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08 Jun La desigualdad y sus retos: las dimensiones del problema

El abordaje reciente de la desigualdad como un problema central a la discusión sobre el modelo de desarrollo, ha generado un intenso debate público en el contexto mundial: Publicaciones como el libro de Thomas Piketty, El Capital en el Siglo XXI, examina las consecuencias de largo plazo de la dinámica de distribución de la riqueza. Y al intenso debate sobre Piketty se suman otros aportes relevantes, como los de Anthony Atkinson (Desigualdad: ¿Qué podemos hacer?) o Angus Deaton (El gran escape).

En Guatemala, estamos apenas poniéndonos al día. Para un tema poco comprendido, ignorado e incluso utilizado para manipular, la iniciativa ciudadana Paraíso Desigual  puede ayudar a fomentar una discusión más razonada sobre este controversial tema. Y la iniciativa tiene el potencial de ser una inflexión y ayudarnos a abordar los desafíos de la desigualdad con propiedad, incluir el tema en las agendas de investigación, incentivar su discusión y reconocerla como lo que es: un problema social en sí mismo con efectos perjudiciales.

Guatemala: ¿Qué tan grande es el problema?

La investigación acerca del tema enfrenta una importante limitación: la desigualdad en Guatemala no se mide oficialmente. De hecho, la cuantificación de la desigualdad enfrenta el mismo obstáculo que enfrentó la pobreza antes del año 2000 y es que, al ser un indicador incómodo, no se medía oficialmente de forma constante, consistente, comparable y suficiente antes de la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Si bien es cierto que la metodología aún tiene un amplio espacio para mejoras, la necesidad de la medición de la pobreza no encuentra resistencia. Pero a pesar de haber medido la pobreza por casi dos décadas, la desatención de la medición de la desigualdad en las estadísticas oficiales provoca un desconocimiento generalizado del tema y, por tanto, no existen políticas públicas que se encaminen a mitigarla. La desigualdad en Guatemala, por su omisión de la agenda nacional, es una decisión política.

El problema de falta de indicadores oficiales acerca de la desigualdad se agrava con respecto a la pobreza pues existen problemas intrínsecos en las metodologías de medición. Para tener nociones suficientes de las dimensiones de la desigualdad de ingresos, por ejemplo, tanto la persona con mayores ingresos del país, así como la persona con menores ingresos, debiesen responder la encuesta. Si bien existen otros métodos para medir la desigualdad por la vía fiscal que captura mejor sus dimensiones, en el país simplemente no se mide de ninguna forma.

Desigualdad en su justa dimensión 

La polarización en medios de comunicación y en la propaganda sobre el tema podría hacernos pensar que la desigualdad es un tema ideológico. Sin embargo, realmente es un problema que trasciende los ejes izquierda y derecha: es un indicador que obstaculiza la justicia social, por un lado, pero también puede ser un elemento de ineficiencia en términos de las economías de mercado. Considerando la desinformación que existe al respecto, sin embargo, la desigualdad debe ser puesta en su justa dimensión.

¿Cómo medir el problema?

Ahora bien, para la cuantificación de la desigualdad existen diferentes aproximaciones y mediciones con características, causas y consecuencias particulares. La que se mide con mayor frecuencia es la desigualdad de ingresos, y a menudo también la de riqueza y la de consumo. Para todas estas, el indicador más utilizado es el coeficiente de Gini, con un rango entre 0.00 y 1.00[1], aunque existen otros índices[2] para estimar las divergencias entre poblaciones en función de alguna variable, como los ingresos.–

Anteriormente, la teoría que sostenía que la desigualdad era indispensable para el desarrollo económico era apoyada por la noción de la curva de Kuznets, la cual suponía que los países partían de bajos niveles de desigualdad y, a medida que avanzaba el desarrollo económico, ésta aumentaba hasta que se alcanzaban altos niveles de desarrollo. En este punto, el desarrollo económico iba ser tal, que iba a derramarse de las capas altas hacia las bajas reduciendo así la desigualdad. Sin embargo, estas predicciones no dieron el resultado esperado. La evidencia empírica e histórica ha llevado a los teóricos contemporáneos a sentenciar que “la curva de Kuznets está muerta y sepultada” (Piketty, 2015, pág. 35). Esto es ejemplificado con las experiencias de las economías asiáticas que han logrado altas tasas de crecimiento con bajos indicadores de desigualdad. Esto, para Guatemala, se evidencia considerando que el PIB acumulado en los últimos años aumentó alrededor del 45%, mientras que el salario real tuvo una pérdida de alrededor del 20% (Frausto, 2017), por lo que el derrame no ha existido, o ha sido de abajo hacia arriba, aumentando la desigualdad en lugar de reducirla.

Ahora bien, es necesario reconocer que la reproducción de la desigualdad en el tiempo evidencia que es un problema intrínseco del sistema de mercado. En otras palabras, el mercado, cuando es imperfecto, es excluyente y en la economía real siempre es imperfecto, y eso implica tanto ineficiencia como exclusión. Esto también puede estar relacionado con estructuras de mercados concentrados. En ese sentido, los países con políticas económicas coherentes tienen legislación suficiente en materia de competencia, mientras que Guatemala es el único país de Centroamérica y de los pocos del mundo sin una ley de competencia. Además, las estructuras de mercados concentrados en el país asumen dimensiones históricas, grupos familiares con altas cuotas de poder concentrado y heredado a través del tiempo no solo inciden en las políticas públicas, sino en la construcción de un modelo económico excluyente e ineficiente que resulta refrendando y agravando la desigualdad (Dosal, 2005; Banco Interamericano de Desarrollo, 2006; Casaús Arzú, 2007; ICEFI, 2015; Rubio Castañeda, 2017). Esto, en términos empíricos, se traduce en la existencia de monopolios, oligopolios, monopsonios entre otras imperfecciones del mercado que impiden la participación de otros actores económicos no solo en la oferta, por las barreras de entrada, sino también en la repartición del producto social desde el consumo, entre otras cosas por los subóptimos de producción.

La desigualdad extrema limita el crecimiento 

Reducir la desigualdad es entonces una meta importante del sistema político. Pero esto no equivale a eliminarla del todo o hacerlo a costa del propio desarrollo económico – al contrario, la desigualdad extrema puede tener efectos dañinos para el crecimiento. De acuerdo con Grigoli & Robles (2017) “[se ha identificado] un nivel de exceso de desigualdad en que la pendiente de la relación entre la desigualdad del ingreso y el desarrollo económico cambia de positivo a negativo a un Gini neto de alrededor del 27 por ciento” (pág. 3). En otras palabras, la desigualdad de ingresos con un coeficiente de Gini por encima del 0.27 resulta nociva para el desarrollo económico. Ante esto basta decir que el coeficiente de Gini de ingresos para Guatemala es de alrededor de 0.6, más del doble del nivel donde se torna perjudicial.

En este sentido, la desigualdad no se limita a impedir el desarrollo económico directamente, sino que también se traduce en problemas sociales relacionados con la exclusión, particularmente el racismo y machismo. En Guatemala, por ejemplo, las mujeres indígenas en el área rural perciben, por el mismo tipo de trabajo, tres veces menos ingresos que los hombres no indígenas del área metropolitana. Y esto también tiene impactos en la economía, Guatemala pierde 0.83 puntos porcentuales de su tasa de crecimiento como consecuencia de la discriminación (Romero, 2007).

En vez de asumir que la existencia de la desigualdad tiene como consecuencia unívoca una solución particular, como la redistribución o la expropiación – términos que motivan la polarización existente –, lo importante es vislumbrar que existe una multiplicidad de respuestas: Podemos abogar por una combinación de factores que van desde la igualdad de oportunidades, igualdad de capacidades, o igualdad de libertades, en los términos de Amartya Sen, que resultan ser tanto más deseables como alcanzables que la simplista igualdad ante la ley o la indeseable igualdad total de resultados – ambas ajenas a las dinámicas humanas en la práctica.

Por último, es importante reconocer que al hablar de desigualdad nos enfrentamos a un problema complejo, susceptible a desinformación, de grandes dimensiones, con varios matices y acepciones, pero siempre con efectos perjudiciales.

Entre las propuestas más difundidas para mitigarla están las acciones afirmativas para enfrentar los problemas de discriminación, y lo que Piketty (2015) clasifica como redistribución directa y redistribución fiscal, para enfrentar la desigualdad de ingresos en términos generales. La primera implica salarios mínimos, rentas básicas universales, seguridad social y otros mecanismos relacionados con los mercados laborales, que son destacados particularmente por Atkinson. Por otro lado, Piketty y otros hablan de la redistribución fiscal por medio de impuestos directos, progresivos y universales al capital y sucesivos al patrimonio. Ahora bien, estas grandes medidas están en el centro del debate mundial sobre la desigualdad, pero para Guatemala, el primer reto a superar es empezar a medirla – creo que este debiese ser un punto mínimo de consenso para empezar a discutir con base en mejores evidencias.

Notas

[1] Donde 0.00 indica igualdad perfecta y 1 desigualdad perfecta, así, por ejemplo, si una persona dentro de una población tiene el 100% de los ingresos y el resto no tiene nada, la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini será de 1.00.

[2] Entre otros índices y proporciones utilizados para medir la desigualdad se encuentran: el índice de Atkinson, de Palma y de Theil, la medida de Peisch, de Kakwani y de Mehran, o las proporciones entre percentiles, quintiles y deciles.

Trabajos citados

Atkinson, A. B. (2015). Inequality: What can be done? Massachusetts: Harvard University Press.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2006). La política de las políticas públicas. México DF: Harvard University.

Casaús Arzú, M. E. (2007). Guatemala: Linaje y racismo. Guatemala: F&G Editores.

Dosal, P. (2005). El ascenso de las élites industriales en Guatemala. Guatemala: Editorial Piedrasanta.

Frausto, M. (2017). Guatemala: Mercado laboral y pobreza desde un enfoque de derechos . En R. d. AUSJAL, Los mercados laborales, pobreza y desigualdad desde un enfoque de derechos humanos (págs. 129-140). Guatemala: Marc de Ramón.

