Tasa anual de heridos o lesionados por violencia, 2018

En otros países, la tasa de violencia homicida disminuye por el hecho de contar con una mejor respuesta para las emergencias. Atender rápidamente a los heridos puede salvarles la vida. Por ello, a veces, se cuestiona si en Guatemala también ha bajado la tasa de heridos. Esto se puede verificar con los datos que también contabiliza la Policía en la escena del crimen.[1]

En 2017, la PNC registró un total de 5,228 lesionados por violencia, mientras que en 2018 la cifra descendió a 4,246. Es decir que hubo una disminución del 19% de un año al otro, en términos absolutos. La tasa por 100 mil habitantes pasó de 30.9 a 24.6, es decir, una reducción del 20%. La tendencia de largo plazo hacia la baja en términos de heridos por violencia es consistente con la de homicidios (PNC) y es muy similar a la tendencia de necropsias relacionadas con violencia que reporta el INACIF. El comportamiento del indicador de heridos por violencia (o lesionados), según el sexo de la víctima, también es muy similar a la tendencia observada para los homicidios.

Tendencia interanual de las tasas de homicidio y lesionados, 2009-2018.


Tasas de homicidios y lesionados de la PNC y de necropsias del INACIF

Tendencias de lesionados PNC, desagregados por el sexo de las víctimas

 Fuente: elaboración propia utilizando datos de PNC e INACIF.


[1] La Policía contabiliza los heridos, pero no actualiza sus registros dando el debido seguimiento a las víctimas, para ver si no mueren posteriormente debido al hecho de violencia. Esto explica, en parte, la diferencia sistemática entre las cifras del INACIF y la PNC. Como se ilustró antes, utilizándose una muestra representativa de ocho meses de datos del INACIF, hasta una quinta parte de los heridos podría fallecer anualmente en los centros de atención hospitalarios debido a la gravedad de sus heridas. Debe evaluarse cuántas vidas podrían salvarse anualmente si mejoraran los tiempos de respuesta de bomberos y ambulancias que atienden las emergencias, y cuántas vidas no se perderían si los hospitales públicos, a donde llega la mayoría de estas, estuvieran mejor equipados para atenderles. Según las Estadísticas Vitales del INE (2017), únicamente el 25% de las víctimas recibió atención médica. Por ello, el 21% murieron en hospitales públicos y el 3% en el seguro social. El 1% falleció en hospitales privados. No se tienen a la mano estadísticas hospitalarias de quienes fueron atendidos y sí sobrevivieron.  

Tendencia en el corto plazo: altibajos durante 2018

Si bien es cierto que en 2018 se logró el mayor descenso en la tasa de homicidios en los últimos 9 años -un 14% menos-, también es cierto que se podría haber disminuido aún más si no se hubiesen dado dos ascensos prolongados durante el año. El indicador de la tendencia de corto plazo (necropsias diarias del INACIF acumuladas en 30 días) había logrado llegar a un mínimo histórico el 21 de febrero de 2018, pero cinco días después, el recién nombrado Ministro de Gobernación (MINGOB, Enrique Degenhart, quien asumió el 26 de enero de 2018) decidió relevar a la cúpula de la Policía responsable de semejante éxito. A partir de ese momento, la violencia subió 32% en los próximos 70 días. Después de un mes de descenso, nuevamente se detectó una tendencia al alza que duró 90 días, aunque la magnitud del cambio fue la misma. Luego hubo otro mes de descenso y el año concluyó con un indicador de corto plazo prácticamente igual al registrado cuando se inició el año. Es decir que lo ganado durante el año (3 descensos) fue compensado por las pérdidas (3 incrementos -el primero fue al inicio del año, justo antes del cambio en la dirección del MINGOB-).[1] No obstante, durante los 365 días del año se estuvo básicamente por debajo de la tendencia de corto plazo de 2017. Por eso el resultado positivo cuando se comparan los dos años entre sí. Este análisis se suele realizar con datos del INACIF, por la oportuna disponibilidad de estos, pero se sostiene con datos diarios de la PNC que se obtuvieron con posterioridad, debido a la alta correlación entre ambas fuentes.

Tendencia de corto plazo INACIF y PNC, 2017 vs 2018.


Tendencia de INACIF 2017 vs 2018

Tendencias de INACIF vs PNC, 2017-2018

 Fuente: elaboración propia utilizando datos de INACIF y de PNC.


[1] El ascenso de violencia que duró 90 días se detuvo unos días antes que el entonces viceministro de seguridad, Kamilo Rivera, fuera acusado por su supuesto involucramiento en ejecuciones extrajudiciales del pasado (2005). Desde el 29 de octubre de 2018 el exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia. El MINGOB nombró a un nuevo viceministro hasta el 28 de noviembre de 2018. Durante esos días 30 días sin autoridad a cargo del viceministerio de seguridad, el indicador de corto plazo de la violencia homicida descendió de 433 a 378 necropsias, es decir, un 15% menos. Esto plantea interesantes preguntas sobre la vinculación entre las acciones y las omisiones por parte de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana y el comportamiento de los indicadores de violencia homicida, ya sean estos de corto o largo plazo.

Geografía de la violencia homicida, 2018

Cuando examinamos los 22 departamentos de la República de Guatemala, desagregando datos por sexo de las víctimas, encontramos que en tres de ellos la tasa de violencia homicida contra las mujeres es mayor de 10 por 100 mil (Guatemala, Jalapa e Izabal, aunque Zacapa está justo en 10), mientras que, para el caso de los hombres, sólo hay cuatro departamentos donde la tasa no supera los dos dígitos (Quiché, Totonicapán, Sololá y Huehuetenango).

Fuente: elaboración propia con base a datos de PNC.  

No obstante, cuando vemos dónde subió la violencia homicida de un año al otro, concluimos que en el caso de las mujeres aumentó en 10 de los 22 departamentos, mientras que en el caso de los hombres sólo aumentó en 4 de los 22.

Nota: color rojo es donde subió la tasa en 2018. Fuente: elaboración propia con base a datos de PNC.  

Cuando bajamos al nivel municipal podemos ver con mayor precisión dónde se ubican las tasas de violencia homicida más altas, usando ahora como referencia la tasa nacional para mujeres (6.4 por 100 mil) y hombres (39.1 por 100 mil), respectivamente.

Nota: en ambos mapas se usa como otro punto de quiebre la tasa de 10 por 100 mil, para distinguir municipios pacíficos de violentos. En el caso de las mujeres se usó también la tasa nacional conjunta (22.4) y en el caso de los hombres la máxima tasa departamental observada (107). Fuente: elaboración propia con datos de PNC.

Dado que explica hasta el 80% de todos los homicidios, es importante visualizar dónde ocurre la violencia armada, tanto la que deja víctimas fatales (3,100 muertes) como la que deja una similar cantidad de personas heridas (2,665 lesionados).

Nota: en estos mapas se utiliza como punto de quiebre la tasa nacional conjunta (ambos sexos): 17.9 para homicidios y 15.4 para lesionados por proyectiles de arma de fuego. Fuente: elaboración propia con datos PNC.

Como todos los años para los cuales contamos con datos municipales, se observa con claridad que es en el corredor de municipios que conecta el Mar Caribe con el Océano Pacífico, en la zona oriental del país, donde se encuentran las tasas más altas para ambos sexos, especialmente cuando se visualizan sólo aquellas víctimas heridas o muertas con arma de fuego. También es eso cierto en el norteño departamento del Petén. Mientras tanto, en los municipios del Altiplano Occidental se encuentran los lugares más pacíficos, incluso bajo estándares internacionales, es decir, con tasas menores a 10 por cada 100 mil habitantes. Las excepciones suelen ser municipios ubicados en los pasos fronterizos con México, en el sur de San Marcos y en Huehuetenango. Adicionalmente, en el occidente guatemalteco todos los años se registran al menos unos 70 municipios con cero homicidios. De hecho, en 2018 fueron 79 municipios, mientras que en 2017 eran 76 los totalmente pacíficos (43 de estos lo fueron ambos años). En el oriente, el único municipio que logró esa proeza en 2018 fue San Juan Tecuaco, en el departamento de Santa Rosa (ni siquiera tuvo heridos por arma de fuego).  

En el anexo del presente informe anual (formato MS-Excel) se presenta el ranking de la violencia homicida, en el cual se ordenan los municipios según su tasa anual correspondiente al 2018, en comparación con lo ocurrido en 2017, y son agrupados de acuerdo con su tamaño poblacional. Se incluyen las cantidades anuales de homicidios, tanto de hombres como de mujeres, las respectivas poblaciones proyectadas por el INE, y las tasas calculadas. Para replicar el análisis de este informe se sugiere descargar los datos mensuales que el Observatorio de la Violencia de Diálogos libera en su sitio web: www.dialogos.org.gt

POLICY BRIEF No. 3 Corrupción en el Triángulo Norte de Centro América

Resumen. La corrupción involucra diferentes prácticas que tienen generalmente un motivo económico. Los países del Triángulo Norte han tratado de combatir este fenómeno a través de la promulgación de leyes que promueven la transparencia y otras que criminalizan prácticas relacionadas con la administración pública que antes eran consideradas como normales. Una estrategia integral que involucre a todos los actores sociales puede resultar más efectiva para reducir y prevenir la corrupción.

La corrupción es el abuso del cargo público o corporativo para beneficio propio1. Existen tres categorías de corrupción: incidental (individual), instrumental (servicio público) y sistémica. Esta última se caracteriza por que la sociedad ha normalizado y aceptado la corrupción, lo cual afecta las instituciones e influencia el comportamiento individual en todos los niveles del sistema económico y sociopolítico.  Esto a su vez provoca una baja participación política, un crecimiento económico bajo y desigual, una sociedad civil débil, y la ausencia de mecanismos institucionales para combatir la corrupción2.

La literatura también distingue entre i) gran corrupción, también llamada corrupción sistémica,  que son actos cometidos por altos mandos gubernamentales y que afectan el funcionamiento del Estado, porque se reduce la calidad y cantidad de los servicios prestados; ii) corrupción menor, que refiere al comportamiento de los ciudadanos comunes que tratan de acceder, desviándose de la norma, a bienes o servicios en lugares como hospitales, escuelas, y otras instituciones; iii) corrupción política, que es el abuso de quienes toman las decisiones políticas para mantener su estatus3.

La mayoría de las personas entiende que la corrupción es un hecho de la vida en todas partes (y en algunos lugares, incluso una forma de vida). Lo dan por sentado, ya sea que lo hagan o no, o quieran hacer algo al respecto. Hoy día hay una tendencia a llamar corrupción a muchos actos, pero en general, no hay un delito que utilice este término en específico.

La corrupción engloba una serie de comportamientos que, en los casos de Guatemala y Honduras4, están contenidos en las Leyes contra la corrupción. Aunque en Honduras los tipos penales constituyen una lista bastante extensa, existen varias similitudes con los de Guatemala5.  En ambos países, la mayoría de estos delitos conlleva como penas, la inhabilitación especial de la persona que sea declarada culpable, y tiempo de reclusión, que en caso de ser funcionario público se incrementa.

Los factores que motivan la corrupción

 Las prácticas de corrupción, especialmente las que son cometidas por altos mandos gubernamentales y políticos, tienen una motivación económica, y son facilitadas por los altos niveles de impunidad existentes. La corrupción puede explicarse a través de tres perspectivas:

Racionalidad. El individuo es un actor racional que analiza los costos y beneficios de su conducta, y a partir de esto toma la decisión de involucrarse en actividades relacionadas con la corrupción. Esto implica que existe una disposición natural a desviarse de las normas sociales, y el sujeto busca analizar únicamente si le resulta conveniente o no hacerlo, dependiendo de la viabilidad de ser descubierto y sancionado;

Normas y valores. Existen elementos de la sociedad o la comunidad que determinan la corrupción. Dentro de la sociedad o grupo en que el individuo se desenvuelve se ha aceptado como normal la corrupción y se asume como práctica usual en las relaciones con el sector público, a tal punto que la condena social es mínima; y

 Estructura social. Las condiciones estructurales determinan la creación de redes de corrupción. El marco legal es débil y poco favorable para la aplicación de sanciones de los delitos de corrupción; existe además un ambiente político favorable y un sistema burocrático que facilita la corrupción, pues los casos por lo general quedan impunes.

Cuando tantos factores en diferentes niveles parecen contribuir a la corrupción, una pregunta obvia es qué es lo que realmente incide en este comportamiento. Los factores sociales, económicos,   políticos, u organizacionales, e individuales que han sido señalados como posibles causas de corrupción y fraude público son: a) los valores y las normas de los políticos y funcionarios públicos; b) la falta de compromiso con la integridad pública del liderazgo; c) la falta de control y supervisión; d) la relación entre el sector público y privado; y, e) la creciente fuerza del crimen organizado6.

