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Economía

28 May La ley de competencia y la falacia del Nirvana

Existe una tendencia entre algunos analistas de políticas públicas a comparar una imperfecta situación real con una alternativa idealizada o utópica.  Siempre suenan las voces que comparan la imperfecta situación actual con la política pública ideal llevada a la práctica por el gobierno ideal. El economista Harold Demsetz, en su trabajo de 1969 titulado “Information and Efficiency: Another Viewpoint”, bautizó esta actitud como la “falacia del Nirvana”.

En estos días el Congreso de la República se apresura a aprobar la ley de competencia más por obligación que por convicción. O, quizás, peor aún, más por obligación que por comprensión. Y es que efectivamente por obligaciones que adquiere el Estado de Guatemala por la suscripción de algunos instrumentos internacionales existe una presión para aprobar dicha normativa además del corolario de “somos el único país de la región que no tiene una ley de competencia”.

Fuera del lúgubre y escaso debate que existe en el parlamento sobre esta normativa, muchos analistas de políticas públicas argumentan que esta ley es urgente para garantizar la competencia y los mercados eficientes en nuestro país. Suelen argumentar que actualmente en el país existen monopolios y prácticas anticompetitivas que dañan el proceso de mercado y no permiten una eficiente asignación de los recursos y dan lugar a rentas excesivas.

Creo que están en lo cierto. Hay muchísimas situaciones “anticompetitivas” y “monopólicas” que afectan la asignación eficiente de recursos. Pero hay dos reflexiones que deben hacerse al respecto.

En primer lugar, muchas de esas prácticas ocurren como consecuencia de regulaciones gubernamentales que sobre el papel pretenden normar la prestación de un bien o servicio pero que en la práctica se vuelven una barrera “anticompetitiva”. Unos ejemplos ilustrarán mejor el punto.

Tomemos el caso de los medicamentos. Previo a comercializar un medicamento deben cumplirse los registros respectivos con la autoridad estatal. El sector carece de dinamismo como consecuencia de la vergonzosa e inoperante burocracia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.   Registrar una sola versión de un medicamento puede tomar casi un año. O peor aún, cambiar el diseño de la caja del medicamento (no la sustancia) puede tardar otra eternidad. Obviamente los resultados están a la vista, el mercado es ineficiente y los precios de los medicamentos altos. Cortesía del Estado.

Tomemos un segundo ejemplo. La intermediación de bienes se ve sumamente lesionada por las inoperantes aduanas que anulan los beneficios de las bajas tasas arancelarias de las que goza el país. Para efectos prácticos, los trámites aduaneros son tan ineficientes, tan lentos y tan imprevisibles que la importación de bienes se ha vuelto un negocio de alto riesgo. Basta con echar un vistazo el GlobalEnabling Trade Report del Foro Económico Mundial para dar cuenta de la penosa situación de nuestras aduanas y del enorme daño que causan a los importadores y por lo tanto a la eficiente asignación de recursos.

La inoperancia de las aduanas afecta la eficiente asignación de los recursos puesto que reduce la movilidad de los bienes transables. De esa cuenta, arbitrar productos que son más baratos en otra plaza comercial resulta sumamente gravoso. Aunque la tasa arancelaria sea baja, la prima por el riesgo de incurrir en un proceso de importación termina anulando las ventajas comparativas.

“Acá entramos a la falacia del Nirvana. si comparamos la situación actual en la cual las prácticas anticompetitivas que se nos puedan ocurrir afectan la eficiente asignación de recursos versus una situación en la cual una autoridad que se asumirá como omnisciente, altruista y no corrupta corrija dicha situación, no cabe duda que necesitamos una ley de competencia”

 

Podríamos extendernos en los ejemplos. Pero para efectos prácticos ambos casos son útiles para mi punto principal: la ley de competencia no tiene por objeto mejorar la situación de las aduanas ni hacer menos gravoso el proceso burocrático para el registro de medicamentos. De modo que el sector de medicamentos y el de bienes importados seguirán siendo tan escasamente dinámicos y escasamente competitivos incluso si se aprueba dicha normativa. La ley tiene otro propósito.

Pasemos al segundo punto. Hay prácticas que pueden comprometer el proceso competitivo del mercado y que no son consecuencia directa de la regulación a la que aludí en el punto anterior. Pero acá entramos a la falacia del Nirvana. Si comparamos la situación actual en la cual las prácticas “anticompetitivas” que se nos puedan ocurrir afectan la eficiente asignación de recursos versus una situación en la cual una autoridad que se asumirá como omnisciente, altruista y no corrupta corrija dicha situación, no cabe duda que necesitamos una ley de competencia.

Sin embargo, si comparamos la actual situación (sin duda imperfecta) en la cual hay prácticas “anticompetitivas” con la iniciativa de ley que aprobaría el Congreso (con una pobre discusión) en la cual el control del proceso de competencia estará a cargo de una Superintendencia de Competencia con un directorio designado por el presidente, Congreso y Corte Suprema de Justicia, quizás nuestra impresión sea distinta.

Si pensamos que un órgano político y “capturable” (término ad-hoc para la coyuntura actual) como la Superintendencia de Competencia es la solución para lograr un mercado competitivo, la situación parece muy distinta. Corresponde comparar dos situaciones institucionales imperfectas, ambas con sus lados oscuros y sus desventajas.

“Nuestro juicio no debe ser si “una” ley de competencia es necesaria. Nuestro juicio debe ser sobre “esa” ley de competencia que conoce el Congreso”

 

No se trata de caer en el cinismo o en la justificación del status quo. Pero la realidad es que la debilidad institucional que permea en el Estado es un hecho dado. También es un hecho dado que la ley de competencia y la autoridad de competencia son las que están en la iniciativa que hoy pretende aprobar el Congreso. Nuestro juicio no debe ser si “una” ley de competencia es necesaria. Nuestro juicio debe ser sobre “esa” ley de competencia que conoce el Congreso.

El problema más grande de la normativa que hoy discute el Congreso es el defectuoso diseño institucional de la Superintendencia de la Competencia. Con el esquema propuesto lo que podemos esperar es que dicha institución se convierta en el futuro nido de casos de corrupción por la forma tan frágil de nombrar a sus miembros, por el poder discrecional que se les otorga y por la ausencia de mecanismos de control y fiscalización.

