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Gobierno

11 Jul Repensar la Policía (I) Notas para la discusión sobre un nuevo modelo policial en Guatemala

Autor: Christian Espinoza

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Es un hecho notorio, respaldado ampliamente por encuestas, que la Policía Nacional Civil dista mucho de ser la policía que la ciudadanía espera. Las causas de esta situación son variadas y complejas, ameritando una exhaustiva discusión ulterior. En tal sentido, mucho se ha hablado en los últimos meses en Guatemala respecto a que necesitamos urgentemente fortalecer a la Policía Nacional Civil, particularmente por la serie de medidas arbitrarias y regresivas que han sido impulsadas por el Presidente Morales y el Ministro Degenhart, pero también por el contexto de ofertas electorales de este año.

De hecho, algunos partidos políticos hicieron algunas propuestas concretas al respecto, las cuales tendremos la oportunidad de examinar críticamente más adelante. Sin embargo, no se trata solamente de decir que se hará esto o aquello otro de modo particular; hay un marco filosófico y estratégico de la función policial que se necesita discutir y explicitar a fin de que se comprenda con suficiente claridad hacia dónde se dirigen aquellas propuestas o qué tipo de policía aspiran realmente a fortalecer: por ejemplo, si apuntan hacia institucionalizar una policía primordialmente de naturaleza gubernativa, o bien una profesional, o bien una comunitaria.

En realidad, no cualquier propuesta particular, a primera vista atractiva (por ejemplo: aumentar la tasa de encuadramiento policial), puede serlo efectivamente o seguirlo pareciendo si se discuten a fondo los méritos y el alcance de los modelos policiales globales en los que se enmarcan. En mi opinión, más que fortalecer la Policía Nacional Civil, lo que necesitamos es repensar e implementar un nuevo modelo policial en el país, lo cual podría incluir tal propuesta pero en absoluto se limita a ello. Esto requiere tomar en cuenta ciertas discusiones y análisis que brillan por su ausencia en Guatemala, no sólo en el campo de los partidos políticos sino también, lo cual es más lamentable, en el propio campo de expertos en política pública y de los think tanks especializados en seguridad y justicia.

En esta línea, intentaremos en esta primera entrega responder a las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son la naturaleza y alcance de la función policial? ¿Qué es un “modelo policial”? ¿Cómo se relaciona con la política de seguridad? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de los principales modelos policiales?

  1. ¿Por qué y para qué existe la policía?: Estado, policía y seguridad pública

Existe una estrecha relación entre el Estado, la policía y la seguridad pública, a tal grado que una reforma o transformación del primero –sea de su aparato o de sus políticas públicas– tendrá notables efectos sobre los otros dos elementos. Las políticas de seguridad y los modelos policiales se encuentran íntimamente ligados al sistema político o Estado de una sociedad determinada. Así, es difícil pensar que una auténtica política de seguridad democrática y un verdadero modelo policial comunitario puedan darse en un régimen autoritario. Hay varias maneras de explicar dicho nexo. Optaremos aquí por el ángulo liberal.

“Policía” se llama, en general, a una función, esencial en el Estado moderno, orientada a proveer de seguridad a la población de un territorio determinado, particularmente respecto de amenazas internas, ya que las de carácter externo suelen estar comprendidas en “Defensa”, a cargo del ejército.

Aunque la policía es un producto relativamente tardío – suele situarse su surgimiento en los inicios del siglo XIX, vinculado a la seguridad de las ciudades en la industrialización y urbanización capitalista–, ya el pensamiento liberal y contractualista del siglo XVII –como el de Hobbes– dieron cuenta de la función de seguridad como razón de la existencia del Estado, en tanto organización política que ejerce el monopolio del uso de la fuerza legítima a fin de evitar que unos hombres causen daño o ejerzan violencia sobre otros (Guillén, 2015).

El Estado, reza el mantra del liberalismo clásico, existe para proveer seguridad a quienes habitan en su territorio. El Estado pretendidamente neutral funciona como árbitro de los conflictos entre individuos y es la alternativa racional y legítima a la anarquía. En este esquema la función policial es un instrumento clave para asegurar el orden público y el imperio de la ley. Donde hay Estado, pues, hay policía; y hay policía para proveer seguridad. En esta línea, a tono con dicho mandato crucial del Estado moderno, en el caso del Estado de Guatemala ese mandato se encuentra establecido especialmente en el artículo 2 de la Constitución Política de 1985.

Ahora bien, ¿qué papel específico juega la organización policial en relación con el mandato estatal de proveer seguridad a la población?

Destaquemos que la seguridad suele entenderse en términos amplios como “ausencia de amenazas”, pero el espectro de éstas que puede enfrentar la población y el propio Estado es amplio y heterogéneo, reconociéndose por ello la existencia de distintos ámbitos de la seguridad, por ejemplo: amenazas a la seguridad de la Nación (ámbito de seguridad nacional o de la Nación, que regula en nuestro país la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad); amenazas a los derechos, libertades y bienes de los ciudadanos (seguridad pública); amenazas relativas al uso de la internet y las plataformas digitales (seguridad cibernética); amenazas de origen externo, tradicionales o emergentes (seguridad exterior o defensa), etc.

En tal sentido, en el caso de la institución policial, hoy en día está ampliamente difundida y legitimada la opinión de que su mandato central es la “seguridad pública”, denominada también en ocasiones como “seguridad interna”. Para el caso guatemalteco, la Ley de la Policía Nacional Civil establece que la PNC fue creada precisamente con el mandato exclusivo de proveer seguridad pública a la población.

Pero, ¿cómo pueden entenderse, con mayor detalle, el ámbito o concepto de “seguridad pública” y la función policial en sentido estricto? Desde una perspectiva teórica asociada a la tradición liberal (y particularmente tras las conquistas logradas por la Revolución Francesa), la seguridad pública suele caracterizarse como aquel ámbito de seguridad en el que el Estado busca primordialmente mantener el orden público; proteger la integridad física de las personas y, especialmente, sus derechos y sus bienes; prevenir los delitos; y realizar la investigación criminal. Estos elementos son los que, justamente, imposibilitan que puedan mezclarse la función de policía con la de defensa y que no puedan confundirse los roles y mandatos de la policía con los del ejército; esto es, que no puedan confundirse el ámbito, los principios y los medios de la seguridad interna con los de la defensa o seguridad exterior.

De hecho, el artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, señalaba la necesidad de contar con una “fuerza pública” para garantizar estos derechos “en beneficio de todos”; este crucial planteamiento de la policía como garante de los derechos individuales suele considerarse como el punto de inflexión histórico a partir del cual se propició la creación de cuerpos policiales encargados de la seguridad interna, pero precisamente con filosofías y estrategias distintas a las de los cuerpos militares, pues la lógica y medios de abordaje de las amenazas respectivas de las que se encargan cada una de estas instituciones se orientan hacia fines sustantivamente diferentes (Guillén, 2015). Esta nota sobre la crucial distinción y separación entre la naturaleza y los roles de la policía (civil) y los del ejército (militar), o entre la seguridad y la defensa, no es de menor importancia en la discusión sobre el modelo policial en Guatemala y volveremos a ella en la próxima entrega.

Concurren, pues, en la dimensión de la seguridad pública las tres funciones claves del órgano policial: el mantenimiento del orden público, la investigación criminal y la prevención del delito. Cabe decir que el artículo 10 de la Ley de la PNC refrenda esta concepción, pues señala e incluye a aquellas –entre un catálogo mucho más amplio– como atribuciones y funciones centrales de dicha institución, aun y cuando desde los estudios criminológicos se ha subrayado el enorme peso y primacía que en la praxis tiene la primera función sobre las dos restantes en la mayor parte de los cuerpos policiales del mundo (Guillén, 2015), algo que también puede sostenerse con respecto a la PNC, donde el grueso del personal no está dedicado a la investigación criminal ni a la prevención del delito.

  • ¿Cómo organizar a la policía?: Política de seguridad y modelos policiales

Podemos ahora introducir la discusión sobre los “modelos policiales” y preparar el terreno para el análisis sobre el modelo policial imperante en Guatemala. Partamos de que un modelo policial no es otra cosa que un “conjunto ordenado de normas, órganos, recursos –humanos, materiales y de otro tipo– y procedimientos de relación entre todos ellos, que se articulan y actúan de forma coordinada, con la finalidad de contribuir a garantizar la seguridad de los ciudadanos” (Jar Couselo, 2000). O, en forma más sintética, es una “visión global de la función policial”, no una estrategia concreta para abordar amenazas a la seguridad en determinada coyuntura (Guillén, 2015).

En esta línea, debemos tener claro que toda política de seguridad conlleva –como cualquier política pública en otro ámbito– no solamente la definición del problema público a abordar (la inseguridad subjetiva, por ejemplo), la identificación de los factores determinantes sobre dicho problema (la proliferación de armas o la desigualdad en el ingreso, por ejemplo) y la formulación de los objetivos estratégicos y metas (reducir a la mitad la tasa de homicidios por 100,000 habitantes en el territorio nacional durante el próximo lustro, por ejemplo), sino también la identificación de los actores relevantes (PNC, DIGICI, etc.), la formulación de las estrategias o intervenciones principales que estos implementarán para alcanzar metas específicas (patrullajes policiales, por ejemplo)  y, asimismo, un modelo organizativo-funcional en el que se definen los principios orientadores, las misiones primordiales y la manera en que dichas entidades estarán estructuradas, interrelacionadas y en su caso coordinadas, a fin de cumplir eficaz y eficientemente con sus distintos roles, atribuciones y funciones institucionales.

Toda política de seguridad presupone, pues, un modelo policial o varios modelos policiales, según el número y la heterogeneidad de organizaciones policiales que puedan existir simultáneamente en un país concreto. Y toda discusión sobre una reforma o transformación del modelo o modelos policiales vigentes acarrea, por tanto, una discusión sobre la política de seguridad en su conjunto (Guillén, 2015). En realidad, no podemos discutir seriamente sobre los modelos policiales si no tomamos en cuenta a la vez las políticas de seguridad a las cuales dichos modelos se adscriben, particularmente su adecuación o inadecuación con la naturaleza, los objetivos y las estrategias que planteen tales políticas. Por ejemplo, en la política de seguridad, y en el modelo policial asociado a ella, juega un papel importante el factor relativo a si dicha política se enfoca más en los aspectos situacionales del delito o si no lo hace así. En caso afirmativo, como sostiene Guillén (2015) lo más probable es que las causas sociales, personales o ambientales del crimen pasarán a un segundo plano y esto tendrá incidencia sobre el alcance y orientación de la función policial, esto es, sobre el modelo policial mismo.

No obstante, no es oportuno proceder ahora a tal tarea, de la cual también nos ocuparemos en la segunda entrega. Conviene, más bien, explicitar de mejor manera la cuestión ¿qué es un “modelo policial”? y revisar brevemente algunas tipologías relevantes.

En principio, refiramos que hay una tipología clásica que distingue entre dos grandes modelos policiales: 1) el continental o francés y 2) el anglosajón o inglés (Jar Couselo, 1999). Esta taxonomía se enfoca en las dos grandes vertientes de la policía moderna que emergieron durante el siglo XIX en Europa.

En breve, el modelo continental –cuyo prototipo clásico lo constituyó la policía de Fouché– se caracterizaría por disponer de estructuras organizativas militarizadas, una fuerte centralización del mando, un sistema de información desplegado a nivel nacional, un énfasis en el control de la población y bajo nivel de proximidad, apoyo y legitimidad de la ciudadanía.

Por su parte, el modelo anglosajón establecería una separación clara entre la función militar y la policial, vinculando ésta al poder local; además, se concedería una prioridad al enfoque preventivo del delito sobre el reactivo y la función policial se ejecutaría a través de órganos policiales bajo el control de las autoridades locales y no desde la capital del país.

Otros autores, como Wilson, han distinguido entre un modelo legalista, un modelo orientado hacia la prestación de servicios y un modelo de vigilancia. Según Wilson (Moloeznik, 2010), el modelo legalista se caracterizaría por la aplicación estricta de leyes y reglamentos, por una débil importancia concedida al mantenimiento del orden público, por límites importantes a la discrecionalidad de la función policial, por una cifra elevada de arrestos (particularmente sobre delitos menores) que funcionan además como un indicador de desempeño policial, por una división de funciones altamente especializadas y por altos niveles de control jerárquico y rigidez en la ejecución de las tareas.

Por su lado, el segundo modelo se distinguiría por concebir a la policía ante todo como un servicio a la ciudadanía, por un grado moderado de descentralización de la autoridad y la responsabilidad, por privilegiar el mantenimiento del orden sobre la aplicación de la ley, por priorizar las relaciones con la comunidad y dar importancia a cultivar en el público una imagen positiva de la policía, así como por fomentar la ética y potenciar el espíritu de iniciativa del agente policial. Y, por último, el modelo de vigilancia dispondría de los siguientes rasgos sobresalientes: focalización en el mantenimiento del orden, amplia discreción en la ejecución de las tareas policiales, control débil del personal, vulnerabilidad a la corrupción y limitada descentralización de la autoridad y la responsabilidad.

Por su parte, Moloeznik (2010) ha propuesto distinguir entre modelos policiales “de mayor grado de desarrollo relativo”, propios de los países con poderío económico y financiero y con fuertes Estados de derecho, entre los cuales identifica al alemán, al canadiense, al español, al francés, al británico, al israelí, al japonés y al estadounidense; modelos policiales “de desarrollo intermedio”, entre los que destacan el modelo ruso y el chino; y los modelos policiales “latinoamericanos”, sobresaliendo entre ellos el argentino, el brasileño, el chileno, el colombiano y el mexicano.

Algo importante de estos últimos –entre los cuales se encontraría el propio modelo guatemalteco– es que, según Moloeznik (2010) pero también otros autores como Cheves (2005), se caracterizarían por tener una organización muy centralizada de naturaleza cuasi-militar, un enfoque represivo del delito y débil proximidad y baja legitimidad ante la ciudadanía.    

Por último, en la literatura sobre modelos policiales descuella el trabajo reciente de Guillén (2015), quien ha destacado que el elemento definitorio clave de un modelo policial es el relativo a sus fuentes de legitimación, distinguiendo tres de ellas: la obediencia a un gobierno democrático, legítimo y representativo; el saber profesional; y el servicio que se presta a la población.

Guillén también ha apuntado la relevancia de otro elemento: el de la finalidad o misión policial. Por ejemplo, si la misión principal es la lucha contra la delincuencia, o el mantenimiento del orden público, o la satisfacción de los ciudadanos en tanto usuarios del servicio de seguridad. Cada una de estas misiones conduce o corresponde a modelos diferenciados.

Ciertamente, la intensidad puesta en cada elemento y la combinación que pueda existir entre todos ellos es lo que le dará especificidad a cada modelo y lo diferenciará de otros.

Todos esos elementos tienen un gran peso sobre otros aspectos de un modelo policial, como la relación específica y el grado de discrecionalidad que tendrá la policía con la aplicación de la ley en casos concretos; las prioridades particulares a asumir en el mantenimiento del orden en espacios públicos (gestión del orden público, de la masa o del desorden); la relación con la ciudadanía y el papel de esta en la seguridad pública y en la definición de las políticas policiales y de la propia organización y funcionamiento de la policía; así como el tipo de controles y mecanismos de rendición de cuentas a los que los cuerpos policiales estarán sometidos, entre otros.

Un modelo policial, pues, pone en juego todos aquellos elementos centrales a la hora de definir cómo se ejercerá la función policial por uno o varios cuerpos policiales en un territorio determinado. Ningún modelo se concreta de manera pura en ninguna organización policial determinada. Toda implementación de un modelo policial es compleja. Pero la mezcla de elementos propios de diversos modelos no significa que ninguno de ellos tenga una influencia clara o decisiva. Normalmente, un modelo domina o tiende a dominar en cada cuerpo policial particular.

Examinemos con algún detalle la tipología propuesta por Guillén (2015).

Este autor ha distinguido tres principales modelos policiales entre los que existiría históricamente un tipo de sucesión cronológica, a saber: el gubernativo, el profesional y el comunitario.

El modelo gubernativo es bajo el cual nacen las policías modernas y tiene como rasgo sobresaliente que la policía actúa en dependencia directa del Gobierno, el responsable de darle las órdenes de actuación, de supervisar su funcionamiento y de aplicar determinado tipo de sanciones en caso de negligencia o mal desempeño. La policía no es otra cosa aquí que “una organización que ejecuta órdenes”.