En general, la corrupción provoca un círculo vicioso en donde la economía se ve afectada, aumentando la desigualdad, facilitando el surgimiento y fortalecimiento de redes criminales, socavando los sistemas de justicia, provocando a su vez un cambio en las normas y valores de la ciudadanía que aprende a ver la corrupción como un hecho normal dentro de su grupo social, provocando un impacto negativo en el sistema político vía financiamiento electoral y clientelismo político.

Combate a la corrupción: enfoques y resultados

Como medida para reducir la corrupción los países del Triángulo Norte han emitido una serie de leyes para regular una diversidad de conductas, sobre todo aquellas relacionadas con la transparencia el ejercicio de la administración pública. Los tres países cuentan también con leyes de acceso a la información pública, y portales de compras públicas, los cuales, pese a sus limitaciones, permiten a la sociedad civil organizada, y a la prensa, realizar auditoría social. Honduras y Guatemala tienen leyes específicas para combatir la corrupción.

En Guatemala, en 2007 inició a operar la Comisión Internacional Contra la Impunidad -CICIG-7, que a través de sus investigaciones visibilizó que los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad -CIACS- se involucran en la administración gubernamental con el fin de procurarse impunidad. Esto, aunado a la Ley contra la corrupción emitida en 2012, que criminaliza varias prácticas antes permitidas, lleva a la CICIG a investigar casos de corrupción en los que se han visto involucrados mandos medios y altos del gobierno.  En 2016, estableció la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras -MACCIH8– mediante la cual se han investigado casos de corrupción en las altas esferas gubernamentales. El Salvador no cuenta con este tipo de apoyo internacional, sin embargo, la sociedad ha hecho un uso efectivo de la Ley de acceso a la información pública, mediante la cual se han podido identificar casos de corrupción, entre los que sobresale el enriquecimiento ilícito de dos expresidentes.

El procesamiento de altas autoridades en los tres países ha colocado el tema de la corrupción en la palestra pública. Los esfuerzos se han centrado en emitir leyes que castiguen este tipo de conducta delictiva. Sin embargo, la cantidad de personas sindicadas, y la diversidad de recursos jurídicos con que cuentan para enfrentar el sistema de justicia, sobre todo en el caso de Guatemala, ha provocado que los casos avancen de forma lenta.

En Guatemala, durante el año 2015, los casos de corrupción generaron ramificaciones hacia nuevos indicios y su efecto dominó comprometió a importantes figuras de centros de poder tales como el Ejército, el sector empresarial, la cúpula gubernamental, los partidos políticos y hasta alcaldes con liderazgo nacional. Asimismo, la sindicación del Presidente de la República, su hijo y hermano, además de algunos diputados de larga trayectoria, hizo plantear un posible escenario de desestabilización política a pocos meses de las elecciones cuyo resultado no se podía anticipar. Gracias a la promoción de este cálculo político y a la hábil acción de lobistas internacionales, actualmente, la CICIG atraviesa un período de cuestionamiento, por parte de las autoridades de gobierno, y se ha anunciado que su mandato no será renovado;  En Honduras, la Misión, cuenta con escaso apoyo por parte del Congreso que ha intentado declarar inválido el acuerdo de su creación y ha promulgado leyes que limitan su actuar.

En general, pese a los esfuerzos y logros en los países del Triángulo Norte, la percepción de corrupción no parece mejorar. El índice de Percepción de Corrupción, en el último sexenio en los tres países muestra que ésta continúa siendo alta, con respecto al resto de países. Aunque debido a que este Índice se basa en percepciones, no necesariamente revela el verdadero alcance de la corrupción en un país.

Otro aspecto importante es que ninguno de los países cuenta con políticas públicas o estrategias integrales enfocadas en la prevención de la corrupción. De esta cuenta, aunque los casos emblemáticos de corrupción han resaltado la importancia del fenómeno, la práctica persiste y pareciera no tener fin.

 Recomendaciones de política pública

Para reducir y prevenir la corrupción los diferentes actores de la sociedad deben realizar acciones específicas en los ámbitos, legal, económico, político, cultural, de acuerdo con el rol que desempeñan:

La sociedad civil. Promover el diseño y puesta en marcha de una estrategia integral orientada a la prevención de la corrupción. La sociedad civil debe también empoderarse y organizarse para realizar auditoría social y visibilizar los mecanismos de la administración pública que son proclives a la corrupción, realizando propuestas para su fortalecimiento; además de demandar que los partidos políticos muestren quienes son sus donantes, pues el financiamiento de las campañas está en el origen de muchos de los incentivos para la corrupción. Es importante también que exista condena social hacia aquellos que han sido encontrados culpables de delitos relacionados con la corrupción.

 Los medios de comunicación. Investigar e informar al público sobre las prácticas de corrupción de los funcionarios públicos, y mantener el tema en la agenda pública, brindando cobertura desde diversas perspectivas, para contribuir a formar la opinión pública. Además, los periodistas pueden crear conciencia sobre los problemas asociados con la corrupción y dar forma a las normas sociales sobre prevalencia y evaluación moral del comportamiento corrupto dentro de las sociedades.

El gobierno. Establecer políticas orientadas a normar la conducta para el cumplimiento de las funciones públicas, que aseguren el uso adecuado de los recursos públicos asignados. Adicionalmente es necesaria la implementación de sistemas de información que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas sobre la utilización de bienes y el gasto; y mecanismos para detectar, responder y denunciar las prácticas de corrupción en las instituciones del Estado.

El sistema de justicia. Es importante que exista celeridad en la aplicación de la justicia, entendiendo que es un elemento clave para disuadir el comportamiento delictivo en general, y el de la corrupción en particular; fortalecimiento de la carrera judicial; e independencia de los jueces, para que puedan evaluar los casos sin presiones de ningún tipo.

El organismo legislativo. Promulgar leyes que faciliten el trabajo de las instituciones encargadas de supervisar, denunciar y sancionar las prácticas corruptas; y asegurar, a través del presupuesto público, que cuentan con los recursos para ello. Además de promover leyes que aseguren la transparencia y rendición de cuentas en la financiación de los partidos políticos.

Los partidos políticos. Establecer normativas internas que faciliten la rendición de cuentas ante el organismo electoral y la sociedad y promuevan un comportamiento ético; además de implementar medidas para que sus afiliados y candidatos conozcan las leyes y normas para evitar las prácticas de corrupción dentro de la administración pública; y crear mecanismos de sanción para aquellos que se desvíen de la norma.

Los empresarios. Un acuerdo al interior de las cámaras empresariales, que reconozca la corrupción como competencia desleal y ruptura de las reglas del mercado, que afirme el compromiso con denunciar las prácticas corruptas y que suscriba un marco ético de relacionamiento con el sector público.

Los ciudadanos, dentro y fuera de la administración pública. Los empleados públicos y los usuarios de los servicios públicos pueden llegar a conocer de actos de corrupción sobre los cuales es importante registrar evidencia, fotográfica o sonora, y contar con un marco de apoyo para realizar la denuncia sin temor a represalias hacia su seguridad laboral, acceso a servicios o integridad física.

Las nuevas generaciones, necesitan formarse en un concepto de ciudadanía afincado en valores de equivalencia entre el bienestar individual y de la familia, como los de la comunidad y la sociedad en general. La educación en valores es un proceso activo y participativo de convivencia donde el sector magisterial tiene el compromiso ineludible no sólo de enseñar sino de vivir conforme dichos valores, lo cual es parte integral del desafío de cambio para el país.

Finalmente, la concertación de voluntades entre los diversos actores llamados a combatir y prevenir la corrupción necesita de un ente coordinador que integre a los diferentes actores y se encargue de diseñar y dar seguimiento a los objetivos y resultados alcanzados. La coordinación interinstitucional y la realización de acciones en diferentes ámbitos puede dar resultados mejores y más inmediatos.

           

Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

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Notas al Pie

1  Bhargava, 2005; Graaf, Maravic, & Wagenaar, 2010
2  Fokuoh, 2008; Chayanes, 2017
3   Trasnparencia Internacional, 2009; Wallis, 2004
4 El Salvador aún no cuenta con una Ley contra la corrupción
La lista presentada no es exhaustiva. Para mayor detalle consultar Ley contra la Corrupción, Decreto No. 31-2012  en Guatemala; y Ley Anticorrupción en Honduras
6   Huberts, 1996, 1998, 2010 ; Dimant y Schulte, 2016
7 El fin de la CICIG es brindar apoyo a las instituciones de seguridad y justicia en la investigación y desmantelamiento de grupos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.
8    La MACCIH es una instancia para investigar y desarmar las redes de corrupción que operaban en ese país, proponer reformas al sistema judicial, político y de seguridad, y asesorar a las instituciones del Estado.

Referencias consultadas

Allison, M. (2017). El Salvador: Un país lejos de la paz. Revista de Ciencia Política, 37(2).
Arroyo, I. (2014). El papel de los Servicios Civiles Centroamericanos en la construcción de Estados democráticos, abiertos, transparentes y sin corrupción en la región centroamericana. Revista de Servicio Civil, (34).
Bhargava, Vinay (2005). The cancer of corruption. Presentado ante el World Bank Global Issues Seminar Series, Washington D.C., en octubre. Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/…/Corruption.pdf
Chayanes, S. (2017). When corruption is the operating system: The case of Honduras. Carnegie Endowment for International Peace.
Dimant, Eugen & Schulte, Thorben, (2016). The Nature of Corruption – An Interdisciplinary Perspective,  MPRA Paper 69838, University Library of Munich, Germany.
Fokuoh, E. A. (2008). The fight against corruption and its implications for development in developing and transition economies. Journal of Money Laundering Control, Vol. 11 Issue: 1, pp.76-87
García, M. (2010). Metodología para el Diagnóstico, Prevención y Control de la Corrupción en Programas de Seguridad Ciudadana. Documento de Debate Banco Interamericano de Desarrollo, (117).
Graaf, G. d., Maravic, P. v., & Wagenaar, P. (Eds.). (2010). The good cause: theoretical perspectives on corruption. Opladen: B. Budrich.
Huberts, L. (1996) Expert Views on Public Corruption Around the Globe. Research Report on the Views of an International Expert Panel. Amsterdam: PSPA.
Huberts, L. (1998) What Can Be Done Against Public Corruption and Fraud: Expert Views on Strategies to Protect Public Integrity. Crime, Law & Social Change, 29, 209-224.
Huberts, L.  (2010) A multi-aproach in corruption research: towards a more comprehensive multi-level framework to study corruption and its causes. En. Gjalt de Graaf, Patrick von Patrick y Pieter Wagenaar (Eds). The Good cause. Theoretical perspectives on corruption causes. Opladen y Farmington Hills, MI:Barbara Budrich, pp-115-145
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. (2017). La Corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamricano. ICEFI.
Marczak, J. (2017). Construyendo un mejor futuro: Un plan de acción para el Triángulo Norte de Centroamérica. Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council, páginas 33 y 34.
Transparencia Internacional. (2018). El Índice de Percepción de la Corrupción 2017. Transparencia Internacional.
Transparencia Internacional. (2017). Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe. Transparencia Internacional.

 

 

 

 

Boletin Seguridad y Justicia No. 5: Narcoactividad en Guatemala

Las sustancias psicoactivas clasificadas como ilícitas -como la marihuana, la cocaína y la heroína- están sujetas a controles estrictos en las legislaciones nacionales de los países y en las tres convenciones internacionales vigentes, debido a que -bajo un modelo prohibicionista- son consideradas como peligrosas, altamente adictivas y porque su abuso genera un  grave impacto a nivel social, familiar e individual(1).

A diferencia del tabaco y el alcohol, que son drogas legales bajo modelos regulatorios,  las sustancias ilícitas depresoras, estimulantes o alucinógenas, sus precursores y equipos de producción están controlados por los Estados, y están prohibidas también en general la importación, manufactura, distribución e incluso -como en Guatemala- la posesión de tales sustancias para consumo personal con fines recreativos(2).

La narcoactividad describe todos aquellos comportamientos que están relacionados con el cultivo, manufactura, distribución, venta, posesión y consumo de drogas ilícitas.  

El tráfico, la distribución y la venta de sustancias ilegales son actividades que amenazan la institucionalidad pública, debido a que, al igual que para la comisión de otros delitos, se necesitan crear estructuras paralelas que permean las entidades públicas y privadas para facilitar tales acciones y además legitimar los fondos obtenidos con ellas (lavado de dinero). Guatemala, por su posición geográfica, es una vía utilizada para el tráfico ilícito de drogas, sobre todo de cocaína hacia Estados Unidos(3). Se estima que el 80 por ciento de la cocaína producida en Sudamérica pasa por el istmo centroamericano.

