La ley de competencia y la falacia del Nirvana

Existe una tendencia entre algunos analistas de políticas públicas a comparar una imperfecta situación real con una alternativa idealizada o utópica.  Siempre suenan las voces que comparan la imperfecta situación actual con la política pública ideal llevada a la práctica por el gobierno ideal. El economista Harold Demsetz, en su trabajo de 1969 titulado “Information and Efficiency: Another Viewpoint”, bautizó esta actitud como la “falacia del Nirvana”.

En estos días el Congreso de la República se apresura a aprobar la ley de competencia más por obligación que por convicción. O, quizás, peor aún, más por obligación que por comprensión. Y es que efectivamente por obligaciones que adquiere el Estado de Guatemala por la suscripción de algunos instrumentos internacionales existe una presión para aprobar dicha normativa además del corolario de “somos el único país de la región que no tiene una ley de competencia”.

Fuera del lúgubre y escaso debate que existe en el parlamento sobre esta normativa, muchos analistas de políticas públicas argumentan que esta ley es urgente para garantizar la competencia y los mercados eficientes en nuestro país. Suelen argumentar que actualmente en el país existen monopolios y prácticas anticompetitivas que dañan el proceso de mercado y no permiten una eficiente asignación de los recursos y dan lugar a rentas excesivas.

Creo que están en lo cierto. Hay muchísimas situaciones “anticompetitivas” y “monopólicas” que afectan la asignación eficiente de recursos. Pero hay dos reflexiones que deben hacerse al respecto.

En primer lugar, muchas de esas prácticas ocurren como consecuencia de regulaciones gubernamentales que sobre el papel pretenden normar la prestación de un bien o servicio pero que en la práctica se vuelven una barrera “anticompetitiva”. Unos ejemplos ilustrarán mejor el punto.

Tomemos el caso de los medicamentos. Previo a comercializar un medicamento deben cumplirse los registros respectivos con la autoridad estatal. El sector carece de dinamismo como consecuencia de la vergonzosa e inoperante burocracia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.   Registrar una sola versión de un medicamento puede tomar casi un año. O peor aún, cambiar el diseño de la caja del medicamento (no la sustancia) puede tardar otra eternidad. Obviamente los resultados están a la vista, el mercado es ineficiente y los precios de los medicamentos altos. Cortesía del Estado.

Tomemos un segundo ejemplo. La intermediación de bienes se ve sumamente lesionada por las inoperantes aduanas que anulan los beneficios de las bajas tasas arancelarias de las que goza el país. Para efectos prácticos, los trámites aduaneros son tan ineficientes, tan lentos y tan imprevisibles que la importación de bienes se ha vuelto un negocio de alto riesgo. Basta con echar un vistazo el GlobalEnabling Trade Report del Foro Económico Mundial para dar cuenta de la penosa situación de nuestras aduanas y del enorme daño que causan a los importadores y por lo tanto a la eficiente asignación de recursos.

La inoperancia de las aduanas afecta la eficiente asignación de los recursos puesto que reduce la movilidad de los bienes transables. De esa cuenta, arbitrar productos que son más baratos en otra plaza comercial resulta sumamente gravoso. Aunque la tasa arancelaria sea baja, la prima por el riesgo de incurrir en un proceso de importación termina anulando las ventajas comparativas.

“Acá entramos a la falacia del Nirvana. si comparamos la situación actual en la cual las prácticas anticompetitivas que se nos puedan ocurrir afectan la eficiente asignación de recursos versus una situación en la cual una autoridad que se asumirá como omnisciente, altruista y no corrupta corrija dicha situación, no cabe duda que necesitamos una ley de competencia”

 

Podríamos extendernos en los ejemplos. Pero para efectos prácticos ambos casos son útiles para mi punto principal: la ley de competencia no tiene por objeto mejorar la situación de las aduanas ni hacer menos gravoso el proceso burocrático para el registro de medicamentos. De modo que el sector de medicamentos y el de bienes importados seguirán siendo tan escasamente dinámicos y escasamente competitivos incluso si se aprueba dicha normativa. La ley tiene otro propósito.

Pasemos al segundo punto. Hay prácticas que pueden comprometer el proceso competitivo del mercado y que no son consecuencia directa de la regulación a la que aludí en el punto anterior. Pero acá entramos a la falacia del Nirvana. Si comparamos la situación actual en la cual las prácticas “anticompetitivas” que se nos puedan ocurrir afectan la eficiente asignación de recursos versus una situación en la cual una autoridad que se asumirá como omnisciente, altruista y no corrupta corrija dicha situación, no cabe duda que necesitamos una ley de competencia.

Sin embargo, si comparamos la actual situación (sin duda imperfecta) en la cual hay prácticas “anticompetitivas” con la iniciativa de ley que aprobaría el Congreso (con una pobre discusión) en la cual el control del proceso de competencia estará a cargo de una Superintendencia de Competencia con un directorio designado por el presidente, Congreso y Corte Suprema de Justicia, quizás nuestra impresión sea distinta.

Si pensamos que un órgano político y “capturable” (término ad-hoc para la coyuntura actual) como la Superintendencia de Competencia es la solución para lograr un mercado competitivo, la situación parece muy distinta. Corresponde comparar dos situaciones institucionales imperfectas, ambas con sus lados oscuros y sus desventajas.

“Nuestro juicio no debe ser si “una” ley de competencia es necesaria. Nuestro juicio debe ser sobre “esa” ley de competencia que conoce el Congreso”

 

No se trata de caer en el cinismo o en la justificación del status quo. Pero la realidad es que la debilidad institucional que permea en el Estado es un hecho dado. También es un hecho dado que la ley de competencia y la autoridad de competencia son las que están en la iniciativa que hoy pretende aprobar el Congreso. Nuestro juicio no debe ser si “una” ley de competencia es necesaria. Nuestro juicio debe ser sobre “esa” ley de competencia que conoce el Congreso.

El problema más grande de la normativa que hoy discute el Congreso es el defectuoso diseño institucional de la Superintendencia de la Competencia. Con el esquema propuesto lo que podemos esperar es que dicha institución se convierta en el futuro nido de casos de corrupción por la forma tan frágil de nombrar a sus miembros, por el poder discrecional que se les otorga y por la ausencia de mecanismos de control y fiscalización.

Por eso concluyo lo siguiente: tenemos dos opciones: el estado actual de competencia mercantil (con sus fallos) o la superintendencia de competencia (mal diseñada y capturable) que la ley de competencia pretende crear. Dos escenarios imperfectos. Usted elija cuál considera que representa menores costos sociales por sus resultados esperados. Yo creo que esta ley de competencia que discute el Congreso no supone una situación preferible al estado actual de las cosas. Tengamos un debate abierto pero evitemos caer en la falacia del Nirvana.

La vieja política en los comités pro-formación

El arsenal de estrategias de la vieja política persiste. No hace falta definir con presión qué es vieja política para vislumbrar de forma clara un estilo de hacer política que actúa de manera opaca y conspirativa, con lideres autoritarios inadecuados para un sociedad con problemas complejos. No es una cuestión ideológica, poco o nada, hace esta clase de políticos en función de una agenda programática. En cambio, emplean grandes esfuerzos para subsistir en el poder. Las reformas que aprobaron los diputados el 13 de septiembre fue una movida de la vieja política.

Y así, en un ambiente político tumultuoso que deja mucho por desear, Guatemala se encamina para un nuevo proceso electoral en el 2019. Estaremos el próximo año, acudiendo a las urnas. Debemos, desde ya, reflexionar sobre la existencia o el surgimiento de una nueva clase política.

La etapa de adhesiones para que los comités se conviertan en partidos políticos es un proceso poco discutido, pero con grandes repercusiones sobre la oferta electoral. Es en este proceso en donde se definirá, desde lo formal hasta la informal, el tipo de organización, cómo han cumplido con la extensa normativa que se les exige.

El proceso ya arrancó. Los comités que quieran participar en las elecciones del 2019 han emprendido una serie de procedimientos legales para que el grupo promotor pueda reunir dentro del plazo de dos años las adhesiones del 0.30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esto último es un desafío de grandes dimensiones.

Primero, es importante reflexionar sobre este requerimiento. En América Latina a partir de 1978 se inicia un proceso de reformas electorales, donde la extensa mayoría de países elevan el número de firmas requeridas para crear un partido político. La idea detrás de esto fue diseñar un sistema electoral que creara partidos políticos institucionalizados, con representación y cobertura nacional, así prevenir el surgimiento de organizaciones con identidades territoriales e intereses particulares. Se apostó en ese entonces y hasta la fecha,  por la creación de  barreras de entrada a nuevas organizaciones, favoreciendo a los partidos existentes.

Esto no ha generado los resultados esperados en países como Guatemala. No hemos sido capaces de crear partidos institucionalizados. Pese a eso, mantenemos altas barreras de carácter administrativo-legal que han dejado un sistema burocrático poco flexible y con grandes insolvencias.

Un claro ejemplo de esto es el proceso de entrega de las hojas de adhesión. En primer lugar, el TSE emite paquetes (alrededor 50 hojas) en formato físico que se otorgan en la sede de la institución. No hay forma de tener acceso a este material en otro formato o por medio de otros mecanismos, se genera entonces, escasez en la disponibilidad de las hojas. Además de esto cada una de las hojas debe estar sellada y firmada por el representante legal de cada comité, por lo cual los miembros se ven obligados a esperar la firma del notario para continuar con el proceso.

Ahondando en lo anterior, el proceso verificación y validación de las hojas también se da con grandes tropiezos. Aquí es importante recordar que la reformas impulsadas en el 2016, aumentaron las competencias del TSE, pero esto no ha sido acompañado de mejores capacidades, ni tampoco de un presupuesto adecuado para el trabajo de la institución.

Actualmente, el proceso para validar una firma es deficiente. El Secretario General de Movimiento Semilla, Samuel Pérez cuenta que incluso el TSE invalidó su adhesión. Así, muchas veces se rechazan adhesiones sobre la base de la letra, información que se sale de las casillas, uso de cédulas, inconsistencia con la firma en el DPI, etc. No existe mecanismo para corregir o solventar errores de este tipo, el proceso debe de repetirse, y en muchos casos la centralización del proceso imposibilita que la persona se pueda adherir, desfavoreciendo a los individuos que intentan sumarse y pertenecer a una organización partidaria. Por el otro lado, la propia burocracia tiene sus falencias con errores en el registro interno del TSE, inconsistencias casi imposibles de enmendar. Si bien es cierto que los formalismos son importante para autenticar a la persona, también es cierto que el proceso es anacrónico y no cuenta con un sistema de registro moderno, ágil y transparente.

