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11 Jul ¡No más prohibicionismo! Oportunidades para la reforma de la política de drogas en Guatemala tras la UNGASS 2016

“Ambas iniciativas representan, por tanto, oportunidades cruciales para que nuestro país pueda no sólo modernizar su política de drogas y encaminarla por la senda de los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo, tomando en consideración los resultados de la UNGASS 2016, sino también para atender aquellas prioridades y necesidades que convengan a los intereses de nuestro país y de nuestra sociedad, los cuales no se limitan al tema de seguridad y justicia penal”.

 

En la literatura de políticas públicas se distingue usualmente entre tres diferentes tipos de agendas que coexisten y se entrecruzan en la esfera pública, a saber: 1) La agenda pública, que se define por el conjunto de temas que más le interesan a los actores sociales y a la ciudadanía en general, buscando posicionarlos ante los actores políticos y gubernamentales; 2) La agenda política, que se constituye por el conjunto de temas prioritarios que interesan a los actores políticos que tienen las facultades, los recursos y el poder para promoverlos o echarlos a andar; y 3) La agenda gubernamental, que se define a su vez por el conjunto de temas prioritarios para un Gobierno determinado que busca implementarlos a lo largo de su mandato. Es sabido también que las posibilidades de éxito de un tema particular para ser objeto de una política pública se incrementan en la medida en que atraviesa o forma parte transversalmente de las tres agendas referidas, siendo clave en términos comparativos su inserción específica en la agenda gubernamental.

Así, a manera de ejemplo, hoy en día el tema de los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales) es un tema de la agenda pública en Guatemala, pero no forma parte de la agenda política ni mucho menos de la agenda gubernamental. Y lo mismo puede decirse de otros temas, en mi opinión de enorme relevancia y urgencia, como el del embarazo (violación sexual) de niñas y adolescentes o la reforma del sistema penitenciario -que, por supuesto, no se limita a la construcción de nuevos centros de privación de libertad, tal como anunciaron semanas atrás las autoridades del Ministerio de Gobernación. Fuera de los actores sociales que reivindican actualmente estos temas mencionados, y que se movilizan y presionan políticamente para su abordaje a través de las instituciones del régimen democrático-representativo que establece nuestra Constitución Política, me parece que -lamentablemente- ningún actor político relevante ni el Gobierno mismo los considera hoy en día como prioritarios.

Por otra parte, a la luz de la recientemente lanzada Política General de Gobierno 2016-2020, puede afirmarse que otros temas particulares como el del gobierno abierto y transparente, la disminución de la desnutrición crónica y la prevención de la violencia, sí se encuentran actualmente dentro de las tres agendas referidas y ya no sólo en la agenda pública y en la agenda política; por ello mismo, dado el enorme apoyo político y de recursos materiales y financieros que es previsible que se otorgue a dichos temas, se espera que los resultados e impactos de las políticas públicas que se implementen a este respecto sean valiosos y positivos.

Pues bien, en esta línea, cabe señalar que durante los últimos cuatro años ha crecido y se ha renovado en buena medida la importancia del problema de las drogas en la esfera pública no sólo de Guatemala sino también de otros países del hemisferio americano, yendo ahora más allá de lo que se había venido haciendo tradicionalmente al respecto, es decir, concibiéndose su abordaje bajo un enfoque que va más allá de las usuales estrategias punitivas de inteligencia, investigación criminal, interdicción, persecución penal y cárcel.

O para decirlo de otra manera: el problema de las drogas ha dejado de ser ya solamente un tema de la agenda pública (un tema que le interesaba sólo a los actores sociales: principalmente a la academia, a la sociedad civil y a los usuarios de drogas) para ser también ahora en muchísimos países de la región un tema de la agenda política (un tema prioritario para algunos partidos políticos y bancadas legislativas) así como, en un número menor pero igualmente relevante de países, un tema de la agenda gubernamental (un tema prioritario para determinados Gobiernos como, por ejemplo, los de Colombia, México y Estados Unidos de América, pero también más recientemente de los de Uruguay, Chile y Canadá, entre otros).

¿Cómo se explica este amplio y renovado interés de actores sociales, políticos y gubernamentales sobre el problema de las drogas, al menos en el hemisferio americano? En mi opinión, obedece a la clara necesidad y urgencia de contar con una nueva política de drogas a nivel global/regional que supere el claro fracaso en cuanto a resultados alcanzados y daños sociales no intencionados que ha ocasionado el denominado régimen o modelo prohibicionista del problema de las drogas, el cual ha imperado durante más de un siglo en nuestro planeta desde la primera conferencia internacional sobre drogas sostenida en Shanghái en 1909, pero que en el contexto de la Guerra Fría fue lanzado de nuevo en su versión reloaded de “Guerra contra las Drogas” durante el mandato del Presidente Richard Nixon (1969-1974) en los Estados Unidos de América.

Para una muestra puntual de los magros resultados alcanzados a través del régimen prohibicionista vigente a nivel global, puede consultarse por ejemplo el recientemente publicado Informe Mundial sobre las Drogas 2015, en el que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (mejor conocida por sus siglas en español: ONUDD) reconoce expresamente que “Según los datos más recientes, en lo que respecta a la producción y el consumo de drogas y las consecuencias que este tiene para la salud, la situación no ha cambiado mucho en términos generales”, añadiendo además que “en realidad el consumo de drogas ilícitas se ha mantenido estable”, que “la gran mayoría de los consumidores de drogas problemáticos siguen sin tener acceso a tratamiento” y que ha aumentado globalmente el cultivo de la adormidera y de la producción de opio, “que ha alcanzado niveles sin precedentes”.

De este modo, queda claro que el régimen prohibicionista no puede fundamentar en absoluto su vigencia en supuestos “buenos resultados” alcanzados a través de sus diferentes y tradicionales estrategias punitivas, pues a la luz de la evidencia empírica existente la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas, si no han aumentado de manera general, siguen al menos permaneciendo estables a nivel global, sin ninguna reducción notable y constante a través del tiempo. Las estrategias del régimen prohibicionista, sin ninguna duda, no han sido suficientes ni eficaces para abordar las raíces y efectos de un problema global, complejo, multicausal y multidimensional como el de las drogas, por lo que se requiere con toda claridad de nuevas estrategias y nuevos enfoques que posibiliten alternativas distintas de abordaje y solución.

En realidad, hay mucha tela que cortar en cuanto al análisis de las distintas razones -principalmente de corte geopolítico y también relacionadas con las diversas y poderosas industrias que emergen del régimen prohibicionista- por las que potencias como Rusia y China, pese a aquella evidencia que deslegitima al régimen prohibicionista, continúan oponiéndose férreamente a una reforma amplia o al abandono del mismo, pero sin duda que el argumento de “buenos resultados” se ha vuelto ya claramente falaz e inútil. Por otra parte, en cuanto a los graves daños sociales no intencionados del prohibicionismo, pero graves daños al fin, que se han originado directamente sobre las sociedades, las comunidades y las personas de carne y hueso, pueden verse -por ejemplo, entre otras fuentes relevantes- los diferentes informes, historias y datos que han sido sistematizados y elaborados, entre otras, en la página web Count The Costs of the War on Drugs.

Justo por el fracaso evidente del régimen prohibicionista, algunos Estados de nuestro hemisferio -entre los cuales se encontró Guatemala, junto a Colombia y México- solicitaron hacia finales del año 2012 al Secretario General de la ONU la convocatoria urgente a un proceso de diálogo y debate internacional sobre el problema mundial de las drogas, sin esperar hasta el año 2019 para la revisión programada de la Declaración Política y del Plan de Acción que rigen actualmente la cooperación internacional en la materia. Tal solicitud, cabe señalar, fue acogida y operativizada posteriormente a través de la Comisión de Estupefacientes de la ONU mediante el proceso preparatorio de la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016 (mejor conocida como UNGASS 2016), la cual se desarrolló efectivamente durante los días 19 al 21 de abril de 2016.

En este orden de ideas, cabe destacar expresamente que el documento de resultados “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”, que fue aprobado tras arduas negociaciones por los Estados Miembros de la ONU en la UNGASS 2016, aunque no llegó a rechazar abiertamente el régimen prohibicionista como lo demandaban numerosos actores sociales, académicos y no gubernamentales, sí estableció algunos puntos claves para la reforma gradual del régimen y para el futuro inmediato de las políticas regionales y nacionales en clave democrática y progresista, entre ellos varios que conviene referir aquí de manera particular:

  • Que el abordaje del problema de las drogas, tanto en lo relativo a la reducción de la oferta como a la reducción de la demanda, se realice de plena conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de las personas;
  • Que los esfuerzos encaminados a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y abordar eficazmente el problema mundial de las drogas son complementarios y se refuerzan mutuamente;
  • Que los tres tratados de fiscalización internacional de drogas ofrecen a los Estados partes la flexibilidad suficiente para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades.

De este modo, el documento de resultados de la UNGASS 2016 estableció expresamente la conexión necesaria que los Estados deben promover y garantizar entre la política de drogas y los derechos humanos, así como entre la política de drogas y el desarrollo sostenible, fijando además el principio de flexibilidad suficiente como una base para que, sin perjuicio de la cooperación internacional, cada Estado pueda definir su política nacional de drogas con arreglo a sus propias prioridades y necesidades, incorporando todos aquellos enfoques y estrategias que se consideren relevantes.

En mi opinión, gracias a este principio de flexibilidad suficiente reconocido semanas atrás por los Estados miembros de la ONU, el modelo prevaleciente de una política de “talla única” para todos (prohibicionista: orientada esencialmente hacia la reducción de la oferta y enfocada en la justicia penal y la seguridad) pierde así fundamento y, con el tiempo, cederá el lugar progresivamente a un régimen pluralista de políticas de drogas en el cual coexistirán diferentes modelos y estrategias de drogas, algunas de ellas todavía ligadas estrechamente a la visión prohibicionista (especialmente en los países asiáticos y africanos), pero otras orientadas ahora de manera primordial -sin abandonar las estrategias punitivas, aunque ya no limitándose u otorgando un lugar jerárquico a éstas- a un enfoque de salud pública, desarrollo y derechos humanos, bajo el cual estrategias que hasta ahora han sido empleadas en pocos países y con bajo perfil -como la reducción de daños-  adquieran mayor relevancia y bajo el cual puedan adoptarse también estrategias prometedoras, como la regulación con fines medicinales de algunas sustancias (como ocurre ya en numerosos países de América y Europa), y estrategias incipientes, pero que parecen avanzar por la senda correcta a la luz de la evidencia recabada hasta ahora, como la regulación con fines recreativos de la marihuana (como ocurre en Uruguay y algunos estados de los Estados Unidos de América).

En esta línea, es conocida ya con cierta amplitud la iniciativa para la regulación de la marihuana con fines medicinales y recreativos que presentó algunos meses atrás el Diputado Álvaro Velásquez en el Congreso de la República, iniciativa que se encuentra actualmente en trámite para el dictamen correspondiente y su ulterior discusión por los legisladores. Menos conocida, pero igualmente importante y en consonancia con el discurso pronunciado en la UNGASS 2016 por el Presidente Jimmy Morales, es la decisión tomada a finales de mayo de este año en sesión ordinaria por la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (CCATID) de elaborar una nueva Política nacional de drogas que supere las deficiencias notorias de la vigente Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas y que, a la vez, actualice sus lineamientos estratégicos y objetivos a la luz de los resultados del debate internacional sostenido en el proceso de la UNGASS 2016 y en otros foros regionales.

En mi opinión, estos dos sucesos recientes muestran con claridad que el problema de drogas ha dejado de ser ya solamente un tema de la agenda pública y se ha insertado dentro de la agenda política y gubernamental de Guatemala. Esto no es baladí, tomando en cuenta que tradicionalmente -podemos afirmar que al menos desde la década de los setenta, con la emergencia de la “Guerra contra las Drogas”- y tal como lo hizo ver en su momento la extinta Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas, esta política ha tenido una importancia secundaria en la agenda política y gubernamental y, en esa medida, ha estado orientada predominantemente a satisfacer intereses externos más que los propios intereses nacionales. Ambas iniciativas representan, por tanto, oportunidades cruciales para que nuestro país pueda no sólo modernizar su política de drogas y encaminarla por la senda de los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo, tomando en consideración los resultados de la UNGASS 2016, sino también para atender aquellas prioridades y necesidades que convengan a los intereses de nuestro país y de nuestra sociedad, los cuales no se limitan al tema de seguridad y justicia penal.

Queda por ver, claro está, la evolución que sigan ambas iniciativas durante los próximos meses para saber si la política de drogas asegurará su permanencia, y en tal caso en qué sentido y con qué apoyos, dentro de la agenda política y gubernamental. En una próxima entrega, desde la perspectiva de las Políticas Públicas y de la política de drogas en particular, analizaré críticamente cada una de estas iniciativas y los desafíos de distinto nivel y orden que representa concretarlas como políticas públicas.