Con relación al consumo, datos del 2005, muestran que en Guatemala el uso de marihuana y cocaína son bajas comparadas con otros países del Continente(4). Lo cual parece que no ha variado en el tiempo. Por ejemplo, un reciente estudio evidenció  que el 7.5 por ciento de los jóvenes ha usado o experimentado con el cannabis; 4.4 por ciento con cocaína; 9.5 por ciento con inhalantes; 2.5 por ciento con crack; y 2.4 por ciento con MDMA (éxtasis) y otras drogas sintéticas(5). El Gobierno de Guatemala prácticamente no destina recursos públicos para conocer a mayor profundidad la realidad sobre el consumo de drogas, reguladas o prohibidas.  

En el marco que regula la narcoactividad en el país, (Ley contra la Narcoactividad, Decreto 48-92 del Congreso de la República) queda establecido que el Estado prohíbe y penaliza, parcial o totalmente, la producción, el tráfico, promoción, así como la posesión para el consumo de drogas. Se asume que el daño producido por la narcoactividad amerita una amplia y fuerte intervención del Estado para controlar, criminalizar y penalizar su producción, distribución y venta(6).

Las penas para estos delitos se distribuyen así:

Tabla 1. Delitos relacionados con la narcoactividad 

Dos aspectos clave destacan de esta Ley: i) la tipificación de la posesión para el consumo, comparado con otros países latinoamericanos en donde hay una tendencia despenalizadora o bien una reducción de las penas(7); y ii) la discrecionalidad que otorga a los jueces para aplicar las sanciones mínimas o máximas, a los cómplices y autores, en virtud de que no existen criterios expresos y predeterminados al respecto.

Las cifras de la narcoactividad en Guatemala

En el período 2009-2018 la mayor parte de las incautaciones de droga ha sido de cocaína (alrededor de 64 mil kg) seguido de metanfetaminas (28 mil kg). Entre 2016-2017 se registró la mayor incautación de cocaína, lo cual es un indicativo de que ha aumentado el tráfico en el país, debido a una mayor producción de esta sustancia en Sudamérica, y no necesariamente resultado de acciones más eficaces por parte de las autoridades(8).

Las estadísticas oficiales muestran que entre 2009-2018 se incautaron 4,605 millones de matas de amapola y 46.6 millones de matas de marihuana. 

Dentro de las estadísticas del sistema de seguridad y justicia sobresalen tres delitos relacionados con la narcoactividad: i) promoción o estímulo a la drogadicción; ii) posesión para el consumo; y iii) comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Durante el período 2009-2018, la PNC arrestó a un total de 25,502 personas por delitos relacionados con la narcoactividad. Alrededor de 89% fueron hombres.  En 2017 la tasa por cien mil hab. fue de 19

El sistema de justicia 

El delito de posesión para el consumo es el que cuenta con el mayor número de sindicados. El tráfico ilícito cuenta apenas con 42 personas sindicadas. El número anual de sindicados por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito no ha variado en los últimos 10 años. Al 31 de julio de 2018, los registros muestran un total de 1,825 personas sindicadas.

El número de acusados durante este período fue de 5,837. Sólo una tercera parte de los sindicados fueron formalmente acusados (47% corresponden a casos de posesión para el consumo; 41% a promoción o estímulo a la drogadicción, y 12% a comercio, tráfico y almacenamiento ilícito).

Entre 2009-2018, el Instituto de Defensa Pública Penal -IDPP- ha prestado servicios de defensa por estos tres delitos a un total de 15,736 personas (64% de los casos son por posesión para el consumo), en su mayoría, hombres (92%). Alrededor del 9% son adolescentes. El mayor número de defendidos de este período se registró durante el período 2016-2017.

El Organismo Judicial -OJ- ha emitido un total de 1,541 sentencias condenatorias entre 2009-2018, para los delitos de i) comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; ii) posesión para el consumo, y iii) promoción o estímulo a la drogadicción. El Gráfico 6 muestra el descenso a partir de 2013 en la emisión de sentencias, y un incremento a partir de 2018.

Durante 2018, los departamentos de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Sololá y Quetzaltenango tienen las tasas más altas de personas detenidas por los delitos de narcoactividad (promoción o estímulo, posesión para el consumo, y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito).

Las incautaciones de amapola durante 2009-2018 se han realizado en San Marcos, pues es el departamento del país en el que se concentra dicha producción. En el caso de la mariguana, la mayor parte de las incautaciones  ha ocurrido en San Marcos, Huehuetenango, Petén, y Chiquimula.  Mientras que el decomiso de cocaína ha estado focalizado en los departamentos de Guatemala, Escuintla, e Izabal, y en menor grado en Petén, Alta Verapaz y Zacapa.

Los territorios en donde operan los traficantes de drogas incluyen Izabal, Alta Verapaz, Petén, Zacapa, y San Marcos(9).

Avances y desafíos en la prevención y reducción de la narcoactividad en Guatemala

Guatemala es un puente para el paso de drogas hacia los Estados Unidos(10). Además, en el país se cultiva amapola para producir heroína en México y marihuana para el consumo local. Como resultado de estas actividades, han proliferado redes criminales, pandillas y narcotraficantes, principalmente en algunos departamentos del país que suelen ser foco de la narcoactividad.

Uno de los cambios legales más significativos de los últimos años contra el crimen relacionado a las drogas ilícitas fue la emisión de la Ley de Extinción de Dominio (Decreto 55-2010) en la cual se establece la extinción de bienes adquiridos con recursos provenientes de actividades relacionadas con la narcoactividad y otros ilícitos. 

En el período analizado, 2009-2018, se observa que los esfuerzos del Estado se han concentrado en vigilar y castigar el delito de posesión de drogas para el consumo, el eslabón más débil de la cadena de narcoactividad, sin atacar sus causas de fondo, provocando que el sistema de seguridad y justicia destine una alta cantidad de recursos a este tema.

La persecución contra quienes se dedican a la producción, el comercio y tráfico ilícito de drogas ha estado orientada a las actividades de erradicación manual de matas de amapola y  marihuana, y a las incautaciones de cocaína y del dinero ligado a esta actividad. 

Durante 2010-2012, últimos años de la administración de Álvaro Colom, se realizó una depuración en las fuerzas policiales, especialmente el personal de las comisarías de Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango, quienes estaban sindicados de tener vínculos con los Zetas(11).  Pese a este proceso de depuración, el involucramiento de elementos de la policía en actividades relacionadas con la narcoactividad aún prevalece(12).

El gobierno de Otto Pérez Molina intentó, a través de la conformación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas (Acuerdo Gubernativo 396-2013), formular propuestas de políticas públicas enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y orientadas a la reducción de la oferta y la demanda, entendiendo el problema como uno de salud pública(13). Este esfuerzo, sin embargo, no llegó a concretarse debido a la coyuntura política de 2015, en el cual la pareja presidencial, sindicada de corrupción,  fue sustituida en el cargo.

La administración de Jimmy Morales se ha enfocado en la tarea de incautación de las drogas que transitan por el país y en la erradicación de amapola y marihuana que se siembra en algunos municipios de San Marcos, Petén, y Totonicapán entre otros.  El estado de sitio en algunos municipios influyó para que en 2017 se incautara una alta cantidad de matas de amapola. Como dato novedoso, en mayo de 2018, la PNC localizó una plantación de coca y un laboratorio para procesarla.

En el combate de la narcoactividad, que es sin duda un fenómeno global y regional, el país continúa ofreciendo las condiciones necesarias para este tipo de actividades ilícitas: impunidad, instituciones de seguridad débiles (Guatemala depende de las capacitaciones y equipo que le brinda el Gobierno de los Estados Unidos por medio de sus agencias especializadas, como INL y la DEA, por sus siglas en inglés)(14), además de personas motivadas a involucrarse en este y otras actividades delictivas, incluyendo aquellas que facilitan la narcoactividad.

Implicaciones para la política pública

Guatemala necesita repensar las políticas de drogas en su conjunto. El enfoque prohibicionista, focalizado en contrarrestar el consumo, el cultivo, la producción, y el tráfico ilícito, hegemónico hasta ahora, no parece estar rindiendo los resultados esperados(15).

A partir de ello se recomienda:

1. Privilegiar un enfoque de salud pública. La evidencia muestra que criminalizar el consumo tiene un impacto alto en el sistema de seguridad y justicia (fuerza policial, hacinamiento en centros carcelarios), sin llegar a impactar en el tráfico y promoción de las drogas. Un enfoque de salud pública, permitiría destinar recursos a la prevención, tratamiento,  rehabilitación, y reinserción social, pero sobre todo descriminalizar el consumo, y tratar a los usuarios de drogas como víctimas y no como criminales.

  2. Establecer nuevos y mejores indicadores para medir el éxito contra las drogas.  La erradicación  de amapola ya sea medida por hectáreas o matas, no debe considerarse una medida del éxito contra el narcotráfico, sobre todo, porque no se erradica sino únicamente se arrancan las matas o se quema la cosecha. Es mejor medir la incautación de marihuana, amapola, cocaína y otras sustancias(16).

El número de personas detenidas por posesión para el consumo tampoco evidencian, por sí mismo, el problema de las drogas en el país.  Es necesario contar con indicadores que muestren la tasa de consumo y la tasa de atención en los servicios de salud pública, entre otros.

También es importante llevar un control sobre la desarticulación de grupos criminales relacionados con la narcoactividad; los homicidios relacionados con la narcoactividad; la transformación de los territorios en donde prevalecen los cultivos; y la inversión del Estado para la prevención y el combate del narcotráfico.

3. Revisar el marco legal vigente. Las penas deben ser proporcionales al delito. Actualmente el sistema de seguridad y justicia destina la mayoría de recursos en la lucha contra las drogas, a perseguir el delito por posesión para el consumo, provocando hacinamiento en las cárceles y saturando los servicios de persecución penal, defensa pública y demás órganos jurisdiccionales.

La persecución penal debería estar orientada a la desarticulación de los narcos, y de las redes que facilitan el tránsito y producción en el país, y no hacia los usuarios de drogas. La despenalización del consumo y el uso de sanciones que estén orientadas a disuadir y evitar la reincidencia (multas y/o tratamiento para la rehabilitación, por ejemplo) pueden tener un mejor efecto en los usuarios, y reducir los delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. 

Asimismo, es importante retomar la recomendación de la Comisión de  reformar el artículo 47 de la Ley contra la narcoactividad, que permita incluir dentro de los beneficiarios de la extinción de dominio, a las instituciones que desarrollan acciones de prevención y rehabilitación(17).

4. Implementar programas de prevención en tres áreas: i) cultivo; ii) tráfico y iii) consumo. El cultivo de amapola es una actividad que retribuye económicamente a las personas que se dedican a ella. La estrategia de erradicación debe ir acompañada de la implementación de programas alternativos para el trabajo y subsistencia orientados a mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Ello implica involucrar a los gobiernos locales y líderes de las comunidades(18).

Para prevenir el tráfico ilícito de drogas es importante mejorar los controles en las fronteras para evitar el paso de drogas, pero también de armas y personas; brindar oportunidades de empleo, educación e inclusión social para los jóvenes; y, focalizar los recursos en la persecución de aquellos involucrados en el tránsito y promoción del uso de drogas.

El énfasis en la prevención del consumo de drogas debe ser durante la adolescencia. La evidencia señala que es en este grupo de edad en donde existe mayor riesgo.  Las campañas de información, el involucramiento de los padres de familia, la escuela y la comunidad son aspectos clave. El Estado debe garantizar los servicios necesarios para la rehabilitación y reinserción social, basado en un enfoque de reducción de daños y atención a  la salud de quienes consumen y abusan de las drogas.

Es necesario que la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, asuma su rol de diseñar e implementar las políticas públicas de prevención de los delitos de narcoactividad, basados en la evidencia disponible.

Finalmente, la prevención -que no la guerra o el combate- se puede lograr sin exacerbar la violencia, si se enfoca en desmantelar las estructuras de corrupción del Estado y en limitar el espacio para el lavado de activos y capitales.

 

Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

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Notas al pie

1     OMS, 2004. Neurociencia del uso y dependencia de sustancias psicoactivas.
2  Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Psicotrópicos, 1988.
3   UNODC, 2017. World Drug Report 2017.
4      CICAD, 2011
Encuesta Nacional sobre Uso, Abuso y Prevalencia del Consumo de Drogas en el Nivel Medio de Educación, 2016
6 Informe de la Comisión para Reforma Política de las drogas, 2015
 Ibídem
8   INCSR,2017
9    Espach et al., 2014
10    Se estima que cada año se introducen de contrabando 1.000 toneladas de cocaína en todo el país (INL, 2017:173)
11     https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/06/27/estructuras-del-crimen-organizado-necesitan-agentes-del-estado-operar-segun-experto.html
12    http://www.salanegra.elfaro.net/es/201409/cronicas/15874/Las-lecciones-que-nos-dej%C3%B3-la-masacre-de-Salcaj%C3%A1.htm
13    Acuerdo publicado en el Diario de Centroamérica el 1 de octubre de 2013, pp. 2-3
14     Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) y Drug Enforcement Administration (DEA)
15 OEA, 2013
16   El cannabis no es considerado nocivo como otras drogas,  en los EE.UU. es legal su consumo recreativo y para uso médico
17   Comisión para la Reforma Política de la Drogas, 2014: 84
18   De acuerdo con Espinoza (2017) la implementación exitosa de programas alternativos deber ser estudiada con mayor detalle, pues en algunos países se ha producido un desplazamiento y el surgimiento de nuevas áreas de cultivo.