Grigoli, F., & Robles, A. (2017). Inequality Overhang. Fondo Monetario Internacional.

ICEFI. (2015). Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas. Guatemala: F&G Editores.

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review .

Piketty, T. (2015). La economía de las desigualdades. Barcelona: Anagrama.

Romero, W. (2007). Los costos de la discriminación étnica en Guatemala. Guatemala.

Rubio Castañeda, E. (2017). Desde el cuartel: otra visión de Guatemala. Guatemala: F&G Editores.

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08 May Guatemala: una sociedad en desconfianza

La sociedad guatemalteca afronta un problema endémico de violencia que repercute en nuestras actitudes y comportamientos sociales. La ciudad se encuentra repleta de agentes de seguridad privada, guardaespaldas, autos polarizados y condominios cerrados, protegidos por garitas de seguridad y alambre espigado. El ciudadano se somete a un encierro físico, en parte como un antídoto a la ansiedad que genera la amenaza de la violencia, pero el encierro también se produce en el ámbito social: nos organizamos en pequeños nichos de personas afines, donde se compensa la inseguridad, pero al mismo tiempo se perpetúa el rechazo hacia el “desconocido”.

El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), una encuestadora regional, mide la confianza interpersonal mediante la pregunta: ¿diría que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable? La media en todos los países en la región centroamericana se encuentra dentro de las posiciones moderadas (algo, poco). El caso guatemalteco muestra una particularidad en sus polos extremos, además, donde por un lado tiene el porcentaje más bajo en el rubro “muy confiable” y por otro, tiene el segundo porcentaje más alto de “nada confiable”.

El diagnóstico no aplica para todos los guatemaltecos, sin embargo, por lo que es importante diferenciar cuáles son las distintas realidades del país – un viaje al interior inmediatamente nos muestra otra realidad con otros mecanismos de cooperación y relaciones sociales, por ejemplo – y examinar qué conduce a que las relaciones sociales alimenten la confianza o la desconfianza.

¿Quiénes desconfían?

La desconfianza es un fenómeno urbano. Los encuestados ubicados en el sector rural superan por más del doble a los habitantes urbanos en el rubro de “muy confiable”. Los mismo sucede en el sentido contrario, la población urbana se encuentra más propensa a catalogar al conciudadano como “nada confiable”. Estos resultados coinciden con el informe de violencia que ha señalado la marcada diferencia en tasas de violencia homicida entre urbano-rural.

Añadiendo a esto, existe una distinción en el género de los encuestados. Aunque la relación no es igual de fuerte que el fenómeno de urbanización, se puede afirmar que las mujeres están más inclinadas a desconfiar que confiar en sus pares.  La mujer se encuentra más propensa a afirmar “nada confiable” con un 61%, mientras el hombre lo hace con un 39%. Nuevamente, los resultados no resultan sorprendentes considerando que la mujer se encuentra más vulnerable a distintos actos de agresión, que van más allá de cifras de violencia homicida.

 

La educación de los encuestados parece marcar una relación débil: Quienes no completaron ningún grado educativo muestran un grado mayor de confianza, mientras que para el resto no existe una clara relación entre grado de escolaridad y la propensión a confiar en sus conciudadanos.

 

Además de la confianza, el capital social también consiste en contar con normas efectivas y redes sociales que faciliten la acción colectiva y el desarrollo de la vida del grupo. Como demostró este ejercicio, también es importante recalcar que toda actitud y comportamiento social no puede ser reducido a una generalización abstracta y se debe considerar el contexto en que ocurre. Para empezar, la confianza hacia el conciudadano parece ser más fuerte en poblaciones rurales, entre hombres, y en segmentos poblacionales sin educación formal. En cambio, la confianza es débil en poblaciones urbanas y mujeres. Ante todo, el factor de urbanización mostró la distinción más grande.

Las ciudades – y complejos urbanos – son los centros de actividades económicas, sociales y políticas del país, pero es justo en ellas donde existe menos confianza interpersonal. Esto no parece ser nada nuevo: la sociología apunta a que, entre más grande es la ciudad, más impersonales son la relaciones entre sus habitantes, una situación que exige que los individuos dejen de recurrir a lazos étnico-familiares y les sustituyan por lazos más indirectos, mediadas por instituciones formales e informales. No obstante, no debería existir una gran brecha entre ambos tipos de círculo social como en el caso guatemalteco. Y un nivel de desconfianza saludable debería mantenerse a niveles moderados, a manera de precaución, más que en el ámbito de los absolutos (nada confiable).

Trasladando este análisis a la arena política, la falta de confianza es un fenómeno que afecta nuestra participación política y se traduce al conflicto entre visiones políticas, económicas y culturales. Pero a pesar de la creación de nuevos espacios y la movilización de nuevos actores que hemos visto desde el despertar ciudadano del 2015, la desconfianza sigue marcando la arena política. Las discusiones sobre las reformas constitucionales han generado fricciones entre distintos actores, no sólo en el plano discursivo sino a través de actos violentos, como el que ocurrió el pasado viernes en el palco del congreso. Además, las redes sociales han traído consigo nuevas formas de anonimato que se utilizan para difamar y desprestigiar proponentes de ciertas posturas, o polarizar las discusiones sobre temas puntuales, a través del uso de perfiles falsos y la desinformación. La nueva política debe hacerle frente a estos desafíos porque más allá de los cambios estructurales que se intenten plantear por medio de reformas, también requerimos nuevas maneras de relacionarnos los unos con los otros: la confianza es después de todo una percepción moldeable y evolutiva.

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20 Abr La politización de la clase media urbana guatemalteca

La clase media urbana guatemalteca se politizó a raíz de los escándalos de corrupción que surgieron a la luz pública en 2015. Pero al contrario de la carga de valor negativa que tiene la politización, este es un desarrollo bienvenido y necesario para el país: dejamos por un lado la apatía y falta de interés. Ahora, lo que toca es adoptar una visión pragmática y basada en evidencias para que nuestras exigencias políticas vayan orientadas por mejor camino.

Hace dos años estalló en Guatemala el escándalo de corrupción al más alto nivel político, que condujo a la renuncia y procesamiento judicial de los entonces presidente y vicepresidenta. Actualmente, ambos guardan prisión en espera de un largo y escabroso camino, quizá de años, por diversos negocios corruptos que se les atribuyen desde su posición de poder. Todo ello, sin embargo, no ocurrió simplemente por la decidida y valiente investigación del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Fue también posible gracias a la participación de los ciudadanos, quienes dejaron la comodidad de las redes sociales y se pusieron de pie para ir a protestar durante varios fines de semana contra los corruptos y a favor de la justicia.

El accionar de los fiscales especializados en la lucha contra la impunidad y la corrupción se vio reforzado por el activismo en las calles y en el Internet. A su vez, cada golpe que el sistema de justicia asestaba a los corruptos – los llamados “jueves de CICIG” – daba ánimos a las decenas de miles de personas que cada sábado se congregaban para manifestar su descontento contra el sistema político. Sistema que evidentemente estaba siendo alimentado no sólo por el tradicional clientelismo electoral, sino también por miles de millones de Quetzales fruto de los negocios de políticos corruptos y sus contrapartes privadas. Después del informe de la CICIG sobre el sistema de partidos políticos, incluso se llegó a cuestionar en ciertos círculos la legitimidad de las elecciones que estaban a la vuelta de la esquina. Entre encendidos debates públicos sobre la necesidad de un “gobierno de transición” y la consigna de “bajo estas condiciones, no queremos elecciones” se fue forjando un saludable espíritu crítico de participación ciudadana. Así dejamos de ser idiotas.

En efecto, 2015 fue el año en que los guatemaltecos finalmente dimos la batalla contra la casta política corrupta de este país y contra nuestra propia apatía hacia todo lo que sentíamos tufo político. Durante muchos años habíamos estado en situación de letargo, como aquellos llamados idiotas en la polis griega, a quienes se les criticaba – con razón – porque no se interesaban por la vida política de su comunidad.

Pero lo que eran apenas rumores de corrupción se convirtieron en casos concretos de persecución penal, que llegaron hasta lo más alto de jerarquía política. Y reaccionamos oportunamente brindando un apoyo popular y una fuerza mediática invaluables para el sistema de justicia. Así dejamos de ser idiotas.

No obstante, liberar de la corrupción a las instituciones del sector público, es tan sólo el comienzo de un largo proceso de refundación del Estado. Ahora exigimos a los políticos no ser corruptos, ni ladrones, pero eso es apenas fijar un mínimo ético requerido para administrar la cosa pública. También debemos exigir capacidad técnica y política, visión de largo plazo, liderazgo constructivo y mucha sensibilidad social, entre otras características del funcionario público idóneo. Y poco logramos si contamos con personas probas y capaces, pero no les brindamos instituciones fuertes, con recursos financieros y legales para hacer cumplir la ley sin privilegio alguno.

Construir instituciones que prevalezcan en el tiempo, y que sean lo suficientemente sólidas para no depender de personas específicas, requiere de nuestra politización. No sólo de des-idiotizarnos.

Esto implica la participación en política partidista, por más que nos provoque todavía un poco de asco. La democracia liberal se construye desde la creación de proyectos políticos y la militancia en partidos políticos, no sólo activismo en redes sociales o en protestas populares. Esta participación, a su vez, debe ser informada, crítica del sistema mismo, pero sobre todo debería ser autocrítica.

 

Ahora exigimos a los políticos no ser corruptos, ni ladrones, pero eso es apenas fijar un mínimo ético requerido para administrar la cosa pública. También debemos exigir capacidad técnica y política, visión de largo plazo, liderazgo constructivo y mucha sensibilidad social.