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01 Jul Diez razones para NO desfilar

Los desfiles militares tienen su origen en las celebraciones por la victoria en el campo de batalla. En la Antigua Roma, por ejemplo, las tropas de legionarios marchaban de vuelta a casa mostrando sus trofeos de guerra, el botín, seguidos por pinturas que mostraban la ciudad capturada. Al final también iban los capturados, es decir, los vencidos que eran encadenados y podrían terminar siendo sacrificados. Según la leyenda romana, el primer desfile fue en realidad una procesión religiosa de agradecimiento a Júpiter por una victoria militar. Parece que la tradición provenía de los etruscos, que pintaban de rojo la cara del general victorioso, y con ropas ceremoniales lo ponían sobre una carroza. Dichas procesiones romanas empezaban en el Campo de Marte y terminaban en el Capitolio.[1]

En Guatemala, el desfile militar del 30 de junio solía conmemorar el triunfo de las tropas liberales que en 1871 derrocaron al Ejército del Gobierno Conservador. En la actualidad no hay nada que celebrar, no hay victoria que justifique el gasto que implica sacar a la tropa a marchar. La política de contención del gasto público no lo aconseja, pero si hacen falta más razones aquí están estas diez:

  1. Guatemala ha sido derrotada por la pobreza. Durante la reciente administración de gobierno de un militar retirado que se dedicó a saquear al Estado, ya suficiente motivo para ser condenado por alta traición a la patria, el nivel de pobreza aumentó en el país, mientras que se redujo en el resto de la región. Casi el 60 por ciento de los guatemaltecos viven sin suficientes ingresos según las más recientes estimaciones del Banco Mundial (2016), utilizando línea de pobreza para efectos de comparación internacional.
  2. Guatemala sigue siendo una sociedad violenta. No obstante hemos reducido la tasa de homicidios por seis años consecutivos, la actual tasa de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes nos sigue ubicando en el grupo de sociedades más violentas del planeta. Lejos estamos de alcanzar la paz social, y ello se debe en gran medida a los altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Por cierto, el índice de Gini mejoró recientemente, según la ENCOVI 2014, pero no debido a que los pobres tienen más sino porque la clase media consume menos. Peor aún, según el Banco Mundial (2016), se redujo la clase media.[2]
  3. Guatemala tiene un Estado muy precario. Claramente, una de las causas de nuestros altos niveles de pobreza y violencia es la precariedad de nuestro Estado. Tenemos la sociedad que merecemos por no financiar al Estado que necesitamos para alcanzar la sociedad que queremos. Ya lo advertía el Banco Mundial en 1951: no es sostenible un Estado con tan baja carga tributaria, menor al 7 por ciento del PIB en ese entonces. Ahora apenas sobrepasamos el 10 y deben hacerse esfuerzos heroicos para alcanzar el 12 por ciento.
  4. Guatemala no termina de sanar sus heridas. El llamado conflicto armado interno dejó profundas heridas en el tejido social, las cuales son muy difíciles de curar. En nuestra guerra civil no hubo vencedores ni vencidos, sólo hubo víctimas y victimarios, porque fue una guerra sucia. Ya nadie niega los abusos del Estado mismo, por medio de sus fuerzas armadas y los grupos paramilitares. Lo que está en disputa en los tribunales es la individualización de las responsabilidades.
  5. Guatemala sigue estando dividida. Tanto la pobreza como la violencia reflejan la existencia de dos países, uno muy pobre y pacífico y otro menos pobre pero muy violento. La variable que mejor explica esa dicotomía es la etnicidad. Históricamente, el Estado guatemalteco ha jugado un papel muy importante, por acción u omisión, en el sostenimiento de la segregación o separación étnica, proveyendo a los pueblos indígenas de menores recursos para su desarrollo económico y social. Es decir, excluyéndoles, en el mejor de los casos o, en el peor, agrediéndoles directamente por diversas razones (asimilación, explotación o exterminio).
  6. El Ejército de Guatemala tiene crisis de identidad. Ahora resulta que justifican su existencia haciendo pupitres para escuelas o abriendo caminos rurales. Tendrían que ser absorbidos entonces por el MINEDUC o el MICIVI. Mientras dicen defender la soberanía nacional, Estados Unidos los quiere seguir utilizando como primera línea de protección ante el narcotráfico internacional, con las fuerzas de tarea Tecún Umán en la frontera con México y Chortí en la frontera oriental. ¡Grave error poner a los militares a pelear la ya caduca guerra contra las drogas! Los generales también se corrompen y la violencia puede escalar a niveles inconcebibles, como lo demuestra el caso mexicano durante Felipe Calderón.
  7. El Ejército de Guatemala ha sido fuertemente golpeado por los escándalos de corrupción. Dos ex Ministros de la Defensa están siendo investigados por la justicia, por actos de corrupción supuestamente cometidos durante su gestión. Muchos de los ex funcionarios también procesados por los casos de La Línea, IGSS-Pisa, Cooptación del Estado y La Coperacha, tuvieron una carrera militar. Por otro lado, persisten los rumores sobre innumerables plazas fantasmas en el Ejército que benefician a oficiales de alto rango. Habrá que ver si estos espectros también quieren salir a desfilar…
  8. El Ejército de Guatemala se volvió centro de adoctrinamiento religioso. Uno de los principales legados de la Revolución Liberal de 1871 fue el Estado laico. La estricta separación entre religión y política, entre Estado e Iglesia, fue establecida en la Constitución de 1879. Se deseaba evitar la manipulación del sentimiento religioso con fines políticos, lo que favorecía a los Conservadores durante todo el siglo XIX. Hoy el Ejército tiene como política institucionalizada la oración religiosa (cristiana) en todos sus actos públicos. Seguramente el General Justo Rufino Barrios, fundador del Ejército actual y líder del liberalismo chapín, debe estarse revolcando en su tumba.
  9. El Ejército de Guatemala tiene simpatizantes que no le ayudan a su imagen. Después de firmados los Acuerdos de Paz se realizó un gran esfuerzo por renovar la doctrina militar, por profesionalizar a los nuevos oficiales, para cambiarles el chip contrainsurgente por uno respetuoso de las instituciones democráticas y los Derechos Humanos. Se logró en buena medida, pero los grupos más vociferantes que dicen defender “el honor del glorioso Ejército” son los extremistas de derecha, los más retrógrados y paranoicos, que ven por todos lados a comunistas con la boina del Che Guevara.
  10. El Ejército de Guatemala consume más de Q.2 millardos del Presupuesto del Estado. Si bien es cierto que en términos reales el presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional disminuyó considerablemente entre 2001-05 (hasta un 61 por ciento), dicha tendencia se ha revertido en los últimos años (2005-16), subiendo un 58 por ciento. No obstante el presupuesto para la Defensa Nacional representa un tres por ciento del presupuesto total, su costo de oportunidad es demasiado alto. Con los 2 mil 266 millones de Quetzales que solicitó Defensa al Ministerio de Finanzas para el año 2017, se podría satisfacer los requerimientos de recursos adicionales de siete ministerios y dos secretarías: MIDES, MINTRAB, MINECO, MINEX, MCUDE, MARN, MEM, SOSEP y SBS.

mindef_PE_1998_2016

Presupuesto Ejecutado a Precios Constantes del 2010. Fuente: SICOIN, MINFIN.

Nota: en 2016 es el Presupuesto Vigente.

—–

[1] Ver “Triumphs and Ovations” en The History and Conquests of Ancient Rome, pp. 170-171.

[2] La publicación del Banco Mundial a la que hago referencia (Mayo 2016), Systematic Country Diagnostic (SCD).

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20 Abr De cómo Jimmy Morales puede empezar a sanar heridas.

Christian Espinoza, Carlos Mendoza, Daniel Haering. Miembros fundadores de Diálogos.

Cuando un médico se enfrenta exitosamente a una enfermedad puede hacerlo de dos maneras. O es capaz de eliminarla del cuerpo del paciente, como en el caso de una infección sanada con antibióticos o, si la enfermedad es incurable, provee al enfermo de un tratamiento para poder convivir con ella de la manera que resulte menos dañina para él. Si no hace un diagnóstico correcto y aplica un remedio para terminar con el malestar, cuando la enfermedad es crónica, la historia no tiene un final distinto al de la frustración y la melancolía.

El mundo de las políticas públicas no es muy diferente. Entender qué tipo de problema quieres atacar: si uno que puedes erradicar o uno con el que tienes que lidiar (porque no se va a ningún lado), es clave para el éxito de las soluciones a ensayar. Muchos son los casos de acciones de gobierno que se dirigen a paliar fenómenos que ninguna sociedad ha conseguido aniquilar. Siempre, por ejemplo, habrá accidentes de tráfico. En mayor o menor medida es inevitable que alguien cometa un error al volante en alguno de los miles y miles de desplazamientos que se dan todos los días en un país. Eso no significa que no se pueda mejorar. De hecho las cifras son cada día mejores una vez se invierte en prevención, mejores carros y carreteras y certeza de la imposición de faltas asociadas a comportamiento vial. Pues bien, esta semana se discutirá en Naciones Unidas otro de esos problemas que no desaparecerán y que trágicamente se ha actuado durante 100 años como si lo fuera a hacer, a saber: la producción, el tráfico y el uso de drogas.
El consumo de drogas en la sociedad (y más en sociedades modernas y globalizadas) es una enfermedad crónica. La política ensayada desde 1912 (denominada prohibicionista) asume sin embargo que es un tumor a extirpar. Esa definición del problema ha traído en el siglo XX y comienzos del XXI unas devastadoras consecuencias traducidas en mucho sufrimiento a cambio de pocos resultados a un alto costo. Pensar que la gente va a dejar de consumir narcóticos con leyes más estrictas y con mecanismos de represión más brutales no solo es naive, tremendamente ingenuo, sino peligroso.
La UNGASS 2016 será un episodio más en la búsqueda del cambio de rumbo de las políticas prohibicionistas a nivel mundial. Las voces contrarias a la idea de criminalizar el consumo y combatir cual guerra al crimen organizado dedicado al cultivo y al tráfico han crecido hasta convertirse en un nuevo consenso que adquiere más fuerza año a año. La Asamblea Especial de Naciones Unidas será una oportunidad para consagrar un concepto que se ha extendido entre algunas de las grandes potencias y que sustituye la práctica de imposición de políticas del modelo anterior que tanto ha padecido Guatemala. El concepto del que hablamos y que constituye la base de este discurso se basa en una interpretación distinta de los convenios internacionales, en una interpretación flexible. Los países que tutelan el cumplimiento de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas no se opondrán a que se ensayen políticas internas con cierta libertad (por ejemplo, lo que ya ocurre en Uruguay y en algunos estados de los Estados Unidos con la regulación de la marihuana para uso recreativo). Esto tiene para nuestro país consecuencias importantes; por una parte en lo externo y, por otra, en lo interno.
En política exterior es importante decir que, en todo este proceso, Guatemala ha tenido un lugar privilegiado en la escena mundial y sería trágico echar por tierra los logros que se han conseguido sólo por el intento de separarse políticamente de la anterior administración en esta materia. Nuestro país se ha coordinado durante los últimos cuatro años con México y Colombia para promover posturas y propuestas que muevan la lenta maquinaria de los organismos internacionales y sensibilicen al cambio a numerosos países con visión conservadora. No ocurre mucho que Guatemala tenga un papel protagónico en la política global y hay que seguir aprovechándolo. En este tema llevamos años jugando en primera división y se reconoce el liderazgo de nuestro país.
Hacia lo interno del país, esta primera gran reunión internacional del gobierno del Presidente Morales es una oportunidad crucial para revisar muchos de los aspectos que deben ser reformados en nuestra política de drogas. La discusión en política de drogas, además, está muy lejos de reducirse a “legalización sí” o “legalización no”. El debate es interesante y la discusión necesaria. Se agradece a Álvaro Velázquez, diputado por Convergencia en el Congreso que lo haya puesto encima de la mesa a través de una propuesta de cambio a la Ley contra la Narcoactividad, pero debemos señalar enfáticamente que el uso medicinal y recreacional de la marihuana es un tema relativamente menor en el esquema general de la política de drogas y de las necesidades y prioridades del país en este ámbito. La política de drogas va mucho más allá de la legalización y trasciende los berrinches de Otto Pérez Molina con el vecino del Norte (y no nos estamos refiriendo a México).
¿En qué debemos pensar para una nueva política de drogas diseñada desde y para Guatemala? Les dejamos con un criterio rector: pensar en apoyar a los más débiles. Las víctimas del sistema prohibicionista van desde la familia que debe visitar al hijo que fue detenido por posesión de una pequeña cantidad de droga y que convive con criminales peligrosos (pocos casos pero significativos en Guatemala), hasta la mujer que muere de un cáncer dolorosísimo en una zona rural porque las regulaciones de medicamentos opiáceos son terriblemente absurdas, pasando por los campesinos a los que se les erradica su cultivo de amapola en San Marcos sin ofrecerles ninguna otra alternativa para su desarrollo. Si el Presidente Morales quiere “sanar nuestras heridas”, tal como prometía en la campaña, puede empezar a hacerlo por estas poblaciones vulnerables.
La adicción, en realidad, no es un crimen y el uso recreativo tampoco (aunque en Guatemala, la ley penal prohibicionista que rige así lo establece aún). Podemos pensar, con razón, que la gente está mejor sin drogas pero amenazar y sobre todo aplicar medidas carcelarias al consumidor es además de completamente ineficaz, social y económicamente muy costoso. Aumentar las penas no reduce la incidencia del uso de drogas y encima causa tragedias en las vidas de los más pobres y de los grupos más vulnerables como mujeres y jóvenes.
La atención a consumidores, basada en evidencia, es en nuestro país prácticamente inexistente. Aparte de los centros que pretenden curar al consumidor problemático a base de bibliazos, no hay mucho más en el sistema de salud guatemalteco y da la sensación de que no existe demasiado interés por parte de las autoridades para que esto cambie.
El debate público guatemalteco debe girar en torno a qué queremos que sea prioritario. Se invierte mucho en interdicciones y detenciones con tristes resultados. Pese a las extradiciones de los últimos años, la droga sigue pasando hacia el Norte y las consecuencias negativas para el sistema no se han modificado en los últimos años. Debemos discutir prioritariamente, por tanto, si la salud viene antes que la represión o la represión antes que la salud; si pedimos que Estados Unidos nos ayude con hospitales y no con helicópteros; si vale más la detención de un narco que el abandono del sistema de salud; si vale más respetar con pulcritud las regulaciones de medicamentos contra el dolor o dejar sin acceso a personas que no están cerca de los centros de salud capitalinos.
Si alguien argumenta que los dos enfoques son compatibles debería por un lado tener en cuenta que los recursos son limitados (y en Guatemala más) y, por otro, que las penas desproporcionadas no casan muy bien con los tratamientos comprehensivos con el problema del adicto.
El esfuerzo de nuestra política pública durante décadas en materia de drogas ha sido claramente represivo. Comparen, si tienen tiempo, el presupuesto del Quinto Viceministerio (el de antinarcóticos) con el de la SECCATID (la Secretaría encargada de preocuparse por las adicciones). Encuentren después donde está el presupuesto destinado en el sistema de salud a atender estos problemas. No creemos que llegarán a una conclusión muy distinta a esta: se ha invertido mucho tiempo, recursos y esfuerzo en la lucha frontal para obtener resultados nulos o magros y se han dejado abandonadas las soluciones al problema desde la salud pública, enfoque desde el cual puede mejorarse la vida de muchas personas a menor costo que la inversión centrada en la punición.
Es hora de que, montados en el discurso internacional que legitima cambios, el Presidente Morales pueda proponer en nuestro país una política pública eficaz, humana y compasiva; y no seguir con una política simplemente punitiva hacia un problema que está aquí para quedarse y que podemos mejorar sustancialmente si reordenamos nuestras prioridades.