Más allá de esto, sin embargo, hay otros atributos relevantes que configuran y distinguen al modelo gubernativo, por ejemplo:

1) La policía tiene como fin principal el mantenimiento y aseguramiento del orden político, dependiendo mucho de las bondades o insuficiencias del sistema político en el cual se implementa;

2) El modelo le otorga mucho mayor énfasis al control de la información y el mantenimiento del orden en los espacios públicos que a la seguridad subjetiva (temor al delito, percepción de inseguridad de la ciudadanía), lo cual puede abarcar no solo hacerse cargo de más funciones administrativas sino incluso de gestionar información o inteligencia para la toma de decisiones políticas, razón por la cual el cuerpo policial está o puede sujetarse a un uso político por el Gobierno;

3) Prevalece la influencia de la estructura y disciplina militar en el diseño organizacional y la cultura de los cuerpos policiales civiles, dando lugar incluso a la coexistencia de policías militares o de estatuto castrense;

4) Dispone de una estructura bastante centralizada y jerárquica para garantizar y controlar la ejecución de las órdenes, para lo cual no elude el uso de la fuerza cuando resulte necesario, teniendo además normalmente cobertura a nivel nacional;

5) Es un modelo primordialmente reactivo; está mejor dispuesto o preparado para la reacción ante el crimen que para la prevención del mismo;

6) Dado que el cuerpo policial es un mero ejecutor de las decisiones gubernamentales, no necesita abrirse ni cultivar una relación o establecer canales de comunicación con la ciudadanía que no vayan en dirección de los intereses policiales, lo cual puede redundar por otra parte en un difícil acceso a la información policial así como a la realización y divulgación de los resultados de las encuestas de victimización. Dicho de manera simple: la ciudadanía no es un elemento central para este modelo;

7) Dada su vinculación y dependencia estrecha del Gobierno, es usual que un cambio en este último comporte también cambios relevantes en la propia cúpula policial;

8)  El método de trabajo privilegiado de este modelo es el patrullaje policial uniformado; se apuesta por la presencia policial en las calles como factor disuasivo del crimen y asegurador del orden público;

9) Los controles externos en vigor sobre la policía serán primordialmente judiciales, aunque también los hay de carácter político y administrativo. Los controles ciudadanos son prácticamente inexistentes.

10) Es un modelo que puede resultar atractivo para sistemas políticos autoritarios o incluso para “democracias débiles”, al posibilitar el control político del uso de la fuerza policial con mucho margen de discreción y configurar a la policía como un ente aislado de la sociedad.

Por su lado, el modelo profesional habría aparecido durante las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos de América con el espíritu de resistir o superar los graves problemas a los que se venía enfrentando el modelo gubernativo en razón de su dependencia del sistema político. Este modelo tiene como características principales las siguientes:

1) Por su fuerte carácter legalista, la misión principal de la policía es la lucha contra la delincuencia, particularmente el combate del delito. La policía ha de enfocarse en la desviación de la ley, persiguiendo las infracciones cometidas.

2) Otorga especial relevancia a la formación y especialización de los policías con referencia expresa a la idea de profesionalidad, a fin de aludir a un conjunto de personas que actúan en función de un saber y unos procedimientos específicos considerados idóneos para el cumplimiento de la misión policial;

3) La policía, por tanto, es concebida como una profesión con personal formado al más alto nivel técnico para abordar los problemas de inseguridad, así como ocurre en otras profesiones como la salud o la educación;

4) La autoridad policial se obtiene primordialmente a través del conocimiento. Este énfasis otorgado al saber y la técnica posibilita que la policía pueda ser percibida como un ente neutral y técnico, buscando distanciarla de la influencia de los actores políticos;

5) Por ello mismo, los procesos de selección, formación y promoción del personal policial han de ser objetivos y rigurosos, con un alto perfil educativo y orientados hacia la más alta especialización y profesionalización, lo cual eleva el status y el prestigio de la profesión policial;

6) La policía debe tener a su alcance mejores condiciones de trabajo que las usuales y poder aprovechar el desarrollo científico y tecnológico para el cumplimiento de sus roles y funciones en seguridad;

7) Concede una mayor exigencia ética y de apego y respeto por la ley, limitando al máximo la discrecionalidad policial para evitar arbitrariedades y actos de corrupción, buscando además garantizar la independencia respecto de la política y la credibilidad ante la ciudadanía;

8) Se basa en protocolos normalizados de trabajo y promueve el uso de indicadores propios para monitorear y evaluar el desempeño del servicio policial, particularmente relacionados con el incremento o descenso de las tasas delictivas;

9) Su método o estrategia principal de trabajo es la intervención intensa, una estrategia muy reactiva y focalizada en el control de los espacios;

10) No le otorga una prioridad a la prevención del delito; ésta juega un papel marginal en el modelo, al considerarse que la detención y condena de los delincuentes –y, por tanto, las capacidades de investigación criminal– es el principal factor preventivo o disuasivo de nuevos delitos;

11) No obstante lo anterior, propugna un incremento del número de policías operativos al considerar que ello funciona como factor de disuasión, y por tanto de prevención, de la delincuencia;

12) La ciudadanía tampoco adquiere un papel relevante en sí mismo, pues es el saber y no la satisfacción ciudadana es la fuente de legitimidad del cuerpo policial; la interacción con la población no es por tanto muy relevante ni debe ser fomentada, aunque se reconoce que los ciudadanos pueden colaborar en la prevención del delito y en proveer de información útil para la actuación policial; y

13) Aunque admite ciertos controles externos, los principales controles sobre la policía son aquí los controles internos; los controles ciudadanos adquieren poca importancia.

Por último, aunque hay variadas formulaciones que utilizan nombres como los de “policía comunitaria”, “policía de proximidad” o “policía de barrio”, el modelo comunitario –teniendo algunos antecedentes en la Policía Metropolitana de Londres del siglo XIX– surgió durante la década de los setentas en los Estados Unidos como respuesta al fracaso del modelo profesional, extendiéndose luego a diferentes regiones del mundo y distinguiéndose especialmente por los siguientes rasgos:

1) Concibe esencialmente a la policía como un servicio público de seguridad, como un modelo de prestación de servicios de seguridad a la ciudadanía. Esto –no el poder, ni la ley, ni el saber técnico– es lo que justifica la existencia del cuerpo policial;

2) La comunidad o el público son muy relevantes para la definición de la misión policial y de los asuntos prioritarios a ser cubiertos por la policía. La lucha contra la delincuencia es un objetivo importante, pero la satisfacción ciudadana –que puede o no estar focalizada en la delincuencia– se erige como el criterio relevante para la evaluación del servicio policial;

3) La policía debe aproximarse a la comunidad, especialmente para conocer sus demandas, porque necesita mantener altos niveles de legitimación –lo que incluye saber hacer su trabajo en comunidades multiculturales, particularmente con las minorías– y para fomentar también la colaboración de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia;

4) El servicio policial debe diseñarse con base en las necesidades de la ciudadanía (incluyendo las de las minorías culturales) y no en el saber experto, lo que implica gestionar la información y el conocimiento correspondientes. La policía no es tanto un agente estatal cuanto un agente de la comunidad;

5) No obstante, se considera que el ciudadano no es solamente un cliente, sino también un actor. La ciudadanía juega un papel proactivo al concebirse que la responsabilidad de mantener el orden y la seguridad también está en sus manos. Se abandona la idea de que la policía tiene el monopolio de los asuntos de seguridad y se proclama la idea de la “coproducción de la seguridad” (Estado-ciudadanía); la policía –como han dichos algunos– ya no es solamente “la policía” sino “la policía y la comunidad”;

6) Se promueve la organización comunitaria, la convivencia pacífica y la cohesión social, así como la participación de los ciudadanos en la protección de su patrimonio, en la seguridad de sus actividades y en la recuperación de los espacios públicos;

7) La comunicación es un elemento clave del modelo. Se busca maximizar el contacto y la comunicación entre la policía y el público por diferentes vías (campañas de comunicación, encuestas de victimización, acceso a las estadísticas policiales, reuniones con vecinos, etc.), lo cual se considera que influye positivamente en la seguridad subjetiva, particularmente al ganar la policía el respeto y aceptación de la población;

8) Aunque mantiene criterios reactivos, se prioriza un enfoque preventivo del delito y se fomenta la solución de conflictos y de problemas, postulándose un uso mínimo de la fuerza, la represión y el castigo;

9) En términos organizacionales, el modelo favorece un perfil de agente con habilidades, conocimientos y actitudes para enfrentar situaciones imprecisas e inciertas. Es un perfil mucho más flexible y polivalente que en los modelos anteriores. También se promueve la cooperación interagencial en razón de la multidimensionalidad de las causas de la inseguridad;

10) Los indicadores principales del modelo no son las detenciones o actuaciones policiales contra la delincuencia, sino los resultados alcanzados a través del servicio público de seguridad (la ausencia de delitos y desorden);

11) En cuanto al orden público, este modelo apuesta por la gestión del mismo como tal y no de la masa, ni de los incidentes, buscando estar en contacto permanente con la comunidad para anticiparse a los conflictos;

12) Respecto a la relación con la ley, se busca más servir a ésta que simplemente ejecutarla o aplicarla mecánicamente, lo cual le concede un amplio margen de discrecionalidad al agente policial;

13) En caso de alguna reforma institucional importante, se harán consultas al público y a los actores involucrados relevantes;

14) Los mecanismos de rendición de cuentas y de control son preferentemente de carácter externo y, primordialmente, busca facilitar el control ciudadano sobre la policía antes que los controles formales jurisdiccionales.  

Partiendo de todos estos elementos analíticos sobre los modelos policiales, ¿qué podemos decir acerca de la función y la organización policial en Guatemala? ¿A qué modelo o modelos se adscribe? Para adelantar nuestra tesis, tomando como referente la tipología planteada por Guillén, lo que hay en nuestro país es primordialmente un modelo policial gubernativo –o de “policía de Estado”– al que, durante la última década, se han sumado elementos del modelo profesional y del modelo comunitario, con diferente grado de impacto y éxito. Argumentaremos, profundizaremos y matizaremos eventualmente esta tesis en la próxima entrega.

Referencias:

Cheves, Raúl Marcelo (2005): El modelo policial hegemónico en América Latina, Editorial Universidad, Buenos Aires.

Guillén Lasierra, Francesc (2015), Modelos de policía y seguridad. Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.

Jar Couselo, Gonzalo, “El papel de la policía en una sociedad democrática”, Revista española de investigaciones sociológicas, No. 85, 1999, pp. 199-220.

Jar Couselo, Gonzalo, Modelos comparados de policía, Madrid, Dykinson/Ministerio del Interior, 2000.

Moloeznik, Marcos Pablo, Manual de sistemas comparados de policía, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2010.

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Cortesía Prensa Libre

05 Jul Las cárceles: propuesta de reforma en el Triángulo Norte de Centro América

No. 4 Junio 2019. Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

“El único propósito racional de una prisión es restringir a aquellos que son violentos, mientras que les ayudamos a cambiar su comportamiento y regresar a la comunidad”. ~James Gilligan

Resumen. Las prisiones del Triángulo Norte comparten varios elementos en común: sobrepoblación, escasa inversión, infraestructura deteriorada y un ambiente criminógeno que favorece la comisión de actos delictivos entre los propios internos y hacia fuera de los centros penitenciarios. Los intentos de reforma del sistema se han quedado en buenas intenciones. Es necesario retomar la función principal de la cárcel: la rehabilitación y reinserción de quienes se encuentran cumpliendo una sentencia.

Los centros carcelarios no han cumplido su propósito de rehabilitar a los convictos y devolverlos a la sociedad como ciudadanos productivos y respetuosos de la ley. Un alto porcentaje de los reclusos regresa a prisión después de ser liberado. El problema es la prevalencia de un enfoque basado en el supuesto que el confinamiento, las condiciones desagradables de la vida en prisión y el estigma social asociado al encarcelamiento, deberían ser suficientes para disuadir el comportamiento criminal posterior. Reconocer, que el objetivo de la prisión no es el castigo, y cambiar el enfoque de cómo debemos atender a los privados de libertad, es vital para obtener mejores resultados en el objetivo de la rehabilitación y reinserción social.

En Guatemala el Sistema Penitenciario administra 22 centros de privación de libertad, 12 de prisión preventiva y 10 de cumplimiento de condena. En total, el país cuenta con 6,812 espacios de reclusión, para una población de 25,000 privados de libertad  (367% de su capacidad)1. En El Salvador, existen 28 centros carcelarios para 39,807 PPL (220.5%) 2 y en Honduras también 28, albergando a una población de 21,004 reclusos (198%)3.

En general, las tasas de encarcelamiento han ido en aumento en los tres países durante el período 2000-2019. En El Salvador, entre 2009-2015 el número de pandilleros recluidos aumentó en 72%, representando el 42% del total de PPL.  En cuanto a la prisión preventiva, en Honduras y Guatemala un poco más del 50% de los detenidos aún se encuentran pendientes de sentencia, mientras que en El Salvador alrededor del 30%.

Las condiciones de vida en las prisiones

Un factor común en el sistema penitenciario de los países del Triángulo Norte es que las instalaciones carcelarias no cumplen con los estándares mínimos, y menos con las recomendaciones de Naciones Unidas a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles4. Las condiciones de vida en la cárcel lejos asegurar la convivencia pacífica entre los internos y promover su rehabilitación, representan graves riesgos para su salud, además de facilitar la violencia interna, y la delincuencia que se manifiesta desde ahí hacia el resto de la sociedad, y que hace a las PPL más propensas a reincidir al ser liberadas.

Los reos de bajo riesgo están expuestos a un entorno criminógeno típicamente dominado por reos de alta peligrosidad, organizados para controlar el ámbito carcelario. Las PPL viven en una situación de hacinamiento, donde la mayoría carece de una cama, debe procurarse su propia alimentación y un espacio para pernoctar, por el cual debe pagar, ya sea con trabajo o con dinero, lo cual perpetua el ciclo del crimen dentro y fuera del sistema carcelario5. A ello se suma el hecho que las PPL no están segmentadas y conviven tanto aquellos en situación preventiva como quienes ya han recibido una sentencia condenatoria6.

Las condiciones deplorables del sistema penitenciario facilitan la corrupción del personal administrativo y de seguridad que se presta para permitir el ingreso de alcohol, drogas, armas, y celulares, entre otros, a requerimiento de los reos organizados que controlan la prisión. Mientras los controles a la entrada del recinto son responsabilidad de los guardias, a lo interno son estas cúpulas de crimen quienes imponen sus propias reglas de convivencia. Esto hace difícil el control y la vigilancia y a la vez facilita las condiciones para fugas y amotinamientos.

La ausencia del Estado dentro de los centros carcelarios se evidencia, no sólo en las condiciones deplorables en que viven los internos, sino en que los hechos violentos que ahí ocurren (violaciones, extorsiones, trata de personas, agresiones físicas) la mayoría de las veces no se denuncia formalmente ante las autoridades y es asumido como parte de la vida en prisión. Anualmente se emiten informes sobre las condiciones de las prisiones por parte de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, sin embargo, ha existido poco interés en promover cambios sustanciales al sistema por parte de las autoridades.

Políticas de reforma penitenciaria

Las condiciones del sistema carcelario han dado pie a que las autoridades se propongan implementar medidas orientadas a la mejora de las condiciones de vida y atención de las PPL. En el Triángulo Norte los países coinciden en algunos aspectos, por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura, la construcción de nuevas cárceles, y la carrera penitenciaria 8.

Otras medidas que se han considerado y que no están contenidas en los documentos de Reforma penitenciaria son, en Honduras, la reducción de penas para delitos menores para PPL que han cumplido con la mitad de su condena; reducir a la mitad la cantidad de centros penitenciarios; el uso de pulseras electrónicas, detectores de metales y una base de datos digitalizada con el fin de aumentar la seguridad en el sistema penitenciario.

En Guatemala, ha sido propuesto el uso de pulseras electrónicas como medida para reducir la cantidad de PPL, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, y se ha implementado un modelo de gestión penitenciaria focalizado en la rehabilitación sobre todo de mujeres y reos de baja peligrosidad, basado en el modelo implementado en República Dominicana. También se implementaron medidas para realizar requisas de forma periódica en las cárceles y decomisar ilícitos.

En el Salvador, recientemente en junio de 2019, se bloqueó la señal de telefonía celular en las 28 cárceles, como medida para contrarrestar la actividad delictiva de las PPL, especialmente las extorsiones. También el gobierno dejó sin efecto la segregación de los pandilleros de Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) en diferentes prisiones, tratando de debilitar así el poder político y económico que estos grupos habían consolidado al tener el manejo de los centros carcelarios9.