 

Todos tenemos ideologías, pero esta participación no puede basarse en creencias políticas que no permiten ser cuestionadas. Toda idea es susceptible de escrutinio y la historia del siglo recién pasado nos demuestra que incluso ideologías bien intencionadas terminaron siendo un fracaso económico y social. Por ello, en la actualidad, el enfoque pragmático se impone a la hora de discutir políticas públicas concretas. ¿Qué es lo que ha demostrado ser eficaz para resolver cierto problema? ¿Entre las propuestas eficaces cuál resulta ser la más eficiente? Es decir, la evidencia y el método científico aplicado al proceso de toma de decisiones y a la solución de problemas sociales; informa y aconseja a las políticas públicas. Este pragmatismo, por supuesto, no elimina los grandes ideales de libertad, prosperidad, equidad y justicia. Pero sí nos ayudará a romper nuestra deferencia a la participación del ciudadano en política.

Debemos reconocer positivamente a quienes se involucran, sean de izquierda o derecha del espectro ideológico. Dar más peso al pragmatismo por encima de las etiquetas sin fundamento. El punto de partida ya no es más o menos Estado, más o menos mercado, como recetas apriorísticas, sino qué funciona y qué nos ayuda a resolver problemas de acción de colectiva. En ese sentido, los partidos podrán diferenciarse por matices entre fines y los medios para alcanzarlos, pero los problemas a resolver – pobreza, desigualdad, violencia, contaminación ambiental, entre otros – estarán mejor definidos por los datos.

 

En la actualidad, el enfoque pragmático se impone a la hora de discutir políticas públicas concretas. ¿Qué es lo que ha demostrado ser eficaz para resolver cierto problema? ¿Entre las propuestas eficaces cuál resulta ser la más eficiente? Es decir, la evidencia y el método científico aplicado al proceso de toma de decisiones y a la solución de problemas sociales.

 

La politización del guatemalteco nos puede llevar por buen camino si va acompañada del enfoque científico (o pragmático) de la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que nos afectan a todos. Si, por el contrario, la politización va acompañada de una ideologización fundamentalista, según la cual Nosotros estamos en lo correcto y los Otros están siempre equivocados, entonces nos espera más polarización, como la que vivieron nuestros padres durante el conflicto armado interno y la que se atreve a negar la realidad, como hacen los neopopulistas de izquierda (el chavismo en Venezuela, por ejemplo) o de derecha (el trumpismo en EEUU).

Así que no basta con dejar de ser idiotas. Es necesario también dejar de ser ignorantes sobre los avances en las ciencias y dejar de lado los dogmas y prejuicios políticos o religiosos. El dato y la evidencia deben alimentar nuestras aspiraciones morales por una sociedad más próspera y justa.

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Foto obtenida de la página de JusticiaYa

17 Abr ¿QUO VADIS DERECHA? Una esperanza diestra para Guatemala

Si la derecha se detiene el país se detiene. Guatemala es una sociedad profundamente conservadora y es por eso que sin una derecha comprometida a cambiar el sistema la reforma será incompleta. Estamos ante la oportunidad política más importante de nuestra historia democrática. La renovación de élites que abre la persecución penal de caciques de toda la vida tiene dimensiones poco comparables en Latinoamérica. Los espacios vacíos que dejará todo este proceso para 2019 estarán ahí para ser tomados por quienes tengan la inteligencia y la voluntad.

Si el proceso de CICIG sigue como hasta ahora (y todo lo que sabemos nos dice que seguirá), las alianzas de corrupción que sostuvieron el régimen durante años se verán cada vez más debilitadas. Actores del Ejecutivo (prácticamente todo el gabinete anterior está en reclusión o en busca y captura), Legislativo (más de una quinta parte de diputados antejuiciados) y Judicial (con la reestructuración de fuerzas dentro de la Corte Suprema de Justicia) se han visto afectados por procesos judiciales. Los vínculos basados en intereses monetarios se destruyen con facilidad y eso se ha visto claramente en distintos movimientos tácticos en los últimos dos años. Todo el que no sienta una gran alegría por esta situación debe revisar profundamente sus intenciones e ideas.

En medio de todo esto la derecha parece estar esperando, atenta a ver qué pasa sin parecer entender que la única manera de que pase algo es hacer y no aguardar sentado. Ningún proyecto político liberal-conservador y con credibilidad reformista se ve en el horizonte y esto es especialmente grave.

La izquierda no ha demostrado en las últimas décadas tener la legitimidad, la claridad, o la capacidad de movilizar voto y elaborar un discurso ilusionante y esa realidad no va a modificarse debido al supuesto apoyo de CICIG o Embajada. En principio, por tanto, la antorcha reformista tiene más posibilidades de llegar a puerto de la mano de liberales y conservadores que de la mano de las distintas facciones progresistas. Y aun así, la derecha no se proyecta en esta coyuntura como agente de cambio sino como un ente paralizado y en el peor de los casos como enemigo de las reformas.

Se escuchan mensajes vociferantes de una derecha retrograda. De una derecha que no quiere avanzar. O somos capaces de separarnos contundentemente de estas ideas y personajes, o fallaremos a la sociedad guatemalteca. Quien en esta coyuntura haga esfuerzos para preservar el estatus quo es un enemigo político.

En la derecha hay nuevas voces y buenas ideas para mejorar la vida de todos. Sin embargo las instituciones e individuos que se adscriben al liberal-conservadurismo parecen callados en el debate público actual. Eso hace que gritos radicales y en algunos casos indeseables se escuchen con mayor fuerza y sea fácil pensar que son más representativos de lo que son, circunstancia que la izquierda no desaprovecha para meter a todo el espectro en el saco de la impunidad. Yo no les culpo, bien jugado… los torpes somos nosotros.

“Se escuchan mensajes vociferantes de una derecha retrograda. De una derecha que no quiere avanzar. O somos capaces de separarnos contundentemente de estas ideas y personajes, o fallaremos a la sociedad guatemalteca. Quien en esta coyuntura haga esfuerzos para preservar el estatus quo es un enemigo político”

 

El miedo al cambio es normal, la incertidumbre es un sentimiento humano comprensible. La posibilidad de que el resultado de este proceso sea negativo y que la renovación institucional traiga consigo algo peor no es irracional. Innegable como es, mucho más miedo debería infundirnos no hacer nada, no aprovechar la posibilidad de reformar. Las consecuencias de seguir con este sistema solo favorece a unos cuantos individuos (ni siquiera a sus redes clientelares que en muchos casos se quedan con las migajas) que deben ser apartados del eje central de la política del país. Los espacios vacíos que dejan los golpes de CICIG van a ser llenados por otros actores y el hecho de que en un país profundamente conservador como este no haya nueva élite liberal-conservadora sería un desastre y el costo de la inacción terrible.

2015 fue un año extraordinario también en cuanto a vislumbrar nuevas vías de acción política: una nueva forma de ganar elecciones se nos mostró. La capacidad de hacer llegar información a una cada vez mayor parte de la población de características incrementalmente urbanas a bajo costo abre la posibilidad para una nueva estrategia política, basada no en la movilización de redes clientelares sino en la elaboración de programas y mensajes. El hecho de que todo aconteciera en año electoral y que se vieran afectados profundamente los resultados dio a la sociedad guatemalteca la poderosa sensación de que su descontento servía para algo.

¿Qué otra opción queda que no sea la del reformismo? El sistema político guatemalteco ha sido un proyecto con muchas más sombras que luces, verdaderamente indefendible. Poco representativo, corrupto, clientelar e ineficiente. Es difícil encontrar algo positivo del mismo sin aparentar al menos defender el estatus quo. Las consecuencias han sido un bajo desempeño económico, la persistencia de malas condiciones para la mayor parte de la población y una buena dosis de inseguridad ciudadana que afecta a todos.

Es preocupante ver como en el momento más ilusionante de la historia política de Guatemala algunos han optado por el silencio, la parálisis, el miedo o, en el peor de los casos, el ataque directo a CICIG. Una cosa es aceptar a la Comisión como un ente infalible, que claramente no es, y otra impugnar todo el proceso porque ciertas actitudes sean cuestionables. Claro que podemos criticar lo que se ha hecho pero no a través de atacar a la figura del Comisionado o utilizar argumentos nacionalistas de injerencia extranjera cuando nos conviene. Dudar es siempre sano pero liberales y conservadores han fallado al proponer una alternativa de peso, hemos fallado a la hora de argumentar. En algunos casos la reacción ha sido tan virulenta que hemos llegado incluso a antagonizar a CICIG y a la Embajada de EEUU, aliados clave en estos procesos de modernización.

Es imposible saber qué harán las fuerzas políticas tradicionales o cual será el éxito que tendrá esta renovación pero según avanzan los años y nos acercamos a las elecciones de 2019 los bandos quedan cada vez más claros. En términos generales las opciones políticas se verán obligadas a posicionarse o en el lado de los que quieren cambiar fundamentalmente este sistema o el de los que prefieren que el mismo no se altere demasiado. Quedar por falta de determinación o por resistencia al cambio en el bando de los que optan por lo malo conocido es por un lado una falla moral censurable y por otro un error estratégico fatal.

 

“Es preocupante ver como en el momento más ilusionante de la historia política de Guatemala algunos han optado por el silencio, la parálisis, el miedo o, en el peor de los casos, el ataque directo a CICIG”

 

No existen todavía programas coherentes desde la derecha guatemalteca. Ver las iniciativas presentadas por varias instituciones asociadas a la libre empresa es ver un chirmol de deseos particulares sin una orientación de largo plazo. Si algo debiera ser la (nueva) política es estratégica y no el cúmulo de jugadas tácticas que, salvo en muy particulares excepciones ha sido los últimos veinte años. Perder el enfoque de largo plazo significa perder a largo plazo.

Promover reformas es, además de un imperativo estratégico, una obligación moral. Los que creemos en una sociedad abierta, de libre mercado, que fomente la creación de riqueza y la libertad individual en seguridad debemos ir más allá de la negación. Buena parte de los mensajes que le llegan a la ciudadanía de parte de las instituciones que se vinculan con nuestras ideas es un gran NO. Hemos dejado que otros lleven la iniciativa y eso nos hace ver reactivos de manera constante y por momentos radicales y poco compasivos.