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05 Abr Recomendaciones para una política de drogas enfocada en la salud pública

Dentro de dos semanas, el 19 de abril próximo, dará inicio en Nueva York la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema de las drogas –UNGASS 2016. Allí se debatirá entre los Estados miembros el paradigma prohibicionista prevaleciente, el cual se examinó críticamente en Guatemala por parte de la Comisión Nacional creada para la Reforma de la Política de Drogas –ver documento de diagnóstico (septiembre 2014). No obstante, debido a la crisis política que vivimos en 2015, el trabajo de la Comisión fue interrumpido en espera de mejores condiciones para retomar el debate con diversos actores de la sociedad civil sobre las políticas públicas y las leyes relacionadas con la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas.

Entre las preocupaciones insuficientemente discutidas en Guatemala destaca el problema de salud pública que representa el consumo de drogas tanto para el Estado como para la sociedad. Aunque no todos los consumidores de drogas ilícitas son problemáticos, es decir, víctimas de una dependencia que no les permite llevar una vida funcional, el Estado de Guatemala prácticamente no brinda la atención necesaria para los que sí lo son, pues sólo cuenta con un centro ambulatorio y de bajo presupuesto –ni siquiera sabemos con certeza las cifras del consumo entre la población. Las respuestas privadas al problema son poco alentadoras, pues generalmente carecen de un sustento científico y médico que ayude efectivamente a los pacientes a recuperar su funcionalidad. El Ministerio de Salud Pública apenas tiene una mínima capacidad para controlar a los centros privados de atención, donde incluso podrían estar ocurriendo violaciones a los derechos humanos de los pacientes, al privárseles de libertad en contra de su voluntad. Tampoco existen en Guatemala programas preventivos efectivos, ni mucho menos una práctica que minimice los daños colaterales del uso de drogas. Por ejemplo, en los países desarrollados está muy difundida la provisión de jeringas nuevas para evitar el contagio de VIH-SIDA o hepatitis C entre los consumidores de heroína, que suelen compartir jeringas usadas y así difundir esas otras graves enfermedades que ponen en riesgo a más personas.

Por otro lado, el enfoque de salud pública requiere dejar de concebir a los consumidores de drogas como delincuentes a ser encarcelados, y llama a considerar la despenalización del consumo. En muchos países las cárceles se llenan de consumidores que no han cometido ningún crimen violento, pero ya privados de libertad sí pueden ser víctimas de peligrosos criminales y eventualmente pueden empezar a consumir otro tipo de drogas mucho más dañinas para su salud. Según registros del Sistema Penitenciario, en Guatemala no hay tantas personas presas como en otros países por este tipo de delitos, pero sí hay mucho más mujeres que hombres que entran a prisión por el delito de “posesión para el consumo” y reciben una pena totalmente desproporcionada. Esto representa un costo innecesario para el Estado, para el individuo y para la sociedad. Además, es bien sabido que entre las malas prácticas policiales aún se encuentra la implantación de evidencia falsa, generalmente bolsitas con alguna droga, para capturar a supuestos criminales a quienes no se les ha podido detener con evidencia sólida. Este método reprobable también se ha prestado para conseguir el pago de sobornos en puestos de registro. Adicionalmente, los jueces no poseen criterios claros en la ley para distinguir a un simple consumidor de un distribuidor minorista, o de un narcotraficante, lo cual puede conducir a que los primeros puedan pasar años en prisión por algo que en ciertos Estados de la Unión Americana ya ni es considerado como un delito, tal es el caso de la marihuana para su consumo recreativo en Washington, Colorado, Oregón, Alaska y en el mismo Distrito de Columbia, la capital federal.

En este sentido, vale la pena resumir las principales recomendaciones de la comisión conjunta entre The Johns Hopkins y The Lancet (publicadas el 24 de marzo 2016, Public health and international drug policy) y las cuales están basadas en la evidencia científica disponible:

  1. Despenalizar lo que en la actualidad se consideran delitos, convirtiéndolos en faltas menores por el uso, la posesión y la venta en pequeñas cantidades de drogas, cuando no hay violencia de por medio, al mismo tiempo que se fortalecen las respuestas de salud pública y se generan alternativas a la sanción penal.
  2. Reducir la violencia y los daños ocasionados por la represión estatal, lo que incluye mantener al margen a los militares de la persecución del narcotráfico. Las fuerzas de seguridad civiles deben enfocarse en perseguir a los grupos criminales más violentos.
  3. Asegurar el acceso a servicios que reducen los daños por el uso de drogas, como espacios seguros y supervisados, especialmente en prisiones y centros de detención preventiva.
  4. Asegurar la disponibilidad de centros de atención para quienes sufren dependencia a las drogas, con tratamientos basados en las ciencias médicas y que sean respetuosos de los derechos humanos del paciente, lo que implica eliminar la detención contra su voluntad y cualquier otro abuso en nombre de un supuesto tratamiento.
  5. Garantizar el acceso a drogas controladas, como las utilizadas contra el dolor en cuidados paliativos de pacientes con cáncer en fase avanzada, estableciéndose instancias multisectoriales que contribuyan a determinar los niveles de existencia necesarios anualmente.
  6. Reducir el impacto negativo de las políticas de drogas en las mujeres y sus familias, minimizando especialmente el encarcelamiento de mujeres que no cometieron algún crimen violento.
  7. El control de cultivos ilícitos también debe de tomar en cuenta los criterios de salud, por lo que deben detenerse todos los programas que incluyan la aspersión aérea de herbicidas tóxicos. El desarrollo alternativo debe considerarse como parte de las estrategias que, además, deben ser implementadas en consulta con las comunidades afectadas.
  8. Los Estados deben favorecer la inclusión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la determinación del nivel de peligrosidad de cada droga, lo cual debe informar las políticas. Los Estados también deben enviar en sus delegaciones a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena a funcionarios de salud pública (y no sólo a diplomáticos y funcionarios de seguridad).
  9. Los avances generados por las políticas de drogas deben medirse con indicadores de salud, desarrollo y derechos humanos. Tanto la OMS como el PNUD deben contribuir en su formulación. Por ejemplo, este último ya ha propuesto algunos indicadores como el grado de acceso a tratamiento, frecuencia de muertes por sobredosis, y nivel de acceso a programas sociales para usuarios de drogas. Toda política pública debe ser monitoreada y evaluada, midiéndose también su impacto en los grupos más vulnerables, como niños y jóvenes, mujeres y personas en situación de pobreza.
  10. Es necesario aplicar el método científico para evaluar cualquier avance hacia mercados de drogas regulados. En el corto plazo es políticamente poco probable que se regulen las drogas controladas por las Convenciones Internacionales, aunque el daño que causan los mercados criminales y otras consecuencias nocivas del paradigma prohibicionista ya han movido a ciertos países en esa dirección, como es el caso del cannabis en el Uruguay.

Foto: tomada del Global Drug Policy Observatory de TNI http://cannabishistory.tni.org/

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25 Mar Iglesias y pobreza en Guatemala

Según la Corporación Latinobarómetro (2014) en 1996 Guatemala tenía un 25 por ciento de evangélicos, quienes crecieron en 15 puntos porcentuales en los siguientes 17 años, hasta llegar al 40 por ciento de la población total en 2013.[1]  Por su parte, el Pew Research Center (2014) confirma que un 41 por ciento de la población guatemalteca es evangélica, ubicándose de esta manera Guatemala, junto con Honduras, como el país con mayor porcentaje de cristianos no-católicos de toda América Latina.[2]

Las primeras iglesias cristianas evangélicas llegaron a Guatemala gracias a la Revolución Liberal de finales del siglo XIX. La política explícita del Gobierno pretendía constituirlas como un contrapeso ideológico y político al gran poder que había gozado hasta entonces la Iglesia Católica, siempre aliada de los Conservadores. No obstante, el reciente crecimiento de las iglesias evangélicas puede medirse con bastante precisión desde 1957, utilizándose los datos del Ministerio de Gobernación (MINGOB), quien lleva un control de las mismas por la disposición constitucional del reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 37).[3]

Como puede observarse en el siguiente gráfico, fue hasta 1980 que se alcanzó la tasa de una iglesia evangélica por cada 100 mil habitantes, pero en tan solo dos años dicha tasa se duplicó y llegó hasta tres por cada 100 mil ya en 1984. Esto refuerza la evidencia sobre el uso de la religión evangélica como política contrainsurgente del Estado guatemalteco, particularmente durante el gobierno de facto del General Efraín Ríos Montt.[4]  El objetivo era contrarrestar, nuevamente, la influencia de la Iglesia Católica, que por medio de la denominada Teología de la Liberación estaba favoreciendo, en alguna medida, los planteamientos de la izquierda revolucionaria –por ejemplo, con el discurso y la práctica de “la opción preferencial por los pobres”–. Dicho Estado contrainsurgente llegó al extremo de  definir como enemigos a muchos agentes de pastoral católicos, incluidos sacerdotes y religiosos, celebradores de la Palabra y catequistas.[5]

En 1996 se volvió a duplicar la presencia de las iglesias evangélicas, según los registros del MINGOB. Justo en la primera medición del Latinobarómetro, cuando se estimó en 25 por ciento de la población –unos 2.6 millones de habitantes–, la tasa era ya de 4 iglesias por cada 100 mil habitantes a nivel nacional –es decir, 16 iglesias por cada 100 mil evangélicos–.

iglesias por 100 mil hab por años de 1957 a 2015Fuente: elaboración propia a partir de datos del MINGOB 2016 (SOY502).

En el año 2009 se duplica nuevamente la tasa de iglesias evangélicas, llegándose a ocho por cada 100 mil habitantes. En 2013, si tomamos como referencia el dato de Pew Research Center de un 41 por ciento de población evangélica –unos 6.3 millones de habitantes–, estaríamos observando una tasa de 31 iglesias por cada 100 mil evangélicos –es decir, que se habría duplicado dicha cifra en un período de 17 años–.  Seguramente, como indica la tendencia del gráfico, en 2016 habrá una nueva duplicación: con 16 iglesias por cada 100 mil habitantes de todo el país.

Ese comportamiento de contagio que se observa a nivel nacional, sin embargo, no es homogéneo en todo el territorio guatemalteco. Una vez se ajusta por diferencias en población, hay departamentos donde la densidad de iglesias evangélicas es mayor, siendo el promedio nacional de 15 iglesias por cada 100 mil habitantes. Esos son los casos de Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez, El Progreso y Escuintla. El resto de los departamentos están por debajo de dicha tasa nacional, siendo Alta Verapaz y Jalapa los que presentan una menor tasa, de 3 iglesias evangélicas por cada 100 mil habitantes.

iglesias por 100 mil hab 2016 en dptos GuatemalaFuente: elaboración propia a partir de datos del MINGOB 2016 (SOY502) y con proyecciones de población INE.

¿Cuál es la razón por la que las iglesias evangélicas se han multiplicado más en unos lugares que en otros?  Hay quienes piensan que los pastores evangélicos se aprovechan de la ignorancia de la gente o de sus niveles de pobreza, siendo ambas características socioeconómicas las que los harían más vulnerables ante una predicación que hace énfasis en la promesa de salvación espiritual, es decir, en un más allá donde sus problemas del aquí y el ahora serán superados. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no parece respaldar dicha hipótesis.

Por el contrario, parece que los pastores evangélicos priorizan su expansión en departamentos con menores porcentajes de pobreza total, específicamente menor incidencia de pobreza extrema, como se muestra en los siguientes gráficos. Sólo Santa Rosa, Retalhuleu y Zacapa son departamentos donde el porcentaje de NO-pobreza es relativamente alto –es decir, por arriba de la media nacional–, pero donde la presencia evangélica no supera la tasa nacional de iglesias. En contraste, en ningún departamento con bajos porcentajes de NO-pobreza (o alta incidencia de pobreza extrema) hay una alta tasa de presencia evangélica.