Recomendaciones de política pública

Los países del Triángulo Norte deben revisar sus políticas penitenciarias e implementar nuevas estrategias para prevenir la reincidencia del comportamiento criminal, incluyendo directrices en el sector justicia para delimitar la aplicación y la duración de la prisión preventiva, así como una política activa de penas abreviadas y alternativas tecnológicas a la privación de libertad. Las medidas que recomendamos son:

Implementar reformas judiciales

  • Evaluar el impacto sobre el hacinamiento que tendrían las medidas alternativas a la prisión preventiva, la reducción de penas y las sanciones alternativas a la privación de libertad, como base para decidir sobre la inversión en la construcción de nuevos centros carcelarios y el remozamiento o reconversión de los existentes;
  • Implementar alternativas a la reclusión incluidas las órdenes de servicio comunitario, la supervisión mediante el uso de pulsera electrónica, y el uso de la justicia restaurativa (por ejemplo, el pago de compensaciones económicas para ciertos delitos) entre otros;
  • Revisar las penas por narcomenudeo y portación de drogas para consumo personal;
  • Los ofensores deberían tener derecho a evaluaciones del riesgo que representan para la seguridad pública, los factores que subyacen a su ofensa y el apoyo social que pueden recibir para evitar la reincidencia, como evidencia para sustentar la decisión de juez de enviar a prisión preventiva o conceder medida alternativa.
  • Los jueces y los defensores públicos deberían también estar obligados a verificar el cumplimiento de las sentencias que emiten, y valorar las condiciones en que los ofensores se encuentran en prisión.

Implementar políticas públicas para disminuir la reincidencia delictiva

  • Diseño de programas de educación y formación ocupacional, que favorezcan el cambio de comportamiento y la generación de ingresos mediante el trabajo productivo;
  • Elaboración de planes de salida y acompañamiento para quienes están próximos a cumplir su sentencia;
  • Implementación de programas de (re)inserción laboral con apoyo de la comunidad y la empresa privada, así como programas públicos de empleo puente para privados de libertad;
  • Acceso a programas de protección social, para apoyar con las necesidades de vida diarias, durante el período que no han obtenido empleo, a fin de evitar estrategias de supervivencia en conflicto con la ley penal.


Retomar la rehabilitación como función principal de la prisión

  • La sentencia de prisión se cumple con la privación de libertad, no con el sometimiento a penurias, hambre, abusos y condiciones inhumanas. La prisión intenta que la persona se haga responsable por sus acciones.  Sin embargo, esto no exime al Estado de reconocer los derechos humanos y libertades fundamentales de las PPL.
  • Para orientar la prisión hacia un modelo de rehabilitación es necesario adecuar la infraestructura carcelaria. Es decir, espacios dignos sin sobrepoblación y segmentación por nivel de riesgo de los reos. Las prisiones deben ser un sitio seguro que motive al cambio de comportamiento y que limite las oportunidades de la vida delictiva desde y dentro de las instalaciones.

Mejores mecanismos de selección y promoción del personal penitenciario

  • El personal penitenciario es un elemento crucial para promover la convivencia pacífica entre las PPL. Son ellos quienes tienen bajo su responsabilidad la seguridad interna y quienes deberían velar por el respeto a los derechos humanos de los reos. La forma en que traten a los reclusos determinará si una prisión es decente y humana, o brutal y coercitiva.
  • Definir perfiles de puestos de trabajo para el personal de los centros de privación de libertad, que considere un mejor nivel de entrada, opciones para la formación en el trabajo, y oportunidades de promoción y carrera profesional.
  • Mejorar las condiciones de trabajo, las remuneraciones y la protección para los trabajadores del sistema penitenciario y sus familias;
  • Establecer mecanismos para retroalimentar el comportamiento del personal de los centros penitenciarios, de forma que se recompensen las acciones positivas y se den sanciones a quienes reproduzcan el modelo de cooptación criminal de las prisiones.

Descargar documento aquí http://www.dialogos.org.gt/wp-content/uploads/2019/07/PB4-ee-july2019-1.pdf

Fuentes citadas

1. Dirección General del Sistema Penitenciario, datos a junio de 20192. 
2. prisonstudies.org, datos a marzo de 2019
3. Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), datos a marzo de 2019
 4. https://www.unodc.org/documents/justice-and.../Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf
 5. https://www.prensalibre.com/ciudades/jutiapa/cobros-ilegales-florecen-tras-las-rejas 
6. Con excepción de Guatemala en dónde están separados los exfuncionarios ligados por delitos de corrupción, y las personas que van a ser extraditadas, muchas ligadas al narcotráfico
7. Treadwell, Gooch & Barkham, 2019
8. Política Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario de Guatemala 2014-2024; Política Nacional Penitenciara Honduras, 2015; Política Penitenciaria Salvadoreña, 2019. 
9.  https://actualidad.rt.com/actualidad/318504-plan-seguridad-bukele-crimen-organizado-salvador 

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22 Jun Seguridad Ciudadana: principales desafíos de la oferta electoral

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento[1].
Durante la última década, la violencia homicida ha descendido de manera sostenida después de alcanzar en el año 2008 su punto más alto con 46 muertes por cien mil habitantes.  Actualmente, la tasa se ubica en 22 por 100 mil habitantes; sin embargo, la percepción sobre la inseguridad continúa en la mayoría de la población.

     En el período 2008 a 2016, los enfoques utilizados para garantizar la seguridad de la población han variado. Por ejemplo, durante la administración de Álvaro Colom (2008-2012) se dio énfasis a los programas de prevención social y situacional de la violencia y el delito, con algunas intervenciones en el ámbito del narcotráfico; durante el gobierno de Otto Pérez, se diseñó la Política Pública Nacional de Prevención y el Delito 2014-2024, y la Política de Reforma Penitenciaria y se enfocaron los esfuerzos en la incautación de armas de fuego; en el período actual 2016-2020 Jimmy Morales planteó como metas específicas la reducción de la tasa de homicidios y la tasa de delitos contra la propiedad. En este período las acciones han estado enfocadas en la desarticulación de las bandas dedicadas a la extorsión y la incautación de armas de fuego. Durante este período se diseñaron la i) Política Criminal, ii) la Política de Seguridad, y iii) la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito.

Guatemala elegirá nuevas autoridades en 2019. De acuerdo con una encuesta realizada por Prensa Libre en marzo del presente año; el tema de seguridad ciudadana continúa siendo una de las principales preocupaciones, entre el 41%, entre la población.

¿Forma parte la seguridad ciudadana de la oferta política? ¿Tienen los ciudadanos opciones para escoger? ¿Es la seguridad ciudadana un elemento de los planes de gobierno? ¿Se toman en cuenta los instrumentos de Política pública en materia de prevención y seguridad?


Para responder a estas interrogantes, revisamos los planes de gobierno de los 14 partidos que llegaron a presentar uno.[1]
Como primer paso, utilizamos los ejes de prevención propuestos en la Política y Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito; la Política Criminal Democrática, la Política Nacional de Seguridad; y la Política de Reforma Penitenciaria. Estos instrumentos se encuentran vigentes y proveen el marco político además del modelo conceptual e interpretativo, de abordaje de la prevención y la seguridad ciudadana.

Dentro de los planes de gobierno, la seguridad es uno de los ejes contemplados. Sin embargo, las acciones relacionadas con los instrumentos de política pública vigentes son escasas. Es evidente también que la mayoría de los partidos políticos carecen de una visión acerca de la seguridad ciudadana; las causas y efectos de la violencia, el delito, y consecuentemente, su forma de abordarla.

Tabla 1. Políticas Públicas relacionadas con la seguridad ciudadana

La oferta electoral entre los partidos que lideran la intención de voto es bastante similar, cabe mencionar que los que están muy abajo en las encuestas (e.g. Encuentro por Guatemala, Libre) tienen propuestas más concretas que incluyen no sólo el fortalecimiento del Ministerio de Gobernación sino la prevención de la violencia y el delito.

Como segundo paso, evaluamos las medidas propuestas en términos de la cantidad de la evidencia disponible. Al mismo tiempo, estimamos el impacto potencial que las mismas tendrían en la seguridad ciudadana. Algunas de las medidas cuentan con evidencia empírica que les respalda, por ejemplo, la rehabilitación de privados de libertad; la creación de cárceles de alta seguridad, y la dignificación de la carrera penitenciaria; la organización comunitaria, la recuperación de espacios públicos, y las oportunidades de mejora económica; implementar el modelo de Policía Comunitaria, dignificar y profesionalizar a la PNC.

Tabla 2. Oferta para la seguridad ciudadana según nivel de evidencia disponible a su favor y su relación con las Políticas Públicas

Fuente: elaboración propia

El nivel de impacto de estas medidas, si se implementarán todas en su conjunto, sería moderado. Es importante comprender que la violencia es un fenómeno multicausal que requiere un enfoque integral que va más allá de las condiciones del sistema penitenciario, el modelo policial, la prevención, o el fortalecimiento institucional. Hace falta una visión integral de seguridad ciudadana que involucre también al sector de justicia. Las medidas que proponen los candidatos o partidos políticos son dispersas y no están orientadas al alcance de metas concretas que, en nuestro caso, deberían ser la reducción de la violencia homicida y las extorsiones, dos de los delitos que más resiente y afectan a la ciudadanía.  Es evidente también que no se contemplan medidas efectivas para el combate a los delitos relacionados con la narcoactividad y las pandillas.

Los delitos relacionados con la narcoactividad representan una amenaza para la gobernabilidad del Estado porque los territorios son generalmente dominados por los narcotraficantes. También hay un alto número de privados de libertad por estos delitos, sobre todo los relacionados con la posesión y venta al menudeo de drogas.

Las pandillas, por su parte, han monopolizado el delito de extorsiones. Éste último es uno de los fenómenos que mayor temor infunde en los ciudadanos. Además, genera un alto número de homicidios, sobre todo en el sector de la micro y mediana empresa.

Entre las medidas que tienen menos respaldo empírico se menciona el uso de fuerzas combinadas (Ejército y PNC). Se ha discutido mucho acerca del Ejército y su labor en cuanto a seguridad ciudadana. La conclusión general ha sido que los soldados no están capacitados para relacionarse con la población, y que, además, la Ley no les permite realizar aprehensiones a ciudadanos, a menos que éstos sean sorprendidos de forma infraganti.

Todos los planes de gobierno, que fueron examinados, incluyen un eje de seguridad ciudadana. Este es un aspecto positivo, ya que —al igual que la salud y educación— el tema de seguridad ha pasado a ser un elemento central en la oferta de los partidos políticos. Sin embargo, la mayoría de estos planes ignora las políticas públicas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito, y carecen de un marco conceptual, teórico y contextual que guíe el abordaje de la violencia en el país.

La segunda vuelta entre los dos contendientes que, dicho sea de paso, difieren muy poco en cuanto a sus propuestas de seguridad ciudadana, presenta una oportunidad útil para que la ciudadanía y la sociedad civil organizada exijamos un plan integral y una hoja de ruta para la disminución y prevención de la violencia y el delito.


[1] UNE, VAMOS, Humanistas, MLP, Creo, Winaq, Encuentro por Guatemala, Libre, Semilla, Prosperidad, VIVA, TODOS, URNG, y CONVERGENCIA

[1]  PNUD, 2013

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29 Sep ¿Dónde nos encontramos ocho meses después del cambio en MINGOB?

El Observatorio de Violencia de la Asociación Civil DIÁLOGOS evaluó el desempeño del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, durante sus primeros ocho meses al frente de la cartera del interior: “El indicador de corto plazo de la violencia homicida en Guatemala muestra estancamiento, pues después de dos notorios ciclos de aumentos y descensos en el número de necropsias relacionadas con hechos criminales, la cifra se encuentra al mismo nivel en el que estaba cuando asumió el cargo,” indicó Carlos Mendoza, coordinador del Observatorio.

Mendoza explicó que el descenso más notorio del período Degenhart, en realidad, es atribuible a la intervención que hizo el anterior ministro, Francisco Rivas, pues “la principal hipótesis de la reducción de la violencia observada en febrero de 2018 se relaciona con las intervenciones realizadas en prisiones durante enero del mismo año, para quitar el acceso a las telecomunicaciones a los privados de libertad”. Esta hipótesis supone que muchos de los asesinatos son ordenados desde dentro de las mismas prisiones. Los sicarios recibirían instrucciones de los líderes de las pandillas, por ejemplo, en casos relacionados con extorsión. “No obstante, se necesitan más datos para poder verificar tal extremo,” advirtió Mendoza.

Mendoza también afirmó que “al 19 de septiembre de 2018, utilizándose los datos diarios del INACIF, el indicador de corto plazo que muestra lo ocurrido en los últimos 30 días revela que el nivel de violencia es de 422 necropsias en promedio, mientras que cuando asumió Degenhart era de 421 necropsias (en casos de muertes posiblemente relacionadas con hechos criminales, en investigación, según aclara el INACIF), por lo que podemos concluir que en ocho meses no han dado resultados positivos las políticas de seguridad ciudadana implementadas por el actual ministro”.

La anterior cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), encabezada por Nery Ramos, había dejado el indicador de corto plazo en su nivel más bajo desde que se tienen registros (338 necropsias), mientras que al 19 de septiembre se registró un total de 423 necropsias, es decir, en un nivel 25 por ciento arriba. Si tomamos el promedio de 30 días de este indicador (lo que suaviza la tendencia), el cambio sigue siendo negativo, es decir, la violencia aumentó 7 por ciento respecto del punto mínimo.

En el largo plazo, la tasa interanual al 31 de agosto de 2018 llegó a 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, según los registros de la PNC. Este indicador, que acumula datos de los últimos 12 meses, no contradice la alerta temprana que se emite con la tendencia de corto plazo, pues el efecto negativo se verá con cierto rezago. Respecto a septiembre de 2017, otro punto de referencia, la violencia de largo plazo sí ha disminuido hasta un 13 por ciento, pero la magnitud del descenso podría erosionarse si el indicador de corto plazo continúa mostrando estancamiento. El Ministerio de Gobernación debe evaluar tanto sus prioridades como las acciones o políticas de seguridad ciudadana y para prevención de la violencia para ajustarlas en función de una mejoría sostenida en ambos indicadores.

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29 Ago Policy Brief No. 2 Vulnerabilidad y riesgo, el lenguaje común de las políticas de prevención en el Triángulo Norte de C.A.

 

Las personas jóvenes se ubican entre los 15 y los 24 años(1). En los países del Triángulo Norte, en el año 2017, aproximadamente un 20% de la población se encontraba en este rango de edad. La definición de jóvenes tiende a variar en cada país (en Guatemala, se extiende hasta los 29 años), ya que esta es una categoría más fluida que un grupo de edad fijo. La juventud hace referencia a «[…] una etapa de formación y adquisición de valores y habilidades para una vida adulta productiva(2)». Esta distinción con respecto a este período de la vida es motivada por la necesidad de una atención especializada para este grupo de edad, a riesgo de encasillar a quienes pertenecen a él en un rol de receptores pasivos, en lugar de participantes activos(3).

Por su parte, la atención mediática que reciben los jóvenes tiende a enfatizar en problemas como desempleo, deserción escolar, desviación social, entre otros. Como consecuencia, ha llegado a proyectarse una imagen, tanto hacia los mismos jóvenes como hacia los adultos, sobre un grupo socialmente deficiente que necesita acompañamiento de los mayores para transitar hacia la adultez. Este enfoque pasa por alto los activos y fortalezas de las personas jóvenes, debilitando su capacidad de ayudarse a sí mismos, y empoderando a los especialistas en juventud.

〈〈Hay un componente de prevención de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las políticas de prevención〉〉

 

Se ha visto a la juventud como un grupo vulnerable a la violencia y el comportamiento delictivo. En el Triángulo Norte de Centroamérica, la prevención de la violencia y el delito relacionados con la juventud alcanzó estatus de política pública a partir de 2005 en Guatemala, 2007 en Honduras, y 2010 en El Salvador. Hay un componente de prevención de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las políticas de prevención. Con ello se evidencia que, sea en el área de jóvenes o de seguridad ciudadana, los formuladores de política pública consideran que estos dos sectores se encuentran asociados.

Violencia y delincuencia en la juventud: ¿Qué las motiva?

La violencia y el comportamiento delictivo suelen ser más frecuentes en la juventud. Son resultado de un fenómeno social que refleja procesos similares, como la imitación del comportamiento antisocial entre pares(4). La mayoría de jóvenes, especialmente aquellos más cercanos a la adolescencia (15 años), tienen más probabilidades de exposición a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros. Sin embargo, los delincuentes de carrera inician más temprano en la vida, y solo se consolidan durante la adolescencia. Las altas tasas de comportamiento antisocial durante esta etapa reflejan la gran cantidad de adolescentes que se suman al grupo de ofensores persistentes de por vida. Luego se observa un declive al alcanzar los 18-20 años, pues quienes se involucran en comportamientos delictivos durante la adolescencia, al alcanzar la etapa adulta, se incorporan a la sociedad a través del empleo, el matrimonio, el servicio vocacional, entre otros(5).