Referencias consultadas

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2011). Informe del uso de drogas en las Américas 2011.  Washington: OEA
Comisión para Reforma Política de las drogas (2015). Informe analítico sobre el problema de las drogas en Guatemala. Documento inédito. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/…/Guatemala.pdf
Decreto 48-92 del Congreso de la República Ley contra la Narcoactividad. Guatemala
Espach, Ralph et al (2011). Organizaciones criminales y tráfico ilícito en las comunidades fronterizas de Guatemala. Alexandria: Center for Naval Analyses.
International Narcotics Control Strategy Report. (2017)  Drug and chemical control, Vol. 1.  United States Department of State
Encuesta nacional sobre uso, abuso y prevalencia del consumo de drogas del nivel medio de educación. Guatemala: [s.n.]; 2014.
Espinoza, C. (2017) La amapola es un billete maldito. Publicado en Plaza Pública https://www.plazapublica.com.gt/content/la-amapola-es-un-billete-maldito
Flom, H. (2018). Política, policía y violencia: La regulación del Narcotráfico en el Cono Sur. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 04(01).
Garay, L.; De León, I. & Salcedo, E. (2010). Guatemala, México y Colombia: Los retos de la expansión del narcotráfico en el nuevo milenio. Método Working Papers, (65).
Organización de Estados Americanos. (2013) El informe de drogas de la Organización de Estados Americanos: 16 meses de debates y consensos. Washington: OEA
Organización de Naciones Unidas. (1988). Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Psicotrópicos.  Viena: ONU
Organización Mundial de la Salud. ( 2004). Neurociencia del uso y dependencia de sustancias psicoactivas. [Neurosciences: Use and Dependence of Psychoactive Substances]. Genebra: WHO.
Rosen, J. & Zepeda, R. (2015). La guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdida. Revista Reflexiones, 94(1).
United Nations Office on Drugs and Crime,. (2017) World Drug Report 2017 .  Viena: UNODC
Villegas, C. (2014). La economía ilícita del narcotráfico en centroamérica. Análisis del mercado de la cocaína y las respuestas políticas de los estados. Anuario de Estudios Centroamericanos, 40.

 

 

 

 

 

 

Tasa interanual de homicidios aumentó en septiembre 2018

El Observatorio de Violencia de la Asociación Civil DIÁLOGOS presentó los principales hallazgos contenidos en el Informe sobre la Violencia Homicida en Guatemala, al 30 de septiembre de 2018.  Según registros de la Policía Nacional Civil (PNC), la violencia homicida va 15 por ciento debajo de lo observado a la misma fecha del año 2017, en términos de tasa acumulada por cada 100 mil habitantes. La tasa interanual, de octubre 2017 a septiembre 2018, es de 23 homicidios por 100 mil, indicó Carlos Mendoza, coordinador del Observatorio.

No obstante, la tendencia de la tasa interanual descendió de manera más lenta en los meses de julio y agosto, hasta que en septiembre se registró leve incremento. Este cambio en la tendencia de largo plazo ya había sido advertido por los indicadores de corto plazo del Observatorio, con datos diarios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Mendoza explicó que: “según el registro de necropsias relacionadas con hechos criminales (acumuladas a 30 días), en los ocho meses del actual Ministro de Gobernación las alzas en violencia ya han compensado con creces los momentos de descenso.” Septiembre 2018 es un mes problemático, pues no sólo fue más violento que agosto 2018 sino también fue peor que septiembre 2017.

El patrón de la geografía de la violencia homicida en Guatemala sigue siendo el mismo. Los lugares más pacíficos se encuentran en el Altiplano Occidental, con población mayoritariamente indígena (Huehuetenango, Sololá, Totonicapán y Quiché). En contraste, los departamentos más violentos son Zacapa, Guatemala, Escuintla e Izabal. Sin embargo, es preocupante que Totonicapán sigua mostrando una fuerte tendencia al alza. En el caso específico de la violencia homicida contra las mujeres, también es alarmante que en cuatro departamentos ésta aumentó más del 100 por ciento: Baja Verapaz, Sololá, Jalapa y Suchitepéquez.

El Observatorio de la Violencia de DIÁLOGOS recomendó nuevamente a las autoridades poner su atención en los indicadores de corto plazo, que son los permiten evaluar oportunamente los resultados de las acciones de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. “No es conveniente que el MINGOB se autoengañe con resultados positivos de la tendencia de largo plazo, que no necesariamente son un mérito de la actual administración del ministerio,” afirmó Mendoza. “La tendencia favorable en el largo plazo se explica por diversos factores estructurales e institucionales que han tenido efectos positivos durante los últimos diez años, bajo tres administraciones de gobierno muy distintas entre sí. Las alertas tempranas que hemos emitido sobre la tendencia al alza en el corto plazo son para evitar que esos logros no sean revertidos por autoridades que creen saber lo que hacen, pero en realidad están enfocadas en otro tipo de objetivos (políticos),” finalizó Mendoza.

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¿Dónde nos encontramos ocho meses después del cambio en MINGOB?

El Observatorio de Violencia de la Asociación Civil DIÁLOGOS evaluó el desempeño del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, durante sus primeros ocho meses al frente de la cartera del interior: “El indicador de corto plazo de la violencia homicida en Guatemala muestra estancamiento, pues después de dos notorios ciclos de aumentos y descensos en el número de necropsias relacionadas con hechos criminales, la cifra se encuentra al mismo nivel en el que estaba cuando asumió el cargo,” indicó Carlos Mendoza, coordinador del Observatorio.

Mendoza explicó que el descenso más notorio del período Degenhart, en realidad, es atribuible a la intervención que hizo el anterior ministro, Francisco Rivas, pues “la principal hipótesis de la reducción de la violencia observada en febrero de 2018 se relaciona con las intervenciones realizadas en prisiones durante enero del mismo año, para quitar el acceso a las telecomunicaciones a los privados de libertad”. Esta hipótesis supone que muchos de los asesinatos son ordenados desde dentro de las mismas prisiones. Los sicarios recibirían instrucciones de los líderes de las pandillas, por ejemplo, en casos relacionados con extorsión. “No obstante, se necesitan más datos para poder verificar tal extremo,” advirtió Mendoza.

Mendoza también afirmó que “al 19 de septiembre de 2018, utilizándose los datos diarios del INACIF, el indicador de corto plazo que muestra lo ocurrido en los últimos 30 días revela que el nivel de violencia es de 422 necropsias en promedio, mientras que cuando asumió Degenhart era de 421 necropsias (en casos de muertes posiblemente relacionadas con hechos criminales, en investigación, según aclara el INACIF), por lo que podemos concluir que en ocho meses no han dado resultados positivos las políticas de seguridad ciudadana implementadas por el actual ministro”.

La anterior cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), encabezada por Nery Ramos, había dejado el indicador de corto plazo en su nivel más bajo desde que se tienen registros (338 necropsias), mientras que al 19 de septiembre se registró un total de 423 necropsias, es decir, en un nivel 25 por ciento arriba. Si tomamos el promedio de 30 días de este indicador (lo que suaviza la tendencia), el cambio sigue siendo negativo, es decir, la violencia aumentó 7 por ciento respecto del punto mínimo.

En el largo plazo, la tasa interanual al 31 de agosto de 2018 llegó a 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, según los registros de la PNC. Este indicador, que acumula datos de los últimos 12 meses, no contradice la alerta temprana que se emite con la tendencia de corto plazo, pues el efecto negativo se verá con cierto rezago. Respecto a septiembre de 2017, otro punto de referencia, la violencia de largo plazo sí ha disminuido hasta un 13 por ciento, pero la magnitud del descenso podría erosionarse si el indicador de corto plazo continúa mostrando estancamiento. El Ministerio de Gobernación debe evaluar tanto sus prioridades como las acciones o políticas de seguridad ciudadana y para prevención de la violencia para ajustarlas en función de una mejoría sostenida en ambos indicadores.

Nuevos informes mensuales (automatizados) sobre la violencia homicida en Guatemala

El Observatorio de la Violencia de la Asociación Civil Diálogos se complace en presentar el Informe mensual sobre la violencia homicida en Guatemala. El principal objetivo de este documento es informar de manera oportuna sobre la situación de dicho problema en el país, pero con una visión de largo plazo, es decir, mostrando la evolución de las tasas a partir del año 2010 hasta el mes inmediato anterior a su publicación. Está dirigido a la opinión pública en general y particularmente a periodistas, analistas e investigadores especializados en el tema. También se espera que sea de utilidad para tomadores de decisiones encargados de diseñar e implementar las políticas públicas de seguridad ciudadana y para la prevención de la violencia a nivel nacional y departamental.

Este es un informe automatizado sobre las tendencias de la violencia homicida en la República de Guatemala y en sus veintidós departamentos. En el mismo se presentan los gráficos con la tasa interanual por cada cien mil habitantes, calculada mensualmente a partir de las cifras de homicidios registradas por la Policía Nacional Civil (PNC) y según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa interanual es un indicador que refleja lo ocurrido en los últimos doce meses en el punto de observación, es decir, una tasa anual que se mide mes a mes. Esto permite trascender los análisis parciales que se suelen hacer a lo largo de año, que no permiten visualizar tendencias, esperando llegar a una tasa anual hasta el final de los doce meses calendario.

Para todo el país y cada uno de sus departamentos, se presenta la tasa de homicidios para ambos sexos, así como la tasa desagregada por sexo de la víctima. Se indica la variación porcentual de dichas tasas respecto al dato registrado hace doce meses. También se explicita el valor de la tasa al final del último mes reportado por la Policía. El orden de aparición de los departamentos corresponde a la numeración que posee cada uno según la codificación oficial. A manera de conclusión se presenta el ranking de los departamentos del más al menos violento. El dato nacional también se desagregó por los dos principales tipos de armas utilizadas por los victimarios. En 8 de cada 10 homicidios se utiliza arma de fuego, y en 1 de cada 10 el crimen se cometió con arma blanca. Se omitieron, sólo para ese gráfico específico, otras formas de agresión registradas por la Policía: golpe con arma contundente, uso de artefacto explosivo, estrangulamiento y linchamiento. En las presentaciones periódicas del Observatorio sobre la geografía de la violencia se utilizan mapas que contienen las tasas municipales interanuales. Las mismas están disponibles en nuestro sitio web, desagregadas tanto por sexo de la víctima como por el tipo de arma utilizada por los victimarios, para ser descargadas en formato de hoja electrónica. Se liberan los datos mensuales de homicidios (PNC) y de población (INE) para que los usuarios puedan hacer su propio análisis. Descargar primer informe en PDF AQUÍ.

El informe es elaborado por Carlos Mendoza y Sergio Zapeta, gracias al generoso financiamiento de la Open Society Foundations -OSF. Los autores agradecen también la asesoría de Hugo Allan García en la automatización del informe. Para sugerencias y comentarios, se pueden comunicar a las siguientes cuentas de correo electrónico: cmendoza[at]dialogos.org.gt y/o szapeta[at]dialogos.org.gt

Policy Brief No. 2 Vulnerabilidad y riesgo, el lenguaje común de las políticas de prevención en el Triángulo Norte de C.A.

 

Las personas jóvenes se ubican entre los 15 y los 24 años(1). En los países del Triángulo Norte, en el año 2017, aproximadamente un 20% de la población se encontraba en este rango de edad. La definición de jóvenes tiende a variar en cada país (en Guatemala, se extiende hasta los 29 años), ya que esta es una categoría más fluida que un grupo de edad fijo. La juventud hace referencia a «[…] una etapa de formación y adquisición de valores y habilidades para una vida adulta productiva(2)». Esta distinción con respecto a este período de la vida es motivada por la necesidad de una atención especializada para este grupo de edad, a riesgo de encasillar a quienes pertenecen a él en un rol de receptores pasivos, en lugar de participantes activos(3).

Por su parte, la atención mediática que reciben los jóvenes tiende a enfatizar en problemas como desempleo, deserción escolar, desviación social, entre otros. Como consecuencia, ha llegado a proyectarse una imagen, tanto hacia los mismos jóvenes como hacia los adultos, sobre un grupo socialmente deficiente que necesita acompañamiento de los mayores para transitar hacia la adultez. Este enfoque pasa por alto los activos y fortalezas de las personas jóvenes, debilitando su capacidad de ayudarse a sí mismos, y empoderando a los especialistas en juventud.