Por eso concluyo lo siguiente: tenemos dos opciones: el estado actual de competencia mercantil (con sus fallos) o la superintendencia de competencia (mal diseñada y capturable) que la ley de competencia pretende crear. Dos escenarios imperfectos. Usted elija cuál considera que representa menores costos sociales por sus resultados esperados. Yo creo que esta ley de competencia que discute el Congreso no supone una situación preferible al estado actual de las cosas. Tengamos un debate abierto pero evitemos caer en la falacia del Nirvana.

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25 Sep ¿Está la derecha guatemalteca a la altura de las circunstancias?

Los conservadores, por definición, prefieren el statu quo. Por eso, todo aquello que suene a cambio les huele mal, lo ven con desconfianza. Y cuando perciben que el orden establecido se pone en duda, uno en el que ellos ya se encuentran tan bien acomodados, están dispuestos a tomar los riesgos que sean necesarios para su preservación.

¿Por qué hago una equivalencia casi automática entre conservadurismo y derecha política? Usemos la definición de la omnisapiente Wikipedia:

“Se conoce como derecha al segmento del espectro político que acepta las diferencias sociales como algo inevitable, natural o normal, frente a la izquierda que persigue la igualdad de la sociedad. No existe una definición estricta de derecha, aunque dadas un conjunto de dicotomías como el individualismo frente a colectivismo, confesionalidad frente a laicismo, propiedad privada frente a propiedad pública de ciertas actividades económicas, igualdad de oportunidades frente a igualdad de resultados, tradicionalismo frente a reformismo social, conservadurismo frente a progresismo, la derecha se decanta estadísticamente por las primeras componentes de cada una de ellas en mayor proporción que la izquierda.”

Guatemala se encuentra en una encrucijada: necesitamos cambiar de raíz el sistema político, es decir, el tipo de pseudo-democracia electoral que tenemos, basada en el financiamiento ilícito de campañas y en la corrupción de funcionarios públicos y agentes privados, o nos aferramos a una creencia según la cual las personas que ocupan la jefatura del Organismo Ejecutivo y las sillas de representantes en el Organismo Legislativo cuentan con la legitimidad del voto que, en realidad, ellos compraron con la ayuda de sus financistas, quienes en unos casos obtuvieron los recursos de manera ilegal, o siendo recursos bien ganados los entregaron de manera anónima o a cambio de la protección de sus intereses particulares o gremiales.

La coyuntura exige cambios institucionales muy puntuales y precisos. No podemos aspirar a hacer cambios estructurales en este momento. Por ejemplo, urge depurar el Congreso de la República para después modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos y de esta manera llegar a las elecciones del 2019 bajo nuevas condiciones. No se aconseja ahora convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con esta configuración del sistema de partidos políticos. Ya comprobamos que estos partidos son simplemente clubs de operadores políticos al servicio de los más poderosos, los que tienen más recursos para financiar el avance de sus intereses o la defensa de sus privilegios. Las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas tendrán que esperar una siguiente iteración.

Mientras que la izquierda más radical desea cambios estructurales, incluso en la matriz económica del país; los de la derecha conservadora precisamente temen que cualquier cambio, por pequeño que éste sea, se constituya en el primer paso hacia una transformación no sólo política sino también económica. Eso es lo que les da terror. Por ello, utilizan el imaginario del caos venezolano para contagiar de su miedo a los más incautos. Pero, como además son poco ilustrados, no entienden el proceso por medio del cual un populista de izquierda como Chávez tuvo la oportunidad de ascender entre el electorado de Venezuela. El chavismo es, en gran medida, el resultado de la incapacidad de las élites venezolanas para reconstituir su fallido sistema de partidos políticos.

No me extrañaría nada que en Guatemala pueda surgir con éxito un populista, pero de derecha. Ya hay varios precandidatos que juegan a ello con sus ofertas preelectorales de pena de muerte y limpieza social. Sería una Venezuela con signo ideológico distinto, pero igual de autoritaria y represiva. Es esto lo que no visualizan los auto-denominados “conservadores pragmáticos” que invitan al diálogo con un Gobierno y un Congreso con cero legitimidad y credibilidad. Además, quieren que los interlocutores de sociedad civil sean los mismos que hace 20 años firmaron la paz (y ahora algunos hasta están dispuestos a hacer la guerra). Parece que no se dan por enterados de la irrupción de nuevos actores políticos legítimos quienes, sin los miedos heredados del conflicto armado, se han puesto a construir una sociedad distinta a la que sus padres les dejaron.

Ese es el principal problema que veo en la derecha guatemalteca de hoy: no entienden que no entienden. En sus organizaciones académicas, empresariales, tanques de pensamiento, y partidos políticos no ha habido un recambio generacional. Siguen al frente las mismas figuras de hace 20 años. No hace falta mencionarlas, todos las pueden identificar. Esto explica que las ideas no evolucionen al ritmo esperado. Sus creencias ideológicas siguen siendo las mismas, incluyendo sus prejuicios hacia los demás actores sociales. Entonces, lidiar con nuevos actores les aterra. Ellos no visten con traje y corbata, ven el mundo de manera diferente, y proponen soluciones que necesariamente afectan el statu quo. Tampoco usan estrategias de los revolucionarios de los 70s y 80s, pues son pacifistas y son creativos con la protesta (convocan a los artistas, tocan tambores con ritmo bailable, no en son de guerra, y regalan flores a los policías). Entre ellos hay hípsters, humanistas seculares, dateros, veganos, y quienes reivindican orgullosamente la diversidad sexual. Estas sub-culturas de la postmodernidad que llegan a Guatemala gracias al globalismo y al cosmopolitanismo dejan totalmente desconcertados a los conservadores guatemaltecos, que por más que viajen a los EE.UU. o Europa, y hayan aprendido a manejar un teléfono inteligente, siguen con modelos mentales compartidos heredados del siglo XIX. La importancia que para ellos siguen teniendo las creencias religiosas en su cosmovisión es un claro indicador de esto último.