〈〈Los adolescentes tienen más probabilidades de exposición a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros〉〉

 

Existen diversos factores que incrementan las probabilidades de que las personas jóvenes se involucren en actividades relacionadas con la violencia y el delito. El riesgo se incrementa por disposiciones genéticas y eventos prenatales que pueden dañar al feto, como el consumo de alcohol y el abuso de sustancias durante la gestación, que dañan el desarrollo neuropsicológico(6). De esa cuenta, características como la hiperactividad y el bajo autocontrol, asociados con la conducta antisocial precoz, suelen estar determinadas por la ausencia de cuidados durante el embarazo y la crianza en la primera infancia.

Otros elementos externos incluyen exposición a maltrato infantil, violencia escolar, asociación con pares que se involucran en actividades delincuenciales, desorganización comunitaria, débil reforzamiento de las leyes que norman el comportamiento social, inequidad en el acceso a los servicios de salud, educación y desarrollo social, entre otros(7). Estas condiciones generan una especie de tensión social en el adolescente, lo cual, a su vez, conduce al debilitamiento de los vínculos con la familia, la escuela y la comunidad, produciendo rechazo de los valores convencionales.

Durante la infancia y la adolescencia temprana, el apego a la familia es el determinante más importante de si un joven se adaptará a la sociedad convencional y estará protegido de la delincuencia o no. A mediados de la adolescencia, la familia es reemplazada por el mundo de los amigos, la escuela y la comunidad. En la edad adulta, las elecciones de comportamiento de una persona dependen de su lugar en la sociedad convencional y de su propia familia(8).

Prevención de la violencia relacionada con la juventud: Enfoque y resultados

En general, el modelo utilizado para explicar la violencia es el ecológico(9). Este implica la intervención en distintos niveles (individual, familiar, comunitario y social) para lograr un impacto en la prevención. Las políticas públicas que contemplan la prevención de la violencia relacionada con la juventud suponen que durante esta etapa es necesario brindar protección, oportunidades para el desarrollo, e incorporar a las personas jóvenes a la sociedad mediante la educación, el uso productivo del tiempo, el arte, el empleo, entre otros.

〈〈Las políticas de prevención  se enfocan en los jóvenes como ofensores más que como víctimas de la violencia y delincuencia〉〉

 

Estas medidas, impulsadas a través de políticas públicas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, evidencian que están dirigidas no a los criminales de carrera, sino a los adolescentes y jóvenes que, como producto de la etapa que atraviesan, son proclives a involucrarse en actividades antisociales. Los jóvenes que llegan a tener contacto con el sistema de justicia se encuentran incluidos a través de programas de reinserción social y, en algunos casos, mediante programas de educación.

El abordaje de las políticas de prevención de la violencia pareciera estar más enfocado en los jóvenes como generadores que como receptores de violencia y víctimas de la delincuencia. Existe muy poca comprensión sobre los efectos que la exposición a violencia en el hogar, en la escuela y en la comunidad tiene en las víctimas, y sobre la necesidad de atención y protección que ellas tienen derecho a recibir por parte del Estado. En cuanto a los jóvenes ofensores, las políticas promueven la rehabilitación y la implementación de sanciones distintas a la privación de libertad, sin dejar claro el rol del sistema de justicia sobre estos temas.

El tipo de violencia o delincuencia que las políticas intentan prevenir no está explícito en ellas. Pese a que al describir el contexto del país los documentos de política hacen referencia a la cantidad de homicidios, delitos al patrimonio, y otros, no contienen líneas de acción específicas para contrarrestarlos. Se habla de la violencia y el delito en general, lo cual abre la puerta a una nueva generación de políticas especializadas en, por ejemplo, violencia escolar, violencia hacia la mujer, pandillas, entre otras, fragmentando la respuesta al fenómeno y aumentando la complejidad de la coordinación interinstitucional necesaria para la implementación. También es notorio que, con excepción de la política y estrategia de prevención de Guatemala, las políticas suelen dejar de lado la atención específica que requieren la primera infancia, las mujeres y los grupos de la diversidad sexual.

Resultados

Los aspectos clave de las políticas de prevención son el desempleo y la educación. En el año 2012, la tasa de desempleo juvenil en Guatemala se ubicaba en 7.5; en El Salvador, en 12.4; y en Honduras, en 8. Es evidente que hubo una mejora en Guatemala, cuya tasa para 2017 fue de 4.8, mientras que en El Salvador se mantuvo en 12.4 y, en Honduras, se incrementó a 14.2(10). Para 2014, los años promedio de escolaridad para la población mayor de 18 años en Guatemala eran de 7.9; comparados con los 6.6 de Honduras y los 8.9 de El Salvador(11).

〈〈La tasa de homicidios en jóvenes de 15-29 años sobrepasa el promedio nacional en los países del Triángulo Norte de Centro América〉〉

 

Las tasas de homicidios por cien mil habitantes –el indicador por excelencia para evaluar los niveles de violencia– señalan que, en 2017, la tasa nacional para  Guatemala fue de 25.0; Honduras, 41.9; y El Salvador, 61.9(12). Para el grupo de edad de 15 a 29 años las tasas son mayores. El gráfico 1 muestra las tasas de homicidios para los hombres y mujeres en este rango; como se observa, los hombres entre 25 y 29 años suelen concentrar altas tasas de homicidios, muy por encima de las tasas nacionales en los tres países. Entre las mujeres, en Honduras tiene mayor riesgo el grupo de 15 a 24, mientras que en Guatemala y El Salvador son aquellas entre 25 a 29 años. En general, las personas entre 15 a 29 años, tanto hombres como mujeres, presentan tasas de homicidio mayores a las tasas nacionales.

Recomendaciones de política pública

La respuesta pública a la violencia relacionada con la juventud en el Triángulo Norte de Centroamérica aborda aspectos esenciales para la prevención, tales como la generación de empleo, la promoción de la salud, el arte y la cultura; sin embargo, se dejan de lado algunos aspectos fundamentales para generar impacto en la población a la que se dirigen las iniciativas.

Con base en el análisis realizado, recomendamos lo siguiente:

1. Vincular las políticas de niñez con las de juventud

El comportamiento violento y delictivo durante la juventud se puede prevenir mediante la protección de la infancia y la niñez. Es importante garantizar, durante estas etapas, las condiciones necesarias para un óptimo desarrollo, que permitan enfrentar la etapa de la adolescencia y la juventud de manera que el comportamiento antisocial no sea una opción. Para ello debe prestarse atención a las relaciones en el hogar y en la escuela; además, brindar acceso equitativo a la salud, la educación y a otros recursos que favorezcan la atención integral de las víctimas de violencia, especialmente aquellas que están bajo protección del Estado.

2. Empoderar a los jóvenes como agentes de cambio

Se debe ya dejar de lado la noción de que por su vulnerabilidad y riesgo los jóvenes son sujetos de intervención y constituyen un obstáculo para el desarrollo. Al contrario, se requiere aprovechar las fortalezas de los jóvenes, empoderarlos como ciudadanos competentes y garantizar su derecho a participar, así como la responsabilidad de servir a sus comunidades, especialmente en los modelos de orientación por pares. Los vínculos con la comunidad generan identidad social y bienestar emocional, elementos clave en la prevención de la violencia y el delito.

3. Brindar especial atención a las minorías

Debe prestarse atención especial a los jóvenes indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexual. En las políticas estos grupos se encuentran invisibilizados. Las minorías tienden a ser objeto de victimización en mayor medida y requieren, por consiguiente, medidas específicas que les permitan acceder a los recursos de salud, educación y justicia, con la misma o mayor facilidad que la población en general. También es necesario tomar en cuenta las especificidades y la diversidad de condiciones que afrontan las mujeres –por ejemplo, en casos de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzoso–, y elaborar medidas acordes a estas características.

4. Visibilizar la violencia desde y hacia la juventud

 En los tres países existen observatorios de la juventud que buscan visibilizar los derechos. Es importante que en ellos se dé seguimiento periódico y se visibilice la violencia homicida –y de otros tipos– que ocurre en este grupo de edad, así como el financiamiento que desde el Estado se destina a la prevención. Esto conlleva el diseño de indicadores que permitan medir la implementación de las políticas de prevención de la violencia –especialmente la relacionada con la juventud–, además de construir conocimiento sobre las distintas realidades que las personas jóvenes enfrentan.

5. Priorizar la corrección del comportamiento delictivo

 El sistema de justicia debe estar orientado a generar oportunidades y mecanismos que permitan la corrección de las conductas antisociales, dejando como último recurso la privación de libertad. Es prioritario contar con un sistema adaptado a las necesidades específicas de la adolescencia y juventud, que garantice el respeto a sus derechos y que actúe de forma rápida y diligente, evitando al mínimo el daño y asegurando la protección y el bienestar de los menores de edad. 

6. Rendir cuentas, aprender y tomar decisiones

Es importante reconocer el esfuerzo de los países por formular políticas públicas que aborden la situación de violencia relacionada con la juventud. También es necesario reconocer y abordar las brechas de implementación que enfrentan las políticas y generar mecanismos de coordinación interinstitucional que faciliten y orienten esta tarea. En ello juegan un rol importante las organizaciones sociales de jóvenes, las cuales están llamadas a fiscalizar y demandar acciones a favor de la prevención. En particular, los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica necesitan establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de políticas para informar adecuadamente a la ciudadanía sobre los avances en la implementación, aprender sobre la efectividad de las acciones propuestas, y realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos de política.       

Finalmente, debe asegurarse que las políticas públicas de prevención de la violencia y el delito incorporen un eje sobre el uso de la tecnología, tratando de anticipar las conductas antisociales que puedan generarse, para orientar las acciones y planes de prevención. 


Notas al pie

(1)ONU, 1981 (2)Alpízar y Bernal, 2003 (3)Finn, 2001 ; Sukarieh y Tannock, 2015 (4)Moffit, 1993. (5)Fairchild et al., 2013. (6)Aguilera e Izarra, 2005; Robinson et al. 2010; Polanska, Jurewicz y Hanke, 2015 (7)Thornberry y Krohn, 2005 (8)Benson y Buehler, 2012; Wang et al., 2014 (9)El Modelo ecológico fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud” de 2003 (10)Véase en: www.indexmundi.com (11)FEREMA, 2017 (12)Tasas calculadas a partir de los datos de las instituciones policiales de cada uno de los países

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Referencias citadas

Aguilera A, Izarra A. (2005) Abuso de sustancia tóxicas durante el embarazo. Med Clin 125:714-6. Alpízar, Lydia y Marina Bernal (2003): La construcción social de las juventudes. Última Década Nº19. Viña del Mar: Ediciones Cidpa. Benson, M. J., & Buehler, C. (2012). Family process and peer deviance influences on adolescent aggression: Longitudinal effects across early and middle adolescence. Child Development, 83(4), 1213-1228. Fairchild, G., Goozen, S. H., Calder, A. J., & Goodyer, I. M. (2013). Research review: evaluating and reformulating the developmental taxonomic theory of antisocial behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(9), 924-940. FEREMA (2017). Informe de progreso educativo de Honduras. Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu: Honduras Finn,J. (2001) Text and turbulence: representing adolescence as pathology int he human services. Childhood, 8 (2), 167-91 Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674-701. Centre (2017) Estudio de bienestar y políticas de juventud en El Salvador. Proyecto OCDE-UE Inclusión juvenil, París. Polanska, K., Jurewicz, J., & Hanke, W. (2015). Smoking and alcohol drinking during pregnancy as the risk factors for poor child neurodevelopment–A review of epidemiological studies. International journal of occupational medicine and environmental health. Robinson, M., Oddy, W. H., McLean, N. J., Jacoby, P., Pennell, C. E., De Klerk, N. H., … & Newnham, J. P. (2010). Low–moderate prenatal alcohol exposure and risk to child behavioural development: a prospective cohort  study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 117(9), 1139-1152. Sukarieh, M., Tannock, S. (2015). Youth Rising?. New York: Routledge. Thornberry, T. y M. Krohn. (2005). Applying Interactional Theory in the Explanation of Continuity and Change in Antisocial Behavior.’ Pp. 183–210 in Integrated Developmental and Life-Course Theories of Offending, edited by D. P. Farrington. New Brunswick, NJ: Transaction. Wang, B., Stanton, B., Deveaux, L., Li, X., Koci, V., & Lunn, S. (2014). The impact of parent involvement in an effective adolescent risk reduction intervention on sexual risk communication and adolescent outcomes. AIDS Education and Prevention, 26(6), 500-520.

Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

Se autoriza la reproducción, distribución y cita textual sin fines lucrativos y dando crédito de autoría y propiedad intelectual


Créditos

Autora:Evelyn Espinoza
Apoyo Técnico:Alejandra Menaldo, Carlos Mendoza
Edición:Isabel Aguilar

 

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27 Ago Policy Brief No. 1 El fracaso de las políticas de “mano dura” en el Triángulo Norte de Centro América

Las maras (1) poseen al menos cuatro características que las distinguen: un sentido de pertenencia al grupo, el uso de símbolos asociados con su grupo (tatuajes, rituales, grafiti, joyas, peinados), un área geográfica que declaran su territorio, y un comportamiento contrario a las normas sociales (2).  Dentro de las maras, existen diferentes tipos de membresía, la cual depende del nivel de inmersión o conexión del individuo en la mara. Así, por ejemplo, hay miembros centrales que regularmente muestran tendencias antisociales serias; y miembros periféricos, que se integran o colaboran de forma eventual con la mara buscando aceptación, reconocimiento y sentido de pertenencia a un grupo. Estos últimos, que son la mayoría de los integrantes, son quienes tienen mayores probabilidades de ser rehabilitados y de reinsertarse a la comunidad (3).

Los mareros son generalmente adolescentes y jóvenes, entre los 10 y 21 años. En su mayoría son hombres. Los adolescentes y jóvenes que integran las maras tienden a involucrarse en mayor medida en comportamientos delictivos, comparados con aquellos que no pertenecen a estas agrupaciones. El efecto de la mara en la probabilidad de que una persona se involucre en actividades ilícitas sobrepasa el impacto de tener amigos implicados en actos delictivos (4).

En la década de 1980, las pandillas juveniles se volvieron más agresivas, pero fue en los 90 cuando experimentaron una gran transformación. En los países del triángulo norte, los pandilleros se integraron a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, ambas originarias de los Estados Unidos de América, como producto de la deportación de sus miembros. Otros cambios incluyeron una estructura organizacional fija, el uso de referencias simbólicas más definidas y complejas, la institucionalización de la violencia hacia dentro y hacia fuera, los integrantes que sobrepasan los 30 años, un mayor número de mujeres, y el incremento en el uso y portación de armas de fuego (5). Estos cambios se dieron como resultado de i) la proliferación de armas de fuego; ii) el encarcelamiento masivo del que fueron objeto; y iii) los valores dominantes en la sociedad de dinero y éxito (6).

Las maras se involucran en actividades criminales por varias razones, entre ellas, obtener una ganancia económica, incrementar su reputación ante grupos similares, proteger su territorio, o expandir sus operaciones. Las maras que tienen un número alto de integrantes y más miembros adultos tienen mayores probabilidades de involucrarse en actividades criminales y relacionadas con drogas (7). La principal actividad económica de las maras, especialmente en el triángulo norte, es la extorsión, la cual dirigen generalmente a los empresarios del transporte. También se involucran en tráfico local de drogas, y sicariato.

Factores que propician la integración de las maras

Aunque no es posible predecir si un niño o adolescente se convertirá en marero, existen ciertos factores de riesgo que incrementan las probabilidades de que así sea. Si su ambiente no ofrece alternativas positivas, integrar una mara puede ofrecer esperanza de éxito en algún área o momento determinado de la vida.

Convertirse en miembro de una mara es el resultado de las relaciones sociales débiles con la familia, escuela, comunidad y sociedad, y  un ambiente de aprendizaje que fomenta y refuerza el comportamiento delictivo (8).  Esto sugiere que las personas que no desarrollan un sentido de compromiso con las estructuras sociales, formarán vínculos con otros que comparten los mismos valores.

Diversos estudios sobre las maras coinciden en señalar algunos factores que influyen en las probabilidades de convertirse en marero. Por ejemplo, tener dificultades para el aprendizaje resulta en un débil compromiso con la escuela, y esto eleva el riesgo de buscar la compañía de pares delincuentes. Aunado tanto a eventos negativos en la vida como a vivir en condiciones de pobreza, o en un hogar monoparental, se incrementan las probabilidades de percibir la integración a la mara como un beneficio (9). Estas condiciones a su vez son generadas por elementos de la sociedad, en que la persona está inmersa. La Tabla 1 muestra los factores que vuelve a los niños y adolescentes vulnerables a convertirse en miembros de una mara. La mayoría de las veces los factores individuales son producto del contexto y la comunidad.

Tabla 1. Factores de riesgo

No todas las variables identificadas afectan de igual manera a las personas. Hay factores de riesgo que incrementan la probabilidad de convertirse en marero. Generalmente, los mareros tienen más de un factor de riesgo, debido a la interconexión que existe entre estos últimos.