〈〈Hay un componente de prevención de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las políticas de prevención〉〉

 

Se ha visto a la juventud como un grupo vulnerable a la violencia y el comportamiento delictivo. En el Triángulo Norte de Centroamérica, la prevención de la violencia y el delito relacionados con la juventud alcanzó estatus de política pública a partir de 2005 en Guatemala, 2007 en Honduras, y 2010 en El Salvador. Hay un componente de prevención de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las políticas de prevención. Con ello se evidencia que, sea en el área de jóvenes o de seguridad ciudadana, los formuladores de política pública consideran que estos dos sectores se encuentran asociados.

Violencia y delincuencia en la juventud: ¿Qué las motiva?

La violencia y el comportamiento delictivo suelen ser más frecuentes en la juventud. Son resultado de un fenómeno social que refleja procesos similares, como la imitación del comportamiento antisocial entre pares(4). La mayoría de jóvenes, especialmente aquellos más cercanos a la adolescencia (15 años), tienen más probabilidades de exposición a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros. Sin embargo, los delincuentes de carrera inician más temprano en la vida, y solo se consolidan durante la adolescencia. Las altas tasas de comportamiento antisocial durante esta etapa reflejan la gran cantidad de adolescentes que se suman al grupo de ofensores persistentes de por vida. Luego se observa un declive al alcanzar los 18-20 años, pues quienes se involucran en comportamientos delictivos durante la adolescencia, al alcanzar la etapa adulta, se incorporan a la sociedad a través del empleo, el matrimonio, el servicio vocacional, entre otros(5).

〈〈Los adolescentes tienen más probabilidades de exposición a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros〉〉

 

Existen diversos factores que incrementan las probabilidades de que las personas jóvenes se involucren en actividades relacionadas con la violencia y el delito. El riesgo se incrementa por disposiciones genéticas y eventos prenatales que pueden dañar al feto, como el consumo de alcohol y el abuso de sustancias durante la gestación, que dañan el desarrollo neuropsicológico(6). De esa cuenta, características como la hiperactividad y el bajo autocontrol, asociados con la conducta antisocial precoz, suelen estar determinadas por la ausencia de cuidados durante el embarazo y la crianza en la primera infancia.

Otros elementos externos incluyen exposición a maltrato infantil, violencia escolar, asociación con pares que se involucran en actividades delincuenciales, desorganización comunitaria, débil reforzamiento de las leyes que norman el comportamiento social, inequidad en el acceso a los servicios de salud, educación y desarrollo social, entre otros(7). Estas condiciones generan una especie de tensión social en el adolescente, lo cual, a su vez, conduce al debilitamiento de los vínculos con la familia, la escuela y la comunidad, produciendo rechazo de los valores convencionales.

Durante la infancia y la adolescencia temprana, el apego a la familia es el determinante más importante de si un joven se adaptará a la sociedad convencional y estará protegido de la delincuencia o no. A mediados de la adolescencia, la familia es reemplazada por el mundo de los amigos, la escuela y la comunidad. En la edad adulta, las elecciones de comportamiento de una persona dependen de su lugar en la sociedad convencional y de su propia familia(8).

Prevención de la violencia relacionada con la juventud: Enfoque y resultados

En general, el modelo utilizado para explicar la violencia es el ecológico(9). Este implica la intervención en distintos niveles (individual, familiar, comunitario y social) para lograr un impacto en la prevención. Las políticas públicas que contemplan la prevención de la violencia relacionada con la juventud suponen que durante esta etapa es necesario brindar protección, oportunidades para el desarrollo, e incorporar a las personas jóvenes a la sociedad mediante la educación, el uso productivo del tiempo, el arte, el empleo, entre otros.

〈〈Las políticas de prevención  se enfocan en los jóvenes como ofensores más que como víctimas de la violencia y delincuencia〉〉

 

Estas medidas, impulsadas a través de políticas públicas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, evidencian que están dirigidas no a los criminales de carrera, sino a los adolescentes y jóvenes que, como producto de la etapa que atraviesan, son proclives a involucrarse en actividades antisociales. Los jóvenes que llegan a tener contacto con el sistema de justicia se encuentran incluidos a través de programas de reinserción social y, en algunos casos, mediante programas de educación.

El abordaje de las políticas de prevención de la violencia pareciera estar más enfocado en los jóvenes como generadores que como receptores de violencia y víctimas de la delincuencia. Existe muy poca comprensión sobre los efectos que la exposición a violencia en el hogar, en la escuela y en la comunidad tiene en las víctimas, y sobre la necesidad de atención y protección que ellas tienen derecho a recibir por parte del Estado. En cuanto a los jóvenes ofensores, las políticas promueven la rehabilitación y la implementación de sanciones distintas a la privación de libertad, sin dejar claro el rol del sistema de justicia sobre estos temas.

El tipo de violencia o delincuencia que las políticas intentan prevenir no está explícito en ellas. Pese a que al describir el contexto del país los documentos de política hacen referencia a la cantidad de homicidios, delitos al patrimonio, y otros, no contienen líneas de acción específicas para contrarrestarlos. Se habla de la violencia y el delito en general, lo cual abre la puerta a una nueva generación de políticas especializadas en, por ejemplo, violencia escolar, violencia hacia la mujer, pandillas, entre otras, fragmentando la respuesta al fenómeno y aumentando la complejidad de la coordinación interinstitucional necesaria para la implementación. También es notorio que, con excepción de la política y estrategia de prevención de Guatemala, las políticas suelen dejar de lado la atención específica que requieren la primera infancia, las mujeres y los grupos de la diversidad sexual.

Resultados

Los aspectos clave de las políticas de prevención son el desempleo y la educación. En el año 2012, la tasa de desempleo juvenil en Guatemala se ubicaba en 7.5; en El Salvador, en 12.4; y en Honduras, en 8. Es evidente que hubo una mejora en Guatemala, cuya tasa para 2017 fue de 4.8, mientras que en El Salvador se mantuvo en 12.4 y, en Honduras, se incrementó a 14.2(10). Para 2014, los años promedio de escolaridad para la población mayor de 18 años en Guatemala eran de 7.9; comparados con los 6.6 de Honduras y los 8.9 de El Salvador(11).

〈〈La tasa de homicidios en jóvenes de 15-29 años sobrepasa el promedio nacional en los países del Triángulo Norte de Centro América〉〉

 

Las tasas de homicidios por cien mil habitantes –el indicador por excelencia para evaluar los niveles de violencia– señalan que, en 2017, la tasa nacional para  Guatemala fue de 25.0; Honduras, 41.9; y El Salvador, 61.9(12). Para el grupo de edad de 15 a 29 años las tasas son mayores. El gráfico 1 muestra las tasas de homicidios para los hombres y mujeres en este rango; como se observa, los hombres entre 25 y 29 años suelen concentrar altas tasas de homicidios, muy por encima de las tasas nacionales en los tres países. Entre las mujeres, en Honduras tiene mayor riesgo el grupo de 15 a 24, mientras que en Guatemala y El Salvador son aquellas entre 25 a 29 años. En general, las personas entre 15 a 29 años, tanto hombres como mujeres, presentan tasas de homicidio mayores a las tasas nacionales.

Recomendaciones de política pública

La respuesta pública a la violencia relacionada con la juventud en el Triángulo Norte de Centroamérica aborda aspectos esenciales para la prevención, tales como la generación de empleo, la promoción de la salud, el arte y la cultura; sin embargo, se dejan de lado algunos aspectos fundamentales para generar impacto en la población a la que se dirigen las iniciativas.

Con base en el análisis realizado, recomendamos lo siguiente:

1. Vincular las políticas de niñez con las de juventud

El comportamiento violento y delictivo durante la juventud se puede prevenir mediante la protección de la infancia y la niñez. Es importante garantizar, durante estas etapas, las condiciones necesarias para un óptimo desarrollo, que permitan enfrentar la etapa de la adolescencia y la juventud de manera que el comportamiento antisocial no sea una opción. Para ello debe prestarse atención a las relaciones en el hogar y en la escuela; además, brindar acceso equitativo a la salud, la educación y a otros recursos que favorezcan la atención integral de las víctimas de violencia, especialmente aquellas que están bajo protección del Estado.

2. Empoderar a los jóvenes como agentes de cambio

Se debe ya dejar de lado la noción de que por su vulnerabilidad y riesgo los jóvenes son sujetos de intervención y constituyen un obstáculo para el desarrollo. Al contrario, se requiere aprovechar las fortalezas de los jóvenes, empoderarlos como ciudadanos competentes y garantizar su derecho a participar, así como la responsabilidad de servir a sus comunidades, especialmente en los modelos de orientación por pares. Los vínculos con la comunidad generan identidad social y bienestar emocional, elementos clave en la prevención de la violencia y el delito.

3. Brindar especial atención a las minorías

Debe prestarse atención especial a los jóvenes indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexual. En las políticas estos grupos se encuentran invisibilizados. Las minorías tienden a ser objeto de victimización en mayor medida y requieren, por consiguiente, medidas específicas que les permitan acceder a los recursos de salud, educación y justicia, con la misma o mayor facilidad que la población en general. También es necesario tomar en cuenta las especificidades y la diversidad de condiciones que afrontan las mujeres –por ejemplo, en casos de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzoso–, y elaborar medidas acordes a estas características.

4. Visibilizar la violencia desde y hacia la juventud

 En los tres países existen observatorios de la juventud que buscan visibilizar los derechos. Es importante que en ellos se dé seguimiento periódico y se visibilice la violencia homicida –y de otros tipos– que ocurre en este grupo de edad, así como el financiamiento que desde el Estado se destina a la prevención. Esto conlleva el diseño de indicadores que permitan medir la implementación de las políticas de prevención de la violencia –especialmente la relacionada con la juventud–, además de construir conocimiento sobre las distintas realidades que las personas jóvenes enfrentan.

5. Priorizar la corrección del comportamiento delictivo

 El sistema de justicia debe estar orientado a generar oportunidades y mecanismos que permitan la corrección de las conductas antisociales, dejando como último recurso la privación de libertad. Es prioritario contar con un sistema adaptado a las necesidades específicas de la adolescencia y juventud, que garantice el respeto a sus derechos y que actúe de forma rápida y diligente, evitando al mínimo el daño y asegurando la protección y el bienestar de los menores de edad. 

6. Rendir cuentas, aprender y tomar decisiones

Es importante reconocer el esfuerzo de los países por formular políticas públicas que aborden la situación de violencia relacionada con la juventud. También es necesario reconocer y abordar las brechas de implementación que enfrentan las políticas y generar mecanismos de coordinación interinstitucional que faciliten y orienten esta tarea. En ello juegan un rol importante las organizaciones sociales de jóvenes, las cuales están llamadas a fiscalizar y demandar acciones a favor de la prevención. En particular, los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica necesitan establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de políticas para informar adecuadamente a la ciudadanía sobre los avances en la implementación, aprender sobre la efectividad de las acciones propuestas, y realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos de política.       

Finalmente, debe asegurarse que las políticas públicas de prevención de la violencia y el delito incorporen un eje sobre el uso de la tecnología, tratando de anticipar las conductas antisociales que puedan generarse, para orientar las acciones y planes de prevención. 


Notas al pie

(1)ONU, 1981 (2)Alpízar y Bernal, 2003 (3)Finn, 2001 ; Sukarieh y Tannock, 2015 (4)Moffit, 1993. (5)Fairchild et al., 2013. (6)Aguilera e Izarra, 2005; Robinson et al. 2010; Polanska, Jurewicz y Hanke, 2015 (7)Thornberry y Krohn, 2005 (8)Benson y Buehler, 2012; Wang et al., 2014 (9)El Modelo ecológico fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud” de 2003 (10)Véase en: www.indexmundi.com (11)FEREMA, 2017 (12)Tasas calculadas a partir de los datos de las instituciones policiales de cada uno de los países

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Referencias citadas

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Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

Se autoriza la reproducción, distribución y cita textual sin fines lucrativos y dando crédito de autoría y propiedad intelectual


Créditos

Autora:Evelyn Espinoza
Apoyo Técnico:Alejandra Menaldo, Carlos Mendoza
Edición:Isabel Aguilar

 

Policy Brief No. 1 El fracaso de las políticas de “mano dura” en el Triángulo Norte de Centro América

Las maras (1) poseen al menos cuatro características que las distinguen: un sentido de pertenencia al grupo, el uso de símbolos asociados con su grupo (tatuajes, rituales, grafiti, joyas, peinados), un área geográfica que declaran su territorio, y un comportamiento contrario a las normas sociales (2).  Dentro de las maras, existen diferentes tipos de membresía, la cual depende del nivel de inmersión o conexión del individuo en la mara. Así, por ejemplo, hay miembros centrales que regularmente muestran tendencias antisociales serias; y miembros periféricos, que se integran o colaboran de forma eventual con la mara buscando aceptación, reconocimiento y sentido de pertenencia a un grupo. Estos últimos, que son la mayoría de los integrantes, son quienes tienen mayores probabilidades de ser rehabilitados y de reinsertarse a la comunidad (3).

