicio público de seguridad, como un modelo de prestación de servicios de seguridad a la ciudadanía. Esto –no el poder, ni la ley, ni el saber técnico– es lo que justifica la existencia del cuerpo policial;

2) La comunidad o el público son muy relevantes para la definición de la misión policial y de los asuntos prioritarios a ser cubiertos por la policía. La lucha contra la delincuencia es un objetivo importante, pero la satisfacción ciudadana –que puede o no estar focalizada en la delincuencia– se erige como el criterio relevante para la evaluación del servicio policial;

3) La policía debe aproximarse a la comunidad, especialmente para conocer sus demandas, porque necesita mantener altos niveles de legitimación –lo que incluye saber hacer su trabajo en comunidades multiculturales, particularmente con las minorías– y para fomentar también la colaboración de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia;

4) El servicio policial debe diseñarse con base en las necesidades de la ciudadanía (incluyendo las de las minorías culturales) y no en el saber experto, lo que implica gestionar la información y el conocimiento correspondientes. La policía no es tanto un agente estatal cuanto un agente de la comunidad;

5) No obstante, se considera que el ciudadano no es solamente un cliente, sino también un actor. La ciudadanía juega un papel proactivo al concebirse que la responsabilidad de mantener el orden y la seguridad también está en sus manos. Se abandona la idea de que la policía tiene el monopolio de los asuntos de seguridad y se proclama la idea de la “coproducción de la seguridad” (Estado-ciudadanía); la policía –como han dichos algunos– ya no es solamente “la policía” sino “la policía y la comunidad”;

6) Se promueve la organización comunitaria, la convivencia pacífica y la cohesión social, así como la participación de los ciudadanos en la protección de su patrimonio, en la seguridad de sus actividades y en la recuperación de los espacios públicos;

7) La comunicación es un elemento clave del modelo. Se busca maximizar el contacto y la comunicación entre la policía y el público por diferentes vías (campañas de comunicación, encuestas de victimización, acceso a las estadísticas policiales, reuniones con vecinos, etc.), lo cual se considera que influye positivamente en la seguridad subjetiva, particularmente al ganar la policía el respeto y aceptación de la población;

8) Aunque mantiene criterios reactivos, se prioriza un enfoque preventivo del delito y se fomenta la solución de conflictos y de problemas, postulándose un uso mínimo de la fuerza, la represión y el castigo;

9) En términos organizacionales, el modelo favorece un perfil de agente con habilidades, conocimientos y actitudes para enfrentar situaciones imprecisas e inciertas. Es un perfil mucho más flexible y polivalente que en los modelos anteriores. También se promueve la cooperación interagencial en razón de la multidimensionalidad de las causas de la inseguridad;

10) Los indicadores principales del modelo no son las detenciones o actuaciones policiales contra la delincuencia, sino los resultados alcanzados a través del servicio público de seguridad (la ausencia de delitos y desorden);

11) En cuanto al orden público, este modelo apuesta por la gestión del mismo como tal y no de la masa, ni de los incidentes, buscando estar en contacto permanente con la comunidad para anticiparse a los conflictos;

12) Respecto a la relación con la ley, se busca más servir a ésta que simplemente ejecutarla o aplicarla mecánicamente, lo cual le concede un amplio margen de discrecionalidad al agente policial;

13) En caso de alguna reforma institucional importante, se harán consultas al público y a los actores involucrados relevantes;

14) Los mecanismos de rendición de cuentas y de control son preferentemente de carácter externo y, primordialmente, busca facilitar el control ciudadano sobre la policía antes que los controles formales jurisdiccionales.  

Partiendo de todos estos elementos analíticos sobre los modelos policiales, ¿qué podemos decir acerca de la función y la organización policial en Guatemala? ¿A qué modelo o modelos se adscribe? Para adelantar nuestra tesis, tomando como referente la tipología planteada por Guillén, lo que hay en nuestro país es primordialmente un modelo policial gubernativo –o de “policía de Estado”– al que, durante la última década, se han sumado elementos del modelo profesional y del modelo comunitario, con diferente grado de impacto y éxito. Argumentaremos, profundizaremos y matizaremos eventualmente esta tesis en la próxima entrega.

Referencias:

Cheves, Raúl Marcelo (2005): El modelo policial hegemónico en América Latina, Editorial Universidad, Buenos Aires.

Guillén Lasierra, Francesc (2015), Modelos de policía y seguridad. Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.

Jar Couselo, Gonzalo, “El papel de la policía en una sociedad democrática”, Revista española de investigaciones sociológicas, No. 85, 1999, pp. 199-220.

Jar Couselo, Gonzalo, Modelos comparados de policía, Madrid, Dykinson/Ministerio del Interior, 2000.

Moloeznik, Marcos Pablo, Manual de sistemas comparados de policía, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2010.

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