Si asumimos que el pastor evangélico se comporta como un agente racional, quien busca maximizar sus ganancias, al hacer su análisis de costo-beneficio se termina inclinando por aquellos lugares donde podrá obtener mayores ingresos para su iglesia y sus finanzas personales. Sabemos que reclamar el diezmo a sus afiliados es una política común en las iglesias evangélicas, por lo que dada esa tasa fija del 10 por ciento, el ingreso será mayor en una comunidad pudiente que en una pobre. Por lo tanto, no es cuestión de maximizar el número de fieles, sino los ingresos per cápita en determinado territorio.

iglesias por 100 mil hab 2016 vs pobreza extrema 2014

iglesias por 100 mil hab 2016 vs NO pobreza 2014

Claro que el incentivo financiero es importante, pero no lo explica todo. Los datos de la ENCOVI 2014 también parecen sugerir que a las iglesias evangélicas les es más fácil llegar a aquellos lugares prósperos porque en ellos hay mayor acceso a la televisión por cable, uno de los medios de comunicación privilegiados para difundir su mensaje, especialmente por la presencia de los llamados tele-evangelistas y sus canales de televisión.

iglesias por 100 mil hab 2016 vs TV por cable 2014

Por otro lado, sabemos desde la Reforma Protestante en la Europa del siglo XVI, que el énfasis en la lectura directa de la Biblia requiere de niveles de escolaridad mayores a los que exige la Iglesia Católica, donde el acceso a la Biblia continúa mediado por su liturgia y el magisterio eclesial. La ENCOVI 2014 muestra que, en efecto, hay una correlación positiva y estadísticamente significativa entre los niveles de escolaridad promedio de los departamentos y la presencia de las iglesias evangélicas en ellos. Aunque también cabe la posibilidad de una expansión evangélica basada en la segmentación socio-económica, esto es, iglesias para distintas clases sociales, como se sugiere en el documental de la Televisión Española (2002), En Portada: “Guatemala, El mercado de la fe”.[6]

Lo anterior tiene cierto sentido como atractivo adicional para asistir a la Iglesia, en el caso de los estratos de clase media alta y alta, pues no es sólo el contenido y la forma del culto, sino también las redes sociales que el mismo facilita. Los contactos profesionales y comerciales, por ejemplo, que se construyan con los hermanos en la fe efectivamente pueden favorecer la carrera profesional y los negocios, lo cual haría realidad la promesa de la llamada Teología de la Prosperidad que se predica en muchas de las iglesias neo-pentecostales. Es un fenómeno similar al de los colegios y las universidades privadas, pues no se paga tanto por la calidad de la enseñanza, sino por el capital social que se puede acumular a lo largo de años de codearse con personas de cierto nivel socioeconómico.

iglesias por 100 mil hab 2016 vs escolaridad promedio 2014

Puede ser que algún defensor de las iglesias evangélicas intente replantear la causalidad a la inversa, afirmando que es la mayor presencia de dichas iglesias la que explica menor incidencia de pobreza, utilizando el conocido argumento de Max Weber sobre la ética protestante y el capitalismo, específicamente del calvinismo.[7]  Sin embargo, la misma ENCOVI 2014 pondría en tela de duda dicha afirmación, pues mientras que la presencia de las iglesias aumentó a nivel nacional en casi un 150 por ciento entre 2006 y 2014, pasando de una tasa de seis a una de 14 iglesias por cada 100 mil habitantes, la pobreza aumentó en Guatemala en más de nueve puntos porcentuales, subiendo de 51.2 a 59.3 de incidencia (INE, 2015).[8]  Mientras más personas se convertían (renacían) al discurso (neo) pentecostal y sus prácticas, la pobreza pasó de afectar a unos 6.7 millones de personas en 2006 a unos 9.4 millones en 2014. En realidad, cada día nos alejamos más del Paraíso Terrenal o del Reinado de Dios, uno de justicia e igualdad, como dirían los teólogos de la liberación.

Según algunos sociólogos de la religión, la pobreza y las creencias en lo sobrenatural van de la mano, pues a mayor pobreza mayor incertidumbre sobre la vida y, por lo tanto, mayor necesidad de certeza por medio de algún “poder superior” que les ayude a las personas pobres a percibir cierto control sobre las variables que afectan su bienestar y hasta su propia supervivencia. Seguramente, la Iglesia Católica sigue cubriendo esas necesidades en áreas pobres y más rurales, mientras que las iglesias evangélicas se han especializado en las zonas urbanas menos pobres. Por cierto, la ENCOVI 2014 también revela que fue en dichas zonas donde aumentó más la pobreza, pasando de 30 a 42 por ciento entre 2006 y 2014 –mientras que en las áreas rurales aumentó de 70 a 76 por ciento dicha incidencia–.

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[1] Corporación Latinobarómetro (2014). Las religiones en tiempos del Papa Francisco. Disponible en Internet http://www.latinobarometro.org/

[2] Pew Research Center (2014). Religion in Latin America. Widespread Change in a Historically Catholic Region. Disponible en Internet http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/

[3] Datos facilitados en publicación de SOY502: Villagrán, Ximena (2016). Guatemala: Por cada templo católico habría hasta 96 evangélicos. Disponible en Internet http://www.soy502.com/articulo/cada-iglesia-catolica-hay-6-evangelicas-registradas

[4] Ver libro de Garrard-Burnett, Virginia (2010). Terror in the Land of The Holy Spirit. Oxford University Press.

[5] Ver Comisión de Esclarecimiento Histórico (1999). Guatemala Memoria del Silencio. Disponible en Internet https://web.archive.org/web/20130506010504/http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/toc.html

[6] Disponible en Internet https://youtu.be/itgVDENedkI

[7] Weber, Max (1955). La ética protestante y el espíritu capitalista. Publicada originalmente en alemán (1905). Ver resumen disponible en Internet https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%A9tica_protestante_y_el_esp%C3%ADritu_del_capitalismo

[8] INE (2015). República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. Principales resultados.

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10 Mar El Poder Oculto en la Conciencia

En la Guatemala actual, a través de los medios de comunicación, cada día recibimos noticias que manifiestan los desajustes de la sociedad guatemalteca, entre ellos se destacan la violencia, la pobreza, la migración, la corrupción, los robos y asaltos. En las expresiones cotidianas es común escuchar frases tales como: “No hay justicia”, “la Policía son los mismos que roban”, “los Derechos Humanos defienden a los mismos ladrones”, “los políticos son unos mentirosos y corruptos,” entre otras expresiones.

Al recorrer algunos lugares de Guatemala lo más común es encontrar basura. Mucha de ella es de plástico, hay un sinfín de bolsas por todos lados. No hace falta ir muy lejos, cada quien lo puede observar por donde transite, y no dudo que se encontrará con algo de esto. En pleno corazón de la capital de Guatemala, se puede dar un recorrido entre las zonas 3 y 7 de la ciudad para encontrarse con la realidad que allí se vive. En la cercanía de los pueblos y adentrándose en las montañas, los ríos están contaminados por las aguas negras, o por desechos sólidos.

Quizá la primera reacción que usted tenga como lector sea decir: “eso ya se sabe”, “nadie hace nada”, “lo mismo de siempre”. O quizá su reacción sea distinta. No obstante, con estos aspectos lo que intento generar es la reflexión y el análisis sobre tres elementos fundamentales que se entrecruzan con estas problemáticas: 1) Las funciones de las instituciones, 2) Las actitudes de las personas, y 3) El concepto que se tiene sobre la vida.

1) Las funciones de las instituciones: El descontento que se manifiesta respecto a estas tiene que generar el cuestionamiento del sentido mismo de las instituciones. Cuando los medios institucionales ha perdido su propia credibilidad es porque ya no están sirviendo para lo que se han constituido o nunca han funcionado para el servicio del bien común. Hay un desajuste entre el deber ser y el hacer.

2) Las actitudes de las personas: Las manifestaciones de muchas personas son tan variadas, aunque la actitud más generalizada es la indiferencia, al no comprometerse. Por lo general se espera que los otros cambien, que los otros hagan. Hay, entonces, un quebrantamiento de la confianza en las instituciones, como la escuela, los centros de justicia, los centros de salud, y el resto de las instituciones políticas y económicas.

3) El concepto que los guatemaltecos tenemos de la vida: Es un concepto que cobra relevancia, se trasluce en el individualismo, no en lo colectivo. No importa a quién se debe dañar para obtener lo que se quiere. No importa que los otros sufran si yo no sufro, por ejemplo, no importa tirar mi basura donde sea, con tal de no llevarla conmigo. No importa transgredir con tal de alcanzar lo que yo quiero.

Las preguntas que nos ayudarían generar una reflexión más extensa son las siguientes: ¿Qué país se ha construido para los que vivimos aquí?, ¿Qué país queremos para el futuro de las nuevas generaciones?, y ¿Quién lo ha decidido por nosotros?

Las instituciones son sólo un medio para la propia organización y dinamización de los seres humanos en sociedad. El fin, sería el aspecto que nos enlaza al cuestionamiento. Si las instituciones terminan siendo los fines últimos de la vida de los seres humanos, se retrocederá en la amplitud de las capacidades humanas: creatividad, innovación, productividad, y entonces podemos estar en el peligro de ser víctimas de las propias instituciones, porque igual terminan siendo un sistema organizado establecido para manipular nuestras conciencias, para funcionar de determinada manera, ¡si de eso no hay conciencia! Todo pareciera normal a nuestro alrededor. Nos parece normal que la propia infraestructura de los centros educativos estén en pésimas condiciones, que la formación de los educandos sea deficiente, que los centros de salud estén sin los recursos básicos, incluso nos parecer normal el autoritarismo de quienes ocupan los espacios de responsabilidad y servicio.

La invitación sería aprender a cuestionar lo que está establecido, lo normalizado y evitar normalizar lo que nos destruye lentamente. Cuestionemos lo establecido y evitemos ver lo normalizado como una realidad inamovible. Al actuar como que no sucediera nada, terminamos siendo víctimas sin darnos cuenta de lo que yo llamaría el individualismo engañoso: el creer que uno no es afectado cuando tira la basura en cualquier lugar, cuando contamina los ríos, cuando se destruyen los bienes públicos, sin darnos cuenta que es una trampa de la llamada modernidad, como diría Zygmunt, B. (2005) “el residuo es el secreto oscuro y bochornoso de toda producción”, “los basureros son los héroes olvidados de la modernidad.”

Pongamos otro llamado de atención en este análisis: ¿Por qué los seres humanos nos portamos con esos desajustes, es decir, tirando basura y contaminando ríos?, ¿Por qué hay gente que roba?, ¿Por qué hay gente que vive en la miseria mientras otros lo hacen en la abundancia? Unos dirían que es por la falta de educación, o que unos tienen suerte y otros no, que es cuestión del destino, o simplemente es voluntad de Dios. A esto, le llamo el consuelo falso con el que muchas personas aquietan su indignación, y opacan su capacidad de crear una vida diferente encaminada a la dinamización de ese ideal de equilibrio vital.

Quizá el paso siguiente que se tiene que dar es preguntarnos, ¿Cómo nos formamos los conceptos de lo que somos, vivimos y actuamos?, ¿Cómo los adquirimos?, ¿Qué ha moldeado lo que cada uno es? De nuevo, cuestiono: ¿Qué es lo que está establecido para nosotros como sociedad a nivel de institucional, a nivel político, económico y social?, ¿Quiénes o qué hace que nosotros pensemos y actuemos de determinada manera? Y ¿Cómo se sigue perpetuando aspectos como la pobreza y la violencia?

Un punto clave es vernos como creadores, como actores de nuestra sociedad, es decir, ser sujetos y no objetos, agentes y no sólo receptores. Es diferente ser parte de una sociedad y no sólo un número en la sociedad. Ahora estamos en un nuevo año, un nuevo gobierno, una nueva coyuntura, un nuevo ciclo que se traza para Guatemala. Sería bueno preguntarse: ¿Qué tipo de sociedad queremos los guatemaltecos?, ¿Qué capacidades tenemos?, ¿Qué elementos tenemos para hacer de Guatemala una sociedad distinta a la de ahora? Se nos plantea el desafío de activar nuestra conciencia y estar despiertos ante “la sociedad que se apodera de la imaginación particular del individuo, dejándola manifestarse sólo en y a través de sueños, la fantasía, la transgresión y la enfermedad. De ese modo el sujeto no pensará ni imaginará más que lo socialmente es obligatorio pensar y hacer”-Castoriadis, citado por Dittus, (2006)-.

He partido de forma muy general, pero continuaré en aspectos más puntuales en los próximos artículos.
Referencias:
Castoriadis, C. (2010), Institución Imaginaria de la Sociedad. 1a. ed.1a. Reimpreso en Buenos Aires Argentina.
Bauman, Z. (2005) Vidas Desperdiciadas: La Modernidad y sus Parías. Barcelona, España.
Ibáñez, T. (2005) Contra la dominación, Barcelona, España.

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20 Ene La imposibilidad de domar un dinosaurio

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso

Jimmy Morales despertó el viernes a la realidad de ser el Presidente de todos los guatemaltecos y el sistema dinosaúrico (clientelar, corrupto e ineficiente) estaba junto a él cuando lo hizo. El día anterior había tenido la posibilidad de mirar de frente a ese dinosaurio y contarle una historia que empezó en abril, la historia de su extinción, de su desaparición por un ambiente darwinista hostil llamado plaza. Podía además haberle relatado como él, Jimmy Morales, iba a ser protagonista de ese relato que transformaría al dinosaurio en otra clase de animal, digamos en un bello quetzal[1] (lo dejo aquí, ya estiré la metáfora demasiado). Tuvo la oportunidad, pero no lo hizo. Mas bien pareció no cuestionar la máquina que pilotará los próximos cuatro años. Se limitó a argumentar que él la dirigirá con mayor honestidad.