Los mareros son generalmente adolescentes y jóvenes, entre los 10 y 21 años. En su mayoría son hombres. Los adolescentes y jóvenes que integran las maras tienden a involucrarse en mayor medida en comportamientos delictivos, comparados con aquellos que no pertenecen a estas agrupaciones. El efecto de la mara en la probabilidad de que una persona se involucre en actividades ilícitas sobrepasa el impacto de tener amigos implicados en actos delictivos (4).

En la década de 1980, las pandillas juveniles se volvieron más agresivas, pero fue en los 90 cuando experimentaron una gran transformación. En los países del triángulo norte, los pandilleros se integraron a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, ambas originarias de los Estados Unidos de América, como producto de la deportación de sus miembros. Otros cambios incluyeron una estructura organizacional fija, el uso de referencias simbólicas más definidas y complejas, la institucionalización de la violencia hacia dentro y hacia fuera, los integrantes que sobrepasan los 30 años, un mayor número de mujeres, y el incremento en el uso y portación de armas de fuego (5). Estos cambios se dieron como resultado de i) la proliferación de armas de fuego; ii) el encarcelamiento masivo del que fueron objeto; y iii) los valores dominantes en la sociedad de dinero y éxito (6).

Las maras se involucran en actividades criminales por varias razones, entre ellas, obtener una ganancia económica, incrementar su reputación ante grupos similares, proteger su territorio, o expandir sus operaciones. Las maras que tienen un número alto de integrantes y más miembros adultos tienen mayores probabilidades de involucrarse en actividades criminales y relacionadas con drogas (7). La principal actividad económica de las maras, especialmente en el triángulo norte, es la extorsión, la cual dirigen generalmente a los empresarios del transporte. También se involucran en tráfico local de drogas, y sicariato.

Factores que propician la integración de las maras

Aunque no es posible predecir si un niño o adolescente se convertirá en marero, existen ciertos factores de riesgo que incrementan las probabilidades de que así sea. Si su ambiente no ofrece alternativas positivas, integrar una mara puede ofrecer esperanza de éxito en algún área o momento determinado de la vida.

Convertirse en miembro de una mara es el resultado de las relaciones sociales débiles con la familia, escuela, comunidad y sociedad, y  un ambiente de aprendizaje que fomenta y refuerza el comportamiento delictivo (8).  Esto sugiere que las personas que no desarrollan un sentido de compromiso con las estructuras sociales, formarán vínculos con otros que comparten los mismos valores.

Diversos estudios sobre las maras coinciden en señalar algunos factores que influyen en las probabilidades de convertirse en marero. Por ejemplo, tener dificultades para el aprendizaje resulta en un débil compromiso con la escuela, y esto eleva el riesgo de buscar la compañía de pares delincuentes. Aunado tanto a eventos negativos en la vida como a vivir en condiciones de pobreza, o en un hogar monoparental, se incrementan las probabilidades de percibir la integración a la mara como un beneficio (9). Estas condiciones a su vez son generadas por elementos de la sociedad, en que la persona está inmersa. La Tabla 1 muestra los factores que vuelve a los niños y adolescentes vulnerables a convertirse en miembros de una mara. La mayoría de las veces los factores individuales son producto del contexto y la comunidad.

Tabla 1. Factores de riesgo

No todas las variables identificadas afectan de igual manera a las personas. Hay factores de riesgo que incrementan la probabilidad de convertirse en marero. Generalmente, los mareros tienen más de un factor de riesgo, debido a la interconexión que existe entre estos últimos.

Combatiendo la actividad de las maras: enfoque y resultados

Los entusiastas de la prevención señalan que prevenir el comportamiento delictivo es fácil y que esa debería ser la meta. Otros piensan que la prevención no es posible y deberían priorizarse las medidas encaminadas a la disuasión. Prevenir el crimen es posible, pero no es una tarea fácil, y los resultados sólo son observables en el mediano y largo plazo. Las políticas represivas ofrecen resultados en el corto plazo, pero son efímeros y, generalmente, contraproducentes, ya que terminan por promover la cohesión entre los miembros de las maras, e incrementando los niveles de violencia.

Como lo muestra el Gráfico 1, los países del triángulo norte han optado por las políticas de “mano dura” para desmotivar la integración de las maras, criminalizando este tipo de asociación, y aplicando sanciones duras a sus miembros, sin proveer medios alternativos a los adolescentes y jóvenes, y dejando fuera los factores de riesgo que propician el involucramiento en estos grupos.

Honduras,  primero en 2002 y luego en 2014, endureció las leyes para combatir la actividad de las maras, especialmente la Mara Salvatrucha y la del Barrio 18, estableciendo sentencias de entre 20 y 30 años para sus miembros, y 50 años para los líderes.  Estas medidas les permitieron fortalecerse y, desde la cárcel, expandieron sus actividades delictivas, sobre todo, las extorsiones. Para ello reclutaron un mayor número de miembros, especialmente menores de edad, para quienes las penas establecidas eran reducidas (10). Ni el crimen ni la delincuencia se redujeron.

En 2003, en El Salvador, esta política resultó en el encarcelamiento de 11,000. Los mareros se unieron en contra de las acciones represivas. El gobierno reformó algunas de sus estrategias por otro tipo de enfoques. Entre 2012-2013 pactó con las maras con el fin de disminuir el número de homicidios a cambio de trasladar a los mareros a prisiones de mínima seguridad. Pese a que se manifestó una disminución en la violencia homicida de El Salvador en este lapso, la actividad delictiva (extorsiones, tráfico local de drogas) no disminuyó. El pactar con las maras les dio legitimidad mientras que debilitó la posición del Estado.

En 2003, Guatemala implementó el Plan Escoba (11), orientado a i) incautar armas de fuego auténticas y hechizas; ii) procurar el desarme total de las pandillas; iii) desorganizar a las pandillas y limitar su campo de acción; iv) impedir el vandalismo de grupos pandilleros; v) prevenir la comisión de delitos por parte de grupos de pandillas, y vi) prevenir el tráfico de drogas por parte de las pandillas. En el Plan se considera pandillero a los jóvenes entre 14-25 años dedicados al vandalismo, drogadicción, robo, violación, homicidios, extorsión. Las acciones estaban dirigidas específicamente hacia los miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

En 2017, pese al demostrado fracaso de este tipo de políticas en los países vecinos, en el Congreso se negocia  la iniciativa de Ley 5266 para criminalizar a los integrantes de las maras y pandillas, con penas de 2 a 8 años de prisión, considerando únicamente los efectos de éstas para la sociedad, y dejando de lado los factores que propician su existencia.

El factor común entre estas políticas era el creciente despliegue de fuerzas militares para capturar a los mareros, lo que llevó a una creciente confrontación no solo entre grupos de mareros rivales, sino también entre maras y fuerzas de seguridad del Estado.  Como se observa en el Gráfico 2, el resultado en los tres países fue el mismo: las tasas de homicidio no descendieron como se esperaba,. Por otro lado  el número de mareros ha aumentado (12): en Guatemala en 2004 se reportaba alrededor de 8 mil mareros. Para 2016, la cifra se ubicaba en 15 mil miembros de las maras; en Honduras en el año 2000 el número de mareros rondaba los 31 mil, para el año 2016 se habla de alrededor de 60 mil; en El Salvador, en 2007 eran 10,500, mientras que para 2014 se estimaba que había alrededor de 32 mil mareros activos.

Implicaciones para la política pública

Aunque las políticas de “mano dura” pueden generar una sensación de seguridad a los ciudadanos, resultan inefectivas para combatir la afiliación a las maras, pues refuerza los lazos emocionales y el sentido de pertenencia entre sus miembros. La prevención es la clave. Para ello deben establecerse medidas enfocadas en prevenir que los niños y adolescentes se sientan atraídos por la actividad de las maras, y estrategias de salida para quienes ya se encuentran involucrados. Esto sin dejar de lado que el Estado  no debe por un instante declinar su compromiso con la seguridad ciudadana, y eso pasa por mostrar cero tolerancia con el control de territorios, negocios y reclutamiento de integrantes, realizados por las maras. Lo cual debe hacerse con apego a la legislación vigente, sin abusos ni violaciones a los derechos humanos, pero con firmeza y sentido de la prioridad.

Con base en lo anterior, se proponen 4 medidas específicas:

Prevenir que los niños y adolescentes se involucren maras

Considerando que el reclutamiento inicia a la edad de 10 años, las políticas de prevención deben tener como objetivo una población mucho más joven que el típico marero. Las principales causas para integrar una mara que los jóvenes reportan son: un sistema familiar débil, amigos involucrados en actividades delictivas, un vecindario con altas tasas de delincuencia, búsqueda de protección, poder, respeto, y ganancia monetaria. Los programas de prevención deberían abordar estos factores para minimizar el riesgo. Los esfuerzos deben centrarse en fortalecer a las familias de los niños y adolescentes en riesgo, sobre todo aquellas monoparentales y que residen en ambientes propicios para el crimen. Se trata de reemplazar las funciones que las maras cumplen para las diferentes partes interesadas. El Estado, además, debe ampliar la oferta educativa en estas áreas, así como la prestación de servicios de salud, nutrición, deporte, cultura, seguridad, y la implementación de programas que promuevan la cohesión social.

Diseñar estrategias de salida para los mareros 

Es importante que el Estado genere oportunidades de desarrollo de capacidades técnicas y laborales orientadas específicamente para los adolescentes y jóvenes que estén dispuestos a abandonar las maras. Mientras éstas ofrezcan oportunidades de ingreso económico y estatus social a sus miembros, es más difícil que elijan abandonar el grupo. A nivel individual debe trabajarse una estrategia específica que permita restaurar su autoestima, el diseño de un plan de vida, y la superación de sus adicciones. Es necesario también tener en cuenta que muchas veces quienes abandonan estos grupos están sujetos a amenazas de muerte por los líderes de las maras, y son objeto de estigmatización tanto por la población en general como por las fuerzas de seguridad en particular. En tal virtud, las estrategias deben contener medidas encaminadas a reducir esta vulnerabilidad.

Fortalecer el sistema penitenciario

Como señala la evidencia, el encarcelamiento masivo de los mareros, les da la oportunidad de fortalecer su organización, estrategias de reclutamiento y extorsiones. Esto es viable por la porosidad de los centros carcelarios, en donde es común la posesión de teléfonos móviles que facilitan la comunicación con el exterior. A ello se suma las pésimas condiciones de infraestructura, falta de programas de rehabilitación, y el ambiente criminogénico de las prisiones, provoca una lucha de poder que resulta en el comportamiento violento de los privados de libertad tanto hacia adentro como hacia afuera. Los mareros que no formen parte de programas de rehabilitación deben ser recluidos en prisiones de máxima seguridad, con limitada comunicación con el exterior, para evitar que sigan delinquiendo y reclutando nuevos miembros.

Implementar un plan para contrarrestar y prevenir las extorsiones

La principal fuente de ingreso de las maras son las extorsiones que cobran de forma regular a empresarios de transporte y a propietarios de negocios. Para contrarrestar la existencia de las maras, deben implementarse acciones en esta área. Esto conlleva la puesta en marcha de un plan interinstitucional del sector seguridad y justicia, que permita la pronta identificación y detención de los transgresores, pero también una ágil emisión de las sentencias (condenatorias o absolutorias). La celeridad en la aplicación de la justicia es un factor clave para desmotivar el comportamiento delictivo. Igualmente, el sistema bancario debe constituirse en un aliado para notificar a las autoridades de transacciones sospechosas de sus cuentahabientes. La lucha contra este delito debe ir acompañada de una estrategia de recuperación de territorios por parte del Estado, que incluya medidas para la prevención de la violencia y el delito.

En conclusión,  es imperativo que los niños y adolescentes sean comprendidos como la base de un futuro sin maras, en un marco de oportunidades y un proyecto de vida que se vea tangible y concreto, de corto plazo. Vagabundear, delinquir para sobrevivir, son rasgos de una marginalidad que puede cambiar como un compromiso compartido entre las comunidades, las empresas y las instituciones públicas.

Notas al pie

(1) En la literatura y marco jurídico especializado se utiliza de forma intercambiable los términos “maras” y “pandillas” en este documento abordamos específicamente a las Maras, entendiendo que son la evolución de las pandillas a una organización con las características aquí defnidas.