Combatiendo la actividad de las maras: enfoque y resultados

Los entusiastas de la prevención señalan que prevenir el comportamiento delictivo es fácil y que esa debería ser la meta. Otros piensan que la prevención no es posible y deberían priorizarse las medidas encaminadas a la disuasión. Prevenir el crimen es posible, pero no es una tarea fácil, y los resultados sólo son observables en el mediano y largo plazo. Las políticas represivas ofrecen resultados en el corto plazo, pero son efímeros y, generalmente, contraproducentes, ya que terminan por promover la cohesión entre los miembros de las maras, e incrementando los niveles de violencia.

Como lo muestra el Gráfico 1, los países del triángulo norte han optado por las políticas de “mano dura” para desmotivar la integración de las maras, criminalizando este tipo de asociación, y aplicando sanciones duras a sus miembros, sin proveer medios alternativos a los adolescentes y jóvenes, y dejando fuera los factores de riesgo que propician el involucramiento en estos grupos.

Honduras,  primero en 2002 y luego en 2014, endureció las leyes para combatir la actividad de las maras, especialmente la Mara Salvatrucha y la del Barrio 18, estableciendo sentencias de entre 20 y 30 años para sus miembros, y 50 años para los líderes.  Estas medidas les permitieron fortalecerse y, desde la cárcel, expandieron sus actividades delictivas, sobre todo, las extorsiones. Para ello reclutaron un mayor número de miembros, especialmente menores de edad, para quienes las penas establecidas eran reducidas (10). Ni el crimen ni la delincuencia se redujeron.

En 2003, en El Salvador, esta política resultó en el encarcelamiento de 11,000. Los mareros se unieron en contra de las acciones represivas. El gobierno reformó algunas de sus estrategias por otro tipo de enfoques. Entre 2012-2013 pactó con las maras con el fin de disminuir el número de homicidios a cambio de trasladar a los mareros a prisiones de mínima seguridad. Pese a que se manifestó una disminución en la violencia homicida de El Salvador en este lapso, la actividad delictiva (extorsiones, tráfico local de drogas) no disminuyó. El pactar con las maras les dio legitimidad mientras que debilitó la posición del Estado.

En 2003, Guatemala implementó el Plan Escoba (11), orientado a i) incautar armas de fuego auténticas y hechizas; ii) procurar el desarme total de las pandillas; iii) desorganizar a las pandillas y limitar su campo de acción; iv) impedir el vandalismo de grupos pandilleros; v) prevenir la comisión de delitos por parte de grupos de pandillas, y vi) prevenir el tráfico de drogas por parte de las pandillas. En el Plan se considera pandillero a los jóvenes entre 14-25 años dedicados al vandalismo, drogadicción, robo, violación, homicidios, extorsión. Las acciones estaban dirigidas específicamente hacia los miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

En 2017, pese al demostrado fracaso de este tipo de políticas en los países vecinos, en el Congreso se negocia  la iniciativa de Ley 5266 para criminalizar a los integrantes de las maras y pandillas, con penas de 2 a 8 años de prisión, considerando únicamente los efectos de éstas para la sociedad, y dejando de lado los factores que propician su existencia.

El factor común entre estas políticas era el creciente despliegue de fuerzas militares para capturar a los mareros, lo que llevó a una creciente confrontación no solo entre grupos de mareros rivales, sino también entre maras y fuerzas de seguridad del Estado.  Como se observa en el Gráfico 2, el resultado en los tres países fue el mismo: las tasas de homicidio no descendieron como se esperaba,. Por otro lado  el número de mareros ha aumentado (12): en Guatemala en 2004 se reportaba alrededor de 8 mil mareros. Para 2016, la cifra se ubicaba en 15 mil miembros de las maras; en Honduras en el año 2000 el número de mareros rondaba los 31 mil, para el año 2016 se habla de alrededor de 60 mil; en El Salvador, en 2007 eran 10,500, mientras que para 2014 se estimaba que había alrededor de 32 mil mareros activos.

Implicaciones para la política pública

Aunque las políticas de “mano dura” pueden generar una sensación de seguridad a los ciudadanos, resultan inefectivas para combatir la afiliación a las maras, pues refuerza los lazos emocionales y el sentido de pertenencia entre sus miembros. La prevención es la clave. Para ello deben establecerse medidas enfocadas en prevenir que los niños y adolescentes se sientan atraídos por la actividad de las maras, y estrategias de salida para quienes ya se encuentran involucrados. Esto sin dejar de lado que el Estado  no debe por un instante declinar su compromiso con la seguridad ciudadana, y eso pasa por mostrar cero tolerancia con el control de territorios, negocios y reclutamiento de integrantes, realizados por las maras. Lo cual debe hacerse con apego a la legislación vigente, sin abusos ni violaciones a los derechos humanos, pero con firmeza y sentido de la prioridad.

Con base en lo anterior, se proponen 4 medidas específicas:

Prevenir que los niños y adolescentes se involucren maras

Considerando que el reclutamiento inicia a la edad de 10 años, las políticas de prevención deben tener como objetivo una población mucho más joven que el típico marero. Las principales causas para integrar una mara que los jóvenes reportan son: un sistema familiar débil, amigos involucrados en actividades delictivas, un vecindario con altas tasas de delincuencia, búsqueda de protección, poder, respeto, y ganancia monetaria. Los programas de prevención deberían abordar estos factores para minimizar el riesgo. Los esfuerzos deben centrarse en fortalecer a las familias de los niños y adolescentes en riesgo, sobre todo aquellas monoparentales y que residen en ambientes propicios para el crimen. Se trata de reemplazar las funciones que las maras cumplen para las diferentes partes interesadas. El Estado, además, debe ampliar la oferta educativa en estas áreas, así como la prestación de servicios de salud, nutrición, deporte, cultura, seguridad, y la implementación de programas que promuevan la cohesión social.

Diseñar estrategias de salida para los mareros 

Es importante que el Estado genere oportunidades de desarrollo de capacidades técnicas y laborales orientadas específicamente para los adolescentes y jóvenes que estén dispuestos a abandonar las maras. Mientras éstas ofrezcan oportunidades de ingreso económico y estatus social a sus miembros, es más difícil que elijan abandonar el grupo. A nivel individual debe trabajarse una estrategia específica que permita restaurar su autoestima, el diseño de un plan de vida, y la superación de sus adicciones. Es necesario también tener en cuenta que muchas veces quienes abandonan estos grupos están sujetos a amenazas de muerte por los líderes de las maras, y son objeto de estigmatización tanto por la población en general como por las fuerzas de seguridad en particular. En tal virtud, las estrategias deben contener medidas encaminadas a reducir esta vulnerabilidad.

Fortalecer el sistema penitenciario

Como señala la evidencia, el encarcelamiento masivo de los mareros, les da la oportunidad de fortalecer su organización, estrategias de reclutamiento y extorsiones. Esto es viable por la porosidad de los centros carcelarios, en donde es común la posesión de teléfonos móviles que facilitan la comunicación con el exterior. A ello se suma las pésimas condiciones de infraestructura, falta de programas de rehabilitación, y el ambiente criminogénico de las prisiones, provoca una lucha de poder que resulta en el comportamiento violento de los privados de libertad tanto hacia adentro como hacia afuera. Los mareros que no formen parte de programas de rehabilitación deben ser recluidos en prisiones de máxima seguridad, con limitada comunicación con el exterior, para evitar que sigan delinquiendo y reclutando nuevos miembros.

Implementar un plan para contrarrestar y prevenir las extorsiones

La principal fuente de ingreso de las maras son las extorsiones que cobran de forma regular a empresarios de transporte y a propietarios de negocios. Para contrarrestar la existencia de las maras, deben implementarse acciones en esta área. Esto conlleva la puesta en marcha de un plan interinstitucional del sector seguridad y justicia, que permita la pronta identificación y detención de los transgresores, pero también una ágil emisión de las sentencias (condenatorias o absolutorias). La celeridad en la aplicación de la justicia es un factor clave para desmotivar el comportamiento delictivo. Igualmente, el sistema bancario debe constituirse en un aliado para notificar a las autoridades de transacciones sospechosas de sus cuentahabientes. La lucha contra este delito debe ir acompañada de una estrategia de recuperación de territorios por parte del Estado, que incluya medidas para la prevención de la violencia y el delito.

En conclusión,  es imperativo que los niños y adolescentes sean comprendidos como la base de un futuro sin maras, en un marco de oportunidades y un proyecto de vida que se vea tangible y concreto, de corto plazo. Vagabundear, delinquir para sobrevivir, son rasgos de una marginalidad que puede cambiar como un compromiso compartido entre las comunidades, las empresas y las instituciones públicas.

Notas al pie

(1) En la literatura y marco jurídico especializado se utiliza de forma intercambiable los términos “maras” y “pandillas” en este documento abordamos específicamente a las Maras, entendiendo que son la evolución de las pandillas a una organización con las características aquí defnidas.

(2)  Curry y Decker, 1998

(3)  Schroeder, Giordano, y Cernkovich, 2007; Meng et al. 2011; Pyrooz y Decker, 2011

(4)    Battin-Pearson et al., 1998; Finn-Aage et al. 2001

(5)  Simi, Smith, y Reeser, 2008; Gutierrez, 2010

(6) Hagedorn, 1998; Beidi y Krohn, 2016

(7)  Barnes, Beaver, y Miller, 2010

(8)  Thornberry, 1987

(9)  Thornberry et al., 2003

 (10) Insight Crime, 2015

(11) Rodríguez y Pérez, 2005

(12)  No existen datos oficiales sobre el número de mareros en los países del Triángulo Norte. Las cifras  aquí presentadas son estimaciones que están publicadas en distintos estudios. Ver: Ranum, C. 2007; Murcia, W. 2015; Insight Crime, 2015

Disponible en pdf

 

Referencias

Barnes, J.C., Beaver, K.M. y Miller, J.M. (2010) Estimating the Effect of Gang Membership on Nonviolent and Violent Delinquency: A Counterfactual Analysis. Journal of Aggressive Behavior 36(6) 437–451.

Battin, S. R., Hill, K. G., Abbott, R. D., Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (1998). The contribution of gang membership to delinquency beyond delinquent friends. Criminology, 36(1), 93-111.

Beidi, D. y Krohn, M.D. (2016) Escape from violence: What reduces the enduring consequences of adolescent gang affiliation?. Journal of Criminal Justice 47, 41-50.

Caldwell L. y Altshuler, D.M. (2001) Adolescents Leaving Gangs: An Analysis of Risk and Protective Factors, Resiliency and Desistance in a Developmental Context. Journal of Gang Research 8 (2) 21-34

Curry, G.D. y Decker, S.H. (1998) Confronting Gangs: Crime and Community. Los Angeles, CA: Rosbury

Farmer, A.Y. y Hairston JR. T. (2013) Predictors of Gang Membership: Variations Across Grade Levels

Journal of Social Service Research 39 (4) 530-544

Finn-Aage Esbensen, L. Thomas Winfree, Jr., Ni He, and Terrance J. Taylor (2001) Youth Gangs and Definitional Issues: When is a Gang a Gang, and Why Does it Matter? Crime & Delinquency , 47 (1) 105 – 130

Gilman, A. B., Hill, K. G., Hawkins, J. D., Howell, J. C., and Kosterman, R. (2014). The Developmental Dynamics of Joining a Gang in Adolescence: Patterns and Predictors of Gang Membership. Journal of Research on Adolescence, 24: 204–219.

Gutierrez Rivera, L. (2010) Discipline and punish? youth gangs’ response to Zero-tolerance Policies in Honduras. Bulletin of Latin American Research. Journal of the Society for Latin American Studies, 29 (4) 492-504

Hagedorn , J.M. (1998) Gang Violence in the Postindustrial Era,” Crime and Justice 24 365-419

Simi, P., Smith, L. y Reeser, A.M.S. (2008) From Punk Kids to Public Enemy Number One. Deviant Behavior 29:8, 753-774.

Insight Crime. (2015) Maras y Pandillas en Honduras. Documento preparado por Insight Crime y la Asociación para una sociedad más justa, con el apoyo de USAID. Contrato No. AID-DOT-I-00-08-0034

Meng Chu, C., Daffern, M., Thomas, S. D., & Ying Lim, J. (2011). Elucidating the treatment needs of gang-affiliated youth offenders. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 3(3), 129-140.

Pyrooz, D.C. y Decker, S.H. (2011) Motives and methods for leaving the gang: Understanding the process of gang desistance. Journal of Criminal Justice 39, 417-425

Rodríguez, A. y Pérez, G. (2005) Transparentando el Plan Escoba, análisis de la estrategia policial en relación con las pandillas juveniles en Guatemala. Revista Centroamericana Justicia Penal y Sociedad 22: 13-84

Schroeder, R. D., Giordano, P. C., & Cernkovich, S. A. (2007). Drug use and desistance processes.Criminology ,45, 191–222

Thornberry, T.P. (1987) Toward and interactional theory of delinquency. Criminology 25(4) 863-892

Thornberry, T. P., Krohn, M. D., Lizotte, A. J., Smith, C. A., and Tobin, K. (2003). Gangs and Delinquency in Developmental Perspective. New York, NY: Cambridge University Press.

Ward, C. y Copper, A. (2007) Gangs and child safety. Policy Paper. 148-161


Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

 

Créditos

Autora: Evelyn Espinoza

Apoyo Técnico:   Alejandra Menaldo, Carlos Mendoza

Edición: Enrique Naveda

Se autoriza la reproducción, distribución y cita textual sin fines lucrativos y dando crédito de autoría y propiedad intelectual
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08 Jun La isla de la Canciller Sandra Jovel y el Presidente Jimmy Morales

Ángel ( @angelram09)colegas, es un gusto conversar con ustedes de nuevo. Para nuestro debate de esta semana propongo que hablemos sobre la isla en la que ha dejado a Guatemala la política exterior liderada por la Canciller Sandra Jovel y el Presidente Jimmy Morales.

Desde hace 9 meses en el cargo, la Canciller Jovel ha dado un giro drástico a la política exterior de Guatemala. Históricamente esta ha estado determinada por temas como la integración en C.A., el diferendo territorial con Belice, apoyo a migrantes, entre otros; sin embargo, Jovel y Morales la han utilizado para obstaculizar la lucha contra la corrupción en el país, llegando incluso a poner en riesgo relaciones bilaterales con países de especial relevancia para la cooperación en Guatemala, como el G-13.

 

¿Realmente hay posibilidades de que Guatemala quede atrapada en la isla (dentro del sistema internacional) que el Presidente y la Canciller están buscando? ¿Cómo afecta esto la posición de Guatemala frente a otros temas?

 

Celia (@Celiaguilera): La dinámica que estamos viendo no es nueva, en el sentido que prevalecen acciones de gobierno y no una política de Estado, principalmente porque el problema es que no tenemos una.

Ronalth (@rochaeta ): Creo que la gestión de Sandra Jovelal frente del Minex deja mucho que desear, no solo el potencial aislamiento internacional que podemos ser objeto dada el actuar del Presidente y la Cancillería.

En efecto, el posicionamiento de temas claves a nivel internacional es muy malo. La agenda de país y de política exterior está abandonada y toda la gestión de Jovel se traslada a minar el trabajo anticorrupción y lucha contra la impunidad que trabaja Cicig. Bloquear dicha agenda es la política exterior de esta gestión.

Me pregunto, ¿Y los migrantes?, ¿La agenda de comercio internacional?, ¿La agenda de seguridad y lucha contra el narcotráfico?, Hay mucha tela que cortar.

Ángel ( @angelram09): A pesar de que nos quieren hacer creer que es una diplomática de carrera, su agenda de política exterior no lo demuestra. Se sigue dejando temas de Estado fuera.

Sofía  (@smontenegrom): En ese sentido, concuerdo con Celia desde el punto de vista que no existe una política internacional de Estado. Históricamente la actuación del Minex ha dependido del liderazgo de figuras claves, sin un cuerpo profesionalizado que sostenga la institución. Al igual que otras entidades no tiene un camino claro.

Pero creo que nos enfrentamos a un escenario distinto, una maniobra del actual gobierno para desprestigiar a Cicig/MP, con una actuación, en la mayoría de los casos penosa, que intenta aprovechar cualquier tipo de desinformación para favorecer su agenda, como sucedió con el caso Bitkov que tuvo un efecto considerable  

Ángel ( @angelram09): Yo vi el caso Bitkov como una sorpresita en el camino que han intentado explotar. Como siempre, la coyuntura y nada de Estado.

Xavier (@EquisSJ ): Es curioso. Durante la conferencia de prensa donde Jovel anunció la petición de retiro de los embajadores Kompassy Salcedo, hizo referencia a “la política internacional de Guatemala“.  La pregunta es si hay tal política o están improvisando sobre la marcha.