Para poner un ejemplo regional en México el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció en septiembre del 2017 una aplicación para diapositivas móviles (app) para recolectar las firmasde manera digital e inmediata, sin tener que recurrir a versiones impresas. A pesar de las distintas criticas que se han dado alrededor del la app, se ha demostrado que el promedio de las firmas recabadas aumentó, en palabras del investigador Sebastián Garrid “la app ha ofrecido beneficios tangibles y valiosos tanto a la ciudadanía, como a los aspirantes a candidato independiente y al INE”.

En Guatemala no hemos ni profundizado en la problemática. Es evidente que el TSE tiene grandes desafíos a la hora de validar y detectar anomalías. Sin embargo, hoy por hoy, la información se maneja exclusivamente en la base de datos físicos de dicha institución, existe muy poca auditoría por parte de otras organizaciones, investigadores u otros actores. Esto genera un serio problema a la hora de garantizar transparencia en el proceso.

En relación a lo anterior, el portal no muestra información desagregada sobre los comités pro-formación. Se cuenta con un documento (organizado por mes) del registro que incluye información sobre el nombre del representa legal, ubicación y emblema de los comités (con la excepción en abril donde se muestra un cuadro con total de firmas).

Con el fin de analizar la situación a más detalle se solicitó información a la Unidad de Información Pública del TSE. El presente cuadro muestra la actividad en firmas de los seis comités que registraron movimiento (otros seis fueron excluidos del análisis por no contar con datos). Añadido a esto, se analizó las fechas entre el 1 de septiembre al  28 de febrero, excluyendo los dos últimos meses.

 

 ¿Qué nos dice la gráfica?

 A primer vista, lo que llama la atención es el desconocimiento que impera sobre los comités. La organización que ha demostrado tener más capacidad en recabar las firmas es AVANZA que tiene a Pedro Catalán como Secretario General y su sede en zona 1. Pero, además de este registro, no existe información de la agrupación, no se cuenta con una página electrónica, como tampoco aparece ninguna noticia en medios de comunicación. Lo que nos hace cuestionar su finalidad.

Recordemos aquí la recurrente tendencia de “comprar la ficha de un partido”, como acaba de suceder con Zury Ríos quien anunció por medio de un video en redes sociales su incorporación al partido Valor. Aquí, no podemos decir que Zury compró el partido, pero sí que ella no participó en el proceso de creación del partido que cuenta, hasta el momento con 26,030 afiliados. La compra de la ficha es tan usual, que no se cuestiona la legitimidad que esto pueda tener sobre las estructuras partidarias y cómo puede generar incentivos perversos para la creación de comités, cuyo objetivo sea vender la estructura al mejor postor, podemos cuestionar incluso los mecanismos con los que consiguen las firmas, ¿cómo lo hacen rentable? ¿cuál es el margen de la ganancia?

Regresando al gráfico, el segundo comité con más firmas recabadas es el Partido Humanista de Guatemala con Rudio Mérida como Secretario General, quien fungió como director de la PNC durante el gobierno de Alfonzo Portillo. Al igual que AVANZA, se encuentra cerca del objetivo para llega a constituirse como partido político.

Por otro lado, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) de Codeca es quizás la organización más conocida entre la ciudadanía, por su pujante agenda política y frecuente convocatoria a movilizaciones en la ciudad capitalina. No obstante, el comité pro-formación no ha dado a conocer de manera pública en medios de comunicación o redes sociales su intención de llegar a ser partido político, aun cuando el comité inició el proceso en diciembre del 2016. A pesar de esto, representantes de Codeca han mostrado tener una postura cerrada y evasiva sobre sus aspiraciones para convertirse en partido político.

Finalmente la gráfica muestra a Movimiento Semilla. Con una abismal diferencia, Semilla cuenta con más difusión en redes sociales y medios de comunicación. Además, es importante constatar que es la única que tiene una página electrónicacon información sobre su propuesta, principios e incluso una opción para establecer contacto. A pesar de esto, los datos muestran un crecimiento limitado, comparado con los otros comités pro-formación.

Los obstáculos a los que se enfrenta Movimiento Semilla son considerables.  Su interés por la transparencia como pilar de sus actividades, los ha llevado a incursionar en varias prácticas, como por ejemplo son los primeros y únicos de los comités que han sacado su Número de Identificación Tributaria (NIT). De hecho, innovar en este sentido les ha generado más costos y pérdidas, que recompensas, dado que hasta el momento el TSE no exige como requisito a los otros comités tener el NIT, demostrando así una enorme debilidad para fiscalizar. Asimismo, Samuel Pérez ha señalado que debido a esto muchos bancos les han negado la oportunidad de abrir cuentas institucionales.

Lo cual no conduce a la siguiente reflexión, ¿Esta el sistema castigado a los que actúan con transparencia y premiando a los que actúan con opacidad?

En base a lo anterior, todo apunta a que sí. El actual proceso de adhesiones y creación de partidos políticos ha motivado la compra de la ficha como mecanismo para impulsar candidatos. Una práctica común de la vieja política. A su vez, nuestro sistema mantiene las barreras altas y no da cabida a que surjan nuevas organizaciones.

Existe poca reflexión sobre esto, pero más importante aun, la ciudadanía (con sus diversos sectores) no han sido capaces para articularse y exigir más de las estructuras partidarias que emanan de este proceso. Es importante, por un lado, fiscalizar y auditar el trabajo que este realizado el TSE para que puedan asegurarse que las firmas sean validadas, y que no se estén replicado el acto de compra y venta de registros de datos de adhesiones. Una manera de hacerlo es emular lo que se hizo en México sobre las posibles anomalías que surgen cuando el crecimiento de firmas supera la tendencia habitual.

En aras de un proceso electoral a la vuelta de la esquina, con grandes retos institucionales, debemos garantizar desde ahora un proceso transparente que nos conduzca hacia la nueva política.

COMUNICADO: En 2017 se redujo violencia homicida, pero se incrementó muerte de mujeres

El informe anual de la organización civil Diálogos, que evaluó las cifras de la violencia homicida en Guatemala, durante el 2017, da cuenta que se registraron 110 muertes menos en comparación con el 2016.

El año 2017, cerró con una tasa de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, 4,410 muertes violentas, -110 menos que en el año anterior-, donde se registró 4,520, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

A pesar de tendencia a la baja en la tasa de muertes violentas a nivel nacional, que se han mantenido en los últimos ocho años, hay un comportamiento variable en cada uno de los 22 departamentos. En nueve de ellos aumentó la violencia, pero disminuyó en 12, mientras que en Sololá no varió.

Los cinco departamentos más violentos del país en 2017 ordenados por su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: Zacapa (61), Chiquimula (57), Escuintla (53), Guatemala (52), e Izabal (44).

Mientras que los más pacíficos, con un dígito de tasa de violencia homicida fueron: Totonicapán (3), Quiché (3), Sololá (4), Alta Verapaz (6), y Huehuetenango (6).

De los 4,410 homicidios del 2017, 593 víctimas fueron mujeres, 20 más que en el 2016, lo que representa una tasa de 7 por cada cien mil mujeres, mientras que los homicidios de hombres registraron 3,816 muertes equivalente a una tasa de 46 por cada cien mil hombres.

Homicidios de Mujeres

  • En 2017, tres cuartas partes de los homicidios de mujeres ocurrieron en seis departamentos: Guatemala (46%), Escuintla (10%), Chiquimula (5%), Izabal (4%), Petén (4%) y Zacapa (4%).
  • A nivel municipal, el año anterior la violencia homicida contra las mujeres muestra una concentración: Guatemala (105); Villa Nueva (60); Mixco (31); Escuintla (17); Puerto Barrios (12) Puerto de San José (11); Tiquisate (10); Esquipulas (10), y Morales, Izabal (10).

Pese a que la violencia homicida ha mostrado un descenso sostenido en los últimos años, es importante implementar acciones en los municipios en donde la tendencia se ha mantenido o incrementado. En el caso de las mujeres no refleja una reducción significativa en los últimos años, comparado con los hombres.

Es importante que las autoridades a cargo de la seguridad ciudadana desarrollen acciones de prevención en los municipios con altos índices de violencia homicida.

 

Autores del informe:  Evelyn Espinoza y Carlos Mendoza, con la asistencia de María Alejandra Menaldo y Sergio Zapeta. 

Diálogos agradece el apoyo financiero de Open Society Foundations (OSF) para la realización del informe.

¿Cómo se aumentó la recaudación tributaria en la SAT? el enfoque conductal en políticas públicas

Guatemala se encuentra en una encrucijada entre el cambio y la estabilidad. Por un lado, tenemos una población urbana en crecimiento con acceso a nuevas tecnologías más interconectada los unos con los otros. Pero al mismo tiempo, persisten viejos comportamientos en nuestro sistema político, caracterizado por un clientelismo que ejerce la grade y pequeña corrupción.

Sin embargo, en el planteamiento del cómo resolver estos problemas complejos nos adentramos al ámbito de la política pública. A partir de ese diálogo se comienza a vislumbrar la diversidad de perspectivas sobre el estudio de las policies.

La política pública pertenece al ámbito de las ciencias sociales que se extiende entre las ramas de psicología, economía, derecho y ciencia política. Dentro de cada una, existe una variedad de escuelas y consecuentemente múltiples enfoques. Mientras unos entienden la aplicación de la política pública desde la perspectiva normativa, otros la interpretan cómo un proceso político. Ningún enfoque está equivocado.

Es en ese amplio espacio donde surge una nueva corriente: las ciencias comportamentales, un enfoque no tan nuevo por su extensa trayectoria, pero novedoso en su aplicación, que ha despertado un interés en el ámbito de la política pública.

Dentro de esa línea de pensamiento surge la organización Behavioral Insights Team (BIT) que forma parte del Gabinete de Gobierno del Reino Unido y se plantea como objetivo aplicar las ciencias comportamentales para mejorar y hacer más rentables los servicios públicos. Hasta el momento han realizado alrededor de 163 pruebas en 25 países alrededor del mundo.