(2)  Curry y Decker, 1998

(3)  Schroeder, Giordano, y Cernkovich, 2007; Meng et al. 2011; Pyrooz y Decker, 2011

(4)    Battin-Pearson et al., 1998; Finn-Aage et al. 2001

(5)  Simi, Smith, y Reeser, 2008; Gutierrez, 2010

(6) Hagedorn, 1998; Beidi y Krohn, 2016

(7)  Barnes, Beaver, y Miller, 2010

(8)  Thornberry, 1987

(9)  Thornberry et al., 2003

 (10) Insight Crime, 2015

(11) Rodríguez y Pérez, 2005

(12)  No existen datos oficiales sobre el número de mareros en los países del Triángulo Norte. Las cifras  aquí presentadas son estimaciones que están publicadas en distintos estudios. Ver: Ranum, C. 2007; Murcia, W. 2015; Insight Crime, 2015

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Referencias

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Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

 

Créditos

Autora: Evelyn Espinoza

Apoyo Técnico:   Alejandra Menaldo, Carlos Mendoza

Edición: Enrique Naveda

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La isla de la Canciller Sandra Jovel y el Presidente Jimmy Morales

Ángel ( @angelram09)colegas, es un gusto conversar con ustedes de nuevo. Para nuestro debate de esta semana propongo que hablemos sobre la isla en la que ha dejado a Guatemala la política exterior liderada por la Canciller Sandra Jovel y el Presidente Jimmy Morales.

Desde hace 9 meses en el cargo, la Canciller Jovel ha dado un giro drástico a la política exterior de Guatemala. Históricamente esta ha estado determinada por temas como la integración en C.A., el diferendo territorial con Belice, apoyo a migrantes, entre otros; sin embargo, Jovel y Morales la han utilizado para obstaculizar la lucha contra la corrupción en el país, llegando incluso a poner en riesgo relaciones bilaterales con países de especial relevancia para la cooperación en Guatemala, como el G-13.

 

¿Realmente hay posibilidades de que Guatemala quede atrapada en la isla (dentro del sistema internacional) que el Presidente y la Canciller están buscando? ¿Cómo afecta esto la posición de Guatemala frente a otros temas?

 

Celia (@Celiaguilera): La dinámica que estamos viendo no es nueva, en el sentido que prevalecen acciones de gobierno y no una política de Estado, principalmente porque el problema es que no tenemos una.

Ronalth (@rochaeta ): Creo que la gestión de Sandra Jovelal frente del Minex deja mucho que desear, no solo el potencial aislamiento internacional que podemos ser objeto dada el actuar del Presidente y la Cancillería.

En efecto, el posicionamiento de temas claves a nivel internacional es muy malo. La agenda de país y de política exterior está abandonada y toda la gestión de Jovel se traslada a minar el trabajo anticorrupción y lucha contra la impunidad que trabaja Cicig. Bloquear dicha agenda es la política exterior de esta gestión.

Me pregunto, ¿Y los migrantes?, ¿La agenda de comercio internacional?, ¿La agenda de seguridad y lucha contra el narcotráfico?, Hay mucha tela que cortar.

Ángel ( @angelram09): A pesar de que nos quieren hacer creer que es una diplomática de carrera, su agenda de política exterior no lo demuestra. Se sigue dejando temas de Estado fuera.

Sofía  (@smontenegrom): En ese sentido, concuerdo con Celia desde el punto de vista que no existe una política internacional de Estado. Históricamente la actuación del Minex ha dependido del liderazgo de figuras claves, sin un cuerpo profesionalizado que sostenga la institución. Al igual que otras entidades no tiene un camino claro.

Pero creo que nos enfrentamos a un escenario distinto, una maniobra del actual gobierno para desprestigiar a Cicig/MP, con una actuación, en la mayoría de los casos penosa, que intenta aprovechar cualquier tipo de desinformación para favorecer su agenda, como sucedió con el caso Bitkov que tuvo un efecto considerable  

Ángel ( @angelram09): Yo vi el caso Bitkov como una sorpresita en el camino que han intentado explotar. Como siempre, la coyuntura y nada de Estado.

Xavier (@EquisSJ ): Es curioso. Durante la conferencia de prensa donde Jovel anunció la petición de retiro de los embajadores Kompassy Salcedo, hizo referencia a “la política internacional de Guatemala“.  La pregunta es si hay tal política o están improvisando sobre la marcha.

Celia (@Celiaguilera): Una política internacional debería responder a los intereses internacionales de Estado, no de gobierno, que es, claramente, a lo que está respondiendo la ministra Jovel.

Mercedes (@mersb ): Las últimas acciones de Jovel y el Presidente Morales en relación a los gastos del viaje oficial a Israel, provocó un malestar significativo en diversos sectores. El cinismo con el que dejan entre ver la opacidad del gobierno es cada vez mayor.

Mi preocupación principal al igual que lo menciona Ronalth, es el tema de los migrantes, tomando en cuenta que las remesas son claves para el país, no existe una política clara de atención integral a los mismos. Vemos como se activó hace unos meses Conamigua, pero los migrantes siguen desatendidos, el caso de Claudia Patricia Gómezes claro.

Ángel ( @angelram09): Creo que esa es la palabra: Cinismo. Un gobierno que se aísla de los intereses de nación, de la comunidad internacional y de los principios básicos de las democracias modernas.

Stephanie (@stephlopez122 ): Sin embargo, aún sin una política exterior clara varios gobiernos mantenían ciertas posturas sobre determinados temas. Como lo eran los compromisos y derechos internacionales para fomentar la paz y estabilidad en Oriente Medio. Jovel rompe con esa lógica.

Celia (@Celiaguilera): Sin un claro objetivo de cuáles son los intereses nacionales, ninguna política de gobierno puede ser exitosa. Si no se han creado oportunidades para la población en los municipios y departamentos de donde, se tiene conocimiento, salen la mayoría de emigrantes, es indiscutible que no son parte de las prioridades del gobierno, no podrían serlo tampoco cuando se convierten en migrantes fuera del territorio nacional.

Xavier (@EquisSJ ): Es bastante evidente que la política exterior de Guatemala actualmente es deshacerse de Cicig.  El tema de los migrantes, exportaciones, queda supeditado a esto. En ese sentido, me pareció interesante el amparo que interpuso la FundaMack por el intento de expulsión de Kompass.  El argumento es que las acciones del Ejecutivo no tienen al centro el interés de Guatemala sino el interés individual del Presidente.

Ronalth (@rochaeta ): yo calificaría a Jovel como el retorno al Antiguo Régimen, donde el Rey ejercía la diplomacia con abuso y lo hacía en nombre de la soberanía de la realeza. Una política exterior ajustada a los intereses de la familia Morales y su círculo más cercano.

Celia (@Celiaguilera): ¡Exacto! No son “la política exterior de Guatemala”, son los intereses de la administración Morales.

Xavier (@EquisSJ ): Kakistocracia.

Sofía (@smontenegrom): Además, es importante recalcar que las acciones de Jovel damnifican el Estado laico. Si bien esto no es peculiar de su gestión y se visibiliza en otros países, se puede observar que su comunicación oficial está cargado de referencias religiosas de índole cristiana.

Stephanie (@stephlopez122 ):La política exterior bajo el liderazgo de Jimmy y Jovel son reaccionarias. Creo que eso lo tenemos claro. Y las bases de sus decisiones tal parece que obedecen más a valores conservadores que a acciones geoestratégicas.

Mercedes (@mersb ): Más que a valores conservadores, diría que obedecen a procurarse impunidad.

Ronalth (@rochaeta ): «El Estado soy yo»

Stephanie (@stephlopez122 ): Los círculos más cercanos al Minex están siendo las Iglesias, sobre todo las evangélicas.

Ronalth (@rochaeta ): Y diputados, junto con algunos medios de comunicación. Por ejemplo, el diputado de Petén, Regalado, Roberto Arzú, Cónsul Honorario en Argentina. Además, la familia Rotmann con un familiar Cónsul en España y no olvidemos al yerno de Jafeth Cabrera.

Stephanie (@stephlopez122 ): Incluso, durante el mandato de Jimmy Morales los nombramientos políticos han superado los de gobiernos pasados.

Ángel( @angelram09): Incluso, Jovel y Moralesse ha buscado aislar del mismo Congreso. Negar información y debilitar los mecanismos de pesos y contrapesos del Estado.

Sofía (@smontenegrom): Ángel, no será que el congreso es un aliado, recordemos la interpelación del 8 de marzoque se le hizo a Jovel, donde se tenía la oportunidad de cuestionar sobre agenda anti-Cicig, y en su lugar se hicieron preguntas poco profundas, con excepción de la diputada Andrea Villagrán

Ángel( @angelram09): Claro que tienen aliados, durante la interpelación quedó demostrado que esa función fiscalizadora del Congreso debe de fortalecerse.

Hay por ahí una denuncia en contra de miembros de la Junta Directivadel Congreso por intentar detener la interpelación y limitar las preguntas de algunos congresistas. El Abogado los sindica de haber incurrido en ilegalidades durante la interpelación.

Xavier (@EquisSJ ): Exacto, fue vergonzoso ver la complicidad de Arzú Escobar, que boicoteó la interpelación. El presidente del Congreso se convirtió en el mejor aliado de la canciller.

Sofía (@smontenegrom): De acuerdo, nuevamente con un Congreso que busca establecer un pacto de corruptos y legislar en su propio beneficio, ¿qué entidad(es) podrá fungir el importante rol de fiscalización?

Mercedes (@mersb ): Contraloría General de Cuenta?

Ángel ( @angelram09): no deben ser excluyentes, uno del otro. Ambos deben cumplir esa función constitucional.

Sofía (@smontenegrom): Me parece interesante que fue en un medio de comunicación @ConCriteriodonde la Canciller indica por primera vez quién patrocinó el viaje de Jerusalén del Presidente, menciona al empresario Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corporation, lo cual demuestra el importante papel de los medios de comunicación en el proceso de transparencia y rendición de cuentas.

Xavier (@EquisSJ ): Creo que coincidimos con el diagnóstico de la situación.  La pregunta es, ¿cuál es la vía para evitar este tipo de abusos por parte de un grupo de improvisados tratando de salvar su pellejo de la cárcel? ¿Carrera de servicio exterior?   Entiendo que Jovel es muy mal vista dentro del Minex por parte de los cuadros más técnicos y antiguos.

Ronalth (@rochaeta ): no hay política exterior como tal y se necesita reformar el servicio exterior. Hacerlo meritocrático, que tenga controles, como en otros países. La fiscalización que hacen las comisiones de política exterior en otros países. Hay formas de hacer mas institucional el rol del Minex.

Mercedes (@mersb ): Nadie que llega al cargo al secundar un Non Grato a Iván Velásquez de la manera oscura como se dio, puede ser bien visto por gente seria.

Ángel( @angelram09): Es claro que la institucionalidad y la rendición de cuentas son un capítulo más de moralejas para este Gobierno. Que reine la opacidad.

Sofía (@smontenegrom): y el circo continúe.

Stephanie (@stephlopez122 )A mí lo que me preocupa que muchas de estas decisiones serán muy difíciles de revertir cuando Jovely Jimmydejen el gobierno

Xavier (@EquisSJ ): Yo no lo creo.  Por lo que he oído, el G13 tiene muy claro que es de aguantar los meses que le quedan a esta banda de improvisados.

 Mi punto es que la política exterior de Guatemala debería construirse alrededor de un modelo consensuado que no rompan los vaivenes políticos: ¿Cuáles son nuestros socios estratégicos?   ¿Con cuál bloque articulamos? ¿China o Taiwan?  ¿Está el futuro en Asia?  ¿Qué hacer con los BRICS?  ¿Qué debemos alcanzar para poder negociar en mejores condiciones con EEUU? ¿Cuál es la política de Guatemala en términos de medio ambiente y su relación con la política al respecto del resto del mundo? Tal vez no son preguntas fáciles (algunas sí, como la cuestión China o Taiwan), pero una vez contestadas con el interés del país al centro, los vaivenes políticos no deberían hacernos peligrar nuestra posición en el mundo.

Celia (@Celiaguilera): Darle el mérito y la importancia que merece la carrera de servicio exterior me parece un primer paso y lo que se tiene que hacer. Además, definir una agenda de prioridades nacionales para empatar la política internacional a los intereses de Estado.

Sofía (@smontenegrom): Considero que la(s) propuesta(s), en el presente contexto tendrá que venir de organizaciones civiles, instituciones aliadas, funcionarios públicos atípicos. Es rol del agency en la política guatemalteca es de suma importancia, ya que el actor político es el sujeto de cambio que puede hacer que las cosas sucedan.

Stephanie (@stephlopez122 ): pero la decisión de mover la Embajada a Jerusalén por ejemplo, tiene daños colaterales

Ángel ( @angelram09):Es parte del aislamiento al que están llevando al país.