Celia (@Celiaguilera): Una política internacional debería responder a los intereses internacionales de Estado, no de gobierno, que es, claramente, a lo que está respondiendo la ministra Jovel.

Mercedes (@mersb ): Las últimas acciones de Jovel y el Presidente Morales en relación a los gastos del viaje oficial a Israel, provocó un malestar significativo en diversos sectores. El cinismo con el que dejan entre ver la opacidad del gobierno es cada vez mayor.

Mi preocupación principal al igual que lo menciona Ronalth, es el tema de los migrantes, tomando en cuenta que las remesas son claves para el país, no existe una política clara de atención integral a los mismos. Vemos como se activó hace unos meses Conamigua, pero los migrantes siguen desatendidos, el caso de Claudia Patricia Gómezes claro.

Ángel ( @angelram09): Creo que esa es la palabra: Cinismo. Un gobierno que se aísla de los intereses de nación, de la comunidad internacional y de los principios básicos de las democracias modernas.

Stephanie (@stephlopez122 ): Sin embargo, aún sin una política exterior clara varios gobiernos mantenían ciertas posturas sobre determinados temas. Como lo eran los compromisos y derechos internacionales para fomentar la paz y estabilidad en Oriente Medio. Jovel rompe con esa lógica.

Celia (@Celiaguilera): Sin un claro objetivo de cuáles son los intereses nacionales, ninguna política de gobierno puede ser exitosa. Si no se han creado oportunidades para la población en los municipios y departamentos de donde, se tiene conocimiento, salen la mayoría de emigrantes, es indiscutible que no son parte de las prioridades del gobierno, no podrían serlo tampoco cuando se convierten en migrantes fuera del territorio nacional.

Xavier (@EquisSJ ): Es bastante evidente que la política exterior de Guatemala actualmente es deshacerse de Cicig.  El tema de los migrantes, exportaciones, queda supeditado a esto. En ese sentido, me pareció interesante el amparo que interpuso la FundaMack por el intento de expulsión de Kompass.  El argumento es que las acciones del Ejecutivo no tienen al centro el interés de Guatemala sino el interés individual del Presidente.

Ronalth (@rochaeta ): yo calificaría a Jovel como el retorno al Antiguo Régimen, donde el Rey ejercía la diplomacia con abuso y lo hacía en nombre de la soberanía de la realeza. Una política exterior ajustada a los intereses de la familia Morales y su círculo más cercano.

Celia (@Celiaguilera): ¡Exacto! No son “la política exterior de Guatemala”, son los intereses de la administración Morales.

Xavier (@EquisSJ ): Kakistocracia.

Sofía (@smontenegrom): Además, es importante recalcar que las acciones de Jovel damnifican el Estado laico. Si bien esto no es peculiar de su gestión y se visibiliza en otros países, se puede observar que su comunicación oficial está cargado de referencias religiosas de índole cristiana.

Stephanie (@stephlopez122 ):La política exterior bajo el liderazgo de Jimmy y Jovel son reaccionarias. Creo que eso lo tenemos claro. Y las bases de sus decisiones tal parece que obedecen más a valores conservadores que a acciones geoestratégicas.

Mercedes (@mersb ): Más que a valores conservadores, diría que obedecen a procurarse impunidad.

Ronalth (@rochaeta ): «El Estado soy yo»

Stephanie (@stephlopez122 ): Los círculos más cercanos al Minex están siendo las Iglesias, sobre todo las evangélicas.

Ronalth (@rochaeta ): Y diputados, junto con algunos medios de comunicación. Por ejemplo, el diputado de Petén, Regalado, Roberto Arzú, Cónsul Honorario en Argentina. Además, la familia Rotmann con un familiar Cónsul en España y no olvidemos al yerno de Jafeth Cabrera.

Stephanie (@stephlopez122 ): Incluso, durante el mandato de Jimmy Morales los nombramientos políticos han superado los de gobiernos pasados.

Ángel( @angelram09): Incluso, Jovel y Moralesse ha buscado aislar del mismo Congreso. Negar información y debilitar los mecanismos de pesos y contrapesos del Estado.

Sofía (@smontenegrom): Ángel, no será que el congreso es un aliado, recordemos la interpelación del 8 de marzoque se le hizo a Jovel, donde se tenía la oportunidad de cuestionar sobre agenda anti-Cicig, y en su lugar se hicieron preguntas poco profundas, con excepción de la diputada Andrea Villagrán

Ángel( @angelram09): Claro que tienen aliados, durante la interpelación quedó demostrado que esa función fiscalizadora del Congreso debe de fortalecerse.

Hay por ahí una denuncia en contra de miembros de la Junta Directivadel Congreso por intentar detener la interpelación y limitar las preguntas de algunos congresistas. El Abogado los sindica de haber incurrido en ilegalidades durante la interpelación.

Xavier (@EquisSJ ): Exacto, fue vergonzoso ver la complicidad de Arzú Escobar, que boicoteó la interpelación. El presidente del Congreso se convirtió en el mejor aliado de la canciller.

Sofía (@smontenegrom): De acuerdo, nuevamente con un Congreso que busca establecer un pacto de corruptos y legislar en su propio beneficio, ¿qué entidad(es) podrá fungir el importante rol de fiscalización?

Mercedes (@mersb ): Contraloría General de Cuenta?

Ángel ( @angelram09): no deben ser excluyentes, uno del otro. Ambos deben cumplir esa función constitucional.

Sofía (@smontenegrom): Me parece interesante que fue en un medio de comunicación @ConCriteriodonde la Canciller indica por primera vez quién patrocinó el viaje de Jerusalén del Presidente, menciona al empresario Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corporation, lo cual demuestra el importante papel de los medios de comunicación en el proceso de transparencia y rendición de cuentas.

Xavier (@EquisSJ ): Creo que coincidimos con el diagnóstico de la situación.  La pregunta es, ¿cuál es la vía para evitar este tipo de abusos por parte de un grupo de improvisados tratando de salvar su pellejo de la cárcel? ¿Carrera de servicio exterior?   Entiendo que Jovel es muy mal vista dentro del Minex por parte de los cuadros más técnicos y antiguos.

Ronalth (@rochaeta ): no hay política exterior como tal y se necesita reformar el servicio exterior. Hacerlo meritocrático, que tenga controles, como en otros países. La fiscalización que hacen las comisiones de política exterior en otros países. Hay formas de hacer mas institucional el rol del Minex.

Mercedes (@mersb ): Nadie que llega al cargo al secundar un Non Grato a Iván Velásquez de la manera oscura como se dio, puede ser bien visto por gente seria.

Ángel( @angelram09): Es claro que la institucionalidad y la rendición de cuentas son un capítulo más de moralejas para este Gobierno. Que reine la opacidad.

Sofía (@smontenegrom): y el circo continúe.

Stephanie (@stephlopez122 )A mí lo que me preocupa que muchas de estas decisiones serán muy difíciles de revertir cuando Jovely Jimmydejen el gobierno

Xavier (@EquisSJ ): Yo no lo creo.  Por lo que he oído, el G13 tiene muy claro que es de aguantar los meses que le quedan a esta banda de improvisados.

 Mi punto es que la política exterior de Guatemala debería construirse alrededor de un modelo consensuado que no rompan los vaivenes políticos: ¿Cuáles son nuestros socios estratégicos?   ¿Con cuál bloque articulamos? ¿China o Taiwan?  ¿Está el futuro en Asia?  ¿Qué hacer con los BRICS?  ¿Qué debemos alcanzar para poder negociar en mejores condiciones con EEUU? ¿Cuál es la política de Guatemala en términos de medio ambiente y su relación con la política al respecto del resto del mundo? Tal vez no son preguntas fáciles (algunas sí, como la cuestión China o Taiwan), pero una vez contestadas con el interés del país al centro, los vaivenes políticos no deberían hacernos peligrar nuestra posición en el mundo.

Celia (@Celiaguilera): Darle el mérito y la importancia que merece la carrera de servicio exterior me parece un primer paso y lo que se tiene que hacer. Además, definir una agenda de prioridades nacionales para empatar la política internacional a los intereses de Estado.

Sofía (@smontenegrom): Considero que la(s) propuesta(s), en el presente contexto tendrá que venir de organizaciones civiles, instituciones aliadas, funcionarios públicos atípicos. Es rol del agency en la política guatemalteca es de suma importancia, ya que el actor político es el sujeto de cambio que puede hacer que las cosas sucedan.

Stephanie (@stephlopez122 ): pero la decisión de mover la Embajada a Jerusalén por ejemplo, tiene daños colaterales

Ángel ( @angelram09):Es parte del aislamiento al que están llevando al país.

Xavier (@EquisSJ ): Sí, ese error saldrá caro.  Sofíahacía referencia al tema de la religión y cómo este gobierno ha pasado los límites de lo permisible, vulnerando el estado laico. Lo peor es que el tema religioso es una bomba discursiva difícil de desactivar.  Uno ve las estadísticas del PEW Center de Guatemalay entiende lo difícil que es armar discurso político en un país tan conservador. Digo, si en Costa Rica casi gana la plataforma conservadora…

Stephanie (@stephlopez122 ): Jovel, amiga fiel de Jimmy, conservadora, funcionaria medio tiempo- activista religiosa el otro medio tiempo, recurrentemente torpe en acciones políticas. Un CV que diga.

Ángel( @angelram09): Por ahí que no tengan muy buenas referencias de ella otros miembros de la carrera diplomática.

Celia (@Celiaguilera): El punto, nuevamente, es que en Guatemala, a diferencia de CR, el discurso religioso ha sido solo puro accidente, nada planificado, pero que algunos actores de Gobierno han visto un salvavidas en él por las relaciones que han hecho o las “amistades” que han ganado a raíz de usarlo.

Sofía (@smontenegrom): Concuerdo con Xavier, la religión es una herramienta discursiva potente, que pesa en nuestro contexto, además es un clivaje electoral con peso, en Guatemala y la región.

Mercedes (@mersb ): Creo que más que accidente, el aspecto religioso fue el punto estratégico que les dio fuerza.  El pacto de corruptos tomó fuerza tras la noticia que daba a conocer el traslado de la Embajada a Israel.

Ronalth (@rochaeta ): Es difícil para la política tradicional separar la idea de Estado laico. El medio conservador, no separa la idea de religión y política, es caldo de cultivo para motivar el populismo de corte religioso para crear un enemigo popular. En eso, los aliados de Jimmy han logrado permear a la sociedad en la narrativa anti-Cicig.

Xavier (@EquisSJ ): Jimmy preocupa relativamente. O sea, hace mucho daño, pero va de salida. Definitivamente no está jugando ajedrez, sino más bien hungry hungry hippos.  Mi preocupación es que venga detrás alguien con plan y método y alrededor del discurso conservador y sí nos regrese a los 80’s.

Stephanie (@stephlopez122 ): Coincidimos al momento en la necesidad de una política exterior de Estado, reformar la ley del servicio diplomático y promover laicidad en las instituciones de gobierno.

Ángel( @angelram09): ¡De acuerdo! Entonces, este aislamiento, ¿será temporal? Es algo que ¿puede ser revertido?

Celia (@Celiaguilera): Creo que va a depender de quién llegue a ocupar la presidencia en 2020.

Ronalth (@rochaeta ): Soy escéptico que en el corto plazo el aislamiento internacional cese, al menos hasta que salga Jimmy del guacalomón.

Stephanie(@stephlopez122 ): tiene que revertirse, la pregunta es, ¿cuales serán los daños colaterales?

Xavier (@EquisSJ ): ¡Bingo! Cualquier análisis de salida debe contemplar las elecciones.  En unos meses quizás tengamos más claridad en ese frente. Las condiciones para una convergencia multisectorial están y entre los puntos de acuerdo debe estar la política internacional. Pienso que el mundo con los problemas que enfrenta camina hacia un sistema en el cual habrán unas 50 naciones que tendrán la jerarquía para negociar el destino propio y el del resto de países del mundo.  El resto de países no tendrá mucho que decir por no tomar el tren a tiempo. A día de hoy, no nos veo en ese grupo que sí tomará las decisiones.

Ángel( @angelram09): La posición de la ONU ha demostrado que nuestro pequeño Estado no logrará aislarse. Grandes diferencias del aislamiento de los 80’s y nuestra época.

Mercedes (@mersb ): Para mi no estamos aislados, aún.  Las acciones son reversibles, a excepción del traslado de la Embajada. Como dice Celia el damage controlle tocará al gobierno entrante.

Ángel( @angelram09): Es un buen punto para exigir posiciones claras a los próximos candidatos.

Celia (@Celiaguilera): En materia de política exterior, totalmente.

Sofía (@smontenegrom): Además existen aliados estratégicos que actúan como actores exógenos, cuyos roles pueden socavar las acciones de Jovel y Jimmy, por ejemplo Norma Torres, congresista de los Estados Unidos que recientemente aprobó en la Cámara una agenda legislativa para crear una lista (negra) de individuos implicados en casos de corrupciónen Guatemala, Honduras y El Salvador.

Celia (@Celiaguilera): Creo que es importante tener claros cuáles son los intereses nacionales, primero, y que la política exterior responda a y sea coherente con los mismos.

Xavier (@EquisSJ ): Por eso creo que no hay amenaza inminente de aislamiento.  En el norte tienen claro que es un fenómeno regional que abarca Latinoamérica. Sólo que no nos caiga un caudillo carismático y conservador que secuestre el proceso.

Ángel( @angelram09): Entonces, primeras conclusiones:

  1. No es un aislamiento que tenga consecuencias de largo plazo. A menos que…. Elijamos a otro presidente que siga con el debilitamiento
  2. Cómo quien dice, CR es nuestro vecino ejemplar

¿Algunos otros puntos finales?

Sofía (@smontenegrom):  ¡OJO al 2019!

Xavier (@EquisSJ ): Hay preguntas difíciles que responder y nos hace falta identificar bien nuestros mejores socios internacionales, pero toda vez logremos respuestas, el curso para el país está determinado y no tendríamos que sufrir pensando en que el loco de turno nos lleve al aislamiento.

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Ángel Rámirez  @angelram09 
Celia Luna @Celiaguilera 
Mercedes Bautista @mersb 
Xavier Soria J. @EquisSJ 
Stephanie López @stephlopez122 
Ronalth O. Aguilar @rochaeta 
Sofía Montenegro @smontenegrom

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03 May La vieja política en los comités pro-formación

El arsenal de estrategias de la vieja política persiste. No hace falta definir con presión qué es vieja política para vislumbrar de forma clara un estilo de hacer política que actúa de manera opaca y conspirativa, con lideres autoritarios inadecuados para un sociedad con problemas complejos. No es una cuestión ideológica, poco o nada, hace esta clase de políticos en función de una agenda programática. En cambio, emplean grandes esfuerzos para subsistir en el poder. Las reformas que aprobaron los diputados el 13 de septiembre fue una movida de la vieja política.

Y así, en un ambiente político tumultuoso que deja mucho por desear, Guatemala se encamina para un nuevo proceso electoral en el 2019. Estaremos el próximo año, acudiendo a las urnas. Debemos, desde ya, reflexionar sobre la existencia o el surgimiento de una nueva clase política.

La etapa de adhesiones para que los comités se conviertan en partidos políticos es un proceso poco discutido, pero con grandes repercusiones sobre la oferta electoral. Es en este proceso en donde se definirá, desde lo formal hasta la informal, el tipo de organización, cómo han cumplido con la extensa normativa que se les exige.

El proceso ya arrancó. Los comités que quieran participar en las elecciones del 2019 han emprendido una serie de procedimientos legales para que el grupo promotor pueda reunir dentro del plazo de dos años las adhesiones del 0.30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esto último es un desafío de grandes dimensiones.

Primero, es importante reflexionar sobre este requerimiento. En América Latina a partir de 1978 se inicia un proceso de reformas electorales, donde la extensa mayoría de países elevan el número de firmas requeridas para crear un partido político. La idea detrás de esto fue diseñar un sistema electoral que creara partidos políticos institucionalizados, con representación y cobertura nacional, así prevenir el surgimiento de organizaciones con identidades territoriales e intereses particulares. Se apostó en ese entonces y hasta la fecha,  por la creación de  barreras de entrada a nuevas organizaciones, favoreciendo a los partidos existentes.

Esto no ha generado los resultados esperados en países como Guatemala. No hemos sido capaces de crear partidos institucionalizados. Pese a eso, mantenemos altas barreras de carácter administrativo-legal que han dejado un sistema burocrático poco flexible y con grandes insolvencias.

Un claro ejemplo de esto es el proceso de entrega de las hojas de adhesión. En primer lugar, el TSE emite paquetes (alrededor 50 hojas) en formato físico que se otorgan en la sede de la institución. No hay forma de tener acceso a este material en otro formato o por medio de otros mecanismos, se genera entonces, escasez en la disponibilidad de las hojas. Además de esto cada una de las hojas debe estar sellada y firmada por el representante legal de cada comité, por lo cual los miembros se ven obligados a esperar la firma del notario para continuar con el proceso.