Y vaya que podemos aportar. La generación de riqueza es el factor fundamental para la reducción de la pobreza. Son muchas las ideas que pueden servir para sustituir la corrupción como motor del sistema. Sin pretender agotar el tema, ni presentar soluciones como definitivas, ciertas ideas pudieran ponerse sobre la mesa y ser la base de una agenda política hasta ahora inexistente en Guatemala.

La derecha ni es ni debe ser unitaria. Existen muchas corrientes, en algunos casos contradictorias entre sí pero que tienen ejes comunes. Estos pueden y deben ser discutidos y consensuados pero nada pasará si no se crean las plataformas necesarias para facilitar este tipo de conversaciones. Toca por tanto comenzar uno o varios proyectos políticos que sirvan de canalización de todo esto. Hay espacio para liberales, conservadores y libertarios siempre que estén comprometidos con la renovación del sistema. Hay espacio para políticas estratégicas y pensadas desde la derecha. El llamado es, en todo caso, a discutir estas ideas no a casarnos con alguna de ellas.

La derecha reformista guatemalteca ha tenido que padecer el sistema. Ha tenido también, lamentablemente, que convivir con él, así como la izquierda, por muchos baños de pureza que a veces se dé. Encontrar una nueva forma de relacionarse con el mundo político es necesario para el éxito del país. Hay esperanza pero solo desde la acción valiente. El futuro no valdrá mucho si nos quedamos como meros espectadores de lo que está pasando y sobre todo (incierto como es) de lo que va a pasar.

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29 Mar Recaudación fiscal para el desarrollo social

Guatemala es un país con altos niveles de pobreza y desigualdad. Sus ingresos por recaudación equivalen a aproximadamente un 12% del producto interno bruto – muy por debajo del promedio latinoamericano de 23% y aún más del promedio de 34% en países desarrollados. El gasto de país en salud, educación y seguridad social es, por consiguiente, un bajo 8% del PIB. Aunado a una mala gestión de recursos y corrupción enraizada en las instituciones públicas, esto apunta a la necesidad de analizar las áreas de mejora de la política fiscal y de recaudación del país, a fines de asegurar el financiamiento y buena gestión de recursos para asegurar un impacto en el desarrollo. En este artículo analizamos los más grandes obstáculos para asegurar la financiación del gasto en Guatemala.

El financiamiento de la seguridad social en Guatemala

De acuerdo con un reporte del Fondo Monetario Internacional, la política fiscal guatemalteca ha sido estable y hasta prudente durante los últimos 20 años. Este desempeño macroeconómico, sin embargo, no refleja en su totalidad la ineficacia en la recaudación tributaria y el financiamiento de programas de inversión pública en el país.

El gasto público de cualquier país se alimenta, en gran parte, de la capacidad del Estado para recaudar impuestos – en Guatemala, esta tarea está a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de acuerdo a datos del Ministerio de Finanzas, el 77.1% del total de ingresos públicos proceden de la recaudación tributaria, pero el país es uno de los que menos ingresos percibe en el mundo en relación al tamaño de su economía, con una recaudación de aproximadamente el 12.3% del PIB anual a través de impuestos.

La informalidad es uno de los principales problemas. Solamente el 25% de la población económicamente activa (PEA) paga impuestos y un 67.9% de la misma se encuentra en el sector informal. Esto apunta a que el problema no es tanto la falta de empleos como lo es la falta de inclusión del sector productivo en la formalidad. Y esto resulta en que apenas un 54.1% de la recaudación es destinado a programas sociales en educación, salud, pensiones, programas de asistencia social y de vivienda y programas de seguridad alimentaria, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Este gasto es equivalente a aproximadamente 7.5% del PIB, pero debemos considerar también los esfuerzos recientes por recortar la ejecución presupuestaria para fines de balance financiero. Para mantener la deuda pública y el balance fiscal dentro de rangos manejables después de la crisis política durante la presidencia del 2015, se redujo el déficit fiscal en 1.5 por ciento del PIB, consolidando una tendencia hacia la reducción del gasto público, continua desde hace 5 años.

En un contexto de escasa inversión pública – la seguridad social recibe una inversión de apenas 1.2% del PIB, mientras educación recibe 3.5%, vivienda 2% y salud 1.4% –, es importante definir espacios de mejora en la recaudación. ¿Cómo podemos asegurar que existan fuentes sostenibles de financiamiento?

Países considerados en la gráfica A (15): Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Perú, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Venezuela. En la OCDE también se incluyen a Chile y México.

Pagar por el desarrollo: El caso de Bolivia

La evidencia de programas que invierten en el capital humano y en protección social demuestra un alto impacto en la reducción de pobreza y desigualdad económica e incluso en la eliminación de pobreza extrema. Existen varios casos de éxito en países de ingresos bajos y medios que han podido abrir espacio fiscal de formas innovadoras para aumentar el gasto público para el desarrollo social. Bolivia, por ejemplo, introdujo un impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) en el 2003 y para el 2006 el gobierno finalmente retomó el control mayoritario sobre el manejo y extracción del gas natural. Las regalías estatales en este sector equivalen actualmente al 80%, lo cual incrementó el ingreso estatal de $1.55 millardos de dólares en el 2006 a $2.7 millardos en el 2008 a $6 millardos en el 2014.

Aparte de un aumento general en el gasto público social, dos programas sociales clave pudieron financiarse puramente del 32% de los ingresos del IDH: la pensión de vejez universal (llamada Renta Dignidad) y la transferencia en dinero condicionada para niños que acuden a escuelas públicas (Bono Juancito Pinto).

Renta Dignidad es un programa de protección social no contributiva (no se necesita contribuir a este programa a través de impuestos sobre el ingreso personal) y provee de un ingreso social universal a todas las personas por encima de 60 años que no cuentan con ningún otro tipo de ingreso por pensiones – un 75% de esta renta se paga a personas con algún otro tipo de pensión.

El Bono escolar, por su parte, ha beneficiado a 1.6 millones de niños, al mismo tiempo que ha incidido en reducción de trabajo infantil y mayores niveles de escolaridad. Esta estrategia fiscal innovadora ha sido debidamente acompañada por una iniciativa de transparencia fiscal que exige que se publiquen los ingresos y transferencias relacionados con este impuesto. A su vez, diferentes grupos de la sociedad civil monitorean y observan los movimientos de las compañías mineras estatales, restaurando así la moral colectiva en torno al uso adecuado del gasto público.

Guatemala también cuenta con un prolífero sector minero. En el 2015, sin embargo, el entonces presidente Otto Pérez Molina aprobó el aumento del 1% al 10% del impuesto sobre la renta a las mineras transnacionales, únicamente para que la medida fuera declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad. En agosto del 2016, el actual presidente Jimmy Morales reintrodujo la iniciativa como parte de una serie de cambios a la ley de Minería, pero está por verse si es aceptada. Esta estrategia fiscal no puede ignorar medidas apropiadas de gobernanza a otros factores de extrema importancia, como el impacto económico-social en las comunidades donde se lleva a cabo la extracción de minerales, y el impacto ecológico. Sin embargo, no debemos rechazar la oportunidad para discutir formatos más eficientes de generación de ingresos y para emitir políticas públicas integrales, que nos permitan garantizar la sostenibilidad del gasto social.

Solidaridad financiera: Políticas fiscales para el desarrollo

Esquemas de impuestos específicos exitosos no deben ir en desmedro de que el gasto público se financie a través de una recaudación y manejo de las arcas públicas más transparente y eficiente de forma integral. Parte de esto implica reducir la discrecionalidad de los funcionarios y cerrar los espacios a la corrupción, pero el énfasis principal debe ir en alinear la totalidad de la política fiscal con los principios de solidaridad financiera, equivalencia financiera colectiva, y equidad intergeneracional.

Fuente: Presupuesto ciudadano 2016. Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Esto significa que los ingresos deben basarse en la capacidad de pago del individuo, y que se traduce, generalmente, en impuestos sobre la renta como porcentajes fijos, que aseguren que los sectores más pudientes contribuyan más que los de menores ingresos. En la realidad, sin embargo, es el Impuesto al Valor Agregado que contribuye con 46% del total recaudado – el presidente habría propuesto elevar este impuesto de carácter regresivo en 2016 – y el Impuesto sobre la Renta aporta apenas un 34% del total recaudado.

Peor aún, a pesar de los grandes esfuerzos de la SAT por reducir la evasión de impuestos y facilitar los trámites en aduanas para combatir el contrabando, sectores económicos como el agropecuario están tratando de eximirse de pagar los impuestos del IVA, ISR y derechos arancelarios y cambiarlos por el pago de un impuesto único del 1% sobre la venta bruta. Con esta medida, el Estado dejaría de percibir Q 1,156 millones anuales, reduciendo así el gasto público y demostrando la falta de cultura tributaria en el país y la aceptación de una cultura de evasión y reticencia a la fiscalización. Pero también contribuyendo a un atraso en materia fiscal con un impacto negativo mucho mayor en la población más vulnerable de Guatemala. Esta medida perpetuaría la informalidad, un sector principalmente compuesto por individuos que viven debajo del salario mínimo, al mismo tiempo que incrementaría la desigualdad económica y acentuaría la injusticia tributaria.

¿Podemos romper la discusión actual de coyuntura y tomar la oportunidad para acordar un pacto fiscal que nos ayude a avanzar hacia el desarrollo? El revuelo que ha creado la iniciativa de amnistía fiscal puede ser una oportunidad para renovar por completo la política del país.

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20 Mar Informe sobre la Violencia Homicida en Guatemala 2016

Diálogos anuncia la publicación del Informe sobre la Violencia Homicida en Guatemala (2016), que ofrece una visión general sobre los homicidios dolosos en el país. El informe busca ampliar el conocimiento de las tendencias y patrones delictivos en Guatemala, a nivel de país, por departamento y por municipio. El mismo fue elaborado por Evelyn Espinoza y Carlos A. Mendoza, con la colaboración de Pedro Alfonso Romero en la compilación de los datos a lo largo del 2016.