En mayo del 2014 el equipo del BIT impulsó la primera prueba en Latinoamérica en una de las instituciones más polémicas y con más retos en Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Ahí, se aplicó la metodología a los contribuyentes que no habían declarado sus impuestos, con el objetivo de alterar su comportamiento y aumentar la recaudación. Este tipo de intervención está basada en una serie de estudios que se hicieron en el Reino Unido y que demostraron tener resultados positivos en dicho país.

En el caso guatemalteco la población del estudio consistió de 43,000 ciudadanos que se dividieron en dos grupos: el grupo de control que no recibió ninguna carta y el grupo de tratamiento que recibió la carta estandarizada de la SAT y las otras cartas rediseñadas por los investigadores. Una de las cartas enviada a los contribuyentes explicaba:

 

“según nuestros registros, 64.5% de los guatemaltecos declaran a tiempo su Impuesto sobre la Renta correspondiente al año 2013. Usted es parte de una minoría de guatemaltecos que no ha presentado sus declaraciones de este impuesto”

 

Este tipo de mensaje alude a la responsabilidad del individuo ante el grupo. Intenta apelar a la presión grupal. Nada de esto se aleja de nuestra realidad. Todos en algún momento hemos aplicado estos atajos heurísticos para motivar a otros a respetar las normas sociales, como también somos susceptibles a obedecer las normas cuando percibimos que otros lo hacen también.

Regresando al estudio, los resultados señalaron que las cuatro cartas rediseñadas basadas en el estudio de la conducta superaron tanto al grupo de control, como al grupo que recibió la carta original de la SAT. En efecto la prueba aumentó la recaudación un 43%. Una cifra nada despreciable.

El estudio de la ciencia comportamental en la política pública utiliza atajos mentales (nudges en inglés) con el fin de guiar la conducta humana. Es un diseño experimental. La prueba evalúa el efecto de la intervención, arrojando estimaciones sobre qué tanto se pudo capturar un cambio. Es importante recalcar que los datos que se utilizan (en nuestro caso el dato sobre porcentaje de ciudadanos que declaran sus impuesto: 64.5%) son reales y no pueden ser inventados. La ética y la veracidad juegan un rol importante dentro de las pruebas por sus consecuencias e implicaciones en la conducta. Por ello, no se fabrica la información.

Amarrando lo anterior, este enfoque conductual se propone corregir las fallas en el gasto y el servicio, incluso ofrece una oportunidad para recolectar evidencia para la toma de decisiones. Es una propuesta innovadora en muchos sentidos. Disminuye la brecha entre gobierno y ciudadano al recoger evidencia sobre el agregado de las decisiones individuales. Más importante ofrece una oportunidad para proponer cambios con costos bajos.

Para países como Guatemala esto tiene grandes implicaciones. Nuestro débil Estado requiere de grandes cambios estructurales para acatar los problemas complejos que siguen presentes en todas las instituciones del país. No obstante, impulsar el cambio desde esa perspectiva no solo involucra una perpetúa lucha política, sino también es una apuesta a largo plazo donde los efectos se verán, sin garantías, en el futuro.

Claro, necesitamos de grandes cambios, pero al mismo tiempo debemos trabajar en la inmediatez. El enfoque de las ciencias comportamentales aplicado a las políticas públicas nos ofrece la posibilidad de alejarnos de la inmovilidad y comenzar con una innovadora acción.

 Los investigadores del Behavioral Insights Team darán seguimiento a su trabajo en la SAT en un proyecto que involucra a 800,000 ciudadanos. En vista del éxito anterior, podemos esperar grandes resultados en este próximo proyecto que podrá arrojar luz sobre la conducta tributaria de los guatemaltecos. A lo mejor en un futuro otras organizaciones locales podamos sumarnos a esta metodología y ofrecer más innovación dentro del abundante campo de políticas públicas. Y así, replantear muchos enfoques que puedan oxigenar el sistema político guatemalteco.

 

Tal para cual

El apretón de manos entre Jimmy Morales y Donald Trump no me sorprende para nada. No se trata únicamente de un agradecimiento público de los Estados Unidos a la diplomacia guatemalteca por seguirles el juego de trasladar la embajada hacia Jerusalén. Ambos presidentes se encuentran en medio de serías acusaciones que podrían poner un fin prematuro a su mandato. En el caso de Trump, además de las denuncias por acoso sexual, hay fuertes indicios del apoyo ruso durante las elecciones que lo llevaron al poder. Para Jimmy la pesadilla empezó con los casos de su hijo y su hermano, por las facturas falsas, y luego continuó con la solicitud de antejuicio para poder investigarlo por irregularidades en el financiamiento de su campaña. Aunque ambos candidatos no fueron tomados en serio al inicio de las contiendas electorales, finalmente alcanzaron la presidencia como auténticos outsiders de la política.

Tanto Trump como Jimmy se hicieron famosos gracias a la televisión, uno como el que despedía a todos los aprendices, y el otro como el comediante racista y sexista (aquí otra coincidencia). En ambos países se observan canales de televisión que los defienden a capa y espada, desinformando a la población. Es el caso de FOX News en los Estados Unidos y los canales de televisión abierta en Guatemala. No obstante, lo que realmente los vincula es el hecho que ambos están haciendo una férrea y descara interferencia en los procesos de investigación en su contra. Los dos están cometiendo un delito muy grave desde la posición que ostentan como Jefes de Estado: obstrucción de la justicia.

En mayo del 2017 Trump despidió al Director del FBI, James B. Comey, justo cuando avanzaba en las investigaciones sobre los vínculos de su campaña con los rusos. Fue tan evidente la interferencia que en junio Comey fue citado a declarar ante la Comisión de Inteligencia del Senado. Por eso, el mismo Departamento de Justicia inició una investigación especial, la cual está a cargo de Robert Mueller, nada más y nada menos que el antecesor de Comey al frente del FBI. Recientemente, ha salido a luz que Trump intentó despedir también a Mueller, pero no le fue posible porque uno de sus asesores le hizo entrar en razón, amenazando con renunciarle, pues las consecuencias serían desastrosas para la Administración. Hasta el momento Trump ha negado todos los cargos, simplemente alegando que las noticias son falsas, políticamente motivadas.

En Guatemala, Jimmy se ha aliado con otros poderosos actores políticos, como el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, y los diputados corruptos y muy posiblemente vinculados con el crimen organizado en el Congreso de la República, así como con empresarios ya acusados de participar en el tango de la corrupción y del financiamiento ilícito de las campañas, entre otros delitos graves. Y no se descarta que el presidente también tenga alianzas con los políticos ya en prisión preventiva, como los de La Línea, caso paradigmático del 2015 que sacó del poder a un presidente y a su vice presidenta. Esta amplia coalición pro-impunidad ha decidido obstruir la justicia, cueste lo que cueste pues, evidentemente, tienen mucho que perder.

Su primer golpe fue la declaración de persona non grata del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, a finales de agosto 2017. El presidente lo hizo con un video casero, estilo Rodrigo Rosenberg, por lo que no se descarta que personajes igual de siniestros le hayan apoyado en su producción. El segundo golpe fue en el Congreso de la República con los nefastos decretos legislativos para auto-recetarse impunidad. Afortunadamente, en el caso del presidente, la Corte de Constitucionalidad estuvo a la altura de las circunstancias, y en el segundo caso fueron los ciudadanos indignados por tanto descaro de los políticos corruptos quienes los hicieron dar marcha atrás. Sin embargo, la coalición del pacto de corruptos ha resultado ser bastante resiliente. Al punto que se ha fortalecido con los golpes. Lograron conformar una Junta Directiva del Congreso a su imagen y semejanza, y ahora el Ejecutivo, por medio de la Cancillería y la Presidencia, ha realizado una nueva ronda de cabildeo en Washington DC y Nueva York para intentar descabezar a la CICIG, lo antes posible, para luego enfilar sus fuerzas contra la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, quien está a pocos meses de dejar el cargo. Su objetivo final es que CICIG termine muy debilitada su mandato en 2019, sin la debida y necesaria colaboración por parte de la nueva cabeza del MP.

En el caso de los Estados Unidos, la esperanza radica en las elecciones de medio término, que en noviembre 2018 podrían devolver el control del Congreso al partido Demócrata. Si esto ocurre, aumentarían grandemente las probabilidades de que Trump sea sometido a un juicio político que le retire de la Casa Blanca anticipadamente. En Guatemala, lo más probable es que tengamos que esperar hasta las elecciones del 2019 para votar, sin claras alternativas, por otro que se auto-proclame como “No corrupto, ni ladrón”. Ante la ausencia de verdaderos partidos políticos, y sin reformas de fondo a la ley electoral para que los propicie, volveremos a llenarnos de corruptos en todos los organismos del Estado, pero con el agravante de que ya no tendremos a la CICIG ni a Thelma Aldana para hacer contrapeso a sus desmedidas ambiciones de enriquecimiento ilícito y poder.

Ambos presidentes saben que han perdido legitimidad. Trump incluso llegó al poder sin el favor del voto popular y cuenta con niveles de aceptación históricamente bajos. Por eso buscan sostenerse en fuentes tradicionales de legitimidad, en las pre-democráticas, como la religión. Quieren hacer creer a los ingenuos que ellos fueron ungidos, puestos como autoridad para cumplir con un plan divino. ¿El cumplimiento de la profecía de una Nueva Jerusalén? Por ello, los dos asisten a desayunos de oración nacional organizados por los líderes su base evangélica fundamentalista y neo-pentecostal, y su breve encuentro se da en ese particular contexto.

Ambos presidentes han demostrado que son incapaces para el cargo que se les encomendó, pero no se les despedirá por eso. Se irán porque han intentado, con cierto éxito, retrasar las investigaciones en su contra. Lo lamentable es que en el proceso han dañado a las instituciones nacionales con sus torpes decisiones. La diferencia es que en Guatemala nos costará mucho más, pues somos infinitamente más vulnerables a los destrozos de un mal gobierno. Y claro, esto también afectará directamente a los Estados Unidos con más inmigrantes, quienes seguramente pasarán por arriba o por debajo del famoso muro de Trump, en busca de un sueño, por cierto, cada vez más lejano.

¿Es ideológica la lucha contra la corrupción en Guatemala?