El otro serio problema que tienen los conservadores de la derecha guatemalteca es su tribalismo. Para ellos, el Nosotros versus los Otros es realmente irreconciliable. Si son católicos cachurecos ven de enemigos a los evangélicos y peor aún a los no-creyentes. Si son fans del Real Madrid ven como archi-enemigos a los que siguen al FC Barcelona. Y, por supuesto, si asumen su identidad de derecha ven en los militantes de izquierda al mismísimo satanás. Por eso, son ellos los primeros en querer determinar quién tiene o no legitimidad para sentarse en la mesa de un eventual diálogo ciudadano. No se quieren sentar a dialogar con la chusma, con los resentidos sociales, con los ateos, con los homosexuales y las lesbianas, con los pobres campesinos, con los indios; sólo con aquellos a los que pueden hacer bailar al ritmo de sus chequeras, a quienes responden a sus intereses corporativos, que son precisamente los que traicionaron al pueblo y su creencia en la democracia. Por ello, se quedarán solos. Cuando se vean al espejo y reconozcan que el miedo los paralizó, será demasiado tarde. Dejaron pasar una oportunidad de cambio que también los beneficiaría a ellos.

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29 Mar Recaudación fiscal para el desarrollo social

Guatemala es un país con altos niveles de pobreza y desigualdad. Sus ingresos por recaudación equivalen a aproximadamente un 12% del producto interno bruto – muy por debajo del promedio latinoamericano de 23% y aún más del promedio de 34% en países desarrollados. El gasto de país en salud, educación y seguridad social es, por consiguiente, un bajo 8% del PIB. Aunado a una mala gestión de recursos y corrupción enraizada en las instituciones públicas, esto apunta a la necesidad de analizar las áreas de mejora de la política fiscal y de recaudación del país, a fines de asegurar el financiamiento y buena gestión de recursos para asegurar un impacto en el desarrollo. En este artículo analizamos los más grandes obstáculos para asegurar la financiación del gasto en Guatemala.

El financiamiento de la seguridad social en Guatemala

De acuerdo con un reporte del Fondo Monetario Internacional, la política fiscal guatemalteca ha sido estable y hasta prudente durante los últimos 20 años. Este desempeño macroeconómico, sin embargo, no refleja en su totalidad la ineficacia en la recaudación tributaria y el financiamiento de programas de inversión pública en el país.

El gasto público de cualquier país se alimenta, en gran parte, de la capacidad del Estado para recaudar impuestos – en Guatemala, esta tarea está a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de acuerdo a datos del Ministerio de Finanzas, el 77.1% del total de ingresos públicos proceden de la recaudación tributaria, pero el país es uno de los que menos ingresos percibe en el mundo en relación al tamaño de su economía, con una recaudación de aproximadamente el 12.3% del PIB anual a través de impuestos.

La informalidad es uno de los principales problemas. Solamente el 25% de la población económicamente activa (PEA) paga impuestos y un 67.9% de la misma se encuentra en el sector informal. Esto apunta a que el problema no es tanto la falta de empleos como lo es la falta de inclusión del sector productivo en la formalidad. Y esto resulta en que apenas un 54.1% de la recaudación es destinado a programas sociales en educación, salud, pensiones, programas de asistencia social y de vivienda y programas de seguridad alimentaria, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Este gasto es equivalente a aproximadamente 7.5% del PIB, pero debemos considerar también los esfuerzos recientes por recortar la ejecución presupuestaria para fines de balance financiero. Para mantener la deuda pública y el balance fiscal dentro de rangos manejables después de la crisis política durante la presidencia del 2015, se redujo el déficit fiscal en 1.5 por ciento del PIB, consolidando una tendencia hacia la reducción del gasto público, continua desde hace 5 años.

En un contexto de escasa inversión pública – la seguridad social recibe una inversión de apenas 1.2% del PIB, mientras educación recibe 3.5%, vivienda 2% y salud 1.4% –, es importante definir espacios de mejora en la recaudación. ¿Cómo podemos asegurar que existan fuentes sostenibles de financiamiento?

Países considerados en la gráfica A (15): Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Perú, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Venezuela. En la OCDE también se incluyen a Chile y México.

Pagar por el desarrollo: El caso de Bolivia

La evidencia de programas que invierten en el capital humano y en protección social demuestra un alto impacto en la reducción de pobreza y desigualdad económica e incluso en la eliminación de pobreza extrema. Existen varios casos de éxito en países de ingresos bajos y medios que han podido abrir espacio fiscal de formas innovadoras para aumentar el gasto público para el desarrollo social. Bolivia, por ejemplo, introdujo un impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) en el 2003 y para el 2006 el gobierno finalmente retomó el control mayoritario sobre el manejo y extracción del gas natural. Las regalías estatales en este sector equivalen actualmente al 80%, lo cual incrementó el ingreso estatal de $1.55 millardos de dólares en el 2006 a $2.7 millardos en el 2008 a $6 millardos en el 2014.

Aparte de un aumento general en el gasto público social, dos programas sociales clave pudieron financiarse puramente del 32% de los ingresos del IDH: la pensión de vejez universal (llamada Renta Dignidad) y la transferencia en dinero condicionada para niños que acuden a escuelas públicas (Bono Juancito Pinto).

Renta Dignidad es un programa de protección social no contributiva (no se necesita contribuir a este programa a través de impuestos sobre el ingreso personal) y provee de un ingreso social universal a todas las personas por encima de 60 años que no cuentan con ningún otro tipo de ingreso por pensiones – un 75% de esta renta se paga a personas con algún otro tipo de pensión.

El Bono escolar, por su parte, ha beneficiado a 1.6 millones de niños, al mismo tiempo que ha incidido en reducción de trabajo infantil y mayores niveles de escolaridad. Esta estrategia fiscal innovadora ha sido debidamente acompañada por una iniciativa de transparencia fiscal que exige que se publiquen los ingresos y transferencias relacionados con este impuesto. A su vez, diferentes grupos de la sociedad civil monitorean y observan los movimientos de las compañías mineras estatales, restaurando así la moral colectiva en torno al uso adecuado del gasto público.