En el documento, se detallan las tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes para los 22 departamentos del país y son presentados con base a las categorías de departamentos con tasa de homicidios menor a 10.0 hasta departamentos con tasa de homicidios mayor al promedio nacional (27.3). Para cada departamento se presenta el análisis de los municipios que reportan más violencia y menos violencia.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

  • En el año 2016, un total de 4,520 personas fueron víctimas de homicidios a nivel nacional. El departamento que concentra el mayor porcentaje del total de homicidios ocurridos a nivel nacional durante 2016 es Guatemala (37.8%); seguido de Escuintla (11.0%); Petén (6.5%), Izabal (5.7%) y Chiquimula (5.1%). Los departamentos con menor porcentaje de homicidios fueron, Totonicapán (0.1%); Sololá (0.5%), Quiché (0.6%) y Baja Verapaz (0.6%).
  • La violencia homicida en la República de Guatemala ha descendido por séptimo año consecutivo, desde el máximo registrado por la Policía Nacional Civil (PNC) en 2009 (tasa de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes) hasta una tasa de 28 por 100 mil en 2016, con lo cual se vuelve al nivel observado hace 15 años, en el 2001. Es un descenso de casi 40 por ciento respecto al pico de violencia en 2009.
  • Alrededor del 40% de la violencia homicida ocurrió en 10 municipios: Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Puerto Barrios, Escuintla, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, Masagua, Chinautla, y Morales. En total, fueron 71 municipios en donde no se registró ningún hecho de homicidio en 2016. La característica principal de estos lugares (con excepción de Chichicastenango, Quiché) es que tienen una población menor a 100 mil habitantes.
  • Departamentos con tasa de homicidios menor a 10.0 por 100 mil habitantes. Los departamentos en esta categoría son seis: Totonicapán (0.8), Quiché (2.6), Sololá (5.1), Huehuetenango (5.7), Alta Verapaz (8.1) y Baja Verapaz (9.0). En Totonicapán, Quiché y Sololá, no se registró ningún homicidio en al menos la mitad de sus municipios. Mientras que en Las Verapaces únicamente 1-2 municipios no tuvieron violencia homicida. El Departamento de Huehuetenango no registró violencia en 11 (un tercio) de sus municipios. En total, en estos departamentos se ocurrieron 256 homicidios (6.0% del total a nivel nacional).
  • Departamentos con tasa de homicidios igual o mayor a 10.0 y menor a 27.3 por 100 mil habitantes. Los departamentos en esta categoría son seis: San Marcos (10.0), Sacatepéquez (11.0), Chimaltenango (16.0), Quetzaltenango (14.0), Suchitepéquez (17.0) y Retalhuleu (25.0). En total, en estos departamentos ocurrieron 582 homicidios (13.0% del total a nivel nacional). En la mayoría de estos departamentos, entre 1-7 municipios no registraron ningún homicidio. Los municipios que marcaron la tendencia dentro de cada departamento son: Malacatán; Sumpango; Chimaltenango cabecera; Quetzaltenango cabecera, Coatepeque; Mazatenango; y Retalhuleu cabecera.
  • Departamentos con tasa de homicidios mayor a 27.3 por 100 mil habitantes. Los departamentos en esta categoría son diez: Santa Rosa (33.0), Jalapa (36.0), Jutiapa (36.0), Guatemala (50.0), Petén (51.0), El Progreso (52.0), Chiquimula (54.0), Zacapa (56.0), Izabal (59.0) y Escuintla (65.0). En estos departamentos ocurrieron 3,682 homicidios (81% del total a nivel nacional). La violencia homicida se manifestó en mayor medida en las cabeceras departamentales (con excepción de Petén y El Progreso), las cuales, en su mayoría, tienen una población superior a los cien mil habitantes.
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07 Mar La corrupción y la política pública: ¿Dónde queda el desarrollo humano?

Desde hace cuatro décadas, el economista Amartya Sen ha señalado la importancia de las capacidades humanas en el bienestar social. Su trabajo ha sido de tal importancia, que no sólo se ha convertido en un referente académico de la noción de desarrollo, sino que ha contribuido a la construcción del modelo multilateral del desarrollo desde las Naciones Unidas (PNUD), siendo a su vez, una inspiración a la política pública de diferentes países alrededor del mundo. En su libro Elección Colectiva y Bienestar Social (1976), Sen plantea que la libertad humana está relacionada con las posibilidades del ser humano de desarrollar el potencial de sus capacidades. En este sentido, la visión humanista del desarrollo de Sen enmarca en la emancipación del individuo de la ignorancia, el hambre, la enfermedad entre otros. Y así, la cúspide de la libertad humana es el elemento medular del avance social.

De acuerdo con Sen, cada persona posee una combinación particular de preeminencias que si son cultivadas conducirán en conjunto al máximo aprovechamiento de las potencialidades humanas, y por tanto, la expansión del conocimiento y florecimiento de grandes progresos humanos: aquel diestro en la pintura logrará con color bellos lienzos armonizar, el gran maestro podrá capturar la belleza de la música en cada nota, el inquieto por la ciencia logrará avances en todos los campos del saber, el  atleta logrará con cada zancada romper las barreras temporales de las marcas y el arquitecto dará estética a cada espacio.

La visión holística del desarrollo humano de Sen se materializa en la planeación y ejecución de la política pública. En la cual, la participación del Estado juega un rol fundamental en garantizar a todos ocuparse del impulso de sus capacidades. Es así como, la provisión de bienes públicos como educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia entre otros; permiten superar la inequidad por disparidades en el ingreso y otras fallas de la economía de mercado en pro del bienestar general. En este escenario, los ciudadanos generan valores de apropiación e identidad que a su vez puede conducir a un conjunto de valores sociales de esfuerzo personal aunado a la prioridad del bien colectivo sobre el particular.

Sin embargo, surge una dinámica que pervierte los objetivos de la intervención del Estado: la corrupción. Un sistema corrupto es el resultado de fallas al interior de la sociedad en la jerarquía del bienestar general sobre el individual. Lo que no entienden aquellos que participan de esta actividad, es el impacto del perjuicio producido, pues, la corrupción es un germen que horada las libertades humanas al imposibilitar el debido curso de la ejecución de la política pública. Así, el que roba la riqueza nacional no solamente está apropiándose del dinero de los contribuyentes, sino también está despojando a un niño de encontrar un promisorio futuro mediante su educación, la dignidad a un paciente que busca la cura de su enfermedad y le arrebata a toda la sociedad en su conjunto la posibilidad del avance en todas sus dimensiones.

“Sin embargo, surge una dinámica que pervierte los objetivos de la intervención del Estado: la corrupción. Un sistema corrupto es el resultado de fallas al interior de la sociedad en la jerarquía del bienestar general sobre el individual”

En Colombia la corrupción ha sido una práctica continua que combinada con el conflicto armado interno ha constituido medio siglo de atrasos en el desarrollo humano de los colombianos. En esta oportunidad, quiero llamar la atención sobre dos escándalos de corrupción. El primero, fue conocido como Agro Ingreso Seguro (2009) por el nombre del programa del gobierno en el que se generó la corrupción; éste programa tenía como objetivo disminuir la desigualdad en el campo por medio de subsidios a la actividad agrícola para campesinos con pequeñas extensiones de tierra. En este caso fue encontrado como principal responsable el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, pues el programa terminó favoreciendo a grandes terratenientes en el Magdalena y Valle del Cauca que fraccionaron sus grandes territorios para cobrar subsidios por pequeñas parcelas. Arias fue declarado culpable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 3 de julio de 2014 por los delitos de peculado y firma irregular de contratos. Actualmente es pedido en extradición al gobierno norteamericano debido a que desde el fallo se encuentra en dicho país.

Al parecer, no era claro para los que participaron en los desvíos del subsidio Agro Ingreso Seguro que Colombia es un país con una alta concentración de la propiedad de la tierra, que históricamente ha evadido la discusión de una reforma agrícola que propicie la equidad. Además, que los mayores rigores de la violencia los han sido sufrido las poblaciones de las zonas rurales. Y que, por tanto, los colombianos en el campo no avizoran el concepto de desarrollo porque ni siquiera se les han garantizado los derechos humanos. Estas condiciones, al parecer fueron invisibles a los ojos del exministro a pesar de sus altos niveles de estudios en economía y de los hacendados que participaron de los subsidios.

El segundo caso que llama la atención involucra a la firma de ingeniería brasilera Odebrecht, foco de un escándalo de corrupción global consistente en sobornos a funcionarios públicos en diferentes países del mundo con el fin de obtener beneficios en la adjudicación de licitaciones en su mayoría de obras públicas. Las actividades de esta firma, fueron puestas a la luz pública por parte del gobierno norteamericano, pero enseguida puso en la mira a los contratos de esta empresa en proyectos en Latinoamérica.

En Guatemala, el entramado caso de Odebrecht surgió en la cúpula del Partido Patriota, cuando en el 2012 se aprueba con urgencia nacional el préstamo de 384 millones de dólares para la construcción de la carretera de Escuintla a México por la empresa brasileña. A pesar de la evidente invisibilidad del proyecto no se ha generado ninguna sentencia. El portavoz de dicha iniciativa, entonces ministro de Comunicaciones Ajejandro Sinibaldi se encuentra prófugo de la justicia por otro caso de corrupción. El escándalo se queda sin resolver, demostrando la complicidad de distintos sectores y niveles de gobierno.

Al igual que en Guatemala, las actividades de Odebrecht en Colombia están relacionadas con proyectos de infraestructura, en este caso la construcción de la Ruta del Sol. Dicha obra busca conectar Río de Oro-Aguaclara-Gamarra y la integración de los municipios de la región del Catatumbo una región que históricamente ha contado con escasa presencia del Estado debido a ubicación de grupos insurgentes para beneficiar directamente a una población de 220 mil habitantes. Actualmente se encuentra paralizada debido a este escándalo.

Como en ambos países, la empresa Odebrecht pagó a lo largo y ancho de la región sobornos en México por 10.5 millones de dólares, 92 en República Dominicana, 19 en Guatemala, 59 en Panamá, 11 en Colombia, 33.5 en Ecuador, 29 en Perú 29 y 35 en Argentina según reportes de CNN en español. El resultado de este galimatías es casi un continente que pagó contratos con sobreprecios por obras que en su mayoría se encuentran paralizadas y en un nivel mínimo de avance.