Xavier (@EquisSJ ): Sí, ese error saldrá caro.  Sofíahacía referencia al tema de la religión y cómo este gobierno ha pasado los límites de lo permisible, vulnerando el estado laico. Lo peor es que el tema religioso es una bomba discursiva difícil de desactivar.  Uno ve las estadísticas del PEW Center de Guatemalay entiende lo difícil que es armar discurso político en un país tan conservador. Digo, si en Costa Rica casi gana la plataforma conservadora…

Stephanie (@stephlopez122 ): Jovel, amiga fiel de Jimmy, conservadora, funcionaria medio tiempo- activista religiosa el otro medio tiempo, recurrentemente torpe en acciones políticas. Un CV que diga.

Ángel( @angelram09): Por ahí que no tengan muy buenas referencias de ella otros miembros de la carrera diplomática.

Celia (@Celiaguilera): El punto, nuevamente, es que en Guatemala, a diferencia de CR, el discurso religioso ha sido solo puro accidente, nada planificado, pero que algunos actores de Gobierno han visto un salvavidas en él por las relaciones que han hecho o las “amistades” que han ganado a raíz de usarlo.

Sofía (@smontenegrom): Concuerdo con Xavier, la religión es una herramienta discursiva potente, que pesa en nuestro contexto, además es un clivaje electoral con peso, en Guatemala y la región.

Mercedes (@mersb ): Creo que más que accidente, el aspecto religioso fue el punto estratégico que les dio fuerza.  El pacto de corruptos tomó fuerza tras la noticia que daba a conocer el traslado de la Embajada a Israel.

Ronalth (@rochaeta ): Es difícil para la política tradicional separar la idea de Estado laico. El medio conservador, no separa la idea de religión y política, es caldo de cultivo para motivar el populismo de corte religioso para crear un enemigo popular. En eso, los aliados de Jimmy han logrado permear a la sociedad en la narrativa anti-Cicig.

Xavier (@EquisSJ ): Jimmy preocupa relativamente. O sea, hace mucho daño, pero va de salida. Definitivamente no está jugando ajedrez, sino más bien hungry hungry hippos.  Mi preocupación es que venga detrás alguien con plan y método y alrededor del discurso conservador y sí nos regrese a los 80’s.

Stephanie (@stephlopez122 ): Coincidimos al momento en la necesidad de una política exterior de Estado, reformar la ley del servicio diplomático y promover laicidad en las instituciones de gobierno.

Ángel( @angelram09): ¡De acuerdo! Entonces, este aislamiento, ¿será temporal? Es algo que ¿puede ser revertido?

Celia (@Celiaguilera): Creo que va a depender de quién llegue a ocupar la presidencia en 2020.

Ronalth (@rochaeta ): Soy escéptico que en el corto plazo el aislamiento internacional cese, al menos hasta que salga Jimmy del guacalomón.

Stephanie(@stephlopez122 ): tiene que revertirse, la pregunta es, ¿cuales serán los daños colaterales?

Xavier (@EquisSJ ): ¡Bingo! Cualquier análisis de salida debe contemplar las elecciones.  En unos meses quizás tengamos más claridad en ese frente. Las condiciones para una convergencia multisectorial están y entre los puntos de acuerdo debe estar la política internacional. Pienso que el mundo con los problemas que enfrenta camina hacia un sistema en el cual habrán unas 50 naciones que tendrán la jerarquía para negociar el destino propio y el del resto de países del mundo.  El resto de países no tendrá mucho que decir por no tomar el tren a tiempo. A día de hoy, no nos veo en ese grupo que sí tomará las decisiones.

Ángel( @angelram09): La posición de la ONU ha demostrado que nuestro pequeño Estado no logrará aislarse. Grandes diferencias del aislamiento de los 80’s y nuestra época.

Mercedes (@mersb ): Para mi no estamos aislados, aún.  Las acciones son reversibles, a excepción del traslado de la Embajada. Como dice Celia el damage controlle tocará al gobierno entrante.

Ángel( @angelram09): Es un buen punto para exigir posiciones claras a los próximos candidatos.

Celia (@Celiaguilera): En materia de política exterior, totalmente.

Sofía (@smontenegrom): Además existen aliados estratégicos que actúan como actores exógenos, cuyos roles pueden socavar las acciones de Jovel y Jimmy, por ejemplo Norma Torres, congresista de los Estados Unidos que recientemente aprobó en la Cámara una agenda legislativa para crear una lista (negra) de individuos implicados en casos de corrupciónen Guatemala, Honduras y El Salvador.

Celia (@Celiaguilera): Creo que es importante tener claros cuáles son los intereses nacionales, primero, y que la política exterior responda a y sea coherente con los mismos.

Xavier (@EquisSJ ): Por eso creo que no hay amenaza inminente de aislamiento.  En el norte tienen claro que es un fenómeno regional que abarca Latinoamérica. Sólo que no nos caiga un caudillo carismático y conservador que secuestre el proceso.

Ángel( @angelram09): Entonces, primeras conclusiones:

  1. No es un aislamiento que tenga consecuencias de largo plazo. A menos que…. Elijamos a otro presidente que siga con el debilitamiento
  2. Cómo quien dice, CR es nuestro vecino ejemplar

¿Algunos otros puntos finales?

Sofía (@smontenegrom):  ¡OJO al 2019!

Xavier (@EquisSJ ): Hay preguntas difíciles que responder y nos hace falta identificar bien nuestros mejores socios internacionales, pero toda vez logremos respuestas, el curso para el país está determinado y no tendríamos que sufrir pensando en que el loco de turno nos lleve al aislamiento.

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Ángel Rámirez  @angelram09 
Celia Luna @Celiaguilera 
Mercedes Bautista @mersb 
Xavier Soria J. @EquisSJ 
Stephanie López @stephlopez122 
Ronalth O. Aguilar @rochaeta 
Sofía Montenegro @smontenegrom

Un pequeño gesto de rebeldía, por el derecho de acceso a la información pública

En tiempos de crisis política, como los que vivimos ahora en Guatemala, hasta la más mínima crítica hacia la administración de gobierno genera reacciones inesperadas. Contrario a lo que generalmente se afirma, de que la piel de los funcionarios se desensibiliza ante los reclamos ciudadanos, parece que actualmente ellos se encuentran con hipersensibilidad. Todo les parece agresiones injustificadas. Dicen que la polarización política no les deja trabajar, y que hay que separar lo técnico del ruido político. Así pretenden obviar el hecho que fueron las torpes decisiones del mismo Presidente de la República, en defensa de sus intereses personales, las que contribuyeron “a envenenar” el debate sobre las políticas públicas. Un debate urgente y necesario.

Desde que dejé el Ministerio de Finanzas, donde trabajé como servidor público de abril 2016 a septiembre 2017, retomé la investigación sobre el problema de la violencia homicida en Guatemala. Con los colegas de la Asociación Civil Diálogos, gracias al apoyo financiero de Open Society Foundations-OSF, lanzamos el Observatorio sobre la Violencia Homicida en Guatemala. Como parte de las funciones del Observatorio están el seguimiento continuo de las cifras de violencia, algo que ya he venido haciendo desde hace varios años, y el análisis de las políticas públicas de seguridad ciudadana y para la prevención del delito. Como parte de la sociedad civil, el Observatorio juega un papel importante en la fiscalización de dichas políticas, no sólo desde la perspectiva financiera de su eficiencia (costo-beneficio), sino también desde la de eficacia (obtención de resultados). Pero como no queremos quedarnos únicamente como observadores pasivos o en la crítica de lo que no funciona correctamente, también buscamos recursos adicionales para aportar por medio de propuestas técnicas, basadas en la evidencia disponible.

No obstante, ofrecer asistencia técnica a las contrapartes gubernamentales tiene sus riesgos. Generalmente, los fondos provienen de la cooperación internacional, pero sin el visto bueno de los funcionarios de turno no es posible trabajar. Aquí es precisamente el punto delicado en el cual la hipersensibilidad de estos días hace su aparición y destruye los planes elaborados cuidadosamente durante meses previos para la colaboración técnica con el gobierno. En nuestro caso, las críticas públicas sobre varias ideas y acciones del Ministerio de Gobernación no han gustado para nada. Nos perciben como oposición política y por eso mismo han pedido a los cooperantes que se cancele todo proyecto de asistencia técnica. Lo paradójico es que dicha asistencia era precisamente para ayudarles a alcanzar sus objetivos de política de la manera más eficiente posible, con indicadores apropiados, y con conocimientos actualizados que tanta falta les hacen a nuestros funcionarios de nivel medio y también a los tomadores de decisiones.

Desde el inicio de la administración del ministro Enrique Degenhart, he llamado la atención sobre algunas de sus propuestas de “mano dura” o populismo punitivo, estilo la declaración legal de los integrantes de las pandillas como terroristas, o la militarización de la seguridad interna, en momentos en los que el Ejército estaba a punto de retirarse de las calles. En persona le advertí al viceministro de seguridad que dichas medidas habían tenido efectos contrarios a los esperados tanto en Honduras como en El Salvador. La violencia homicida en ambos países vecinos empeoró. A partir de ese momento, se me dejó de ver como aliado en el quehacer del MINGOB y se empezó a pedir a otros funcionarios de alto nivel que dejaran de trabajar con el apoyo de mi persona.

Sin embargo, lo que más ha molestado al ministro es el hecho que yo haya solicitado por la vía de la Unidad de Acceso a la Información Pública del MINGOB su agenda de trabajo en su reciente visita a Washington DC, en abril del 2018, en la cual fue acompañado por el Presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar. Visita en la que se especula, por la relación de Degenhart con el difunto Arzú Irigoyen, fueron a hacer lobby político en contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG.

Todo ciudadano guatemalteco tiene el derecho constitucional a conocer y estar informado sobre cada uno de los actos de la administración del Estado, que por principio son públicos (artículo 30 de la Constitución Política de la República). La única excepción que contempla la norma constitucional son los asuntos militares y diplomáticos de seguridad nacional. La Ley de Acceso a la Información Pública (decreto 57-2008, mejor conocida como LAIP) define la “seguridad nacional” en su artículo noveno, numeral nueve: “Son todos aquellos asuntos que son parte de la política del Estado para preservar la integridad física de la nación y de su territorio a fin de proteger todos los elementos que conforman el Estado, de cualquier agresión producida por grupos extranjeros o nacionales beligerantes, y aquellos que se refieren a la sobrevivencia del Estado-Nación frente a otros Estados.” Este es el argumento por el cual se me negó el acceso a la información sobre la agenda del ministro en Washington, DC: la misma es considerada como asunto de seguridad nacional.

 

“Por ello, el día de hoy (miércoles, 30 de mayo de 2018) he promovido ante la Corte Suprema de Justicia una acción constitucional de amparo. La misma es en contra del Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, por resolver de forma arbitraria el recurso de revisión que le fue presentado por mi persona el 27 de abril de 2018″

 

No obstante, hay una grave omisión en el argumento legal del MINGOB. La LAIP, en su capítulo quinto, únicamente contempla dos tipos de información a los cuales se les pone límite al derecho de acceso: la información confidencial y la reservada. La información relacionada con asuntos militares o diplomáticos clasificados como de seguridad nacional cae dentro de la última categoría (artículo 23).  Pero no basta decir que algo es considerado como asunto de “seguridad nacional” para que sea efectivamente catalogado como información reservada. El artículo 25 de la LAIP establece un procedimiento que debe ser aplicado: “La clasificación de información reservada se hará mediante resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado, la que debe ser publicada en el Diario Oficial”. Evidentemente, esto no se hizo por parte del MINGOB porque no consta en ninguna de las dos resoluciones que me enviaron, en las cuales declaraban improcedente publicar la agenda solicitada.

Por ello, el día de hoy (miércoles, 30 de mayo de 2018) he promovido ante la Corte Suprema de Justicia una acción constitucional de amparo. La misma es en contra del Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, por resolver de forma arbitraria el recurso de revisión que le fue presentado por mi persona el 27 de abril de 2018.  La respuesta negativa del ministro para entregar la información solicitada ha generado, según mi criterio y el de los abogados que me asesoran, una clara violación a mi derecho constitucional de acceso a la información pública.

Este derecho de acceso, por solicitar exactamente la misma información, le fue vulnerado al vespertino La Hora, que lo denunció públicamente el 24 de mayo recién pasado. De igual manera, otras entidades del Organismo Ejecutivo se han negado a proveer información pública, como el Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso del viaje presidencial a Israel. De tal forma que esta acción de amparo no debe ser interpretada como un asunto meramente personal, pues es un tema de principios fundamentales para la democracia y el Estado de Derecho. Todos nos vemos afectados cuando no hay transparencia ni rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, quienes deben estar al servicio de la población y no de intereses personales, gremiales o sectoriales, en este caso definidos por una crisis política-institucional provocada por ellos mismos.