Ahondando en lo anterior, el proceso verificación y validación de las hojas también se da con grandes tropiezos. Aquí es importante recordar que la reformas impulsadas en el 2016, aumentaron las competencias del TSE, pero esto no ha sido acompañado de mejores capacidades, ni tampoco de un presupuesto adecuado para el trabajo de la institución.

Actualmente, el proceso para validar una firma es deficiente. El Secretario General de Movimiento Semilla, Samuel Pérez cuenta que incluso el TSE invalidó su adhesión. Así, muchas veces se rechazan adhesiones sobre la base de la letra, información que se sale de las casillas, uso de cédulas, inconsistencia con la firma en el DPI, etc. No existe mecanismo para corregir o solventar errores de este tipo, el proceso debe de repetirse, y en muchos casos la centralización del proceso imposibilita que la persona se pueda adherir, desfavoreciendo a los individuos que intentan sumarse y pertenecer a una organización partidaria. Por el otro lado, la propia burocracia tiene sus falencias con errores en el registro interno del TSE, inconsistencias casi imposibles de enmendar. Si bien es cierto que los formalismos son importante para autenticar a la persona, también es cierto que el proceso es anacrónico y no cuenta con un sistema de registro moderno, ágil y transparente.

Para poner un ejemplo regional en México el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció en septiembre del 2017 una aplicación para diapositivas móviles (app) para recolectar las firmasde manera digital e inmediata, sin tener que recurrir a versiones impresas. A pesar de las distintas criticas que se han dado alrededor del la app, se ha demostrado que el promedio de las firmas recabadas aumentó, en palabras del investigador Sebastián Garrid “la app ha ofrecido beneficios tangibles y valiosos tanto a la ciudadanía, como a los aspirantes a candidato independiente y al INE”.

En Guatemala no hemos ni profundizado en la problemática. Es evidente que el TSE tiene grandes desafíos a la hora de validar y detectar anomalías. Sin embargo, hoy por hoy, la información se maneja exclusivamente en la base de datos físicos de dicha institución, existe muy poca auditoría por parte de otras organizaciones, investigadores u otros actores. Esto genera un serio problema a la hora de garantizar transparencia en el proceso.

En relación a lo anterior, el portal no muestra información desagregada sobre los comités pro-formación. Se cuenta con un documento (organizado por mes) del registro que incluye información sobre el nombre del representa legal, ubicación y emblema de los comités (con la excepción en abril donde se muestra un cuadro con total de firmas).

Con el fin de analizar la situación a más detalle se solicitó información a la Unidad de Información Pública del TSE. El presente cuadro muestra la actividad en firmas de los seis comités que registraron movimiento (otros seis fueron excluidos del análisis por no contar con datos). Añadido a esto, se analizó las fechas entre el 1 de septiembre al  28 de febrero, excluyendo los dos últimos meses.

 

 ¿Qué nos dice la gráfica?

 A primer vista, lo que llama la atención es el desconocimiento que impera sobre los comités. La organización que ha demostrado tener más capacidad en recabar las firmas es AVANZA que tiene a Pedro Catalán como Secretario General y su sede en zona 1. Pero, además de este registro, no existe información de la agrupación, no se cuenta con una página electrónica, como tampoco aparece ninguna noticia en medios de comunicación. Lo que nos hace cuestionar su finalidad.

Recordemos aquí la recurrente tendencia de “comprar la ficha de un partido”, como acaba de suceder con Zury Ríos quien anunció por medio de un video en redes sociales su incorporación al partido Valor. Aquí, no podemos decir que Zury compró el partido, pero sí que ella no participó en el proceso de creación del partido que cuenta, hasta el momento con 26,030 afiliados. La compra de la ficha es tan usual, que no se cuestiona la legitimidad que esto pueda tener sobre las estructuras partidarias y cómo puede generar incentivos perversos para la creación de comités, cuyo objetivo sea vender la estructura al mejor postor, podemos cuestionar incluso los mecanismos con los que consiguen las firmas, ¿cómo lo hacen rentable? ¿cuál es el margen de la ganancia?

Regresando al gráfico, el segundo comité con más firmas recabadas es el Partido Humanista de Guatemala con Rudio Mérida como Secretario General, quien fungió como director de la PNC durante el gobierno de Alfonzo Portillo. Al igual que AVANZA, se encuentra cerca del objetivo para llega a constituirse como partido político.

Por otro lado, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) de Codeca es quizás la organización más conocida entre la ciudadanía, por su pujante agenda política y frecuente convocatoria a movilizaciones en la ciudad capitalina. No obstante, el comité pro-formación no ha dado a conocer de manera pública en medios de comunicación o redes sociales su intención de llegar a ser partido político, aun cuando el comité inició el proceso en diciembre del 2016. A pesar de esto, representantes de Codeca han mostrado tener una postura cerrada y evasiva sobre sus aspiraciones para convertirse en partido político.

Finalmente la gráfica muestra a Movimiento Semilla. Con una abismal diferencia, Semilla cuenta con más difusión en redes sociales y medios de comunicación. Además, es importante constatar que es la única que tiene una página electrónicacon información sobre su propuesta, principios e incluso una opción para establecer contacto. A pesar de esto, los datos muestran un crecimiento limitado, comparado con los otros comités pro-formación.

Los obstáculos a los que se enfrenta Movimiento Semilla son considerables.  Su interés por la transparencia como pilar de sus actividades, los ha llevado a incursionar en varias prácticas, como por ejemplo son los primeros y únicos de los comités que han sacado su Número de Identificación Tributaria (NIT). De hecho, innovar en este sentido les ha generado más costos y pérdidas, que recompensas, dado que hasta el momento el TSE no exige como requisito a los otros comités tener el NIT, demostrando así una enorme debilidad para fiscalizar. Asimismo, Samuel Pérez ha señalado que debido a esto muchos bancos les han negado la oportunidad de abrir cuentas institucionales.

Lo cual no conduce a la siguiente reflexión, ¿Esta el sistema castigado a los que actúan con transparencia y premiando a los que actúan con opacidad?

En base a lo anterior, todo apunta a que sí. El actual proceso de adhesiones y creación de partidos políticos ha motivado la compra de la ficha como mecanismo para impulsar candidatos. Una práctica común de la vieja política. A su vez, nuestro sistema mantiene las barreras altas y no da cabida a que surjan nuevas organizaciones.

Existe poca reflexión sobre esto, pero más importante aun, la ciudadanía (con sus diversos sectores) no han sido capaces para articularse y exigir más de las estructuras partidarias que emanan de este proceso. Es importante, por un lado, fiscalizar y auditar el trabajo que este realizado el TSE para que puedan asegurarse que las firmas sean validadas, y que no se estén replicado el acto de compra y venta de registros de datos de adhesiones. Una manera de hacerlo es emular lo que se hizo en México sobre las posibles anomalías que surgen cuando el crecimiento de firmas supera la tendencia habitual.

En aras de un proceso electoral a la vuelta de la esquina, con grandes retos institucionales, debemos garantizar desde ahora un proceso transparente que nos conduzca hacia la nueva política.

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13 Feb Tal para cual

El apretón de manos entre Jimmy Morales y Donald Trump no me sorprende para nada. No se trata únicamente de un agradecimiento público de los Estados Unidos a la diplomacia guatemalteca por seguirles el juego de trasladar la embajada hacia Jerusalén. Ambos presidentes se encuentran en medio de serías acusaciones que podrían poner un fin prematuro a su mandato. En el caso de Trump, además de las denuncias por acoso sexual, hay fuertes indicios del apoyo ruso durante las elecciones que lo llevaron al poder. Para Jimmy la pesadilla empezó con los casos de su hijo y su hermano, por las facturas falsas, y luego continuó con la solicitud de antejuicio para poder investigarlo por irregularidades en el financiamiento de su campaña. Aunque ambos candidatos no fueron tomados en serio al inicio de las contiendas electorales, finalmente alcanzaron la presidencia como auténticos outsiders de la política.

Tanto Trump como Jimmy se hicieron famosos gracias a la televisión, uno como el que despedía a todos los aprendices, y el otro como el comediante racista y sexista (aquí otra coincidencia). En ambos países se observan canales de televisión que los defienden a capa y espada, desinformando a la población. Es el caso de FOX News en los Estados Unidos y los canales de televisión abierta en Guatemala. No obstante, lo que realmente los vincula es el hecho que ambos están haciendo una férrea y descara interferencia en los procesos de investigación en su contra. Los dos están cometiendo un delito muy grave desde la posición que ostentan como Jefes de Estado: obstrucción de la justicia.

En mayo del 2017 Trump despidió al Director del FBI, James B. Comey, justo cuando avanzaba en las investigaciones sobre los vínculos de su campaña con los rusos. Fue tan evidente la interferencia que en junio Comey fue citado a declarar ante la Comisión de Inteligencia del Senado. Por eso, el mismo Departamento de Justicia inició una investigación especial, la cual está a cargo de Robert Mueller, nada más y nada menos que el antecesor de Comey al frente del FBI. Recientemente, ha salido a luz que Trump intentó despedir también a Mueller, pero no le fue posible porque uno de sus asesores le hizo entrar en razón, amenazando con renunciarle, pues las consecuencias serían desastrosas para la Administración. Hasta el momento Trump ha negado todos los cargos, simplemente alegando que las noticias son falsas, políticamente motivadas.

En Guatemala, Jimmy se ha aliado con otros poderosos actores políticos, como el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, y los diputados corruptos y muy posiblemente vinculados con el crimen organizado en el Congreso de la República, así como con empresarios ya acusados de participar en el tango de la corrupción y del financiamiento ilícito de las campañas, entre otros delitos graves. Y no se descarta que el presidente también tenga alianzas con los políticos ya en prisión preventiva, como los de La Línea, caso paradigmático del 2015 que sacó del poder a un presidente y a su vice presidenta. Esta amplia coalición pro-impunidad ha decidido obstruir la justicia, cueste lo que cueste pues, evidentemente, tienen mucho que perder.

Su primer golpe fue la declaración de persona non grata del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, a finales de agosto 2017. El presidente lo hizo con un video casero, estilo Rodrigo Rosenberg, por lo que no se descarta que personajes igual de siniestros le hayan apoyado en su producción. El segundo golpe fue en el Congreso de la República con los nefastos decretos legislativos para auto-recetarse impunidad. Afortunadamente, en el caso del presidente, la Corte de Constitucionalidad estuvo a la altura de las circunstancias, y en el segundo caso fueron los ciudadanos indignados por tanto descaro de los políticos corruptos quienes los hicieron dar marcha atrás. Sin embargo, la coalición del pacto de corruptos ha resultado ser bastante resiliente. Al punto que se ha fortalecido con los golpes. Lograron conformar una Junta Directiva del Congreso a su imagen y semejanza, y ahora el Ejecutivo, por medio de la Cancillería y la Presidencia, ha realizado una nueva ronda de cabildeo en Washington DC y Nueva York para intentar descabezar a la CICIG, lo antes posible, para luego enfilar sus fuerzas contra la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, quien está a pocos meses de dejar el cargo. Su objetivo final es que CICIG termine muy debilitada su mandato en 2019, sin la debida y necesaria colaboración por parte de la nueva cabeza del MP.

En el caso de los Estados Unidos, la esperanza radica en las elecciones de medio término, que en noviembre 2018 podrían devolver el control del Congreso al partido Demócrata. Si esto ocurre, aumentarían grandemente las probabilidades de que Trump sea sometido a un juicio político que le retire de la Casa Blanca anticipadamente. En Guatemala, lo más probable es que tengamos que esperar hasta las elecciones del 2019 para votar, sin claras alternativas, por otro que se auto-proclame como “No corrupto, ni ladrón”. Ante la ausencia de verdaderos partidos políticos, y sin reformas de fondo a la ley electoral para que los propicie, volveremos a llenarnos de corruptos en todos los organismos del Estado, pero con el agravante de que ya no tendremos a la CICIG ni a Thelma Aldana para hacer contrapeso a sus desmedidas ambiciones de enriquecimiento ilícito y poder.

Ambos presidentes saben que han perdido legitimidad. Trump incluso llegó al poder sin el favor del voto popular y cuenta con niveles de aceptación históricamente bajos. Por eso buscan sostenerse en fuentes tradicionales de legitimidad, en las pre-democráticas, como la religión. Quieren hacer creer a los ingenuos que ellos fueron ungidos, puestos como autoridad para cumplir con un plan divino. ¿El cumplimiento de la profecía de una Nueva Jerusalén? Por ello, los dos asisten a desayunos de oración nacional organizados por los líderes su base evangélica fundamentalista y neo-pentecostal, y su breve encuentro se da en ese particular contexto.

Ambos presidentes han demostrado que son incapaces para el cargo que se les encomendó, pero no se les despedirá por eso. Se irán porque han intentado, con cierto éxito, retrasar las investigaciones en su contra. Lo lamentable es que en el proceso han dañado a las instituciones nacionales con sus torpes decisiones. La diferencia es que en Guatemala nos costará mucho más, pues somos infinitamente más vulnerables a los destrozos de un mal gobierno. Y claro, esto también afectará directamente a los Estados Unidos con más inmigrantes, quienes seguramente pasarán por arriba o por debajo del famoso muro de Trump, en busca de un sueño, por cierto, cada vez más lejano.

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01 Nov ¿Es ideológica la lucha contra la corrupción en Guatemala?

Hay quienes argumentan que la lucha contra la corrupción en Guatemala es un asunto que únicamente interesa a las izquierdas, que realmente lo que quieren es llegar al poder por otros medios distintos a las elecciones, ya que en estas casi siempre pierden ante partidos de derechas que han gobernado el país desde que empezamos la transición hacia la democracia. El argumento es que se está judicializando la política, pues muchos de los casos investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tienen como acusados a prominentes políticos de los partidos tradicionales, de la vieja política. La mayoría de los casos recientes están relacionados, precisamente, con el delito de financiamiento ilícito de las campañas electorales.

Esta absurda historieta de cierta derecha con raíces en el añejo anti-comunismo del siglo XX no tiene fundamento alguno y, más bien, parece una politización de los casos judiciales. Toda persona razonable, tanto de derecha como de izquierda, se da cuenta que uno de los principales problemas de nuestro sistema político es la corrupción. Los casos evidenciados en 2015 por el MP y CICIG, que afectaron al entonces Presidente de la República y a su Vicepresidente, indignaron a toda la población. Un buen porcentaje de esta se movilizó en el mundo virtual de las redes sociales, mientras que otro nutrido grupo salió a las calles y plazas para protestar. No fue, como ahora quiere sugerir el Alcalde de la Ciudad de Guatemala, un golpe de estado blando. Los ciudadanos ejercieron su poder soberano y dijeron “¡Basta Ya!” a la elite política corrupta en el poder, y esto a su vez fortaleció la persecución contra los aún presuntos criminales. Lamentablemente, por la proximidad del evento electoral de ese año, no hubo tiempo de depurar a todos los políticos en el Congreso y en las corporaciones municipales. Ahora sufrimos las consecuencias de una asamblea legislativa infestada de corruptos que desean defender a toda costa su inmunidad para garantizarse la impunidad.

Hay una manera objetiva de demostrar que la lucha contra la corrupción no tiene color ideológico. Recientemente se liberaron los datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (conocido como LAPOP, por sus siglas en inglés), también reconocido como el Barómetro de las Américas, liderado por la Universidad de Vanderbilt. La encuesta más reciente en Guatemala fue realizada entre febrero y mayo del 2017, coordinada por ASIES y financiada por USAID. La misma nos puede dar algunas luces para responder a la pregunta con la que titulamos el artículo, pues se indagó específicamente sobre la participación ciudadana en las movilizaciones anti-corrupción del 2015.

Según dicha encuesta, cuando se les pregunta a los guatemaltecos ¿cuántos de los políticos en el país cree usted que están involucrados en corrupción?, más del 33 por ciento responden que “todos” están involucrado en corrupción, un 32 por ciento dicen que “más de la mitad”, 23 por ciento piensan que “la mitad” de ellos lo está, casi 9 por ciento cree que “menos de la mitad” están involucrados, y solamente un 2 por ciento del total de entrevistados dice que “ninguno” de los políticos de Guatemala está involucrado en actos de corrupción. No parece haber diferencias entre los entrevistados en áreas rurales o zonas urbanas respecto a esta severa descalificación hacia los políticos. Desde la perspectiva de género sí hay diferencias estadísticamente significativas. En el caso de las mujeres, con su innata habilidad para detectar a los mentirosos (según la psicología evolucionista), ellas tienden a desconfiar más de los políticos, pues hasta el 37 por ciento piensa que “todos” ellos están involucrados en corrupción (versus un 30 por ciento en las respuestas de los hombres encuestados; por otro lado, como sabemos, las mujeres están sub-representadas en los cargos de elección popular).