En suma, como lo ilustran los casos mencionados, la corrupción resulta un obstáculo entre la materialización de la política pública como mecanismo de la promoción del desarrollo humano. Sin embargo, será un fenómeno persistente mientras no exista un cambio en la escala de valores sociales en el cual se entienda que las libertades humanas como las define Sen representan un nivel considerablemente mayor de riqueza que los escasos beneficios de un puñado de monedas a beneficio personal.

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28 Feb La seguridad social en Guatemala: El caso del IGSS

La administración pública del IGSS ha sido, lamentablemente, politizada hasta el extremo de ser un tema puramente político. Esto ha invalidado el florecimiento de la discusión central: ¿cómo aseguramos la sostenibilidad financiera y transparencia de una institución que debe proveer protección social en los diferentes estados vulnerables del ciclo de vida?

El sistema de pensiones guatemalteco

Los esquemas de seguridad social, en países como México, Brasil, Chile y Costa Rica, han logrado asegurar la protección a sus ciudadanos durante la vejez, enfermedad, maternidad e incapacidad para el trabajo. En Guatemala, sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cubre únicamente a 20% de la población económicamente activa (PEA), debido a su inoperancia y a la falta de cobertura del sector informal (un 67.9% de la PEA) y del sector de la microempresa y autoempleo. El IGSS, además, está desfinanciado – la deuda estatal sobrepasa los Q30 millardos y la deuda del sector privado suma Q287 millones. Esto ha condenado a la institución a la subsistencia en un estado de crisis permanente, que le priva de la capacidad de ejercer su mandato.

El tema puntual de las pensiones de vejez en Guatemala es ilustrativo. El país cuenta con un sistema de pensiones de reparto (modelo alemán), público (estatal) y de prestaciones definidas, en el cual el nivel de la pensión es determinado por el nivel de ingresos de la persona durante su vida laboral y el número de años trabajados. Para recibir una pensión de jubilación completa del IGSS, el afiliado debe haber contribuido al IGSS durante 20 años y jubilarse al cumplir los 62 años de edad. Sin embargo, el Banco Mundial determinó que únicamente 17% de los adultos mayores en Guatemala perciben una pensión de vejez, mientras el resto depende de otros métodos para la subsistencia durante los años no productivos, colocándolos en una posición de alta vulnerabilidad y dependencia de terceros.

Errores inexcusables en la dirección y repartición del beneficio al nivel geográfico también evitó que los departamentos con mayor pobreza rural – Alta Verapaz con 89.6% y Sololá con 84.5% – y los departamentos con mayor población de adultos mayores (Huehuetenango y San Marcos) tuvieran prioridad en la recepción de la prestación. En su lugar, se benefició primero a los departamentos de Guatemala, Petén, Escuintla y Chimaltenango. Y junto con el error de alcanzar al grupo objetivo, la miopía analítica de los planificadores y dispar con la realidad económica de los adultos mayores propició que los niveles de la pensión fueran insuficientes para revertir los efectos negativos de la falta de ingreso prolongada (Q400 mensuales por persona), resultando en una ineficiencia financiera con un alto costo social.

Cómo construir un sistema de protección social equilibrado

Ofrecer una protección social sólida, junto a otros factores como la educación de calidad, políticas laborales activas y negociación colectiva eficaz, puede resultar en un crecimiento económico más sostenible, en tanto aumenta la productividad y el reparto de ingresos fomenta el surgimiento de una amplia clase media (ver gráfico). Sin embargo, para crear un círculo virtuoso, debemos atacar el cortoplacismo en el diseño e implementación de estos programas.

Para garantizar el equilibrio financiero de un esquema de protección social debemos tomar en cuenta varios factores. En primer lugar, están los de tipo económico: el crecimiento de la economía nacional (que impacta en el número de prestaciones y número de beneficiarios), los niveles de empleo formal (que financian en gran parte las prestaciones a través de contribuciones salariales directas por medio del empleador y el IGSS) y la inflación (con una inflación normal los beneficios pueden indexarse sin problema para que igualen el nivel de beneficio esperado).

La viabilidad del sistema también está determinado por factores demográficos: la composición etárea determina la tasa de dependencia – cuántos pensionados mantiene la población económicamente activa –, así como los cambios en las tasas de mortalidad y fertilidad, y los cambios en la expectativa de vida. Y están los elementos propios de la administración pública: el propio diseño el esquema, su administración financiera, la efectiva recaudación de impuestos y la transparencia en la gestión de los fondos.

El obstáculo de la corrupción

El factor administrativo ha sido determinante para el estancamiento de esta discusión: la corrupción nos ha impedido tener una discusión completa sobre cómo mejorar el sistema de protección social. Basta recordar el robo de Q350 millones al IGSS durante la administración de Alfonso Portillo y el caso IGSS-Pisa, de adjudicaciones de contratos anómalos millonarios que involucró a altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina.

Sindicados en caso IGSS - PISA

Sindicados en caso IGSS – PISA / Foto: República

En teoría, el Estado de Guatemala contribuye al IGSS como empleador y aporta, como gobierno, un porcentaje fijo para el financiamiento de las diferentes prestaciones: Para vejez, invalidez y sobrevivientes, el 25% del total de las contribuciones; enfermedad y maternidad, el 2% del presupuesto nacional; y, para accidentes de trabajo, 1.5% de la nómina bruta del empleado. En la práctica, sin embargo, estos aportes proceden de una recaudación fiscal históricamente inefectiva y la falta de rendición de cuentas en el manejo de las finanzas de la seguridad social.

Por suerte, nos encontramos ante un punto de quiebre. Los esfuerzos de modernización de la SAT han permitido mejorar la recaudación de contribuciones y así alimentar a la administración pública del Estado guatemalteco. Existe un compromiso de múltiples actores por impulsar la agenda contra la corrupción y entre los actores públicos por hacer una transición hacia la transparencia y el gobierno abierto.

La discusión, eso sí, debe ir más allá de la coyuntura política: Los casos de corrupción alimentaron la desconfianza y reticencia a los sistemas públicos y a menudo nos limitamos a debatir ideológicamente sobre la razón de ser del IGSS. Pero la importancia de sistemas funcionales, transparentes y financieramente sostenibles de protección social va más allá. Radica en valores sociales y el estado demográfico y laboral del país, y en el manejo eficiente de fondos recaudados y la capacidad de planificación y administración financiera.

¿Podremos empezar a discutir estos temas a fondo? El futuro de la población depende de ello.

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20 Feb Pensar el futuro

El mundo actual – países como el nuestro sobre todo – debe aún atender los desafíos del presente, como acabar con la pobreza y mejorar la situación de desarrollo humano de sus poblaciones, pero cada vez es más importante atender el rápido proceso de cambio. ¿Cómo transformar un modelo económico basado en las exportaciones agrícolas hacia el contexto de la economía del conocimiento? ¿Qué oportunidades tendrá disponible la creciente población joven de Guatemala? ¿Y cómo mantener los modelos de desarrollo en un ambiente transformado por el cambio climático?

En la práctica, sin embargo, no estamos dando respuesta a estas preguntas. El gobierno se dedica a administrar crisis y problemas urgentes, sin transformar de manera significativa el estado de cosas ni consolidar un modelo de desarrollo adecuado al contexto del siglo XXI. Y las organizaciones y ciudadanía son presa de la coyuntura – el aquí y ahora es adictivo y consume nuestro recurso humano, nuestra atención y nuestro análisis. Es por ello que el país debe empezar un proceso de discusión de largo plazo. Hacerlo podría efectivamente destrabar el debate político y generar mejores condiciones para que se puedan atender las crisis del presente y los desafíos del futuro. Y romper nuestra dependencia del momento actual para que propongamos soluciones reales y transformadoras.

Identificar futuros posibles

Varios países alrededor del mundo han adoptado conjunto de teorías, metodologías y procesos para ampliar el horizonte temporal de la gestión pública. Conocidas en su conjunto como prospectiva estratégica, estas técnicas buscan levantar insumos y sistematizar los conocimientos disponibles sobre las tendencias que pueden moldear el futuro de una sociedad. Por otro lado, la prospectiva también identifica acciones y opciones de políticas para moldear y construir un futuro más deseable.

En el Reino Unido, por ejemplo, la Oficina para la Ciencia del Reino Unido tiene el programa UK Foresight, con el objetivo de ayudar al gobierno a reflexionar sistemáticamente sobre el futuro. Son proyectos de alrededor de un año, donde equipos académicos y redes de expertos trabajan juntos para identificar puntos en los que la ciencia emergente puede dar insumos a los tomadores de decisiones públicas. A la fecha el programa ha producido informes sobre el futuro de las ciudades, de la manufactura en el Reino Unido y el futuro de la composición identitaria del país. Y en todos los casos, los aportes se han nutrido de una variedad de perspectivas y visiones, sometiendo a la crítica razonada las conclusiones y recomendaciones finales.

Cabe advertir que el debate prospectivo no es adivinación, profecía o ciencia ficción. Es una reflexión estructurada, basada en hechos y datos y en coordinación con redes de expertos y comunidades intelectuales, para generar una visión de futuro y definir políticas para atender esas necesidades.

En Latinoamérica, Colombia tiene un acervo de experiencias interesantes en prospectiva. El Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial de Colciencias. El programa estuvo activo entre 1986 y 1990, y realizó algunas actividades esporádicas entre 2003 y 2005, con algunas actividades realizadas en el ínterin. Recientemente, Colombia también implementó un programa similar en investigación y desarrollo en cadenas productivas agroindustriales entre 2006 y 2010, a cargo de Colciencias y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Otros países como Argentina, México, Costa Rica y Chile han tenido experiencias e intereses similares, con grados distintos de impacto efectivo en la planificación nacional. El área con mayor concentración de ejercicios de prospectiva es en la propia definición de escenarios y visiones futuras (ver tabla).