Los discursos políticos de gran envergadura son una oportunidad para asentar la narrativa que va a fundamentar las acciones posteriores. Concretamente uno de investidura como el del jueves se compone de un diagnóstico de los problemas, una definición de nación y una visión a alcanzar. Son, claro está, políticos en la medida en que señalan direcciones de acción pública y por lo tanto posicionan al gobierno entrante marcando con ello una agenda que en el mejor de los casos orientará al gobierno a grandes rasgos.

El nuevo mandatario ejecutó bien el discurso. Con soltura, buena dicción y capacidad de dramatización lo condujo a buen puerto en la parte formal, aderezado por momentos motivacionales bastante efectivos. Se equivocan los que lo han criticado por sentimental. La carga emocional no está ni debería estar fuera de una alocución como esta. El problema no es que sea emotivo, es que solo sea emotivo. Los relatos de este tipo encuadran además las intenciones del gobernante, que hace un intento de situarse en su contexto histórico. Es un posicionamiento ante los retos de Grand Policy del país, una propuesta de línea de acción básica. Esta última parte es la que estuvo en buena medida desaparecida en la deposición del Presidente Morales.

Los tiempos son importantes. La duda sobrevuela a Jimmy Morales como líder político. No tiene equipo, no sabe qué hacer, es ignorante, es inocente ante los tiburones del Congreso….son afirmaciones que se repiten en el espacio público y que con seguridad quedarían reflejadas en encuestas de opinión si tuviéramos alguna en el país. El momento en el que todo arranca era clave para marcar el tono de la Presidencia. El lugar era idóneo, con el país atento y las fuerzas del Estado, incluidas las internacionales, presentes.

Pero el Presidente parece no entender las razones que le llevaron a serlo. La serie de eventos que supusieron la caída de Otto Pérez, Baldetti, Sinibaldi y Baldizón son de carácter extraordinario. Hablaron de una ciudadanía urbana harta de que la sucesión de políticos tuviera las mismas consecuencias. Las manifestaciones pusieron en jaque las prácticas políticas tradicionales dando varios resultados increíbles, como el encarcelamiento del Presidente en ejercicio y el triunfo electoral de un paracaidista que pasaba por allí. La ciudadanía eligió a Jimmy precisamente por venir de fuera del sistema ¿quién mejor que un completo outsider sin deudas para retar al monstruo?

Ante ese desafío formidable en vez de darnos una visión medianamente profunda de lo que supuso el movimiento ciudadano Morales se dedicó buena parte del discurso a hacer una loa insustancial a la plaza, sin proveernos de su interpretación histórica de lo sucedido. No habló apenas sobre lo que la gente pedía esos sábados salvo por una manoseada referencia a la lucha contra la corrupción, como si esta se diera en el limbo, en abstracto. Si el cura en la misa habla de no pecar sin mayores matices, nadie (o todos, que es lo mismo) va a sentir ese mensaje especialmente dirigido a su persona. En cambio si, como Jesucristo en el pasaje de la lapidación de la mujer adúltera, se pone a escribir las faltas concretas en el suelo el mensaje tiene mucho más impacto. Ni una sola alusión al Congreso y su negociación de puestos y contratos, ni a las municipalidades, al listado geográfico de obras o al régimen de justicia, ni un pequeño atisbo de su diagnóstico del sistema y por lo tanto de las soluciones. Nadie se dio directamente por aludido cuando muy enfáticamente dijo: Ay de aquel que con ciega locura el dinero del pueblo se quiera robar porque seremos drásticos y severos. Una declaración personal de intenciones no sustituye a una asignación de responsabilidades. Dio la sensación de no querer pelearse con nadie.

Para mayor decepción no mencionó ninguna de las reformas de la plaza. Servicio civil, un nuevo sistema de partidos, reforma de justicia, de la policía… No hubo referencias a cambios constitucionales (más bien la Constitución queda elevada a la categoría del King James Bible como libro de texto para aprender a hablar y escribir), ni a la CICIG y su labor, nada…mencionó lo sucedido en 2015 pero lo vació de significado.

El discurso en general se refirió más a cómo operar el sistema. Entrarle a salud pero distribuyendo mejor los medicamentos. Entrarle a educación para que todos lean. Entrarle a desnutrición (como los anteriores gobiernos) pero ahora sí que sí (con un funcionario que ya dirigió la política pública).  El discurso sobre las políticas económicas fue significativo en este sentido. Cometió dos errores, que juntos, son graves. En primer lugar al margen de las muy típicas reseñas a inversión, turismo y exportación no dio guía sobre su modelo económico. En segundo lugar lo único donde fue concreto es donde no hay que serlo…en las cifras, especialmente en las que no puedes fácilmente cumplir. Prometer 6% de crecimiento anual, con el pobre desempeño que ha tenido la economía guatemalteca, se antoja un atrevimiento del que se va a arrepentir (pues la prensa, que no perdona, se lo sacará). Mantener expectativas (irreales) altas no es una gran política de comunicación, la gente no es tonta y la realidad es contundente.

El único momento donde tomó un partido claro, fue en su reflexión sobre el modelo postconflicto. Valdría la pena que Morales recapacitase sobre las heridas del país que desde el jueves encabeza. Lo que reflejan los encendidos debates en redes sociales sobre lo que pasó en Guatemala en los ochenta es que el manera de dar por finalizada la lucha armada no satisfizo a nadie. Miembros del ejército y sus simpatizantes sienten que perdieron la guerra política. La izquierda que ve con buenos ojos lo que hizo la guerrilla tiene la clara visión de que el resarcimiento implica abrir juicios contra militares. Y a todo esto, lo más importante, miles de desapariciones sin resolver. Se les pidió a los familiares que pasaran página habiendo sido en la mayoría de los casos ajenos a la lucha de poder. Al margen de los tres actores del conflicto (Ejercito, Guerrilla y víctimas) el resto de la población quiere que se haga justicia pero está a la espera de que un líder político fuerte logre de una vez por todas pasar página. Decir que hay dinosaurios que incentivan  conflictos recalentados y manufacturados de los que pretenden ganarse la vida dividiendo a los guatemaltecos, es una postura clara sobre un debate que será trasversal en sus cuatro años de gobierno, pero de seguir con esa interpretación el problema perdurará, las heridas no se cerrarán. Otra oportunidad perdida para asentar la piedra de una verdadera política de Estado.

El dinosaurio sigue aquí. La división ideológica derivada de las heridas todavía abiertas de la guerra sigue aquí. La relación perversa entre ejecutivo y legislativo y entre gobierno central y alcaldes sigue aquí. La necesidad de reformar el sistema, eso que la plaza tan alabada por el Presidente pedía, sigue aquí. Morales lo ignoró y el dinosaurio que sigue aquí pareció más eso de lo que no se habla (el elefante en la habitación que dicen los anglosajones), pareció que nos decía que el problema no era el terrible animal del pasado sino el jinete que lo cabalga. Habrá que decirle a Jimmy que los dinosaurios no son animales domésticos que se puedan montar. Al revés, son salvajes, y se lo acaban comiendo a uno si te subes a su lomo.

[1] De facto los dinosaurios de ayer son las aves de hoy.

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03 Dic Desigualdad en Guatemala: un problema para todos

Guatemala es una de las sociedades más desiguales del planeta, y por ello no es extraño que sea una de las más violentas también. Hay más de 50 años de estudios empíricos que muestran algún grado de correlación entre violencia y desigualdad.[1] Por eso mismo, ignorar dicha realidad es un error grave. Peor aún, negar el problema es casi un suicidio. Reconocer la desigualdad y sus consecuencias no debe ser algo de izquierdas versus derechas, tampoco debe serlo la búsqueda de soluciones concretas. Es un problema que nos afecta a todos y debe abordarse de manera pragmática, superándose los tradicionales prejuicios ideológicos.

La desigualdad puede medirse de diversas maneras. La desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza son las formas más conocidas. Se utilizan diversos indicadores para medirla, como los índices de Gini y de Theil. Aquí me limitaré a ver los resultados de las encuestas realizadas por el MINEDUC a los graduandos del 2014, para mostrar cómo el sistema guatemalteco de educación es una de los principales obstáculos para la movilidad social.

Un proxy del nivel de riqueza de las familias con hijos terminando el ciclo de diversificado se puede obtener sumando el número de electrodomésticos que poseen. Los más pobres no tienen siquiera uno, mientras que los más ricos suman hasta diez aparatos (TV, refrigerador, equipo de sonido, VHS o DVD, lavadora, secadora, horno microondas, computadora, consola de videojuegos, y otros). Como se puede observar en el histograma siguiente, sólo el dos por ciento de los graduandos posee en su casa los diez electrodomésticos y sólo dos por ciento no poseen al menos uno. El 14 por ciento posee cuatro, otro 14 por ciento posee tres. En general podemos decir que la distribución está sesgada hacia la izquierda.

Gráfico 1. Histograma de porcentajes de graduandos del nivel diversificado con determinado número de electrodomésticos en el hogar. República de Guatemala, 2014.distribucion electrodomesticos graduandos DIGEDUCA 2014

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de DIGEDUCA (2014).

Lo interesante, sin embargo, es ver el rendimiento de los estudiantes a partir de su nivel de riqueza familiar medida por dicho proxy. Una simple tabla de contingencia nos muestra que, en efecto, son los jóvenes con más recursos en casa los que muestran un mejor desempeño en la prueba de lectura (50 por ciento obtienen “excelente”), mientras que en el caso de los más pobres sólo el dos por ciento obtiene esa máxima calificación (en contraste, el 80 por ciento obtienen “insatisfactorio” –es el 13 por ciento para el caso de los jóvenes de familias ricas). En la prueba de matemáticas la situación es similar. Hasta un 33 por ciento de los graduandos con diez electrodomésticos en casa obtiene la nota “excelente”, mientras que en los más pobres sólo la obtiene el uno por ciento. Un 83 por ciento de estos últimos tienen resultados “insatisfactorios”. Entre los ricos el 25 por ciento saca ese mal resultado en la prueba numérica.

Sumatoria TABLAS resultados desempeño DIGEDUCA 2014 x nivel de riqueza (PDF)

En ambas pruebas, los jóvenes con más recursos están sobrerrepresentados entre los mejores punteos, pues la “excelencia” a nivel nacional sólo la alcanza el 14 por ciento en la prueba de lectura y únicamente el 5 por ciento en la de matemáticas. Respecto al rendimiento “insatisfactorio” están sub-representados pues en lectura le va mal al 48 por ciento, mientras que en matemáticas es al 65 por ciento de todos los estudiantes graduados que se les califica así. Por lo tanto, los más pobres están sub-representados en las altas notas, y sobrerrepresentados en las bajas calificaciones. Como sabemos, esto no es fruto de la casualidad. Si nos atenemos sólo al indicador de electrodomésticos, es fácil ver cómo el acceso a una computadora en casa puede aumentar el rendimiento académico de cualquier estudiante. Adicionalmente, hay otros electrodomésticos claves para el desarrollo humano, como nos diría Hans Rosling en su genial presentación TED sobre el tiempo que liberan las lavadoras automáticas a las mamás, para así atender la educación de sus hijos. Por ello, el proxy que usamos aquí no sólo refleja determinado nivel de ingresos o riqueza acumulada, sino también calidad de vida.

¿Cuál es el problema con todo esto? Pues en una sociedad democrática con igualdad de oportunidades, el sistema educativo es uno de los mecanismos para ascender en estatus. Por lo tanto, se esperaría que una educación pública de calidad facilitara la movilidad social aunque sea después de algunas generaciones. Pero en Guatemala, la calidad de la educación que provee el Estado es tan baja que condena a los pobres a un círculo vicioso: no pueden enviar a sus hijos a un colegio privado con mejor calidad en educación primaria y nivel básico de secundaria, por lo tanto sus posibilidades de encontrar empleos mejor remunerados se ve severamente limitada, lo cual hace que la siguiente generación se vea nuevamente en el mismo punto de partida.

En cambio, los padres de familia que cuentan con recursos que les permiten evadir la condena de una educación pública de mala calidad, envían a sus hijos a colegios donde pueden recibir una preparación mucho más adecuada para el futuro. Para estar claros: el 94 por ciento de las familias con 10 electrodomésticos envían a sus hijos al sector privado diversificado para educarlos. Un 63 por ciento de las familias más pobres envían también a sus hijos al sector privado, pero el de mala calidad (de hecho, mucho estafan impunemente a los padres de familia), pues como sabemos la educación diversificada está prácticamente privatizada.  El sector público únicamente atiende al 23 por ciento de la población estudiantil, según el censo de la DIGEDUCA que usamos como referencia para este análisis. No obstante, sigue siendo cierto que a menor riqueza, mayor es la dependencia en la educación pública.