Guatemala también cuenta con un prolífero sector minero. En el 2015, sin embargo, el entonces presidente Otto Pérez Molina aprobó el aumento del 1% al 10% del impuesto sobre la renta a las mineras transnacionales, únicamente para que la medida fuera declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad. En agosto del 2016, el actual presidente Jimmy Morales reintrodujo la iniciativa como parte de una serie de cambios a la ley de Minería, pero está por verse si es aceptada. Esta estrategia fiscal no puede ignorar medidas apropiadas de gobernanza a otros factores de extrema importancia, como el impacto económico-social en las comunidades donde se lleva a cabo la extracción de minerales, y el impacto ecológico. Sin embargo, no debemos rechazar la oportunidad para discutir formatos más eficientes de generación de ingresos y para emitir políticas públicas integrales, que nos permitan garantizar la sostenibilidad del gasto social.

Solidaridad financiera: Políticas fiscales para el desarrollo

Esquemas de impuestos específicos exitosos no deben ir en desmedro de que el gasto público se financie a través de una recaudación y manejo de las arcas públicas más transparente y eficiente de forma integral. Parte de esto implica reducir la discrecionalidad de los funcionarios y cerrar los espacios a la corrupción, pero el énfasis principal debe ir en alinear la totalidad de la política fiscal con los principios de solidaridad financiera, equivalencia financiera colectiva, y equidad intergeneracional.

Fuente: Presupuesto ciudadano 2016. Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Esto significa que los ingresos deben basarse en la capacidad de pago del individuo, y que se traduce, generalmente, en impuestos sobre la renta como porcentajes fijos, que aseguren que los sectores más pudientes contribuyan más que los de menores ingresos. En la realidad, sin embargo, es el Impuesto al Valor Agregado que contribuye con 46% del total recaudado – el presidente habría propuesto elevar este impuesto de carácter regresivo en 2016 – y el Impuesto sobre la Renta aporta apenas un 34% del total recaudado.

Peor aún, a pesar de los grandes esfuerzos de la SAT por reducir la evasión de impuestos y facilitar los trámites en aduanas para combatir el contrabando, sectores económicos como el agropecuario están tratando de eximirse de pagar los impuestos del IVA, ISR y derechos arancelarios y cambiarlos por el pago de un impuesto único del 1% sobre la venta bruta. Con esta medida, el Estado dejaría de percibir Q 1,156 millones anuales, reduciendo así el gasto público y demostrando la falta de cultura tributaria en el país y la aceptación de una cultura de evasión y reticencia a la fiscalización. Pero también contribuyendo a un atraso en materia fiscal con un impacto negativo mucho mayor en la población más vulnerable de Guatemala. Esta medida perpetuaría la informalidad, un sector principalmente compuesto por individuos que viven debajo del salario mínimo, al mismo tiempo que incrementaría la desigualdad económica y acentuaría la injusticia tributaria.

¿Podemos romper la discusión actual de coyuntura y tomar la oportunidad para acordar un pacto fiscal que nos ayude a avanzar hacia el desarrollo? El revuelo que ha creado la iniciativa de amnistía fiscal puede ser una oportunidad para renovar por completo la política del país.

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07 Mar La corrupción y la política pública: ¿Dónde queda el desarrollo humano?

Desde hace cuatro décadas, el economista Amartya Sen ha señalado la importancia de las capacidades humanas en el bienestar social. Su trabajo ha sido de tal importancia, que no sólo se ha convertido en un referente académico de la noción de desarrollo, sino que ha contribuido a la construcción del modelo multilateral del desarrollo desde las Naciones Unidas (PNUD), siendo a su vez, una inspiración a la política pública de diferentes países alrededor del mundo. En su libro Elección Colectiva y Bienestar Social (1976), Sen plantea que la libertad humana está relacionada con las posibilidades del ser humano de desarrollar el potencial de sus capacidades. En este sentido, la visión humanista del desarrollo de Sen enmarca en la emancipación del individuo de la ignorancia, el hambre, la enfermedad entre otros. Y así, la cúspide de la libertad humana es el elemento medular del avance social.

De acuerdo con Sen, cada persona posee una combinación particular de preeminencias que si son cultivadas conducirán en conjunto al máximo aprovechamiento de las potencialidades humanas, y por tanto, la expansión del conocimiento y florecimiento de grandes progresos humanos: aquel diestro en la pintura logrará con color bellos lienzos armonizar, el gran maestro podrá capturar la belleza de la música en cada nota, el inquieto por la ciencia logrará avances en todos los campos del saber, el  atleta logrará con cada zancada romper las barreras temporales de las marcas y el arquitecto dará estética a cada espacio.

La visión holística del desarrollo humano de Sen se materializa en la planeación y ejecución de la política pública. En la cual, la participación del Estado juega un rol fundamental en garantizar a todos ocuparse del impulso de sus capacidades. Es así como, la provisión de bienes públicos como educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia entre otros; permiten superar la inequidad por disparidades en el ingreso y otras fallas de la economía de mercado en pro del bienestar general. En este escenario, los ciudadanos generan valores de apropiación e identidad que a su vez puede conducir a un conjunto de valores sociales de esfuerzo personal aunado a la prioridad del bien colectivo sobre el particular.

Sin embargo, surge una dinámica que pervierte los objetivos de la intervención del Estado: la corrupción. Un sistema corrupto es el resultado de fallas al interior de la sociedad en la jerarquía del bienestar general sobre el individual. Lo que no entienden aquellos que participan de esta actividad, es el impacto del perjuicio producido, pues, la corrupción es un germen que horada las libertades humanas al imposibilitar el debido curso de la ejecución de la política pública. Así, el que roba la riqueza nacional no solamente está apropiándose del dinero de los contribuyentes, sino también está despojando a un niño de encontrar un promisorio futuro mediante su educación, la dignidad a un paciente que busca la cura de su enfermedad y le arrebata a toda la sociedad en su conjunto la posibilidad del avance en todas sus dimensiones.