Hay quienes argumentan que la lucha contra la corrupción en Guatemala es un asunto que únicamente interesa a las izquierdas, que realmente lo que quieren es llegar al poder por otros medios distintos a las elecciones, ya que en estas casi siempre pierden ante partidos de derechas que han gobernado el país desde que empezamos la transición hacia la democracia. El argumento es que se está judicializando la política, pues muchos de los casos investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tienen como acusados a prominentes políticos de los partidos tradicionales, de la vieja política. La mayoría de los casos recientes están relacionados, precisamente, con el delito de financiamiento ilícito de las campañas electorales.

Esta absurda historieta de cierta derecha con raíces en el añejo anti-comunismo del siglo XX no tiene fundamento alguno y, más bien, parece una politización de los casos judiciales. Toda persona razonable, tanto de derecha como de izquierda, se da cuenta que uno de los principales problemas de nuestro sistema político es la corrupción. Los casos evidenciados en 2015 por el MP y CICIG, que afectaron al entonces Presidente de la República y a su Vicepresidente, indignaron a toda la población. Un buen porcentaje de esta se movilizó en el mundo virtual de las redes sociales, mientras que otro nutrido grupo salió a las calles y plazas para protestar. No fue, como ahora quiere sugerir el Alcalde de la Ciudad de Guatemala, un golpe de estado blando. Los ciudadanos ejercieron su poder soberano y dijeron “¡Basta Ya!” a la elite política corrupta en el poder, y esto a su vez fortaleció la persecución contra los aún presuntos criminales. Lamentablemente, por la proximidad del evento electoral de ese año, no hubo tiempo de depurar a todos los políticos en el Congreso y en las corporaciones municipales. Ahora sufrimos las consecuencias de una asamblea legislativa infestada de corruptos que desean defender a toda costa su inmunidad para garantizarse la impunidad.

Hay una manera objetiva de demostrar que la lucha contra la corrupción no tiene color ideológico. Recientemente se liberaron los datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (conocido como LAPOP, por sus siglas en inglés), también reconocido como el Barómetro de las Américas, liderado por la Universidad de Vanderbilt. La encuesta más reciente en Guatemala fue realizada entre febrero y mayo del 2017, coordinada por ASIES y financiada por USAID. La misma nos puede dar algunas luces para responder a la pregunta con la que titulamos el artículo, pues se indagó específicamente sobre la participación ciudadana en las movilizaciones anti-corrupción del 2015.

Según dicha encuesta, cuando se les pregunta a los guatemaltecos ¿cuántos de los políticos en el país cree usted que están involucrados en corrupción?, más del 33 por ciento responden que “todos” están involucrado en corrupción, un 32 por ciento dicen que “más de la mitad”, 23 por ciento piensan que “la mitad” de ellos lo está, casi 9 por ciento cree que “menos de la mitad” están involucrados, y solamente un 2 por ciento del total de entrevistados dice que “ninguno” de los políticos de Guatemala está involucrado en actos de corrupción. No parece haber diferencias entre los entrevistados en áreas rurales o zonas urbanas respecto a esta severa descalificación hacia los políticos. Desde la perspectiva de género sí hay diferencias estadísticamente significativas. En el caso de las mujeres, con su innata habilidad para detectar a los mentirosos (según la psicología evolucionista), ellas tienden a desconfiar más de los políticos, pues hasta el 37 por ciento piensa que “todos” ellos están involucrados en corrupción (versus un 30 por ciento en las respuestas de los hombres encuestados; por otro lado, como sabemos, las mujeres están sub-representadas en los cargos de elección popular).

Lo más interesante es que LAPOP 2017 también preguntó en Guatemala lo siguiente: “¿Participó usted en las manifestaciones/protestas en el año 2015 en contra de la corrupción?” A lo cual el 16 por ciento de los entrevistados (N=1542) respondió que SÍ, siendo levemente mayor la participación en el área urbana (17 versus 15 por ciento en lo rural, lo cual implica que no hay diferencia estadísticamente significativa), lo que cuestiona la percepción muy difundida de que las protestas del 2015 fueron exclusivamente un fenómeno de área metropolitanas, con fácil acceso a Internet y otros medios alternativos de información, como la TV por cable y los periódicos. Lo que sí parece indicar la encuesta es que hubo una mayor participación de hombres que de mujeres (20 por ciento, sobre todo en el área urbana donde el porcentaje sube al 22 por ciento, versus el 13 por ciento en mujeres, tanto en lo rural como en lo urbano). Ahora, lo que queremos saber es si hubo alguna diferencia en nivel de participación respecto a la ideología de los encuestados.

LAPOP les pide a las personas que se ubiquen ellas mismas en el espectro izquierda-derecha, dándose una calificación de 1 a 10, donde 1 es muy a la izquierda y 10 muy a la derecha: “Según el sentido que tengan para usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político.” Para simplificar el análisis he agrupado las respuestas en cinco categorías: 1-2 izquierda, 3-4 centro-izquierda, 5-6 centro, 7-8 centro-derecha, y 9-10 derecha. Es alentador observar, en términos generales, una distribución normal según la auto-identificación de las personas, aunque los extremos parecieran estar sobre-representados (habrá que profundizar sobre esto y contrastarlo con encuestas anteriores), como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Pregunta LAPOP 2017. Auto-ubicación en el espectro ideológico.Fuente: elaboración propia con base a resultados de LAPOP 2017.

 

Al retomar las respuestas a la pregunta sobre cuántos políticos estarían involucrados en corrupción, son los moderados de derecha lo que no se atreven a generalizar, especialmente los hombres de centro-derecha (24 por ciento piensan que todos los políticos son corruptos), aunque sí se atreven a afirmar que más de la mitad por seguro lo son, es decir, la mayoría de los políticos han estado involucrados en actos de corrupción. Los que más generalizan son los de derecha, especialmente las mujeres de derecha (44 por ciento piensan que todos los políticos son corruptos).

Respecto a la pregunta de participación en las manifestaciones del 2015, definitivamente NO hay diferencia estadísticamente significativa entre las distintas ideologías. Los del centro participaron con similar intensidad (15 por ciento) y los dos extremos también (20 por ciento la izquierda versus 18 por ciento la derecha). Lo cual confirma que la indignación no fue afectada por la ideología del individuo. Estadísticamente hablando, fue el mismo nivel de participación en las plazas, sin importar dónde se ubican las personas en el amplio espectro ideológico, como se muestra en el siguiente gráfico. Nótese que se incluyeron trazos de intervalos de confianza (al 95%) en las respuestas positivas, para visualizar que las diferencias no son estadísticamente significativas, pues los mismos se traslapan entre sí.

Gráfico 2.Fuente: Elaboración propia con base a resultados de LAPOP Guatemala 2017. Intervalos de confianza al 95%.

 

Si aceptamos que, en general, un 15 por ciento de la población adulta estuvo participando activamente en las protestas del 2015, estamos hablando de 1 millón 300 mil habitantes, aproximadamente. Este número es mayor al total de votos que obtuvo cualquiera de los dos partidos políticos que pasaron a segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2015 (UNE obtuvo un poco más de 967 mil, y FCN-Nación 1 millón 167 mil votos). Es decir que la cantidad de los ciudadanos que se movilizaron no era una cifra despreciable en términos políticos. De hecho, casi el 88 por ciento de los que fueron a protestar participaron también en las elecciones, ejerciendo su derecho al voto y a pesar de las consignas que surgieron en la misma plaza, en el sentido de que en esas condiciones no se querían elecciones. En el caso de los que no protestaron, la asistencia a las urnas fue significativamente menor: 74 por ciento (intervalo de confianza al 95% da una participación entre 71 y 76 por ciento de este grupo). Esto también sirve de sustento a una hipótesis de politización de los ciudadanos durante el 2015, especialmente de la clase media, que he expresado con anterioridad (en este mismo BLOG).

Del total que participó en las protestas anti-corrupción y también decidió ir a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 47 por ciento votó a favor de Jimmy Morales. Respecto a los votantes, el peso relativo de los que protestaron en 2015 es aún mayor, es decir, más del 21 por ciento de los votos emitidos. Por ello, bien harían los políticos en poner sus barbas en remojo. Al menos 1 de cada 5 electores son críticos y activos oponentes de la corrupción que perciben incrustada entre la élite política y sus contrapartes privadas. Si estos ciudadanos hastiados de la vieja política logran convencer, al menos a 2 de los otros 4 electores que no protestan, serán capaces de inclinar la balanza electoral a favor de quienes ellos perciban como líderes comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya no será suficiente autodefinirse como “Ni corrupto, ni ladrón” para ganar unas elecciones. Aunque ya sabemos que, por las mismas investigaciones de MP y CICIG sobre el modelo electoral tradicional y moribundo, el éxito no sólo es cuestión de marketing sino también de financiamientos ilícitos que tarde o temprano saldrán a la luz, al igual que el nombre de quienes facilitaron esos recursos. Son precisamente estos financistas, que buscan garantizar privilegios o negocios para sus intereses particulares manteniendo la opacidad en las campañas electorales, los que están queriendo enmarcar la lucha contra la corrupción como un asunto meramente ideológico. Sencillamente, no lo es.

¿Está la derecha guatemalteca a la altura de las circunstancias?

Los conservadores, por definición, prefieren el statu quo. Por eso, todo aquello que suene a cambio les huele mal, lo ven con desconfianza. Y cuando perciben que el orden establecido se pone en duda, uno en el que ellos ya se encuentran tan bien acomodados, están dispuestos a tomar los riesgos que sean necesarios para su preservación.

¿Por qué hago una equivalencia casi automática entre conservadurismo y derecha política? Usemos la definición de la omnisapiente Wikipedia:

“Se conoce como derecha al segmento del espectro político que acepta las diferencias sociales como algo inevitable, natural o normal, frente a la izquierda que persigue la igualdad de la sociedad. No existe una definición estricta de derecha, aunque dadas un conjunto de dicotomías como el individualismo frente a colectivismo, confesionalidad frente a laicismo, propiedad privada frente a propiedad pública de ciertas actividades económicas, igualdad de oportunidades frente a igualdad de resultados, tradicionalismo frente a reformismo social, conservadurismo frente a progresismo, la derecha se decanta estadísticamente por las primeras componentes de cada una de ellas en mayor proporción que la izquierda.”