Tabla: Proyectos de escenarios futuros basados en prospectiva, América Latina. Fuente: The Dialogue.

En Guatemala, incluso, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) desarrolló la iniciativa K’atún: Nuestra Guatemala 2030. Esta supone un ejercicio de planificación de políticas para acelerar el desarrollo de Guatemala desde las áreas de desarrollo demográfico y territorial. El plan, basado en la interdependencia de los sistemas urbanos y rurales, es un buen ejercicio. Pero no sólo es un esfuerzo aislado de la gestión de gobierno en la práctica, también ha sido enterrado por la coyuntura y varias crisis de gobierno, así como la propia inatención de las instituciones encargadas de velar por su seguimiento, por lo que el documento ha servido para poco. Reactivarlo y convertirlo en una realidad requeriría compromiso político de alto nivel y mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas, pero éstas brillan por su ausencia.

Innovación y largo plazo


La prospectiva estratégica se ha traducido a la práctica más a menudo en el área de innovación. La economista Mariana Mazzucato, por ejemplo, destaca el rol del estado en desarrollar misiones estratégicas y dirigir inversión pública a tecnologías de aplicación general, es decir, aquellas con aplicaciones en más un sector económico y con el potencial de cambiar el panorama tecnológico y de mercado, que empresas pueden posteriormente aprovechar y adaptar para su comercialización.

En su libro The Entrepreneurial State, Mazzucato señala que una de los motores creativos del éxito de Silicon Valley fue la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA), creada en 1958 para dar a Estados Unidos una ventaja en la carrera militar y armamentista de la Guerra Fría. Parte del Departamento de Defensa, ha desde entonces ha alimentado investigación de última línea en múltiples tecnologías y fue instrumental en el desarrollo del internet. La economista señala que los Institutos Nacionales de Salud – cuya misión está centrada en la investigación médica – tuvieron un rol similar en la maduración de la industria farmacéutica estadounidense y ARPA-E (la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados-Energía) ha jugado el mismo papel en la creación de tecnologías verdes.

La prospectiva puede articularse de distintas maneras. En Francia, Singapur y los Países bajos, por ejemplo, las capacidades prospectivas están financiadas y coordinadas centralmente desde unidades específicas o ministerios de gobierno. En Alemania y el Reino Unido, existe un componente mayor de alianzas público privadas donde las capacidades están más dispersas entre ministerios, centros de investigación y universidades, y empresas. En todos los casos, sin embargo, el principio es el mismo. Con base a evidencias y análisis de los factores que pueden afectar el desempeño de un país o sociedad, se plantean visiones estratégicas y largoplacistas para atender esos factores con políticas públicas más pertinentes.

Cambios de visión

Introducir la prospectiva estratégica no es sencillo. La mayoría de experiencias latinoamericanas en prospectiva han quedado engavetadas con cambios de gobierno, la pérdida de la voluntad política, o incluso la rotación de los funcionarios delegados para su implementación. Y el diablo está en los detalles: se debe establecer una serie de procedimientos que garanticen la recopilación, distribución, trabajo en red y participación genuina que permita identificar y atender escenarios futuros con rigor y continuidad en el tiempo.

Con todo, empezar a deliberar y formular visiones futuras es positivo desde que genera un proceso de aprendizaje social y ayuda a destrabar el debate público.

En primer lugar, la prospectiva nos ayuda a mirar mejor, fortaleciendo nuestra visión con evidencias y análisis de calidad. También nos ayuda a ver más lejos, rompiendo la dependencia del cortoplacismo; a ver de forma más amplia y sistémica, fomentando el diálogo entre disciplinas y sustentando el proceso de planificación con investigación de rigor. Ante todo, nos ayuda a ver distinto, proponiendo nuevas ideas, conceptos y hábitos.

Además, si el proceso se realiza de forma participativa e incluye a sectores clave de la sociedad – académicos, políticos, empresarios y la ciudadanía –, puede convertirse en un puente intelectual y comunicacional entre ellos. Pensar en el largo plazo deriva en la construcción de una visión de futuro compartida y dinámica. Con esto, identificar las medidas necesarias para convertir la visión en acción se vuelve un asunto procedimental: Si estamos de acuerdo en los objetivos, la discusión puede enfocarse en identificar la mejor manera de llegar a ellos. Para un país tan polarizado como el nuestro, valdría la pena un esfuerzo mayor por pensar sobre el futuro.

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14 Feb Hablar con la pared: Discusión política en redes guatemaltecas

Los resultados del sondeo se recabaron por medio de la empresa digital SurveyMonkey que se distribuyó en la página y redes sociales de Diálogos.  En el transcurso de dos días, se contó con la participación de 93 personas, 59 hombres y 41 mujeres, en su mayoría entre los 18-40 años de edad. El estudio de Pew Research Center sirvió como modelo para desarrollar y comparar las preguntas del sondeo. La muestra es pequeña y está necesariamente sesgada, pero pretende ser un primer intento para entender el rol de las redes sociales virtuales en la formación de la opinión pública guatemalteca.

El ciudadano políticamente informado

 

A diferencia del estudio de Pew, el 83% de los encuestados reportaron seguir y compartir un alto número de contenido político en sus redes sociales. La aplastante diferencia puede reflejar la captura de un grupo de individuos interesados en temas de política.

Estudios de opinión pública hacen la distinción entre el ciudadano políticamente informado y el ciudadano menos informado. Usualmente, ambos grupos se distinguen con preguntas de auto-colocación, pero también se hacen preguntas sobre el consumo de temas políticos en distintos medios. Cada vez más las encuestadoras señalan las distintas respuestas entre ambos grupos.

Curiosamente, el interés político del guatemalteco es bajo a nivel regional. Un estudio del 2014 conducido por LAPOP sobre interés política en la región, ubicó a Guatemala en la sexta posición más baja del continente americano con un 32.4%. En ese mismo estudio se señala que el interés político está correlacionado  positivamente con años de escolaridad, pero existen otras variables sociodemográficas como nivel de riqueza, edad y sexo que también la explican.

El internet suele ser un buen espacio para capturar a esta minoría informada, cuyos puntos de vista divergen del ciudadano políticamente menos informado.

Discusiones acaloradas 

 

Al calificar el temperamento de las discusiones políticas en redes sociales, la gran mayoría afirmó que estos espacios resultan menos civiles comparados con otros sitios. Esto también se aplica en el caso estadounidense, donde el estudio de Pew evidenció que la mayoría de ciudadanos califican las discusiones políticas en redes sociales como: menos respetuosos, menos civiles y más enojadas que en otros medios. En el sondeo, tan sólo diez encuestados calificaron de manera positiva estas interacciones. De la mano con estos resultados, se evidenció que más de la mitad de los encuestados cree que las discusiones políticas con amigos resultan siendo estresantes y frustrantes.

 

 

Como consecuencia varios deciden ignorar las publicaciones de aquellos que opinan diferente. Nuevamente, esto es consistente con el estudio. Los efectos de esto pueden ser numerosos. Es curioso reflexionar que a pesar de mostrar interés y pertenecer a la categoría de ciudadanos políticamente informados, estos no participan en discusiones con aquellos que no comparten sus creencias.

Pero, no todo es negativo. La discrepancia ideológica no parece ser razón suficiente para eliminar amistades. Sin embargo, retomando el tema de las burbujas, los algoritmos en redes sociales limitan nuestra exposición a ciertos temas y amigos. Habría que preguntarse:  ¿qué tan seguido se encuentra con contenido que está en contra de sus posturas políticas?


A pesar de las limitaciones y el alcance de este sondeo, se logró observar una tendencia clara y consistente con otros estudios: las discusiones políticas en redes sociales se perciben como espacios menos civiles que generan frustración entre sus usuarios. Se requerirá en el futuro analizar las causas e indagar específicamente en el contenido para entender estas percepciones. Es crucial que como ciudadanos virtuales comencemos a cuestionar y reflexionar en el papel que desempeñamos en estos medios. Y logremos impulsar discusiones que contribuyan a la creación de ideas, en lugar de agendas polarizadoras que expandan las burbujas de las redes sociales.

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06 Feb La otra cara de las redes sociales

El rol de las redes sociales virtuales es crucial para entender cómo se forma la opinión pública actualmente. El optimismo tecnológico, sin embargo, es insuficiente para comprender todos sus efectos. Es verdad que las redes abren la posibilidad a una multiplicidad de actores para compartir su punto de vista y hacer que su voz sea escuchada. Pero en la época actual es igual de importante analizar los efectos negativos de las redes. Desde el resultado del voto a favor del Brexit y de la elección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, la proliferación de noticias falsas, comentarios altamente ideológicos y polarizados han dado lugar a un período llamado “pos- verdad”.

Las burbujas ideológicas no son ninguna novedad. Desde la aparición de los periódicos y posteriormente la televisión, los criterios que utilizan para definir qué puntos de la agenda pública son los más importantes y los marcos narrativos en los que lo presentan determinan buena parte de la discusión pública de una sociedad. La clave, sin embargo, está en la interacción de los medios con nuestras propias predisposiciones.

Daniel Kahneman, psicólogo cognitivo y Premio Nobel de Economía, también argumenta que el ser humano posee un sistema intuitivo y una serie de reglas y atajos mentales que nos ayudan a automatizar buena parte de nuestros comportamientos diarios. Sin este sistema el humano perdería energía abordando cada acción con un costoso proceso de razonamiento. Pero en la era de la información, sobre todo, este aparato intuitivo nos motiva a escoger lo más apegado a nuestra intuición – aún si esto nos lleva a tomar decisiones equivocadas.

Por su diseño, las redes sociales llevan esta tendencia a extremos preocupantes. Un estudio de Pew Research Center en 2016 reveló que el 59% de los estadunidenses se sienten desgastados por el contenido político en las redes sociales. Dentro de estos un tercio de los encuestados afirmaron haber cambiado su configuración para recibir menos publicaciones de amigos que han publicado algo sobre política. El efecto inmediato de esto es que lleva a las personas a descartar puntos de vistas opuestos. A esto se suma que las redes pueden reforzar la identidad de grupo lo que facilita la aparición de opiniones más extremas. Esto puede explicar por qué dentro del mismo estudio la gente reporta a encontrar discusiones menos respetuosas (53%), menos civiles (49%) en medios sociales que en otros espacios de discusión.