“Sin embargo, surge una dinámica que pervierte los objetivos de la intervención del Estado: la corrupción. Un sistema corrupto es el resultado de fallas al interior de la sociedad en la jerarquía del bienestar general sobre el individual”

En Colombia la corrupción ha sido una práctica continua que combinada con el conflicto armado interno ha constituido medio siglo de atrasos en el desarrollo humano de los colombianos. En esta oportunidad, quiero llamar la atención sobre dos escándalos de corrupción. El primero, fue conocido como Agro Ingreso Seguro (2009) por el nombre del programa del gobierno en el que se generó la corrupción; éste programa tenía como objetivo disminuir la desigualdad en el campo por medio de subsidios a la actividad agrícola para campesinos con pequeñas extensiones de tierra. En este caso fue encontrado como principal responsable el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, pues el programa terminó favoreciendo a grandes terratenientes en el Magdalena y Valle del Cauca que fraccionaron sus grandes territorios para cobrar subsidios por pequeñas parcelas. Arias fue declarado culpable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 3 de julio de 2014 por los delitos de peculado y firma irregular de contratos. Actualmente es pedido en extradición al gobierno norteamericano debido a que desde el fallo se encuentra en dicho país.

Al parecer, no era claro para los que participaron en los desvíos del subsidio Agro Ingreso Seguro que Colombia es un país con una alta concentración de la propiedad de la tierra, que históricamente ha evadido la discusión de una reforma agrícola que propicie la equidad. Además, que los mayores rigores de la violencia los han sido sufrido las poblaciones de las zonas rurales. Y que, por tanto, los colombianos en el campo no avizoran el concepto de desarrollo porque ni siquiera se les han garantizado los derechos humanos. Estas condiciones, al parecer fueron invisibles a los ojos del exministro a pesar de sus altos niveles de estudios en economía y de los hacendados que participaron de los subsidios.

El segundo caso que llama la atención involucra a la firma de ingeniería brasilera Odebrecht, foco de un escándalo de corrupción global consistente en sobornos a funcionarios públicos en diferentes países del mundo con el fin de obtener beneficios en la adjudicación de licitaciones en su mayoría de obras públicas. Las actividades de esta firma, fueron puestas a la luz pública por parte del gobierno norteamericano, pero enseguida puso en la mira a los contratos de esta empresa en proyectos en Latinoamérica.

En Guatemala, el entramado caso de Odebrecht surgió en la cúpula del Partido Patriota, cuando en el 2012 se aprueba con urgencia nacional el préstamo de 384 millones de dólares para la construcción de la carretera de Escuintla a México por la empresa brasileña. A pesar de la evidente invisibilidad del proyecto no se ha generado ninguna sentencia. El portavoz de dicha iniciativa, entonces ministro de Comunicaciones Ajejandro Sinibaldi se encuentra prófugo de la justicia por otro caso de corrupción. El escándalo se queda sin resolver, demostrando la complicidad de distintos sectores y niveles de gobierno.

Al igual que en Guatemala, las actividades de Odebrecht en Colombia están relacionadas con proyectos de infraestructura, en este caso la construcción de la Ruta del Sol. Dicha obra busca conectar Río de Oro-Aguaclara-Gamarra y la integración de los municipios de la región del Catatumbo una región que históricamente ha contado con escasa presencia del Estado debido a ubicación de grupos insurgentes para beneficiar directamente a una población de 220 mil habitantes. Actualmente se encuentra paralizada debido a este escándalo.

Como en ambos países, la empresa Odebrecht pagó a lo largo y ancho de la región sobornos en México por 10.5 millones de dólares, 92 en República Dominicana, 19 en Guatemala, 59 en Panamá, 11 en Colombia, 33.5 en Ecuador, 29 en Perú 29 y 35 en Argentina según reportes de CNN en español. El resultado de este galimatías es casi un continente que pagó contratos con sobreprecios por obras que en su mayoría se encuentran paralizadas y en un nivel mínimo de avance.

En suma, como lo ilustran los casos mencionados, la corrupción resulta un obstáculo entre la materialización de la política pública como mecanismo de la promoción del desarrollo humano. Sin embargo, será un fenómeno persistente mientras no exista un cambio en la escala de valores sociales en el cual se entienda que las libertades humanas como las define Sen representan un nivel considerablemente mayor de riqueza que los escasos beneficios de un puñado de monedas a beneficio personal.

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25 Mar Iglesias y pobreza en Guatemala

Según la Corporación Latinobarómetro (2014) en 1996 Guatemala tenía un 25 por ciento de evangélicos, quienes crecieron en 15 puntos porcentuales en los siguientes 17 años, hasta llegar al 40 por ciento de la población total en 2013.[1]  Por su parte, el Pew Research Center (2014) confirma que un 41 por ciento de la población guatemalteca es evangélica, ubicándose de esta manera Guatemala, junto con Honduras, como el país con mayor porcentaje de cristianos no-católicos de toda América Latina.[2]

Las primeras iglesias cristianas evangélicas llegaron a Guatemala gracias a la Revolución Liberal de finales del siglo XIX. La política explícita del Gobierno pretendía constituirlas como un contrapeso ideológico y político al gran poder que había gozado hasta entonces la Iglesia Católica, siempre aliada de los Conservadores. No obstante, el reciente crecimiento de las iglesias evangélicas puede medirse con bastante precisión desde 1957, utilizándose los datos del Ministerio de Gobernación (MINGOB), quien lleva un control de las mismas por la disposición constitucional del reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 37).[3]

Como puede observarse en el siguiente gráfico, fue hasta 1980 que se alcanzó la tasa de una iglesia evangélica por cada 100 mil habitantes, pero en tan solo dos años dicha tasa se duplicó y llegó hasta tres por cada 100 mil ya en 1984. Esto refuerza la evidencia sobre el uso de la religión evangélica como política contrainsurgente del Estado guatemalteco, particularmente durante el gobierno de facto del General Efraín Ríos Montt.[4]  El objetivo era contrarrestar, nuevamente, la influencia de la Iglesia Católica, que por medio de la denominada Teología de la Liberación estaba favoreciendo, en alguna medida, los planteamientos de la izquierda revolucionaria –por ejemplo, con el discurso y la práctica de “la opción preferencial por los pobres”–. Dicho Estado contrainsurgente llegó al extremo de  definir como enemigos a muchos agentes de pastoral católicos, incluidos sacerdotes y religiosos, celebradores de la Palabra y catequistas.[5]

En 1996 se volvió a duplicar la presencia de las iglesias evangélicas, según los registros del MINGOB. Justo en la primera medición del Latinobarómetro, cuando se estimó en 25 por ciento de la población –unos 2.6 millones de habitantes–, la tasa era ya de 4 iglesias por cada 100 mil habitantes a nivel nacional –es decir, 16 iglesias por cada 100 mil evangélicos–.

iglesias por 100 mil hab por años de 1957 a 2015Fuente: elaboración propia a partir de datos del MINGOB 2016 (SOY502).