Lo peor de todo es que aquí también hay incentivos fiscales que no están funcionando. Ningún establecimiento educativo privado paga impuestos, es decir que reciben subsidios gubernamentales que pagamos todos. Recordemos que una exención de impuestos es exactamente lo mismo que un subsidio, sólo que nunca entra en las arcas del Estado. Es decir que los centros educativos de élite, y esto alcanza al nivel superior (con el agravante que las Universidades no pagan siquiera la cuota patronal el IGSS para los pocos empleados que les quedan en planilla, pues es bien sabido que se han movido a un régimen de contratos temporales para sus catedráticos), pueden hacer discriminación de precios para maximizar sus ingresos (pues en teoría no tienen utilidades), pero no están obligados a conceder proporcionalmente becas o subsidios a estudiantes con potencial académico, pero sin recursos económicos. Es decir que el sistema, como está, termina subsidiando a los que más recursos tienen y castigando a los que menos poseen. Perpetuándose así la desigualdad estructural.

A mediados del siglo XX todavía era posible para algunas familias del interior de la República enviar a sus hijos a la Ciudad de Guatemala para estudiar en la famosa Escuela Normal y de esta manera obtener la educación necesaria para asistir luego a la Universidad de San Carlos, con un título de nivel medio que les permitía trabajar y estudiar a la vez. Ese fue el caso de mi padre, quien daba clases a los adultos en una escuela nocturna de la zona 3, mientras llevaba sus cursos de ingeniería civil en la USAC. Ese esfuerzo individual de mi padre, posible gracias al esfuerzo colectivo de su familia (mis abuelos que lo enviaron desde la Verapaz, y mis tíos abuelos y bisabuela que lo acogieron en la Ciudad de Guatemala), fue el que permitió que años más tarde él me pudiera enviar a mí y a mis hermanas a colegios y universidades privadas de prestigio. Ahora, esa movilidad social por medio de la educación y el sacrificio de familias enteras está mucho más limitada.

En sociedades donde la movilidad social es difícil o casi imposible, los hombres jóvenes siempre buscarán maneras alternativas para mejorar su estatus en la jerarquía social. De ello depende su supervivencia y hasta sus probabilidades de reproducción. En muchos casos, esas alternativas incluyen el uso de la fuerza y el engaño, es decir, la criminalización para ser respetados por sus pares y, si es necesario, ser temidos por los demás. Tal es el caso de las pandillas juveniles o maras, cuyos miembros en un primer momento se unen a ellas como una forma de sustituir el capital social que perdieron al migrar del área rural a las urbanas (como medio de protección ante un ambiente que no sólo les es extraño sino también hostil). Luego, ante la precariedad de oportunidades, tanto para acceder a la educación de calidad como para empleos bien remunerados, se convierten en organizaciones criminales que prestan “servicios de protección” a sus colonias o barrios, y extorsionan a la misma población del territorio que controlan. Ejercen impunemente la violencia contra aquellos que no pagan (de enero a octubre 2015, la PNC reporta 135 homicidios cuyo móvil fue la extorsión, en el área metropolitana de Guatemala que incluye varios municipios altamente urbanizados). De esta manera la pandilla se convierten en un rival directo del Estado, pues le disputa el monopolio de la utilización del poder coercitivo para la extracción de los recursos. Esto, entonces, se convierte en un problema para todos no sólo para las víctimas directas, incluyendo a las empresas que no pueden entrar a hacer negocios en esos territorios sin pagar las extorsiones.

 

Fotografía: Niños de la Escuela Oficial Rural Mixta (EORM) Colonia 19 de mayo, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. DIGEDUCA (MINEDUC).

 

[1] Pinker, S. (2011). The Better Angels of Our Nature. Why violence has declined. Pinker cita allí los diversos trabajos de Eisner, M. (2001-11), quien a su vez hace referencia a meta análisis de LaFree, G. D. (1999). “A Summary and review of comparative cross-national studies of homicide”. En M. D. Smith & M. A. Zahn (Eds.), Homicide: A Sourcebook of Social Research (pp. 125-145).

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26 Nov El Presidente no tiene quien le escriba (los discursos)

Entre todos los flancos débiles de Jimmy Morales el más urgente de resolver, la debilidad que le hace más vulnerable…es la ausencia de una estrategia de comunicación. Día tras día le vemos cometiendo errores tan absurdos como innecesarios, que le desgastan frente a la ciudadanía y redundan en el prejuicio que muchos tienen de que contratamos a alguien incapaz de manejar el monstruo político que es el Estado guatemalteco. El ser humano funciona con marcos cognitivos previamente construidos, donde encajan los mensajes. Si la gente piensa que eres inepto y tú respondes escribiendo mal la palabra “país” esa información va a caer en tierra fértil y florecerá cual lirio en primavera, reforzando el susodicho prejuicio. Quitarte de encima estas concepciones previas es una tarea titánica en el mejor de los casos y un esfuerzo inútil en el peor. Si sigue así, será el Presidente más quemado de la democracia guatemalteca….sin haber tomado posesión y sin haber hecho mucho más que hablar a las cámaras.

Desde un enfoque más psicológico y neurológico las ciencias cognitivas de la mano de Daniel Kahneman han demostrado en las últimas dos décadas que nuestras decisiones dependen en gran medida del marco lógico por medio del cual se nos presentan. En la medida en que la información que procesa nuestra intuición es presentada de manera distinta nuestro actuar será diferente. Las decisiones por tanto (las decisiones democráticas por encima de todas) no son ni perfectas ni racionales.

Marshall McLuhan, gurú de las ciencias de la comunicación en buena parte de la segunda mitad del siglo XX, decía eso de que el medio es el mensaje…de que importa más cómo transmites un contenido que lo que dice ese contenido. Importa más la forma de hacer llegar lo que explicas que el fondo. De una manera que hoy se ha demostrado excesiva gracias a las teorías que consideran los efectos de los medios de comunicación como importantes pero limitados, hablaba de sociedades visuales y sociedades sonoras como si los medios marcaran la naturaleza misma de la relación interpersonal. Lo explica así en una fantástica entrevista de 1961:

Porque todos los medios de comunicación, desde el alfabeto fonético a la computadora, son extensiones del hombre que causan cambios profundos y duraderos en él y transforman su entorno.

La exageración de McLuhan no debe descartar una idea profunda que subyace en su tesis. Las formas de comunicación tienen influencia en nuestras percepciones pues modifican el marco cognitivo del que hablábamos antes. Bien conocido es el caso del debate entre Nixon y Kennedy, donde preguntados en encuesta los que vieron la agarrada por televisión creyeron que ganó Kennedy y los que la escucharon por la radio creyeron que Nixon salió victorioso.

Ideas como la de McLuhan llevaron a autores como Sartori a hablar del homo videns o a Guy Debord de la sociedad del espectáculo. Todo se hace para ser reportado, para ser visual. Baudrillard incluso llegó a afirmar eso de que la Guerra del Golfo nunca existió, es decir, fue diseñada exclusivamente como un hecho noticioso. Los medios, esa es la moraleja, generan un realidad paralela, que tiene sus propias reglas y hay que saber competir con ellas.

Durante mucho tiempo los políticos guatemaltecos confiaron en la organización partidaria, clientelar y caciquil como el mecanismo fundamental para ganar elecciones. Esas reglas han cambiado fundamentalmente. La victoria de Jimmy, con todo lo fortuita que pudiera parecer se dio en los medios, no en la calle. Es el momento de que las fuerzas relevantes de Guatemala recuperen la comunicación como instrumento estratégico y el propio Jimmy no debería ser una excepción.

Muchos pueden considerar al marketing político como una disciplina de engaño operada por estafadores, pero se equivocan (aunque conocer a algunos consultores de a 10,000$ el mes justifica esta percepción). La comunicación política no es un tema superficial si de la administración del poder y sus tiempos se trata. En una democracia buena parte de la gobernabilidad se consigue a través de los discursos (la narrativa dirían algunos) proyectados en medios de comunicación. El Presidente Uribe (2002-2010) por encima de todo fue un excelente comunicador, una referencia sobre lo que pasaba en su país, Colombia, y sobre cómo él iba a solucionarlo. Eso generó una enorme estabilidad y le dio la facultad de hacer cumplir sus agendas. Su capital político parecía interminable y la moneda de pago era su capacidad de conectar con el público en general. Como el atinado lector puede observar en la gráfica, existe un punto de inflexión en Colombia con el cambio de presidencia, de Pastrana a Uribe en lo que a la consideración de la Jefatura del Estado se refiere. La primera legislatura Uribe mantuvo su nivel de aprobación en 71%, la segunda en 78%. En buena medida al igual que Chávez en Venezuela la conexión con el público le dio autonomía sobre los actores políticos relevantes de su país.

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Al estudiar al ser humano importa la realidad objetiva… qué renta per cápita tiene un país, cómo la dopamina influye en el comportamiento y niveles de audiencia de la telebasura. Pero igualmente importantes son las percepciones. Una vez que alguien cree algo, por muy absurdo que pudiera parecer, se convierte en una realidad a estudiar. No podemos establecer objetivamente que Morales es errático en su actuar…pero desde luego importa si es una percepción en el ambiente público y esto puede llegar a minar de manera fundamental su capacidad para dar estabilidad a un país como Guatemala.

El presidencialismo, como el gran politólogo Juan Linz se encargó de repetir durante toda su vida, es un sistema que genera todo tipo de problemas a la hora de administrar países democráticos. Como explica Eduardo Fernández en Diálogos, el profesor de Yale señalaba que dicho sistema presidencialista incentiva el desarrollo de líderes carismáticos, de mesías y salva-patrias que paradójicamente podían acabar destrozando el propio sistema democrático que les había llevado al poder . Las formas de destrozar el sistema democrático son diversas. La de un salvador carismático es grave pero la consecuencia política de que ese mesías sea percibido como un Cantinflas a la Tortrix puede ser igualmente devastadora. Para bien o para mal en un sistema presidencialista como el chapín miramos a Jimmy como el generador de soluciones, como la referencia política que mueve a la administración pública.

Morales tiene mucha experiencia en la televisión pero sabe poco sobre la lógica de actuación de los medios de comunicación y nada sobre las reglas del juego mediático. Pareciera que la naturalidad de estar en frente de las cámaras le hace ser temerario sobre los efectos de desgaste que su actuar tiene. Las cámaras han sido un instrumento de proyección de su simpatía y un medio de vida. Esto pudo servir en campaña pero ahora su estatus es diferente. Es el Presidente electo, y el desgaste de su figura afecta a la institucionalidad del país.

No existe persona en el mundo capaz de lidiar con la atención de los medios desde la posición de poder en la que está Morales si no se protege estratégicamente. Cada gesto, cada error es magnificado en ese mundo paralelo de los medios. El Presidente electo debe entender que no se trata de agradar a la gente, las cámaras ahora son una de sus mejores herramientas de gobernabilidad democrática. La elaboración de un discurso creíble es su mejor arma frente a las presiones del congreso y la mirada atenta del movimiento ciudadano. Necesita un equipo de comunicación (que no tiene), necesita estrategia y necesita barreras (en forma de portavoces o líderes políticos representativos de su proyecto político) entre él y los periodistas que estarán esperando a que se equivoque para sacar la siguiente nota o incluirlo en Las Inolvidables. No terminará los cuatro años si cada vez que abre la boca mete la pata, si cada vez que ve una cámara se acerca, simpático y dicharachero a improvisar.

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20 Nov Liberalismo y política… ¿Por qué Guatemala sería mejor si apostase por una verdadera democracia liberal?

El pasado 14 de octubre el amigo y colega, Christian Espinoza, publicó en Diálogos un artículo inicial sobre la obra de Chantal Mouffe, una de las teóricas políticas contemporáneas más importantes de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. El texto, de una gran profundidad, pretendía explicar a los lectores la crítica radical que la susodicha autora realizó contra la democracia liberal. Dicha crítica y una nueva comprensión de lo político, conforman el núcleo central del trabajo de esta brillante e interesante filósofa belga.

Durante las líneas que siguen intentaré presentar una defensa de la democracia liberal como forma política deseable. No es una crítica a Chantal Mouffe, el texto pretende ser más un apoyo al sistema político que ha dirigido los destinos de un gran número de países occidentales durante la segunda mitad del siglo XX. El maestro Giovanni Sartori señala en varios de sus trabajos, por ejemplo ¿Qué es la democracia? , o la fantástica obra de divulgación La democracia en 30 lecciones, que muchos de los críticos de la democracia caen en lo que se conoce como error del perfeccionismo. Sartori define el perfeccionismo como “un exceso de idealismo, un idealismo desmedido, y como tal, contraproducente” (Sartori 2015, 27).

La democracia liberal tiene bagaje… Es importante tenerlo en cuenta. En su artículo, Christian expone de manera sofisticada cómo nace la teoría de Chantal Mouffe, de dónde surge. Desde mi punto de vista, la misma nace del éxito, de los logros inclusivos que la noción liberal demócrata generó durante su andadura. Dicho sistema político es tan plural e inclusivo que sus mayores críticos emergieron endógena y no exógenamente. La obra de Mouffe, El Retorno de lo Político (1992), ve la luz poco después de la caída del Muro de Berlín. La crítica de la autora se centra en la incapacidad del sistema liberal democrático para tratar problemas asociados al conflicto inherente a lo político. Sin embargo, la democracia liberal había recibido ya duros ataques desde adentro… Como señala Christian en su artículo:

(…) con la publicación de Una teoría de la justicia de John Rawls en 1971, el pensamiento político liberal rompió con el largo predominio de la filosofía analítico-lingüística e inauguró una fructífera época de reflexión en torno a temas sustantivos de gran interés y prioridad para la filosofía política en las sociedades democráticas , a saber: la justicia social, la ciudadanía, las minorías, la desobediencia civil, las libertades, el pluralismo, los derechos humanos, entre otros (Espinoza 2015).