Guatemala se encuentra en una encrucijada: necesitamos cambiar de raíz el sistema político, es decir, el tipo de pseudo-democracia electoral que tenemos, basada en el financiamiento ilícito de campañas y en la corrupción de funcionarios públicos y agentes privados, o nos aferramos a una creencia según la cual las personas que ocupan la jefatura del Organismo Ejecutivo y las sillas de representantes en el Organismo Legislativo cuentan con la legitimidad del voto que, en realidad, ellos compraron con la ayuda de sus financistas, quienes en unos casos obtuvieron los recursos de manera ilegal, o siendo recursos bien ganados los entregaron de manera anónima o a cambio de la protección de sus intereses particulares o gremiales.

La coyuntura exige cambios institucionales muy puntuales y precisos. No podemos aspirar a hacer cambios estructurales en este momento. Por ejemplo, urge depurar el Congreso de la República para después modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos y de esta manera llegar a las elecciones del 2019 bajo nuevas condiciones. No se aconseja ahora convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con esta configuración del sistema de partidos políticos. Ya comprobamos que estos partidos son simplemente clubs de operadores políticos al servicio de los más poderosos, los que tienen más recursos para financiar el avance de sus intereses o la defensa de sus privilegios. Las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas tendrán que esperar una siguiente iteración.

Mientras que la izquierda más radical desea cambios estructurales, incluso en la matriz económica del país; los de la derecha conservadora precisamente temen que cualquier cambio, por pequeño que éste sea, se constituya en el primer paso hacia una transformación no sólo política sino también económica. Eso es lo que les da terror. Por ello, utilizan el imaginario del caos venezolano para contagiar de su miedo a los más incautos. Pero, como además son poco ilustrados, no entienden el proceso por medio del cual un populista de izquierda como Chávez tuvo la oportunidad de ascender entre el electorado de Venezuela. El chavismo es, en gran medida, el resultado de la incapacidad de las élites venezolanas para reconstituir su fallido sistema de partidos políticos.

No me extrañaría nada que en Guatemala pueda surgir con éxito un populista, pero de derecha. Ya hay varios precandidatos que juegan a ello con sus ofertas preelectorales de pena de muerte y limpieza social. Sería una Venezuela con signo ideológico distinto, pero igual de autoritaria y represiva. Es esto lo que no visualizan los auto-denominados “conservadores pragmáticos” que invitan al diálogo con un Gobierno y un Congreso con cero legitimidad y credibilidad. Además, quieren que los interlocutores de sociedad civil sean los mismos que hace 20 años firmaron la paz (y ahora algunos hasta están dispuestos a hacer la guerra). Parece que no se dan por enterados de la irrupción de nuevos actores políticos legítimos quienes, sin los miedos heredados del conflicto armado, se han puesto a construir una sociedad distinta a la que sus padres les dejaron.

Ese es el principal problema que veo en la derecha guatemalteca de hoy: no entienden que no entienden. En sus organizaciones académicas, empresariales, tanques de pensamiento, y partidos políticos no ha habido un recambio generacional. Siguen al frente las mismas figuras de hace 20 años. No hace falta mencionarlas, todos las pueden identificar. Esto explica que las ideas no evolucionen al ritmo esperado. Sus creencias ideológicas siguen siendo las mismas, incluyendo sus prejuicios hacia los demás actores sociales. Entonces, lidiar con nuevos actores les aterra. Ellos no visten con traje y corbata, ven el mundo de manera diferente, y proponen soluciones que necesariamente afectan el statu quo. Tampoco usan estrategias de los revolucionarios de los 70s y 80s, pues son pacifistas y son creativos con la protesta (convocan a los artistas, tocan tambores con ritmo bailable, no en son de guerra, y regalan flores a los policías). Entre ellos hay hípsters, humanistas seculares, dateros, veganos, y quienes reivindican orgullosamente la diversidad sexual. Estas sub-culturas de la postmodernidad que llegan a Guatemala gracias al globalismo y al cosmopolitanismo dejan totalmente desconcertados a los conservadores guatemaltecos, que por más que viajen a los EE.UU. o Europa, y hayan aprendido a manejar un teléfono inteligente, siguen con modelos mentales compartidos heredados del siglo XIX. La importancia que para ellos siguen teniendo las creencias religiosas en su cosmovisión es un claro indicador de esto último.

El otro serio problema que tienen los conservadores de la derecha guatemalteca es su tribalismo. Para ellos, el Nosotros versus los Otros es realmente irreconciliable. Si son católicos cachurecos ven de enemigos a los evangélicos y peor aún a los no-creyentes. Si son fans del Real Madrid ven como archi-enemigos a los que siguen al FC Barcelona. Y, por supuesto, si asumen su identidad de derecha ven en los militantes de izquierda al mismísimo satanás. Por eso, son ellos los primeros en querer determinar quién tiene o no legitimidad para sentarse en la mesa de un eventual diálogo ciudadano. No se quieren sentar a dialogar con la chusma, con los resentidos sociales, con los ateos, con los homosexuales y las lesbianas, con los pobres campesinos, con los indios; sólo con aquellos a los que pueden hacer bailar al ritmo de sus chequeras, a quienes responden a sus intereses corporativos, que son precisamente los que traicionaron al pueblo y su creencia en la democracia. Por ello, se quedarán solos. Cuando se vean al espejo y reconozcan que el miedo los paralizó, será demasiado tarde. Dejaron pasar una oportunidad de cambio que también los beneficiaría a ellos.

Usemos el miedo a nuestro favor

Los humanos, como toda especie animal, nacemos con el instinto del miedo. Es una emoción clave para la supervivencia, por ello estamos programados para sentir miedo ante situaciones de peligro. Hay, al menos, tres tipos de reacciones cuando experimentamos miedo. Podemos paralizarnos, salir corriendo o pelear.

La parálisis ocurre en situaciones en las cuales es mejor pasar desapercibidos. Muchos animales utilizan el camuflaje para ello. De esta manera el depredador les puede pasar a su lado, pero no los detecta. Es un estado momentáneo, para luego salir volando y ponerse a salvo. En los humanos ese camuflaje se da a través del discurso. Cuando hacemos algo incorrecto, por ejemplo, y luego no queremos asumir las consecuencias del error o de la transgresión tendemos a mentir. Fingimos demencia.

Huir de las situaciones de peligro suele ser lo más común. El miedo nos aconseja irnos lo más lejos y rápido posible cuando no hay condiciones para salir bien librados de un enfrentamiento. A veces, le llamamos a esto cobardía, un término con fuerte connotación negativa porque en las sociedades humanas generalmente los peligros comunes sólo se pueden enfrentar colectivamente. Entonces, es necesario castigar, al menos moralmente, a quien no está dispuesto a luchar solidariamente con los demás miembros de su tribu.

El miedo también nos impulsa a tomar riesgos. Hay situaciones límite en las cuales la inmovilidad es contraproducente, pues nos hace aún más vulnerables. En otros casos, el escapar es imposible, o eventualmente nos alcanzarán y cuando lo hagan estaremos tan agotados que no podremos defendernos. Así que ese instinto de supervivencia llamado miedo, que algunos suelen ver con desprecio, sí nos puede aconsejar enfrentarnos a la amenaza.

Algunos opinan que en 2015 perdimos el miedo a salir a las calles y protestar. En realidad, lo que ocurrió fue que aprendimos a canalizar el miedo de otra manera. Nos dimos cuenta que no hacer algo al respecto de la cínica y descarada corrupción sólo empeora las cosas, porque durante mucho tiempo dejamos la política en manos de los inmorales e inescrupulosos. Vimos con claridad que huir hacia nuestros espacios de confort es totalmente improcedente, evadiendo así la responsabilidad de informarnos bien de lo que ocurre (como el avestruz que metiendo la cabeza en la arena cree que está segura). Los más vulnerables generalmente son los que primero sufren las consecuencias de nuestra indiferencia. Sin embargo, eventualmente el fracaso como sociedad nos alcanzará a todos y también nos destruirá.

Precisamente porque tenemos mucho que perder, el miedo nos hace tomar riesgos que no asumiríamos para obtener algo a lo que aspiramos, por muy valioso que eso sea. En el momento histórico en el cual nos encontramos los guatemaltecos no podemos darnos el lujo de quedarnos inmóviles o de salir huyendo. Es el momento de exigir en la Plaza que no se tiren por la borda los avances que hemos logrado en términos del fortalecimiento del sistema de justicia, por ejemplo, y su consecuente efecto positivo en la reducción de la violencia homicida. Los enemigos de la decencia, tanto los corruptos del sector público como del privado, quieren que retrocedamos o simplemente que permanezcamos ausentes. Pero esas actitudes no sólo pondrían en riesgo nuestro presente, sino también nuestro futuro.

Siempre cuento que en el 2015 los primeros en llegar a las manifestaciones eran mi mamá y mi papá, quienes a sus más de 70 años de edad me decían que pasaron su vida siendo indiferentes a la política, ocupados en trabajar para sacar adelante a su familia, sin darse cuenta que esa indiferencia tendría consecuencias tan graves para sus nietos. Es por eso que ellos y miles de personas ahora se movilizan como una colectividad que sabe que su bienestar y el de sus descendientes está en juego. También es cierto que en el contexto del conflicto armado interno que les tocó vivir a mis padres era extremadamente peligroso participar en la política. El Estado contrainsurgente aplicó estrategias para causar terror del que paraliza, del que calla. Pocos se atrevían a siquiera expresar libremente su pensamiento, pues podían ser tachados de enemigos y convertirse en objetivos de la represión arbitraria. En mi familia paterna, la víctima más sobresaliente de la represión fue Bernardo Lemus Mendoza, destacado economista e intelectual de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundador del Hotel Posada del Quetzal en la Baja Verapaz, quien fue asesinado en 1981.

Hoy lo que me da miedo es el denominado “conservadurismo pragmático” que llama al inmovilismo y, en el mejor de los casos, al reformismo gradual. Los conservadores, por definición, prefieren el statu quo. No obstante, el miedo sí los moviliza cuando ven en riesgo sus privilegios, es decir, cuando el orden establecido al cual ellos están tan acostumbrados se pone en duda. Esto explica en gran medida la movida independentista de los criollos en 1821. Parecieran no entender que es su preciada estabilidad, así como los conceptos de Estado de Derecho y certeza jurídica, lo que precisamente dañaron los corruptos que hoy ocupan el Congreso de la República. Por eso, de estos últimos no queremos disculpas, sino renuncias. No se los pedimos con cortesía, simplemente se los exigimos.