Ocurre que estas plataformas están diseñadas para entregarnos contenido personalizado y relevante a nuestro contexto. Para ello, el motor de búsqueda utiliza algoritmos que organizan los contenidos en base a nuestras interacciones previas, nuestro perfil y geografía, o el contenido que compartimos en las plataformas virtuales. Facebook, por ejemplo, muestra la información más popular primero y omite la que no recibe tanta atención. Y al organizar el contenido por nosotros, importa tanto lo que el algoritmo nos muestra como aquello que nos impide ver. Al seleccionar el material en base a nuestra inclinación nos muestra un solo lado de la historia.

Hacer un balance es importante. Vivimos en la era del debate público en red y plataformas como Twitter y Facebook se han apropiado de la función de porteros de la información –gatekeeping– que anteriormente correspondía exclusivamente a los medios de comunicación. Esto ha permitido la aparición de nuevas voces y grupos que pueden utilizar las redes como plataformas de organización política. Pero más que abrir el camino a la democratización de las fuentes de información, las redes también han fomentado el surgimiento de estrategias de desinformación que aprovechan el diseño de las propias plataformas tecnológicas y nuestros sesgos cognitivos para avanzar sus objetivos y narrativas.

Equipos de programadores y empleados de las redes sociales han empezado a investigar cómo hacer frente a estos desafíos y asegurar que la tecnología nos ayude a profundizar la democracia y fortalecer el debate público. Pero no se puede arreglar lo que no se ha medido, por lo que en Diálogos queremos hacer un sondeo de las burbujas que habitamos en las redes guatemaltecas. Tus resultados serán parte del estudio que le seguirá a esta nota. Participa y ayúdanos, ingresando en el siguiente link:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/7PJ9YLF

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23 Ene Violencia Homicida Aumentó en el Área Metropolitana de Guatemala durante 2016

La violencia homicida en el país disminuyó por séptimo año consecutivo en 2016. De hecho, la tasa de homicidios se redujo hasta en 15 por ciento respecto al 2015, si no tomamos en cuenta lo que ocurrió en el departamento de Guatemala, donde aumentó la tasa en nueve por ciento. Ello porque el área metropolitana, compuesta por varios municipios del mismo departamento, mostró una tendencia en sentido contrario a la nacional. ¿Qué pasó? Intentaremos dar algunas pistas por medio del análisis de los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil (PNC) para los años recientes.

Para no entrar en la discusión de cuáles municipios conforman el área metropolitana, examinaré todos los municipios del departamento. Cada quien puede sumar o restar según su definición del área metropolitana que prefiera. Lo que sí debemos adelantar es que habrá disputas sobre la población que se usa como denominador, pues las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) no varían mucho de un año al otro, especialmente para el caso del municipio de Guatemala. Además, los alcaldes siempre argumentan que durante el día circulan muchas más personas que las estimadas por el INE para el número de quienes son realmente vecinas del municipio y sobre el cual se estiman las tasas por cada 100 mil habitantes. Posiblemente tienen la razón, pero ellos no han presentado cifras alternativas bien fundamentadas, sólo estimaciones muy gruesas que tampoco nos permiten entender esos flujos de entrada y salida. Deberemos esperar el Censo de Población 2017 para salir de dudas.

En el departamento de Guatemala vive aproximadamente el 21 por ciento de la población del país, según el INE, pero entre 2001-2016 en dicho departamento ocurrió el 38 por ciento de todos los homicidios registrados por la PNC. Para ser más precisos, sólo en el municipio de Guatemala ocurre casi la mitad de los homicidios del departamento del mismo nombre, es decir, el 19 por ciento del total nacional, pero sólo un millón de persona viven allí, esto es, el seis por ciento de la población. La Municipalidad de Guatemala, no obstante, ha estimado que durante la semana laboral circulan unos tres millones de personas en la Ciudad Capital. Si aplicamos dicho número como denominador para estimar la tasa de homicidios, ésta sería un tercio de lo que más adelante indicaremos. Lo importante aquí es comprender que lo que pasa en el área metropolitana afecta en gran medida el nivel de violencia nacional. A continuación, las tasas anuales del municipio y el departamento de Guatemala, en comparación con las del país. Esto es importante para visualizar lo que para algunos es una contradicción, es decir, que baje la violencia en el país, pero suba en el área metropolitana. Sí es posible. Eso es precisamente lo que sucedió en 2016.

GRAFICO 1. Tasa Anual de Violencia Homicida: País, Departamento y Municipio de Guatemala, 2015-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros PNC y proyecciones INE.

Es fundamental notar que el aumento de un año no significa que la tendencia de largo plazo se haya revertido para el área metropolitana. La tasa de 71 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2016 está muy por debajo de las tasas de tres dígitos observadas entre 2003-2011.

Por ser los municipios más poblados, iniciaremos la revisión de las tasas en Guatemala, Villa Nueva y Mixco. En los dos primeros subió la violencia, 16 y 25 por ciento más, respectivamente; mientras que disminuyó en el último (20 por ciento menos). Es importante notar que, en los últimos 16 años, la Ciudad Capital ha sido el municipio más violento del departamento, con una tasa anual promedio de 98 homicidios por cada 100 mil habitantes. En contraste, el menos violento ha sido Chuarrancho, con una tasa anual promedio de 12 por 100 mil, incluyendo seis años con CERO homicidios. Nótese en el siguiente gráfico que Villa Nueva es el municipio que actualmente tiene más del doble de violencia que la registrada a principios del siglo veintiuno. Tanto Guatemala como Mixco están actualmente por debajo de dato registrado por la PNC para 2001.

GRAFICO 2. Tasa Anual de Violencia Homicida: Municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, 2001-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros PNC y proyecciones INE.

Municipio de Guatemala: el más problemático en 2016

Mientras que en el resto del departamento de Guatemala la violencia subió siete por ciento en cifras absolutas (64 muertes adicionales, esto es, sin incluir la Ciudad), en el municipio del mismo nombre subió 16 por ciento, con 95 muertes más respecto al 2015. Aquí, la tasa pasó de 61 a 71 homicidios por cada 100 mil habitantes. El aumento se concentró en tres zonas de la Ciudad Capital: zona 7 (46 más), zona 18 (31 más) y zona 6 (30 más). Dicho incremento fue compensado, en parte, por disminuciones en zonas 5 (19 menos), 8 (10 menos), 21 (9 menos) y 4 (8 menos).

GRAFICO 3. Zonas de la Ciudad de Guatemala: variación en número de homicidios, 2015-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros PNC y proyecciones INE.

En 2016, el 85 por ciento de los homicidios en el municipio de Guatemala fueron cometidos con arma de fuego, y este método para ejercer violencia aumentó en 14 por ciento respecto al año 2015 en la ciudad. Aunque son menos frecuentes otros métodos, también se incrementaron las muertes por golpes con arma contundente y por estrangulamiento, 25 y 136 por ciento, respectivamente en números absolutos. De los 95 homicidios adicionales registrados en la Ciudad de Guatemala por la PNC, 90 fueron hombres y 5 mujeres.

Villa Nueva: el que no logra retomar nivel del 2001

Este municipio subió su tasa de 40 a 51 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir un 25 por ciento de incremento. En números absolutos la diferencia fue de 64 muertes más (28 por ciento). A pesar de ser parte del área metropolitana, hacia el sur, Villa Nueva no se comporta como lo han hecho Guatemala y Mixco (ver nuevamente gráfico 2), que ya alcanzaron el nivel mínimo registrado en 2001. Por el contrario, el municipio muestra más del doble de la violencia registrada en ese mismo año, como ya lo anticipamos arriba. El 86 por ciento de los homicidios se cometieron con arma de fuego en 2016, aumentando en 19 por ciento el número de las víctimas fatales respecto al 2015. Especialmente notorio fue el incremento en homicidios realizados con arma blanca: 130 por ciento (13 casos más). De los 64 homicidios adicionales en Villa Nueva, 57 fueron hombres y 7 mujeres.

Mixco: el que sí logró bajar la violencia en 2016

El municipio de Mixco sí logró disminuir la violencia homicida el año recién pasado, pues descendió de una tasa de 43 a una de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, una reducción de casi el 20 por ciento. La clave fue el descenso en muertes provocadas por heridas con arma de fuego, pues se registraron 50 menos respecto al 2015, es decir, una reducción del 29 por ciento. Hubo 35 hombres y 6 mujeres menos en el conteo final de la PNC para este municipio, uno situado al occidente de la Ciudad Capital y plenamente integrado al área metropolitana.
El siguiente gráfico muestra las variaciones porcentuales en tasa y en números absolutos de cada municipio del departamento de Guatemala.

GRAFICO 4. Municipios del Departamento de Guatemala: variación porcentual en tasa y en número absoluto de homicidios, 2015-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros PNC y proyecciones INE.

En el gráfico precedente debe notarse que San Raymundo y San José del Golfo tienen una variación que no se puede expresar en porcentaje, pues en 2015 no registraron homicidios, mientras que en 2016 tuvieron seis y uno, respectivamente. De particular atención debe ser el caso de San Juan Sacatepéquez que tuvo un aumento en su tasa del 145 por ciento, debido a 54 homicidios adicionales, es decir, fue el tercer municipio en importancia para explicar el aumento del departamento, después de Guatemala y Villa Nueva.

También debe advertirse que el total neto del departamento es el resultado de sumas (aumentos) y restas (disminuciones). El total del país también incluye lo ocurrido en el departamento de Guatemala. Si lo excluimos, entonces, el resto del país tendría un descenso de 417 homicidios (reducción del 13 por ciento), equivalente a una disminución del 15 por ciento en la tasa, de 25 a 21 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto, nuevamente, nos refleja el peso específico que tiene el área metropolitana para afectar el resultado nacional, en concreto: elevar la tasa hasta 27 por 100 mil.

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