Una pregunta que deberíamos hacer antes de iniciar la crítica es: ¿ha existido una concepción político-social viable más inclusiva que la democracia liberal? Parece que los intentos “alternativos” han generado resultados cuando menos no deseables. Sin embargo, la viabilidad de la democracia liberal y su capacidad inclusiva no evita que pueda ser criticada. Es más, la crítica la hace mejor… Desde su nacimiento en la década de los 40’ y 50’, que coincide con la segunda ola de democratización, la democracia liberal no ha dejado de mejorar, de superarse a sí misma. Eso no significa que, desde los inicios, el sistema no recibiese críticas.

Los orígenes de la democracia liberal son antiguos. Si queremos podríamos encontrarlos en la Ilustración. Sin embargo, hablar de democracia liberal en la actualidad es hablar de autores como el economista austríaco Joseph Schumpeter, politólogos estadounidenses como Robert Dahl, Seymour Martin Lipset o el gran sociólogo y politólogo español Juan Linz. Destacan también economistas como John Kenneth Galbraith o Gary Becker. La democracia liberal encuentra un desarrollo profundo durante la segunda ola de democratización. Por su contribución teórica es inevitable hablar de Robert Dahl y su concepto de poliarquía… La poliarquía se encuentra, de manera inextricable unida a la democracia liberal en la segunda mitad del siglo XX.

Ahora, ¿Qué entendemos por democracia liberal? ¿Hay una o existen varias definiciones? Considero que, después del trabajo de Robert Dahl se generó un consenso sobre lo que debemos concebir por democracia liberal. De una forma u otra, la idea pivota sobre cuatro ejes:

  • Participación universalizada. Todos los individuos de la comunidad disfrutan de sufragio activo y pasivo habilitado.
  • Política y democracia como gestión pacífica del conflicto. Los actores que desean participar, lo hacen bajo un paquete de reglas comunes que gestionan el proceso de competición. Existe imperio de la ley y división de poderes.
  • Pluralismo y tolerancia. Obviamente, el sistema genera espacios de diálogo-cooperación-competición que sin duda influyen en la implementación y ejecución de políticas públicas, de mecanismos necesarios para modificar la realidad social en la que viven los individuos.
  • El eje liberal. Todos los individuos disfrutan de los derechos y libertades básicos. Dichos derechos no están sometidos –y esto puede sonar contradictorio- al juego democrático. La libertad de expresión, asociación, conciencia, movimiento, propiedad, etc., no forman parte del juego competitivo entre actores.

En pocas palabras, la democracia liberal es una mezcla virtuosa de ingredientes democráticos, republicanos y por supuesto liberales. De todas formas, las críticas a esta concepción no tardaron en surgir. Aunque parezca contradictorio, los defensores de la democracia liberal tuvieron que enfrentar argumentos críticos desde la izquierda –especialmente marxistas y post-marxistas-, pero también desde la derecha, algunos conservadores y liberales extremos, anarcocapitalistas. Los primeros señalaban que los principios liberales eran insolidarios y los segundos indicaban que el modelo liberal-democrático no proveía demasiada libertad para los sujetos individuales. Todos criticaban el mal funcionamiento de los sistemas comparando lo implementado en la práctica con constructos ideales. Todo caían en el error del perfeccionismo…

Sin embargo, una evaluación objetiva evidencia que el modelo funcionó, aguantó las críticas y siguió su camino aumentando la capacidad del sistema para generar oportunidades. Las sociedades más plurales, más pluralistas, son las sociedades edificadas con base en la democracia liberal. El pluralismo es otro de los grandes conceptos desarrollados por los teóricos liberal-democrátas de la segunda mitad del siglo XX. El de pluralismo es un término problemático que justifica el desarrollo de críticas por parte de determinados teóricos políticos… Una de ellas, nuestra querida Chantal Mouffe. Definitivamente existen problemas con la definición de este término. Para algunos autores, pluralismo está relacionado con multiculturalismo. Para otros no. Personalmente, considero que son cosas distintas, muy distintas. Nuevamente, apelando a Giovanni Sartori podríamos señalar “que el multiculturalismo no supera al pluralismo, lo destruye” (Sartori 2015, 124). Por pluralismo debemos entender tolerancia basada en tres criterios.

  • No hay una sola verdad.
  • Como indica Sartori, respeto al harm principle… La tolerancia no comporta ni debe aceptar que otro me perjudique (Sartori 2015, 123).
  • Como señala nuevamente el profesor “el criterio de la reciprocidad. Si yo te concedo a ti, tú tienes que concederme a mi: do ut des” (Sartori 2015, 123).

De lo anterior se pueden deducir muchas cosas… Una central es: Para que la democracia liberal funcione, todos los miembros de la comunidad deben compartir una misma base ética, unos mismos valores asociados al proceso de competición política, a cómo tratar a los que no piensan como nosotros, etc. Es por eso que Chantal Mouffe señala que “todo orden social es de naturaleza hegemónica”. No puede ser de otra manera… Hay un acuerdo entre determinadas élites y dichos acuerdos, dichos contratos, no pueden ser violados. Su violación destruiría definitivamente la arquitectura sistémica transformándolo constantemente. La democracia liberal se construye, en primer lugar, basándose en los principios señalados líneas atrás por Robert Dahl, y se mantiene gracias a las dinámicas de funcionamiento pluralista que Sartori tan bien ha descrito en su teoría de la democracia. Si alguna de las piezas falla, el sistema corre riesgo de desaparecer.

¿Se pueden evitar los riesgos? Creo que no… No se puede. La propia democracia habilita el sufragio pasivo, todos pueden ofrecer lo que deseen… Lleva el virus dentro. Algunos de los actores que compiten desean racionalmente destruir el sistema que les deja expresarse y optar por cuotas de poder. No toleran el mismo y presionan con el ánimo de demoler el juego liberal democrático que les ha abierto la ventana de oportunidad. Charles Lindblom hablaba de la democracia liberal y del proceso de diseño y definición de políticas públicas como un “constante equilibrio inestable” (Lindblom 1991, 5). Sin embargo, ese equilibrio inestable nos ha hecho más libres y en algunos casos, prósperos.

Creo que no hay duda de que el sistema liberal democrático necesita desarrollar herramientas para neutralizar a aquellos que lo desean anular. Toda estructura de poder lo hace. Sin embargo sería necesario ver las herramientas que las democracias liberales han desarrollado para eso y si las mismas han tenido éxito. La dinamicidad inherente al sistema político liberal-democrático provoca asimetrías importantes. Hay democracias que han sido capaces de construir espacios de libertad muy interesantes y otras que han caído en situaciones primero populistas y posteriormente autoritarias. ¿Es la mutación de una democracia liberal a una “iliberal”- utilizando el término de Fareed Zakaria en The Future of Freedom (2003) – algo deseable? ¿Funcionan mejor las realidades iliberales? Nuevamente la evidencia sostiene que no… Los sistemas iliberales no han generado amplios espacios de inclusión. No han sido capaces de proteger la estructura de derechos y libertades de una manera más eficaz, no han ampliado la comprensión del pluralismo más allá de las concepciones estrictamente étnicas y religiosas –comunitaristas-.

Los estados latinoamericanos, entre ellos Guatemala, forman parte de la tercera ola de democratización. En su momento, al inicio de las transiciones, todos nacieron como democracias liberales. Sin embargo, a día de hoy, países como la Venezuela de Nicolás Maduro ya han dado el salto, primero a una democracia iliberal y después a lo que Steven Levitsky y Lucan A. Way (2010) denominan autoritarismos competitivos. ¿Dónde queremos que se encuentre Guatemala? ¿Queremos un país donde se protejan las libertades básicas, donde haya respeto por la propiedad, donde exista la división de poderes y bajas barreras de entrada para competir políticamente? Si eso es lo que queremos, el camino es la democracia liberal, el modelo político y económico que más movilidad social y más espacios de libertad ha sido capaz de construir para un gran número de individuos.

Referencias: 

  • Espinoza, Christian. Modelos teóricos para el análisis político: el pluralismo agonista de Chantal Mouffe. septiembre 2015. http://www.dialogos.org.gt/modelos-teoricos-para-el-analisis-politico-el-pluralismo-agonista-de-chantal-mouffe-i-2/ (accessed noviembre 20).
  • Levitsky, Steven, and Lucan A. Way. Competitive authoritarianism . Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
  • Lindblom, Charles E. El proceso de elaboración de políticas públicas. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1991.
  • Sartori, Giovanni. La democracia en 30 lecciones. Madrid: DEBOLSILLO, 2015.
  • Zakaria, Fareed. The Future of Freedom. New York: W.W. Norton & Company Inc. , 2003.

 

 

 

 

 

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11 Nov ¿Es una buena idea la de un impuesto extraordinario, temporal y específico para financiar la lucha contra la impunidad?

Sí lo es. ¿Por qué?

Guatemala continúa siendo uno de los países más violentos e inseguros del planeta. Aunque hemos mejorado en los últimos seis años, terminaremos el 2015 con una tasa de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta realidad nos perjudica a todos, incluso a los guatemaltecos de más altos ingresos y con mayor riqueza, que se ven obligados a gastar en su protección personal y la de sus negocios. También afecta negativamente la actividad económica, especialmente desincentivando las nuevas inversiones, debido a los elevados costos que impone un clima de negocios incierto por falta de seguridad y justicia, y por las altas probabilidades de ser víctima del secuestro o la extorsión, entre otros delitos graves contra la integridad personal y la propiedad.

El Estado guatemalteco es uno de los más débiles de América Latina, visto desde varias perspectivas. Una de ellas: sus escasos recursos financieros para invertir en servicios públicos esenciales como educación y salud primarias, y en infraestructura productiva. Tampoco tiene recursos suficientes para un cuerpo de Policía fuerte, moderno y eficiente. Las condiciones en las que trabajan los agentes de Policía son deplorables y tienen bajos salarios que los hacen vulnerables a los sobornos. Se ha comprobado, incluso, que estructuras policiales terminan trabajando al servicio del crimen organizado o se convierten en bandas criminales. En este sentido, se debe continuar con la depuración y profesionalización de la Policía Nacional Civil (PNC), avanzando en su reforma. Todo ello requiere de recursos financieros que el Estado no posee, especialmente en medio de esta crisis fiscal que afecta a todas las entidades públicas, como en el dramático caso del sector salud, también debilitado por los altos costos de atención a las víctimas de la violencia armada.

El Sistema de Justicia está compuesto por otros eslabones fundamentales para continuar la lucha contra la impunidad en el país. El Ministerio Público (MP) ha dado muestras indiscutibles de solvencia moral, y de una mayor eficiencia en la desarticulación de bandas criminales y en los avances bien fundamentados de los casos judicializados contra la defraudación aduanera, que tienen en prisión preventiva a un ex Presidente de la República y a su compañera en la Vicepresidencia. Así que en estos momentos es importante premiar al MP con más recursos para poder afrontar los cientos de miles de denuncias por diversos delitos que recibe anualmente, entre ellos, más de 5 mil homicidios, que se suman a los miles de casos de años recientes y que no han podido ser investigados de manera que se castigue a los responsables. Sólo en la última administración de Gobierno se acumularon unos 20 mil casos más de muertes violentas sin resolver. No obstante, con sus recursos limitados, el MP ha logrado disminuir el indicador de impunidad. Así que la falta confianza o eficiencia no son un argumento válido para negarle más recursos.

De la misma manera, el Organismo Judicial (OJ), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Sistema Penitenciario y demás entidades del sector justicia, requieren recursos financieros para atraer a los mejores recursos humanos del país y para modernizarse en su administración, así como en el uso de la ciencia y la tecnología. Alcanzar una sociedad pacífica y segura tiene un costo financiero que todos debemos contribuir a cubrir. Hasta el ideólogo más libertario estará de acuerdo en que el Estado tiene un papel fundamental como proveedor de orden, seguridad y justicia. Sin estas tres características, el mercado no puede funcionar bien en una sociedad. Estado y mercado se necesitan el uno al otro para florecer, pues las transacciones deben ser libres y voluntarias, de lo contrario no hay intercambio que beneficie a ambas partes y la economía se destruye.

Según una Fundación financiada por el mismo sector privado organizado (FUNDESA 2013), la población y las empresas gastan anualmente el equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para protegerse de la violencia, el crimen organizado y la delincuencia común. El sector productivo desvía recursos propios para pagar agentes de empresas privadas de seguridad, cámaras de vigilancia, vehículos blindados, cercas y alambradas, y otra gran cantidad de mecanismos en defensa de las vidas de sus trabajadores o de sus clientes, así como para la protección de sus activos, servicios y productos. Aunque no existe una encuesta de victimización al sector privado, sabemos por las noticias que muchas empresas que tienen camiones ruteros para distribuir sus mercaderías son víctimas constantes de la extorsión. No pueden entrar a ciertos barrios del Área Metropolitana si no pagan. Varios choferes y escoltas han sido muertos por los extorsionistas al negarse a pagar.

Además del costo en vidas humanas y pérdidas para los negocios, el problema de las extorsiones refleja muy bien la debilidad estructural del Estado guatemalteco. En ciertos barrios o colonias, la burocracia estatal, la fuerza pública, no retiene el monopolio en el uso legítimo de la violencia. Por lo tanto, tampoco es capaz de mantener el monopolio sobre la extracción legítima de los recursos de la población (los impuestos). En ese sentido, hablamos de territorios en disputa con el Estado, para el control y explotación de la población que allí habita. Esto es algo que ninguna sociedad civilizada se puede dar el lujo de permitir, porque es un claro retroceso hacia el caos social, que se refleja muy bien en los altos niveles de violencia e impunidad de los que somos víctimas. No hay economía, ni negocio legítimo que pueda ser viable en esos contextos. Sólo florecen los negocios al margen de la ley, precisamente los que se especializan en el uso de la fuerza y el engaño como modus operandi.