En el año 2009 se duplica nuevamente la tasa de iglesias evangélicas, llegándose a ocho por cada 100 mil habitantes. En 2013, si tomamos como referencia el dato de Pew Research Center de un 41 por ciento de población evangélica –unos 6.3 millones de habitantes–, estaríamos observando una tasa de 31 iglesias por cada 100 mil evangélicos –es decir, que se habría duplicado dicha cifra en un período de 17 años–.  Seguramente, como indica la tendencia del gráfico, en 2016 habrá una nueva duplicación: con 16 iglesias por cada 100 mil habitantes de todo el país.

Ese comportamiento de contagio que se observa a nivel nacional, sin embargo, no es homogéneo en todo el territorio guatemalteco. Una vez se ajusta por diferencias en población, hay departamentos donde la densidad de iglesias evangélicas es mayor, siendo el promedio nacional de 15 iglesias por cada 100 mil habitantes. Esos son los casos de Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez, El Progreso y Escuintla. El resto de los departamentos están por debajo de dicha tasa nacional, siendo Alta Verapaz y Jalapa los que presentan una menor tasa, de 3 iglesias evangélicas por cada 100 mil habitantes.

iglesias por 100 mil hab 2016 en dptos GuatemalaFuente: elaboración propia a partir de datos del MINGOB 2016 (SOY502) y con proyecciones de población INE.

¿Cuál es la razón por la que las iglesias evangélicas se han multiplicado más en unos lugares que en otros?  Hay quienes piensan que los pastores evangélicos se aprovechan de la ignorancia de la gente o de sus niveles de pobreza, siendo ambas características socioeconómicas las que los harían más vulnerables ante una predicación que hace énfasis en la promesa de salvación espiritual, es decir, en un más allá donde sus problemas del aquí y el ahora serán superados. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (ENCOVI) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no parece respaldar dicha hipótesis.

Por el contrario, parece que los pastores evangélicos priorizan su expansión en departamentos con menores porcentajes de pobreza total, específicamente menor incidencia de pobreza extrema, como se muestra en los siguientes gráficos. Sólo Santa Rosa, Retalhuleu y Zacapa son departamentos donde el porcentaje de NO-pobreza es relativamente alto –es decir, por arriba de la media nacional–, pero donde la presencia evangélica no supera la tasa nacional de iglesias. En contraste, en ningún departamento con bajos porcentajes de NO-pobreza (o alta incidencia de pobreza extrema) hay una alta tasa de presencia evangélica.

Si asumimos que el pastor evangélico se comporta como un agente racional, quien busca maximizar sus ganancias, al hacer su análisis de costo-beneficio se termina inclinando por aquellos lugares donde podrá obtener mayores ingresos para su iglesia y sus finanzas personales. Sabemos que reclamar el diezmo a sus afiliados es una política común en las iglesias evangélicas, por lo que dada esa tasa fija del 10 por ciento, el ingreso será mayor en una comunidad pudiente que en una pobre. Por lo tanto, no es cuestión de maximizar el número de fieles, sino los ingresos per cápita en determinado territorio.

iglesias por 100 mil hab 2016 vs pobreza extrema 2014

iglesias por 100 mil hab 2016 vs NO pobreza 2014

Claro que el incentivo financiero es importante, pero no lo explica todo. Los datos de la ENCOVI 2014 también parecen sugerir que a las iglesias evangélicas les es más fácil llegar a aquellos lugares prósperos porque en ellos hay mayor acceso a la televisión por cable, uno de los medios de comunicación privilegiados para difundir su mensaje, especialmente por la presencia de los llamados tele-evangelistas y sus canales de televisión.

iglesias por 100 mil hab 2016 vs TV por cable 2014

Por otro lado, sabemos desde la Reforma Protestante en la Europa del siglo XVI, que el énfasis en la lectura directa de la Biblia requiere de niveles de escolaridad mayores a los que exige la Iglesia Católica, donde el acceso a la Biblia continúa mediado por su liturgia y el magisterio eclesial. La ENCOVI 2014 muestra que, en efecto, hay una correlación positiva y estadísticamente significativa entre los niveles de escolaridad promedio de los departamentos y la presencia de las iglesias evangélicas en ellos. Aunque también cabe la posibilidad de una expansión evangélica basada en la segmentación socio-económica, esto es, iglesias para distintas clases sociales, como se sugiere en el documental de la Televisión Española (2002), En Portada: “Guatemala, El mercado de la fe”.[6]

Lo anterior tiene cierto sentido como atractivo adicional para asistir a la Iglesia, en el caso de los estratos de clase media alta y alta, pues no es sólo el contenido y la forma del culto, sino también las redes sociales que el mismo facilita. Los contactos profesionales y comerciales, por ejemplo, que se construyan con los hermanos en la fe efectivamente pueden favorecer la carrera profesional y los negocios, lo cual haría realidad la promesa de la llamada Teología de la Prosperidad que se predica en muchas de las iglesias neo-pentecostales. Es un fenómeno similar al de los colegios y las universidades privadas, pues no se paga tanto por la calidad de la enseñanza, sino por el capital social que se puede acumular a lo largo de años de codearse con personas de cierto nivel socioeconómico.

iglesias por 100 mil hab 2016 vs escolaridad promedio 2014

Puede ser que algún defensor de las iglesias evangélicas intente replantear la causalidad a la inversa, afirmando que es la mayor presencia de dichas iglesias la que explica menor incidencia de pobreza, utilizando el conocido argumento de Max Weber sobre la ética protestante y el capitalismo, específicamente del calvinismo.[7]  Sin embargo, la misma ENCOVI 2014 pondría en tela de duda dicha afirmación, pues mientras que la presencia de las iglesias aumentó a nivel nacional en casi un 150 por ciento entre 2006 y 2014, pasando de una tasa de seis a una de 14 iglesias por cada 100 mil habitantes, la pobreza aumentó en Guatemala en más de nueve puntos porcentuales, subiendo de 51.2 a 59.3 de incidencia (INE, 2015).[8]  Mientras más personas se convertían (renacían) al discurso (neo) pentecostal y sus prácticas, la pobreza pasó de afectar a unos 6.7 millones de personas en 2006 a unos 9.4 millones en 2014. En realidad, cada día nos alejamos más del Paraíso Terrenal o del Reinado de Dios, uno de justicia e igualdad, como dirían los teólogos de la liberación.