Por otro lado, me temo que la conspiración de la semana pasada a favor de la impunidad no fue únicamente responsabilidad de los 107 innombrables y el presidente. Sinceramente, no me extrañaría confirmar que algunos de los conspiradores fueron empresarios adinerados, tradicionales y emergentes, que financiaron campañas electorales utilizando el anonimato. Seguramente están incluidos entre los que ahora llaman a la calma, a la inacción, pues se atrevieron a apoyar solapadamente a los corruptos del Congreso que buscaron la impunidad a toda costa, la propia y la de sus patrocinadores. Ahora, ante el miedo que les provoca el escarnio social y el ostracismo, prefieren el camuflaje del discurso bien intencionado por preservar la institucionalidad. Esperamos que sus colegas de las cámaras empresariales los identifiquen y los expongan ante la opinión pública. Si ellos quedan sin castigo, aunque sea reputacional, volverán pronto a las viejas prácticas de comprar corruptos para proteger sus intereses particulares en la legislatura.

Es tiempo de transformar el sistema político y eso requiere no sólo del uso de la razón, sino también de la reorientación de nuestras emociones. No se trata de suprimir el miedo, es cuestión de reconocerlo y orientarlo. Esa es la definición de los valientes: quienes se atreven a la acción a pesar del temor que sienten. Qué no nos reclamen nuestros hijos el que “pudiendo haber hecho tanto nos atrevimos a tan poco”.

El corrupto que hay en nosotros

En la entrevista conducida por Jorge Ramos para Univisión el presidente Jimmy Morales afirmó:  “Tal vez todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país, una corrupción que, de una u otra forma, en Latinoamérica, Guatemala y muchas partes del mundo, se ha considerado como normal“. En lo que pretendía ser un argumento a favor del caso en contra de su hijo y hermano por fraude, su comentario pronto pasó a ser fuertemente reprendido por los medios nacionales e internacionales. A pesar de la necesaria crítica a su respuesta, el mandatario aludía a algo que es cierto – la corrupción se encuentra normalizada en la sociedad guatemalteca.

El 37.9% de los guatemaltecos cree que la corrupción es “muy común”, seguido de un 39.7 que lo ve como “común”. En el otro extremo, el 18.6% piensa que es algo “poco común” y finalmente tan solo el 3.8% cree que es “poco común” (LAPOP, 2014). Podemos asegurar que la mayoría se ubica dentro del espectro que identifica la corrupción como algo existente, pero hay una gran diferencia entre visibilizarlo a percibirlo como un problema.

Parte del éxito y lo ganado del movimiento social que surgió en el 2015 fue que el ciudadano venció la apatía y manifestó su descontento hacia el estallido de casos de corrupción presentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Una actitud atípica del ciudadano guatemalteco. Sin embargo, en este nuevo contexto donde se están definiendo las siguientes etapas, se ha discutido muy poco sobre corrupción desde sus distintas dimensiones.

Muchas veces se tiende a externalizar el problema hacia el estado y sus instituciones, ofreciendo una visión reduccionista del fenómeno social. Podemos entender la corrupción como “el uso indebido del cargo público para beneficio privado” (Koetzle y Sandholtz, 2000). Bajo esta definición la corrupción ocurre cuando las dimensiones entre lo público y lo privado se entrelazan. En sociedades con instituciones débiles sucede que estos actos de corrupción no tienen una única causa. Incluso existen corrientes como la escuela de la teoría funcional (Huntington, 1968) que afirman que en ciertos casos la corrupción sirve como mecanismo para abatir los obstáculos de burocracias poco funcionales. Sucede también que en estos casos la corrupción se percibe como una práctica común que surge por medio esos famosos vacíos legales. Su cotidianidad consecuentemente lleva a sus operantes a ignorar la falta, muchas veces incluso a pasarla por desapercibida. Bajo ese vendaje de “el fin justifica los medios” se forman pequeñas a extensas redes de corrupción que involucran a distintos actores, dentro pero también fuera del estado. Es evidente que existe entre la ciudadanía – y entre los mismos funcionarios – una falta de comprensión sobre lo público, lo que es en gran parte el resultado de la ausencia de una administración pública profesionalizada.

Dada esta perspectiva, el ciudadano llega a ser testigo, participe e incluso defensor de actos de corrupción. Dentro de la literatura se señalan dos tipos: “gran corrupción” que implica distintos niveles de gobierno con múltiples actores como La Línea; y por el otro lado se encuentra “la corrupción petite” que se ocurren dentro de las distintas relaciones burocráticas. Estas dos grandes categorías se manifiestan a través de sobornos, clientelismo, entre otras manifestaciones que involucran y requieren de la participación activa del ciudadano. Su complicidad muchas veces ha sido-y sigue siendo- el elemento que refuerza este tipo de mecanismos. La falta de denuncia y poca fiscalización se convierten en un instrumento que da legitimidad a los actos de corrupción.

En este sentido, investigaciones como la de Solaz y De Vries (2017) señalan que en países con mejores indicadores de transparencia (y más riqueza) los ciudadanos tienden a percibir más corrupción que en los países con peor rendimiento. Esta discrepancia en la percepción ha dado lugar a una corriente literaria que señala que en países con altos niveles de corrupción los individuos suelen desarrollar más tolerancia hacia estos hechos. El individuo llega a acostumbrarse y por ende deja de verlo de manera alarmante, perdiendo así su efecto social. Como consecuencia de esto la corrupción se vuelve un mecanismo cada vez más normalizado y aceptado.

No es sencillo identificar si alguien ha participado en un acto de corrupción y muchas veces cuando se intenta hacerlo se reconoce que habrá un subregistro en las respuestas. No obstante, en la última encuesta de LAPOP 2014 a una serie de preguntas sobre sobornos se identifica que el 19% de los guatemaltecos han pagado un soborno a alguna institución pública en un periodo de 12 meses. Este porcentaje – que debe ser menor a la cifra real –se encuentra bastante elevada.  Si se examina detenidamente, es interesante que la institución que recibe o registra más sobornos es hacia la Policía Nacional Civil que curiosamente siempre se encuentra dentro de las encuestas como una de  las instituciones menor confianza.

Recapitulando podemos señalar que el estudio de la corrupción cuenta con grandes retos metodológicos, en especial si se toma en cuenta que se está intentando evaluar una actividad que por su naturaleza pretende pasar por desapercibida. Pero no porque sea difícil de medir debemos de abandonar la tarea de intentar entender las relaciones causales que dan origen al fenómeno, como también sus múltiples consecuencias que dentro de estas perjudican los principios de responsabilidad democrática.

En una reciente conferencia el comisionado Iván Velásquez expresó “Si no cambian las condiciones en las que se generan, perpetúan o readaptan las estructuras criminales, será vana la tarea del MP y la CICIG”. Es cierto que ningún esfuerzo será suficiente si no logramos entender que son estas condiciones. Para ello, debemos también abrir nuevos espacios de discusión que permitan investigar la complejidad de dicho fenómeno social. Es momento de hacer una introspección personal de nosotros y nuestra sociedad, para poder tomar el primer paso y aceptar como sociedad que: “tenemos un problema”.

Política industrial no debería ser mala palabra – Guatemala necesita una con urgencia

En Latinoamérica – Guatemala no fue la excepción –, los procesos de liberalización y reformas de mercado que atravesamos en los años noventa hicieron que olvidáramos toda discusión sobre política industrial. Es apenas en el contexto actual, en que los países de Centro y Sudamérica intentan salir de la llamada trampa de los ingresos medios y adaptarse a un cambiante panorama económico global, que el término vuelve a ponerse sobre la mesa. En Guatemala, pocos actores han llamado a discutir una nueva política de desarrollo basada en la industrialización y el comercio de servicios de mayor valor agregado. Pero si no articulamos una visión concreta de país en esa arena de las políticas públicas y, cuidando los mecanismos de implementación, pasamos a la acción pronto, corremos el peligro de no garantizar un modelo de país sostenible y caer en una espiral negativa: con una población creciente de aquí a 2050, el desfasado modelo de empleo agrícola y una industria aún muy débil – su crecimiento promedio es de un moderado 3.3% –, que además enfrenta el reto de la automatización que se viene. Así que mucho está en juego.

Política industrial como estrategia de desarrollo

Los países que logran ponerse al día con el viejo mundo desarrollado son aquellos cuyos gobiernos promueven activamente el cambio estructural, incentivando la búsqueda de nuevos mercados y modelos de negocios, y canalizando recursos a nuevas actividades prometedoras y socialmente deseables. Pero las políticas industriales, como conocemos a este conjunto de medidas, no han estado siempre de moda en el debate de políticas públicas. Y aún hoy, el primer debate que tenemos que tener es el del propio mérito de contar con una política de este tipo.

La industria tiene una participación moderada en las exportaciones – sobre todo al mercado centroamericano – pero Guatemala podría articular cadenas de valor en sectores de mayor valor agregado. Fuente: Atlas de Complejidad Económica.

El tema es álgido y durante un par de décadas cayó en desuso, a medida que el llamado Consenso de Washington y una ola de cambios que enfatizaban el libre comercio sobre todo, restaron importancia al desafío paralelo del desarrollo industrial – hay que preguntarse qué vamos a exportar en ese nuevo mundo del comercio global si somos un país sin manufactura o servicios de alto valor añadido.

El tema no es nuevo, sin embargo, porque ya en el siglo XVIII se hablaba de la necesidad de cuidar a la industria incipiente. Un Alexander Hamilton, primer Secretario del Tesoro de Estados Unidos, argumentaba que un país debe proteger a sus industrias jóvenes contra la competencia de productores extranjeros. Dicha discusión se encontraba en su infancia: no se hablaba de los mecanismos para impedir que esa protección a productores fuera condicionada a beneficios sociales en el más largo plazo, ni de la fuerza de distintas herramientas de políticas como los subsidios, los aranceles y la regulación misma.