Desde abril 2015, la sociedad civil organizada y no organizada, ha participado en un esfuerzo sostenido, tanto en las calles y plazas como en los juzgados y otros espacios de influencia (medios de comunicación y redes sociales), para depurar la casta política y sacar de puestos públicos a los corruptos. Ahora se está empezando a capturar y procesar a los empresarios corruptores, pero esto es un proceso que toma tiempo, investigación, inteligencia, equipos de expertos y profesionales, recursos tecnológicos, y todo termina en la disponibilidad de recursos económicos para financiarlos. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha jugado un papel importante en todo esto, apoyando al MP en sus labores, pero la CICIG es un esfuerzo temporal financiado por la cooperación internacional. Sus capacidades técnicas deben ser transferidas al MP y somos los mismos guatemaltecos los responsables de financiar el esfuerzo de largo plazo.

Aún no existe una propuesta técnica específica que deberá ser discutida por la nueva legislatura para su eventual aprobación. Simplemente se han mencionado experiencias en otros países, como la de Colombia, donde el gurú del sector privado más conservador de este país, Álvaro Uribe, implementó un impuesto al patrimonio de las personas ricas (con más de US$1.5 millones declarados como riqueza). Sin embargo, en Guatemala no se cuenta con declaraciones patrimoniales que permitan hacer viable este mismo criterio. A lo mejor habría que empezar por allí, pero el argumento en contra será, precisamente, que en un país como Guatemala es peligroso dar a conocer el patrimonio porque uno se puede volver víctima de los extorsionistas o secuestradores aunque, en realidad, pareciera que le temen más al fisco.

De esta manera, en el sector privado tradicional y agremiado pareciera que cada quien prefiere pagar por su cuenta su seguridad, generándose una pérdida social neta. Todos estamos peor en esa situación. Si por el contrario, lográramos superar el problema de la acción colectiva y contribuyéramos dando dos puntos adicionales del PIB al sector público para que éste se encargue de la seguridad y la justicia para todos, entonces estaríamos en una mejor situación social, como nación. Pero también a nivel individual y de las empresas, porque esos dos puntos del PIB les permitirían ahorrar los otros dos puntos que ya gastan, y que luego podrían invertirse en actividades más productivas que generarían más empleos y también más riqueza para todos. Entraríamos así en el círculo virtuoso al que todos aspiramos, pero primero debemos romper el círculo vicioso existente por algún lado. Lo peor que podemos hacer es apostarle al statu quo.

Es cierto que necesitamos una reforma fiscal integral, pero la misma no se logrará en el corto plazo. También es correcto exigir a la nueva administración de Gobierno metas claras y verificables, así como planes viables para alcanzarlas. Pero la coyuntura política le es favorable para este tipo de impuesto, pues el nuevo Gobierno goza de la credibilidad y de la legitimidad de las urnas para negociar exitosamente en el Congreso un impuesto de esta naturaleza. Podrían diseñarse, por otro lado, mecanismos novedosos para fiscalizar el uso de estos recursos específicos, incluyéndose la obligatoriedad de hacer evaluaciones técnicas de las políticas públicas implementadas para así medir su efectividad y retroalimentar al sistema, para no persistir con modelos de prevención de la violencia, por ejemplo, que no funcionan y sólo provocan desperdicio de recursos.

Es el momento de pasar del discurso a la práctica en la lucha contra la impunidad y la corrupción en este país, como bien lo indicó el Comisionado Iván Velásquez. Eso pasa por el fortalecimiento financiero del Estado. No hay dudas al respecto. Por lo tanto, hay que dejar de un lado las creencias ideológica que a priori descartan cualquier impuesto, y también hay que olvidarse por un momento de los intereses gremiales que no necesariamente coinciden con los intereses de toda la nación. Debe hacerse una propuesta que técnicamente sea viable, que minimice las distorsiones a la economía, y que demuestre que el análisis de costo-beneficio es favorable en términos sociales. Una vez definida y discutida, el Congreso y el Presidente deben blindarse ante cualquier poder de veto supra-político. El futuro está en juego. Merecemos vivir en paz y con seguridad.

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04 Nov Del porqué los políticos se involucran en delitos de cuello blanco (segunda parte)

Además de motivaciones individuales, sobre las que traté anteriormente, los políticos pueden involucrarse en actividades delictivas por motivos externos, los cuales pueden ser mejor comprendidos a partir de tres modelos de la Criminología contemporánea, que presento en esta entrega.

1. La oportunidad. “Sin oportunidad no hay crimen[1]”.   La oportunidad es una combinación de circunstancias que favorece el comportamiento. En el caso del crimen de cuello blanco, la oportunidad surge cuando los individuos perciben que pueden conseguir grandes ganancias con poco esfuerzo y bajo riesgo. En muchos casos, porque existe una cultura institucional que tolera o promueve este tipo de crimen.  Los criminales de cuello blanco generalmente saben identificar situaciones que presentan este tipo de oportunidades y a las personas que pueden convertirse en sus cómplices.  El modelo de la oportunidad sugiere que la institución puede haber permitido e incluso fomentado este tipo de delito por no vigilar y reforzar el cumplimiento de las normas y de los procesos.

Por ejemplo, en las aduanas, aún los funcionarios de un nivel inferior disfrutan de poderes discrecionales, los cuales ejercen sin supervisión cuidadosa lo cual crea un ambiente propicio para la comisión de delitos. Dada la naturaleza del trabajo aduanero, se facilitan muchas formas de corrupción: desde sobornos para “agilizar” el paso por los controles migratorios hasta la defraudación en el monto, valor o tipo de mercancías que se declaran, el flujo de personas indocumentadas y los flujos financieros ilícitos.

La corrupción promovida o tolerada en las aduanas no solo afecta a Guatemala, sino a muchos otros países. Los flujos financieros ilícitos en Centroamérica (por contrabando, corrupción, actividades criminales y evasión de impuestos) entre 2003 y 2012 representaron USD 154.5 millardos, cifra mayor al PIB acumulado de la región[2].

En Guatemala, la defraudación aduanera concurre con la historia del país. A finales de los 90’s se desarticuló una red de contrabando denominada “La Red Moreno” y en 2015 fue nuevamente puesta en evidencia una estructura a la que se le denominó “La Línea” conformada por directores de aduanas, empleados de niveles inferiores (vistas de aduna) hasta personas ejerciendo altos puestos en el Gobierno.  Asimismo, basados en el consumo final de productos, Coyoy, García y Rayo estimaron que en 2012 el comercio ilícito representó 3.4% del PIB, esto es, GTQ 13.4 millardos; para 2014, esta cifra habría aumentado a GTQ 15.4 millardos. En el año 2005 también se descubrió una red que favorecía el tráfico ilegal de ciudadanos asiáticos, quienes pagaron USD 15,000.00 por obtener pasaportes falsos que luego usarían para viajar a Estados Unidos[3].

2. El control y balance de poder[4]. Este modelo propone que debe haber un balance entre el poder que ejerce un individuo y la responsabilidad, rendición de cuentas o control al que está sometido. Una persona con mucho poder pero pocos controles (o que puede escapar a ellos fácilmente) tiene mayor inclinación a involucrarse en comportamientos desviados que aquel cuyas actuaciones están sujetas al control institucional. Este modelo también supone un ambiente favorable al crimen, en cuanto a que debe existir la oportunidad de cometerlo, plasmada en la inefectividad de los mecanismos para exigir rendición de cuentas a las personas con autoridad, pero a diferencia del anterior, agrega un elemento clave que es el abuso del poder que se manifiesta ante la falta de control.

 Como ilustración, recordemos la captura en 2012 de Adolfo Vivar, entonces alcalde de Antigua Guatemala, acusado por el Ministerio Público de apropiarse de GTQ 2 millones, como producto de la sobrevaloración de proyectos, adjudicación a empresas constructoras inexistentes, y la creación de plazas fantasma[5]. En junio de 2015, el MP indicó que agregaría nuevos delitos, y que la cifra malversada excedería los GTQ 20 millones. Hablamos de un ambiente en que la comisión del delito de cuello blanco se ve favorecida y en dónde la persona con más poder, el Alcalde, asociado con el tesorero municipal y algunos concejales (cuyo rol debiera ser el de ejercer control sobre el presupuesto y las obras ediles) se coluden para desviar fondos de la comuna. Recientemente el ex Alcalde de Chinautla Arnoldo Medrano ha sido acusado también de apropiarse de GTQ 10 millones provenientes de la municipalidad a su cargo[6].

3. Status y poder[7]. Los grupos dominantes dentro de la sociedad utilizan las leyes y las fuerzas del orden para proteger sus intereses. El sistema de justicia funciona para proteger a la clase dominante quienes se aseguran que la promulgación de leyes conserve y promueva sus intereses. En corto, la clase dominante define qué comportamientos son criminalizados y cuáles no[8]. De ahí que la legislación sobre los delitos de cuello blanco sea escasa y débil, y exista una normativa fuerte para los delitos comunes. Como bien dijo Benito Juárez “Para todos, justicia; para los amigos, favor y justicia…”

El crimen de cuello blanco se manifiesta entonces como producto de la oportunidad que provee el ambiente a través de los débiles controles, la escasa supervisión, y la ausencia de normas que regulen y sancionen el comportamiento ético de los funcionarios y empresarios. A ello se suma las bajas probabilidades de que una vez detectado el delito se lleve a juicio a los culpables y que se emita una sentencia condenatoria. En algunos casos cuando los delincuentes de cuello blanco han recibido condenas ha sido porque ya no ostentan poder o cuando los defensores no hicieron un trabajo brillante. Así también van a prisiones que generalmente tienen mejores condiciones que las que albergan a los delincuentes comunes. Todos estos aspectos influyen en la decisión de involucrarse en el crimen de cuello de blanco.

Por ejemplo,  el Diputado Rubén Darío Morales quien fungió como Presidente del Congreso de la República en 2007  fue acusado del delito de concusión por haber autorizado el depósito de Q.16 millones del presupuesto del Congreso en la Bolsa de Mercado de Futuros –MDF- por el cual recibió una comisión de Q. 300 mil[9]. Este delito (que califica como crimen de cuello blanco) es penado, de acuerdo con el Código Penal, con prisión de dos a seis años y una multa que va de cinco a veinticinco mil quetzales. Nada mal para alguien que recibió la cantidad antes citada! En 2010 también fue imputado el diputado Eduardo Meyer por el desvío de Q.82.7 millones del Organismo Legislativo a MDF. Por este delito el diputado recibió una condena de 3 años. En ese entonces la diputada Delia Back, opinó ante los medios lo siguiente: “Entonces no robemos 80 millones, robémonos siquiera unos 500 millones porque ya sabemos que allá adentro lo podemos arreglar”, y agregó “además de eso, él va a estar en la cárcel con todas las comodidades”[10].

¿Cómo prevenir que los criminales de cuello blanco sigan haciendo de las suyas?

Guatemala posee varias entidades autónomas, con antecedentes de abusos y corrupción. Escudadas tras el estandarte de su autonomía, generan oportunidades para abusar de los recursos del estado, con discrecionalidad y sin rendición de cuentas. Esto debe cambiar.

Consideremos que el crimen de cuello blanco es un fenómeno multicausal, por tanto es necesario que las medidas de prevención  integren tanto factores internos como externos.  Reducir la oportunidad, que no significa únicamente aumentar los controles (cámaras, guardias)  sino también que se descentralicen las responsabilidades, se trabaje en los valores y normas institucionales, y se construya una autoestima institucional. Con ello se incrementa el riesgo y se minimiza el beneficio de involucrarse en este crimen.

Es importante también que la ciudadanía tome un rol activo en la fiscalización de los funcionarios del Estado, demande transparencia y promueva, a través del legislativo, las leyes necesarias para regular el crimen de cuello blanco. Esto va desde los controles para la detección, así como la promulgación de una Ley que contenga sanciones acordes al delito cometido.

Por último, los empresarios y ciudadanía en general deben ser sensibilizados en el tema. Esto implica que deben recibir formación sobre las leyes existentes (que también contienen castigos para ellos), además de mecanismos que les permitan denunciar cuando se presentan situaciones en qué los funcionarios públicos les exijan o pidan dinero o mercancía a cambio de facilitar los procesos.


 

[1] Benson y Simpson, 2009.  White Collar Crime: an opportunity perspective. New York: Routledge, p.76

[2] Kar y Spanjers, 2014

[3] http://www.s21.com.gt/nacionales/2010/03/04/trafico-asiaticos-no-nuevo

[4] Teoría desarrollada por Charles R. Tittle presentada en su libro Control Balance: toward a general theory of deviance (1995)

[5] http://www.prensalibre.com/sacatepequez/Capturan-alcalde-tesorero-Antigua-Guatemala-0-773322754

[6] http://lahora.gt/capturan-a-arnoldo-medrano-alcalde-de-chinautla-por-lavado-de-dinero/

[7] La teoría del conflicto sugiere que los delitos de cuello blanco son una función del conflicto existen en la sociedad (Siegel, 2011)

[8] Petrocelli et al., 2003; Siegel, 2011

[9] http://www.todanoticia.com/33506/guatemala-proceso-contra-ruben-dario/

[10] http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/caso-mdf-pese-condena-temen-que-q828-millones-no-seran-recuperados

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