Según algunos sociólogos de la religión, la pobreza y las creencias en lo sobrenatural van de la mano, pues a mayor pobreza mayor incertidumbre sobre la vida y, por lo tanto, mayor necesidad de certeza por medio de algún “poder superior” que les ayude a las personas pobres a percibir cierto control sobre las variables que afectan su bienestar y hasta su propia supervivencia. Seguramente, la Iglesia Católica sigue cubriendo esas necesidades en áreas pobres y más rurales, mientras que las iglesias evangélicas se han especializado en las zonas urbanas menos pobres. Por cierto, la ENCOVI 2014 también revela que fue en dichas zonas donde aumentó más la pobreza, pasando de 30 a 42 por ciento entre 2006 y 2014 –mientras que en las áreas rurales aumentó de 70 a 76 por ciento dicha incidencia–.

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[1] Corporación Latinobarómetro (2014). Las religiones en tiempos del Papa Francisco. Disponible en Internet http://www.latinobarometro.org/

[2] Pew Research Center (2014). Religion in Latin America. Widespread Change in a Historically Catholic Region. Disponible en Internet http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/

[3] Datos facilitados en publicación de SOY502: Villagrán, Ximena (2016). Guatemala: Por cada templo católico habría hasta 96 evangélicos. Disponible en Internet http://www.soy502.com/articulo/cada-iglesia-catolica-hay-6-evangelicas-registradas

[4] Ver libro de Garrard-Burnett, Virginia (2010). Terror in the Land of The Holy Spirit. Oxford University Press.

[5] Ver Comisión de Esclarecimiento Histórico (1999). Guatemala Memoria del Silencio. Disponible en Internet https://web.archive.org/web/20130506010504/http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/toc.html

[6] Disponible en Internet https://youtu.be/itgVDENedkI

[7] Weber, Max (1955). La ética protestante y el espíritu capitalista. Publicada originalmente en alemán (1905). Ver resumen disponible en Internet https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%A9tica_protestante_y_el_esp%C3%ADritu_del_capitalismo

[8] INE (2015). República de Guatemala: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. Principales resultados.

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03 Dic Desigualdad en Guatemala: un problema para todos

Guatemala es una de las sociedades más desiguales del planeta, y por ello no es extraño que sea una de las más violentas también. Hay más de 50 años de estudios empíricos que muestran algún grado de correlación entre violencia y desigualdad.[1] Por eso mismo, ignorar dicha realidad es un error grave. Peor aún, negar el problema es casi un suicidio. Reconocer la desigualdad y sus consecuencias no debe ser algo de izquierdas versus derechas, tampoco debe serlo la búsqueda de soluciones concretas. Es un problema que nos afecta a todos y debe abordarse de manera pragmática, superándose los tradicionales prejuicios ideológicos.

La desigualdad puede medirse de diversas maneras. La desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza son las formas más conocidas. Se utilizan diversos indicadores para medirla, como los índices de Gini y de Theil. Aquí me limitaré a ver los resultados de las encuestas realizadas por el MINEDUC a los graduandos del 2014, para mostrar cómo el sistema guatemalteco de educación es una de los principales obstáculos para la movilidad social.

Un proxy del nivel de riqueza de las familias con hijos terminando el ciclo de diversificado se puede obtener sumando el número de electrodomésticos que poseen. Los más pobres no tienen siquiera uno, mientras que los más ricos suman hasta diez aparatos (TV, refrigerador, equipo de sonido, VHS o DVD, lavadora, secadora, horno microondas, computadora, consola de videojuegos, y otros). Como se puede observar en el histograma siguiente, sólo el dos por ciento de los graduandos posee en su casa los diez electrodomésticos y sólo dos por ciento no poseen al menos uno. El 14 por ciento posee cuatro, otro 14 por ciento posee tres. En general podemos decir que la distribución está sesgada hacia la izquierda.

Gráfico 1. Histograma de porcentajes de graduandos del nivel diversificado con determinado número de electrodomésticos en el hogar. República de Guatemala, 2014.distribucion electrodomesticos graduandos DIGEDUCA 2014

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de DIGEDUCA (2014).

Lo interesante, sin embargo, es ver el rendimiento de los estudiantes a partir de su nivel de riqueza familiar medida por dicho proxy. Una simple tabla de contingencia nos muestra que, en efecto, son los jóvenes con más recursos en casa los que muestran un mejor desempeño en la prueba de lectura (50 por ciento obtienen “excelente”), mientras que en el caso de los más pobres sólo el dos por ciento obtiene esa máxima calificación (en contraste, el 80 por ciento obtienen “insatisfactorio” –es el 13 por ciento para el caso de los jóvenes de familias ricas). En la prueba de matemáticas la situación es similar. Hasta un 33 por ciento de los graduandos con diez electrodomésticos en casa obtiene la nota “excelente”, mientras que en los más pobres sólo la obtiene el uno por ciento. Un 83 por ciento de estos últimos tienen resultados “insatisfactorios”. Entre los ricos el 25 por ciento saca ese mal resultado en la prueba numérica.