En el siglo XX, fueron precisamente estos asuntos más sistémicos los que alimentaron la nueva discusión. Con una nueva terminología de la economía del desarrollo, se discutían las economías de escala, competencia y monopolios, el rol de los bienes de capital y de los bienes de consumo en una economía, y se empezó a hablar de mecanismos para facilitar la transición de economías agrarias a economías de manufactura – ¡resulta sorpresivo que más de 60 años después sigamos teniendo esa discusión en países como el nuestro!

En este debate, destaca la teoría de sustitución de importaciones avanzada en Latinoamérica por un Raúl Prebisch, al frente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y con razón, sus postulados recibieron fuertes críticas por su excesivo pesimismo sobre el rol del comercio internacional o por su excesiva ingenuidad sobre las capacidades de los estados en países en desarrollo.

El modelo de sustitución resultó insostenible porque al reemplazar la producción internacional por la local, los efectos de corto plazo en la creación de empleo no compensan el costo de quedarse al margen de los potenciales beneficios de la especialización y el rol de la participación activa en el comercio mundial. Con un mundo que ahora se caracteriza por la globalización y la deslocalización de la producción internacional en cadenas de valor, esto se suma al esquema político en que se trató de implementar – un abanico de países con debilidad estatal y falta de transparencia en los procesos –, por lo que hoy en día todo intento de retomar la política industrial pasa por atender los fracasos de la sustitución de importaciones. Por suerte, el debate ha dado un giro radical.

La política industrial en el siglo XXI

Desde mediados de los setenta, un nuevo debate había empezado a fraguarse a raíz de los casos de éxito de desarrollo a punta de fomento industrial: Japón, por ejemplo, había impulsado su economía sobre la base de políticas de fomento, inicialmente en sectores como la maquinaria pesada y posteriormente en las industrias automotriz, nuclear y de petroquímicos. El avance en estas áreas le permitieron transicionar posteriormente al sector de computación y semiconductores. Y en el Sudeste Asiático, las experiencias de Corea del Sur y Taiwán llamarían la atención de los académicos por su énfasis en la identificación y de industrias con ventajas potenciales y la redirección de recursos para su fomento.

Esta tercera ola de discusión nos deja una importante consideración de los aspectos de implementación de una política industrial: debemos tomar en cuenta la forma en que se organiza un gobierno y si sus respectivas partes están bien coordinadas; cómo se organiza el sector privado y sus capacidades instaladas; y cómo interactúan los sectores público y privado.

También se puso al centro de la discusión el proceso de aprendizaje de los productores en una economía: Mientras parte del aprendizaje en el mercado se produce automáticamente al participar en la actividad comercial, otra parte importante requiere inversiones en educación, entrenamiento y capacitación, o en Investigación y Desarrollo (I+D). Y ahí, el argumento de fondo, es que el mercado por sí sólo no puede proveer los mecanismos de coordinación de inversiones entre industrias que están relacionadas, ni provee reglas, estándares o I+D necesarios para el desarrollo industrial. Debe hacerlo en coordinación con un estado que crea dichas condiciones y alinea los incentivos para motivar a esos “pioneros”, o los actores económicos que toman el riesgo de ser los primero en entrar en una nueva industria, y que por tanto generan información y conocimientos nuevos para facilitar la entrada de nuevos jugadores.

Precisamente, la política industrial debe cuidar este proceso de descubrimiento, como le ha llamado el economista Dani Rodrik, donde las firmas y el gobierno aprenden sobre los costos y oportunidades base y se coordinan estratégicamente para aprovecharlos.

Japón se ha enfocado en el fomento de su industria automotriz, entre otras, a lo largo de las últimas décadas. Su foco actual es en industrias que hacen uso intensivo de la información y el conocimiento.

Teoría y práctica: La realidad de un país como el nuestro

Este debate teórico tiene que aterrizarse a los dilemas de la implementación práctica. Como también señala Rodrik, los países que más necesitan de una política industrial son precisamente los que tienen peores mecanismos de gobernanza.

Efectivamente, el diablo está en los detalles y para tener éxito se requiere una combinación de elementos que no hemos terminado de entender del todo. Hace falta más investigación y análisis al respecto de las condiciones particulares de Guatemala y Centroamérica, por ejemplo, pero un par de elementos nos ayudarían a avanzar por esa línea.  

Primero, que exista la voluntad política de alto nivel de diseñar un proyecto de transformación productiva y dedicar el capital político necesario a crear las condiciones necesarias (Coordinar ministerios y agencias competentes, a actores públicos y privados, gobiernos centrales y locales, así como donantes y financistas). También se deben identificar las condiciones en el terreno, para partir de las ventajas comparativas existentes y definir mecanismos de mejora incremental. Y un tercero mínimo es comprender este proceso como un medio y no como un fin en sí mismo: se deben balancear los objetivos económicos con aquellos de tipo social y ambiental.

Precisamente, la política industrial puede ser un instrumento para atender viejas necesidades de desarrollo y cerrar brechas, levantar a miles de personas de la pobreza y sostener el ascenso de la clase media, así como facilitar la participación más activa del país y la región en un mundo globalizado, con una transición tecnológica en marcha y en un contexto de rezago serio en materia de desarrollo humano.

Esta es una propuesta de arrancar ese debate.

La desigualdad y sus retos: las dimensiones del problema

El abordaje reciente de la desigualdad como un problema central a la discusión sobre el modelo de desarrollo, ha generado un intenso debate público en el contexto mundial: Publicaciones como el libro de Thomas Piketty, El Capital en el Siglo XXI, examina las consecuencias de largo plazo de la dinámica de distribución de la riqueza. Y al intenso debate sobre Piketty se suman otros aportes relevantes, como los de Anthony Atkinson (Desigualdad: ¿Qué podemos hacer?) o Angus Deaton (El gran escape).

En Guatemala, estamos apenas poniéndonos al día. Para un tema poco comprendido, ignorado e incluso utilizado para manipular, la iniciativa ciudadana Paraíso Desigual  puede ayudar a fomentar una discusión más razonada sobre este controversial tema. Y la iniciativa tiene el potencial de ser una inflexión y ayudarnos a abordar los desafíos de la desigualdad con propiedad, incluir el tema en las agendas de investigación, incentivar su discusión y reconocerla como lo que es: un problema social en sí mismo con efectos perjudiciales.

Guatemala: ¿Qué tan grande es el problema?

La investigación acerca del tema enfrenta una importante limitación: la desigualdad en Guatemala no se mide oficialmente. De hecho, la cuantificación de la desigualdad enfrenta el mismo obstáculo que enfrentó la pobreza antes del año 2000 y es que, al ser un indicador incómodo, no se medía oficialmente de forma constante, consistente, comparable y suficiente antes de la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Si bien es cierto que la metodología aún tiene un amplio espacio para mejoras, la necesidad de la medición de la pobreza no encuentra resistencia. Pero a pesar de haber medido la pobreza por casi dos décadas, la desatención de la medición de la desigualdad en las estadísticas oficiales provoca un desconocimiento generalizado del tema y, por tanto, no existen políticas públicas que se encaminen a mitigarla. La desigualdad en Guatemala, por su omisión de la agenda nacional, es una decisión política.

El problema de falta de indicadores oficiales acerca de la desigualdad se agrava con respecto a la pobreza pues existen problemas intrínsecos en las metodologías de medición. Para tener nociones suficientes de las dimensiones de la desigualdad de ingresos, por ejemplo, tanto la persona con mayores ingresos del país, así como la persona con menores ingresos, debiesen responder la encuesta. Si bien existen otros métodos para medir la desigualdad por la vía fiscal que captura mejor sus dimensiones, en el país simplemente no se mide de ninguna forma.

Desigualdad en su justa dimensión 

La polarización en medios de comunicación y en la propaganda sobre el tema podría hacernos pensar que la desigualdad es un tema ideológico. Sin embargo, realmente es un problema que trasciende los ejes izquierda y derecha: es un indicador que obstaculiza la justicia social, por un lado, pero también puede ser un elemento de ineficiencia en términos de las economías de mercado. Considerando la desinformación que existe al respecto, sin embargo, la desigualdad debe ser puesta en su justa dimensión.

¿Cómo medir el problema?

Ahora bien, para la cuantificación de la desigualdad existen diferentes aproximaciones y mediciones con características, causas y consecuencias particulares. La que se mide con mayor frecuencia es la desigualdad de ingresos, y a menudo también la de riqueza y la de consumo. Para todas estas, el indicador más utilizado es el coeficiente de Gini, con un rango entre 0.00 y 1.00[1], aunque existen otros índices[2] para estimar las divergencias entre poblaciones en función de alguna variable, como los ingresos.–

Anteriormente, la teoría que sostenía que la desigualdad era indispensable para el desarrollo económico era apoyada por la noción de la curva de Kuznets, la cual suponía que los países partían de bajos niveles de desigualdad y, a medida que avanzaba el desarrollo económico, ésta aumentaba hasta que se alcanzaban altos niveles de desarrollo. En este punto, el desarrollo económico iba ser tal, que iba a derramarse de las capas altas hacia las bajas reduciendo así la desigualdad. Sin embargo, estas predicciones no dieron el resultado esperado. La evidencia empírica e histórica ha llevado a los teóricos contemporáneos a sentenciar que “la curva de Kuznets está muerta y sepultada” (Piketty, 2015, pág. 35). Esto es ejemplificado con las experiencias de las economías asiáticas que han logrado altas tasas de crecimiento con bajos indicadores de desigualdad. Esto, para Guatemala, se evidencia considerando que el PIB acumulado en los últimos años aumentó alrededor del 45%, mientras que el salario real tuvo una pérdida de alrededor del 20% (Frausto, 2017), por lo que el derrame no ha existido, o ha sido de abajo hacia arriba, aumentando la desigualdad en lugar de reducirla.

Ahora bien, es necesario reconocer que la reproducción de la desigualdad en el tiempo evidencia que es un problema intrínseco del sistema de mercado. En otras palabras, el mercado, cuando es imperfecto, es excluyente y en la economía real siempre es imperfecto, y eso implica tanto ineficiencia como exclusión. Esto también puede estar relacionado con estructuras de mercados concentrados. En ese sentido, los países con políticas económicas coherentes tienen legislación suficiente en materia de competencia, mientras que Guatemala es el único país de Centroamérica y de los pocos del mundo sin una ley de competencia. Además, las estructuras de mercados concentrados en el país asumen dimensiones históricas, grupos familiares con altas cuotas de poder concentrado y heredado a través del tiempo no solo inciden en las políticas públicas, sino en la construcción de un modelo económico excluyente e ineficiente que resulta refrendando y agravando la desigualdad (Dosal, 2005; Banco Interamericano de Desarrollo, 2006; Casaús Arzú, 2007; ICEFI, 2015; Rubio Castañeda, 2017). Esto, en términos empíricos, se traduce en la existencia de monopolios, oligopolios, monopsonios entre otras imperfecciones del mercado que impiden la participación de otros actores económicos no solo en la oferta, por las barreras de entrada, sino también en la repartición del producto social desde el consumo, entre otras cosas por los subóptimos de producción.

La desigualdad extrema limita el crecimiento 

Reducir la desigualdad es entonces una meta importante del sistema político. Pero esto no equivale a eliminarla del todo o hacerlo a costa del propio desarrollo económico – al contrario, la desigualdad extrema puede tener efectos dañinos para el crecimiento. De acuerdo con Grigoli & Robles (2017) “[se ha identificado] un nivel de exceso de desigualdad en que la pendiente de la relación entre la desigualdad del ingreso y el desarrollo económico cambia de positivo a negativo a un Gini neto de alrededor del 27 por ciento” (pág. 3). En otras palabras, la desigualdad de ingresos con un coeficiente de Gini por encima del 0.27 resulta nociva para el desarrollo económico. Ante esto basta decir que el coeficiente de Gini de ingresos para Guatemala es de alrededor de 0.6, más del doble del nivel donde se torna perjudicial.

En este sentido, la desigualdad no se limita a impedir el desarrollo económico directamente, sino que también se traduce en problemas sociales relacionados con la exclusión, particularmente el racismo y machismo. En Guatemala, por ejemplo, las mujeres indígenas en el área rural perciben, por el mismo tipo de trabajo, tres veces menos ingresos que los hombres no indígenas del área metropolitana. Y esto también tiene impactos en la economía, Guatemala pierde 0.83 puntos porcentuales de su tasa de crecimiento como consecuencia de la discriminación (Romero, 2007).

En vez de asumir que la existencia de la desigualdad tiene como consecuencia unívoca una solución particular, como la redistribución o la expropiación – términos que motivan la polarización existente –, lo importante es vislumbrar que existe una multiplicidad de respuestas: Podemos abogar por una combinación de factores que van desde la igualdad de oportunidades, igualdad de capacidades, o igualdad de libertades, en los términos de Amartya Sen, que resultan ser tanto más deseables como alcanzables que la simplista igualdad ante la ley o la indeseable igualdad total de resultados – ambas ajenas a las dinámicas humanas en la práctica.

Por último, es importante reconocer que al hablar de desigualdad nos enfrentamos a un problema complejo, susceptible a desinformación, de grandes dimensiones, con varios matices y acepciones, pero siempre con efectos perjudiciales.

Entre las propuestas más difundidas para mitigarla están las acciones afirmativas para enfrentar los problemas de discriminación, y lo que Piketty (2015) clasifica como redistribución directa y redistribución fiscal, para enfrentar la desigualdad de ingresos en términos generales. La primera implica salarios mínimos, rentas básicas universales, seguridad social y otros mecanismos relacionados con los mercados laborales, que son destacados particularmente por Atkinson. Por otro lado, Piketty y otros hablan de la redistribución fiscal por medio de impuestos directos, progresivos y universales al capital y sucesivos al patrimonio. Ahora bien, estas grandes medidas están en el centro del debate mundial sobre la desigualdad, pero para Guatemala, el primer reto a superar es empezar a medirla – creo que este debiese ser un punto mínimo de consenso para empezar a discutir con base en mejores evidencias.

Notas

[1] Donde 0.00 indica igualdad perfecta y 1 desigualdad perfecta, así, por ejemplo, si una persona dentro de una población tiene el 100% de los ingresos y el resto no tiene nada, la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini será de 1.00.

[2] Entre otros índices y proporciones utilizados para medir la desigualdad se encuentran: el índice de Atkinson, de Palma y de Theil, la medida de Peisch, de Kakwani y de Mehran, o las proporciones entre percentiles, quintiles y deciles.

Trabajos citados

Atkinson, A. B. (2015). Inequality: What can be done? Massachusetts: Harvard University Press.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2006). La política de las políticas públicas. México DF: Harvard University.

Casaús Arzú, M. E. (2007). Guatemala: Linaje y racismo. Guatemala: F&G Editores.

Dosal, P. (2005). El ascenso de las élites industriales en Guatemala. Guatemala: Editorial Piedrasanta.

Frausto, M. (2017). Guatemala: Mercado laboral y pobreza desde un enfoque de derechos . En R. d. AUSJAL, Los mercados laborales, pobreza y desigualdad desde un enfoque de derechos humanos (págs. 129-140). Guatemala: Marc de Ramón.

Grigoli, F., & Robles, A. (2017). Inequality Overhang. Fondo Monetario Internacional.

ICEFI. (2015). Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas. Guatemala: F&G Editores.

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review .

Piketty, T. (2015). La economía de las desigualdades. Barcelona: Anagrama.

Romero, W. (2007). Los costos de la discriminación étnica en Guatemala. Guatemala.

Rubio Castañeda, E. (2017). Desde el cuartel: otra visión de Guatemala. Guatemala: F&G Editores.

Guatemala: una sociedad en desconfianza

La sociedad guatemalteca afronta un problema endémico de violencia que repercute en nuestras actitudes y comportamientos sociales. La ciudad se encuentra repleta de agentes de seguridad privada, guardaespaldas, autos polarizados y condominios cerrados, protegidos por garitas de seguridad y alambre espigado. El ciudadano se somete a un encierro físico, en parte como un antídoto a la ansiedad que genera la amenaza de la violencia, pero el encierro también se produce en el ámbito social: nos organizamos en pequeños nichos de personas afines, donde se compensa la inseguridad, pero al mismo tiempo se perpetúa el rechazo hacia el “desconocido”.

El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), una encuestadora regional, mide la confianza interpersonal mediante la pregunta: ¿diría que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable? La media en todos los países en la región centroamericana se encuentra dentro de las posiciones moderadas (algo, poco). El caso guatemalteco muestra una particularidad en sus polos extremos, además, donde por un lado tiene el porcentaje más bajo en el rubro “muy confiable” y por otro, tiene el segundo porcentaje más alto de “nada confiable”.

El diagnóstico no aplica para todos los guatemaltecos, sin embargo, por lo que es importante diferenciar cuáles son las distintas realidades del país – un viaje al interior inmediatamente nos muestra otra realidad con otros mecanismos de cooperación y relaciones sociales, por ejemplo – y examinar qué conduce a que las relaciones sociales alimenten la confianza o la desconfianza.

¿Quiénes desconfían?

La desconfianza es un fenómeno urbano. Los encuestados ubicados en el sector rural superan por más del doble a los habitantes urbanos en el rubro de “muy confiable”. Los mismo sucede en el sentido contrario, la población urbana se encuentra más propensa a catalogar al conciudadano como “nada confiable”. Estos resultados coinciden con el informe de violencia que ha señalado la marcada diferencia en tasas de violencia homicida entre urbano-rural.

Añadiendo a esto, existe una distinción en el género de los encuestados. Aunque la relación no es igual de fuerte que el fenómeno de urbanización, se puede afirmar que las mujeres están más inclinadas a desconfiar que confiar en sus pares.  La mujer se encuentra más propensa a afirmar “nada confiable” con un 61%, mientras el hombre lo hace con un 39%. Nuevamente, los resultados no resultan sorprendentes considerando que la mujer se encuentra más vulnerable a distintos actos de agresión, que van más allá de cifras de violencia homicida.

 

La educación de los encuestados parece marcar una relación débil: Quienes no completaron ningún grado educativo muestran un grado mayor de confianza, mientras que para el resto no existe una clara relación entre grado de escolaridad y la propensión a confiar en sus conciudadanos.

 

Además de la confianza, el capital social también consiste en contar con normas efectivas y redes sociales que faciliten la acción colectiva y el desarrollo de la vida del grupo. Como demostró este ejercicio, también es importante recalcar que toda actitud y comportamiento social no puede ser reducido a una generalización abstracta y se debe considerar el contexto en que ocurre. Para empezar, la confianza hacia el conciudadano parece ser más fuerte en poblaciones rurales, entre hombres, y en segmentos poblacionales sin educación formal. En cambio, la confianza es débil en poblaciones urbanas y mujeres. Ante todo, el factor de urbanización mostró la distinción más grande.

Las ciudades – y complejos urbanos – son los centros de actividades económicas, sociales y políticas del país, pero es justo en ellas donde existe menos confianza interpersonal. Esto no parece ser nada nuevo: la sociología apunta a que, entre más grande es la ciudad, más impersonales son la relaciones entre sus habitantes, una situación que exige que los individuos dejen de recurrir a lazos étnico-familiares y les sustituyan por lazos más indirectos, mediadas por instituciones formales e informales. No obstante, no debería existir una gran brecha entre ambos tipos de círculo social como en el caso guatemalteco. Y un nivel de desconfianza saludable debería mantenerse a niveles moderados, a manera de precaución, más que en el ámbito de los absolutos (nada confiable).

Trasladando este análisis a la arena política, la falta de confianza es un fenómeno que afecta nuestra participación política y se traduce al conflicto entre visiones políticas, económicas y culturales. Pero a pesar de la creación de nuevos espacios y la movilización de nuevos actores que hemos visto desde el despertar ciudadano del 2015, la desconfianza sigue marcando la arena política. Las discusiones sobre las reformas constitucionales han generado fricciones entre distintos actores, no sólo en el plano discursivo sino a través de actos violentos, como el que ocurrió el pasado viernes en el palco del congreso. Además, las redes sociales han traído consigo nuevas formas de anonimato que se utilizan para difamar y desprestigiar proponentes de ciertas posturas, o polarizar las discusiones sobre temas puntuales, a través del uso de perfiles falsos y la desinformación. La nueva política debe hacerle frente a estos desafíos porque más allá de los cambios estructurales que se intenten plantear por medio de reformas, también requerimos nuevas maneras de relacionarnos los unos con los otros: la confianza es después de todo una percepción moldeable y evolutiva.