Sumatoria TABLAS resultados desempeño DIGEDUCA 2014 x nivel de riqueza (PDF)

En ambas pruebas, los jóvenes con más recursos están sobrerrepresentados entre los mejores punteos, pues la “excelencia” a nivel nacional sólo la alcanza el 14 por ciento en la prueba de lectura y únicamente el 5 por ciento en la de matemáticas. Respecto al rendimiento “insatisfactorio” están sub-representados pues en lectura le va mal al 48 por ciento, mientras que en matemáticas es al 65 por ciento de todos los estudiantes graduados que se les califica así. Por lo tanto, los más pobres están sub-representados en las altas notas, y sobrerrepresentados en las bajas calificaciones. Como sabemos, esto no es fruto de la casualidad. Si nos atenemos sólo al indicador de electrodomésticos, es fácil ver cómo el acceso a una computadora en casa puede aumentar el rendimiento académico de cualquier estudiante. Adicionalmente, hay otros electrodomésticos claves para el desarrollo humano, como nos diría Hans Rosling en su genial presentación TED sobre el tiempo que liberan las lavadoras automáticas a las mamás, para así atender la educación de sus hijos. Por ello, el proxy que usamos aquí no sólo refleja determinado nivel de ingresos o riqueza acumulada, sino también calidad de vida.

¿Cuál es el problema con todo esto? Pues en una sociedad democrática con igualdad de oportunidades, el sistema educativo es uno de los mecanismos para ascender en estatus. Por lo tanto, se esperaría que una educación pública de calidad facilitara la movilidad social aunque sea después de algunas generaciones. Pero en Guatemala, la calidad de la educación que provee el Estado es tan baja que condena a los pobres a un círculo vicioso: no pueden enviar a sus hijos a un colegio privado con mejor calidad en educación primaria y nivel básico de secundaria, por lo tanto sus posibilidades de encontrar empleos mejor remunerados se ve severamente limitada, lo cual hace que la siguiente generación se vea nuevamente en el mismo punto de partida.

En cambio, los padres de familia que cuentan con recursos que les permiten evadir la condena de una educación pública de mala calidad, envían a sus hijos a colegios donde pueden recibir una preparación mucho más adecuada para el futuro. Para estar claros: el 94 por ciento de las familias con 10 electrodomésticos envían a sus hijos al sector privado diversificado para educarlos. Un 63 por ciento de las familias más pobres envían también a sus hijos al sector privado, pero el de mala calidad (de hecho, mucho estafan impunemente a los padres de familia), pues como sabemos la educación diversificada está prácticamente privatizada.  El sector público únicamente atiende al 23 por ciento de la población estudiantil, según el censo de la DIGEDUCA que usamos como referencia para este análisis. No obstante, sigue siendo cierto que a menor riqueza, mayor es la dependencia en la educación pública.

Lo peor de todo es que aquí también hay incentivos fiscales que no están funcionando. Ningún establecimiento educativo privado paga impuestos, es decir que reciben subsidios gubernamentales que pagamos todos. Recordemos que una exención de impuestos es exactamente lo mismo que un subsidio, sólo que nunca entra en las arcas del Estado. Es decir que los centros educativos de élite, y esto alcanza al nivel superior (con el agravante que las Universidades no pagan siquiera la cuota patronal el IGSS para los pocos empleados que les quedan en planilla, pues es bien sabido que se han movido a un régimen de contratos temporales para sus catedráticos), pueden hacer discriminación de precios para maximizar sus ingresos (pues en teoría no tienen utilidades), pero no están obligados a conceder proporcionalmente becas o subsidios a estudiantes con potencial académico, pero sin recursos económicos. Es decir que el sistema, como está, termina subsidiando a los que más recursos tienen y castigando a los que menos poseen. Perpetuándose así la desigualdad estructural.

A mediados del siglo XX todavía era posible para algunas familias del interior de la República enviar a sus hijos a la Ciudad de Guatemala para estudiar en la famosa Escuela Normal y de esta manera obtener la educación necesaria para asistir luego a la Universidad de San Carlos, con un título de nivel medio que les permitía trabajar y estudiar a la vez. Ese fue el caso de mi padre, quien daba clases a los adultos en una escuela nocturna de la zona 3, mientras llevaba sus cursos de ingeniería civil en la USAC. Ese esfuerzo individual de mi padre, posible gracias al esfuerzo colectivo de su familia (mis abuelos que lo enviaron desde la Verapaz, y mis tíos abuelos y bisabuela que lo acogieron en la Ciudad de Guatemala), fue el que permitió que años más tarde él me pudiera enviar a mí y a mis hermanas a colegios y universidades privadas de prestigio. Ahora, esa movilidad social por medio de la educación y el sacrificio de familias enteras está mucho más limitada.

En sociedades donde la movilidad social es difícil o casi imposible, los hombres jóvenes siempre buscarán maneras alternativas para mejorar su estatus en la jerarquía social. De ello depende su supervivencia y hasta sus probabilidades de reproducción. En muchos casos, esas alternativas incluyen el uso de la fuerza y el engaño, es decir, la criminalización para ser respetados por sus pares y, si es necesario, ser temidos por los demás. Tal es el caso de las pandillas juveniles o maras, cuyos miembros en un primer momento se unen a ellas como una forma de sustituir el capital social que perdieron al migrar del área rural a las urbanas (como medio de protección ante un ambiente que no sólo les es extraño sino también hostil). Luego, ante la precariedad de oportunidades, tanto para acceder a la educación de calidad como para empleos bien remunerados, se convierten en organizaciones criminales que prestan “servicios de protección” a sus colonias o barrios, y extorsionan a la misma población del territorio que controlan. Ejercen impunemente la violencia contra aquellos que no pagan (de enero a octubre 2015, la PNC reporta 135 homicidios cuyo móvil fue la extorsión, en el área metropolitana de Guatemala que incluye varios municipios altamente urbanizados). De esta manera la pandilla se convierten en un rival directo del Estado, pues le disputa el monopolio de la utilización del poder coercitivo para la extracción de los recursos. Esto, entonces, se convierte en un problema para todos no sólo para las víctimas directas, incluyendo a las empresas que no pueden entrar a hacer negocios en esos territorios sin pagar las extorsiones.

 

Fotografía: Niños de la Escuela Oficial Rural Mixta (EORM) Colonia 19 de mayo, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. DIGEDUCA (MINEDUC).

 

[1] Pinker, S. (2011). The Better Angels of Our Nature. Why violence has declined. Pinker cita allí los diversos trabajos de Eisner, M. (2001-11), quien a su vez hace referencia a meta análisis de LaFree, G. D. (1999). “A Summary and review of comparative cross-national studies of homicide”. En M. D. Smith & M. A. Zahn (Eds.), Homicide: A Sourcebook of Social Research (pp. 125-145).

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