Lo más interesante es que LAPOP 2017 también preguntó en Guatemala lo siguiente: “¿Participó usted en las manifestaciones/protestas en el año 2015 en contra de la corrupción?” A lo cual el 16 por ciento de los entrevistados (N=1542) respondió que SÍ, siendo levemente mayor la participación en el área urbana (17 versus 15 por ciento en lo rural, lo cual implica que no hay diferencia estadísticamente significativa), lo que cuestiona la percepción muy difundida de que las protestas del 2015 fueron exclusivamente un fenómeno de área metropolitanas, con fácil acceso a Internet y otros medios alternativos de información, como la TV por cable y los periódicos. Lo que sí parece indicar la encuesta es que hubo una mayor participación de hombres que de mujeres (20 por ciento, sobre todo en el área urbana donde el porcentaje sube al 22 por ciento, versus el 13 por ciento en mujeres, tanto en lo rural como en lo urbano). Ahora, lo que queremos saber es si hubo alguna diferencia en nivel de participación respecto a la ideología de los encuestados.

LAPOP les pide a las personas que se ubiquen ellas mismas en el espectro izquierda-derecha, dándose una calificación de 1 a 10, donde 1 es muy a la izquierda y 10 muy a la derecha: “Según el sentido que tengan para usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político.” Para simplificar el análisis he agrupado las respuestas en cinco categorías: 1-2 izquierda, 3-4 centro-izquierda, 5-6 centro, 7-8 centro-derecha, y 9-10 derecha. Es alentador observar, en términos generales, una distribución normal según la auto-identificación de las personas, aunque los extremos parecieran estar sobre-representados (habrá que profundizar sobre esto y contrastarlo con encuestas anteriores), como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Pregunta LAPOP 2017. Auto-ubicación en el espectro ideológico.Fuente: elaboración propia con base a resultados de LAPOP 2017.

 

Al retomar las respuestas a la pregunta sobre cuántos políticos estarían involucrados en corrupción, son los moderados de derecha lo que no se atreven a generalizar, especialmente los hombres de centro-derecha (24 por ciento piensan que todos los políticos son corruptos), aunque sí se atreven a afirmar que más de la mitad por seguro lo son, es decir, la mayoría de los políticos han estado involucrados en actos de corrupción. Los que más generalizan son los de derecha, especialmente las mujeres de derecha (44 por ciento piensan que todos los políticos son corruptos).

Respecto a la pregunta de participación en las manifestaciones del 2015, definitivamente NO hay diferencia estadísticamente significativa entre las distintas ideologías. Los del centro participaron con similar intensidad (15 por ciento) y los dos extremos también (20 por ciento la izquierda versus 18 por ciento la derecha). Lo cual confirma que la indignación no fue afectada por la ideología del individuo. Estadísticamente hablando, fue el mismo nivel de participación en las plazas, sin importar dónde se ubican las personas en el amplio espectro ideológico, como se muestra en el siguiente gráfico. Nótese que se incluyeron trazos de intervalos de confianza (al 95%) en las respuestas positivas, para visualizar que las diferencias no son estadísticamente significativas, pues los mismos se traslapan entre sí.

Gráfico 2.Fuente: Elaboración propia con base a resultados de LAPOP Guatemala 2017. Intervalos de confianza al 95%.

 

Si aceptamos que, en general, un 15 por ciento de la población adulta estuvo participando activamente en las protestas del 2015, estamos hablando de 1 millón 300 mil habitantes, aproximadamente. Este número es mayor al total de votos que obtuvo cualquiera de los dos partidos políticos que pasaron a segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2015 (UNE obtuvo un poco más de 967 mil, y FCN-Nación 1 millón 167 mil votos). Es decir que la cantidad de los ciudadanos que se movilizaron no era una cifra despreciable en términos políticos. De hecho, casi el 88 por ciento de los que fueron a protestar participaron también en las elecciones, ejerciendo su derecho al voto y a pesar de las consignas que surgieron en la misma plaza, en el sentido de que en esas condiciones no se querían elecciones. En el caso de los que no protestaron, la asistencia a las urnas fue significativamente menor: 74 por ciento (intervalo de confianza al 95% da una participación entre 71 y 76 por ciento de este grupo). Esto también sirve de sustento a una hipótesis de politización de los ciudadanos durante el 2015, especialmente de la clase media, que he expresado con anterioridad (en este mismo BLOG).

Del total que participó en las protestas anti-corrupción y también decidió ir a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 47 por ciento votó a favor de Jimmy Morales. Respecto a los votantes, el peso relativo de los que protestaron en 2015 es aún mayor, es decir, más del 21 por ciento de los votos emitidos. Por ello, bien harían los políticos en poner sus barbas en remojo. Al menos 1 de cada 5 electores son críticos y activos oponentes de la corrupción que perciben incrustada entre la élite política y sus contrapartes privadas. Si estos ciudadanos hastiados de la vieja política logran convencer, al menos a 2 de los otros 4 electores que no protestan, serán capaces de inclinar la balanza electoral a favor de quienes ellos perciban como líderes comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya no será suficiente autodefinirse como “Ni corrupto, ni ladrón” para ganar unas elecciones. Aunque ya sabemos que, por las mismas investigaciones de MP y CICIG sobre el modelo electoral tradicional y moribundo, el éxito no sólo es cuestión de marketing sino también de financiamientos ilícitos que tarde o temprano saldrán a la luz, al igual que el nombre de quienes facilitaron esos recursos. Son precisamente estos financistas, que buscan garantizar privilegios o negocios para sus intereses particulares manteniendo la opacidad en las campañas electorales, los que están queriendo enmarcar la lucha contra la corrupción como un asunto meramente ideológico. Sencillamente, no lo es.

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20 Sep Usemos el miedo a nuestro favor

Los humanos, como toda especie animal, nacemos con el instinto del miedo. Es una emoción clave para la supervivencia, por ello estamos programados para sentir miedo ante situaciones de peligro. Hay, al menos, tres tipos de reacciones cuando experimentamos miedo. Podemos paralizarnos, salir corriendo o pelear.

La parálisis ocurre en situaciones en las cuales es mejor pasar desapercibidos. Muchos animales utilizan el camuflaje para ello. De esta manera el depredador les puede pasar a su lado, pero no los detecta. Es un estado momentáneo, para luego salir volando y ponerse a salvo. En los humanos ese camuflaje se da a través del discurso. Cuando hacemos algo incorrecto, por ejemplo, y luego no queremos asumir las consecuencias del error o de la transgresión tendemos a mentir. Fingimos demencia.

Huir de las situaciones de peligro suele ser lo más común. El miedo nos aconseja irnos lo más lejos y rápido posible cuando no hay condiciones para salir bien librados de un enfrentamiento. A veces, le llamamos a esto cobardía, un término con fuerte connotación negativa porque en las sociedades humanas generalmente los peligros comunes sólo se pueden enfrentar colectivamente. Entonces, es necesario castigar, al menos moralmente, a quien no está dispuesto a luchar solidariamente con los demás miembros de su tribu.

El miedo también nos impulsa a tomar riesgos. Hay situaciones límite en las cuales la inmovilidad es contraproducente, pues nos hace aún más vulnerables. En otros casos, el escapar es imposible, o eventualmente nos alcanzarán y cuando lo hagan estaremos tan agotados que no podremos defendernos. Así que ese instinto de supervivencia llamado miedo, que algunos suelen ver con desprecio, sí nos puede aconsejar enfrentarnos a la amenaza.

Algunos opinan que en 2015 perdimos el miedo a salir a las calles y protestar. En realidad, lo que ocurrió fue que aprendimos a canalizar el miedo de otra manera. Nos dimos cuenta que no hacer algo al respecto de la cínica y descarada corrupción sólo empeora las cosas, porque durante mucho tiempo dejamos la política en manos de los inmorales e inescrupulosos. Vimos con claridad que huir hacia nuestros espacios de confort es totalmente improcedente, evadiendo así la responsabilidad de informarnos bien de lo que ocurre (como el avestruz que metiendo la cabeza en la arena cree que está segura). Los más vulnerables generalmente son los que primero sufren las consecuencias de nuestra indiferencia. Sin embargo, eventualmente el fracaso como sociedad nos alcanzará a todos y también nos destruirá.

Precisamente porque tenemos mucho que perder, el miedo nos hace tomar riesgos que no asumiríamos para obtener algo a lo que aspiramos, por muy valioso que eso sea. En el momento histórico en el cual nos encontramos los guatemaltecos no podemos darnos el lujo de quedarnos inmóviles o de salir huyendo. Es el momento de exigir en la Plaza que no se tiren por la borda los avances que hemos logrado en términos del fortalecimiento del sistema de justicia, por ejemplo, y su consecuente efecto positivo en la reducción de la violencia homicida. Los enemigos de la decencia, tanto los corruptos del sector público como del privado, quieren que retrocedamos o simplemente que permanezcamos ausentes. Pero esas actitudes no sólo pondrían en riesgo nuestro presente, sino también nuestro futuro.

Siempre cuento que en el 2015 los primeros en llegar a las manifestaciones eran mi mamá y mi papá, quienes a sus más de 70 años de edad me decían que pasaron su vida siendo indiferentes a la política, ocupados en trabajar para sacar adelante a su familia, sin darse cuenta que esa indiferencia tendría consecuencias tan graves para sus nietos. Es por eso que ellos y miles de personas ahora se movilizan como una colectividad que sabe que su bienestar y el de sus descendientes está en juego. También es cierto que en el contexto del conflicto armado interno que les tocó vivir a mis padres era extremadamente peligroso participar en la política. El Estado contrainsurgente aplicó estrategias para causar terror del que paraliza, del que calla. Pocos se atrevían a siquiera expresar libremente su pensamiento, pues podían ser tachados de enemigos y convertirse en objetivos de la represión arbitraria. En mi familia paterna, la víctima más sobresaliente de la represión fue Bernardo Lemus Mendoza, destacado economista e intelectual de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundador del Hotel Posada del Quetzal en la Baja Verapaz, quien fue asesinado en 1981.

Hoy lo que me da miedo es el denominado “conservadurismo pragmático” que llama al inmovilismo y, en el mejor de los casos, al reformismo gradual. Los conservadores, por definición, prefieren el statu quo. No obstante, el miedo sí los moviliza cuando ven en riesgo sus privilegios, es decir, cuando el orden establecido al cual ellos están tan acostumbrados se pone en duda. Esto explica en gran medida la movida independentista de los criollos en 1821. Parecieran no entender que es su preciada estabilidad, así como los conceptos de Estado de Derecho y certeza jurídica, lo que precisamente dañaron los corruptos que hoy ocupan el Congreso de la República. Por eso, de estos últimos no queremos disculpas, sino renuncias. No se los pedimos con cortesía, simplemente se los exigimos.

Por otro lado, me temo que la conspiración de la semana pasada a favor de la impunidad no fue únicamente responsabilidad de los 107 innombrables y el presidente. Sinceramente, no me extrañaría confirmar que algunos de los conspiradores fueron empresarios adinerados, tradicionales y emergentes, que financiaron campañas electorales utilizando el anonimato. Seguramente están incluidos entre los que ahora llaman a la calma, a la inacción, pues se atrevieron a apoyar solapadamente a los corruptos del Congreso que buscaron la impunidad a toda costa, la propia y la de sus patrocinadores. Ahora, ante el miedo que les provoca el escarnio social y el ostracismo, prefieren el camuflaje del discurso bien intencionado por preservar la institucionalidad. Esperamos que sus colegas de las cámaras empresariales los identifiquen y los expongan ante la opinión pública. Si ellos quedan sin castigo, aunque sea reputacional, volverán pronto a las viejas prácticas de comprar corruptos para proteger sus intereses particulares en la legislatura.

Es tiempo de transformar el sistema político y eso requiere no sólo del uso de la razón, sino también de la reorientación de nuestras emociones. No se trata de suprimir el miedo, es cuestión de reconocerlo y orientarlo. Esa es la definición de los valientes: quienes se atreven a la acción a pesar del temor que sienten. Qué no nos reclamen nuestros hijos el que “pudiendo haber hecho tanto nos atrevimos a tan poco”.

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10 Jul El corrupto que hay en nosotros

En la entrevista conducida por Jorge Ramos para Univisión el presidente Jimmy Morales afirmó:  “Tal vez todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país, una corrupción que, de una u otra forma, en Latinoamérica, Guatemala y muchas partes del mundo, se ha considerado como normal“. En lo que pretendía ser un argumento a favor del caso en contra de su hijo y hermano por fraude, su comentario pronto pasó a ser fuertemente reprendido por los medios nacionales e internacionales. A pesar de la necesaria crítica a su respuesta, el mandatario aludía a algo que es cierto – la corrupción se encuentra normalizada en la sociedad guatemalteca.

El 37.9% de los guatemaltecos cree que la corrupción es “muy común”, seguido de un 39.7 que lo ve como “común”. En el otro extremo, el 18.6% piensa que es algo “poco común” y finalmente tan solo el 3.8% cree que es “poco común” (LAPOP, 2014). Podemos asegurar que la mayoría se ubica dentro del espectro que identifica la corrupción como algo existente, pero hay una gran diferencia entre visibilizarlo a percibirlo como un problema.

Parte del éxito y lo ganado del movimiento social que surgió en el 2015 fue que el ciudadano venció la apatía y manifestó su descontento hacia el estallido de casos de corrupción presentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Una actitud atípica del ciudadano guatemalteco. Sin embargo, en este nuevo contexto donde se están definiendo las siguientes etapas, se ha discutido muy poco sobre corrupción desde sus distintas dimensiones.

Muchas veces se tiende a externalizar el problema hacia el estado y sus instituciones, ofreciendo una visión reduccionista del fenómeno social. Podemos entender la corrupción como “el uso indebido del cargo público para beneficio privado” (Koetzle y Sandholtz, 2000). Bajo esta definición la corrupción ocurre cuando las dimensiones entre lo público y lo privado se entrelazan. En sociedades con instituciones débiles sucede que estos actos de corrupción no tienen una única causa. Incluso existen corrientes como la escuela de la teoría funcional (Huntington, 1968) que afirman que en ciertos casos la corrupción sirve como mecanismo para abatir los obstáculos de burocracias poco funcionales. Sucede también que en estos casos la corrupción se percibe como una práctica común que surge por medio esos famosos vacíos legales. Su cotidianidad consecuentemente lleva a sus operantes a ignorar la falta, muchas veces incluso a pasarla por desapercibida. Bajo ese vendaje de “el fin justifica los medios” se forman pequeñas a extensas redes de corrupción que involucran a distintos actores, dentro pero también fuera del estado. Es evidente que existe entre la ciudadanía – y entre los mismos funcionarios – una falta de comprensión sobre lo público, lo que es en gran parte el resultado de la ausencia de una administración pública profesionalizada.

Dada esta perspectiva, el ciudadano llega a ser testigo, participe e incluso defensor de actos de corrupción. Dentro de la literatura se señalan dos tipos: “gran corrupción” que implica distintos niveles de gobierno con múltiples actores como La Línea; y por el otro lado se encuentra “la corrupción petite” que se ocurren dentro de las distintas relaciones burocráticas. Estas dos grandes categorías se manifiestan a través de sobornos, clientelismo, entre otras manifestaciones que involucran y requieren de la participación activa del ciudadano. Su complicidad muchas veces ha sido-y sigue siendo- el elemento que refuerza este tipo de mecanismos. La falta de denuncia y poca fiscalización se convierten en un instrumento que da legitimidad a los actos de corrupción.

En este sentido, investigaciones como la de Solaz y De Vries (2017) señalan que en países con mejores indicadores de transparencia (y más riqueza) los ciudadanos tienden a percibir más corrupción que en los países con peor rendimiento. Esta discrepancia en la percepción ha dado lugar a una corriente literaria que señala que en países con altos niveles de corrupción los individuos suelen desarrollar más tolerancia hacia estos hechos. El individuo llega a acostumbrarse y por ende deja de verlo de manera alarmante, perdiendo así su efecto social. Como consecuencia de esto la corrupción se vuelve un mecanismo cada vez más normalizado y aceptado.

No es sencillo identificar si alguien ha participado en un acto de corrupción y muchas veces cuando se intenta hacerlo se reconoce que habrá un subregistro en las respuestas. No obstante, en la última encuesta de LAPOP 2014 a una serie de preguntas sobre sobornos se identifica que el 19% de los guatemaltecos han pagado un soborno a alguna institución pública en un periodo de 12 meses. Este porcentaje – que debe ser menor a la cifra real –se encuentra bastante elevada.  Si se examina detenidamente, es interesante que la institución que recibe o registra más sobornos es hacia la Policía Nacional Civil que curiosamente siempre se encuentra dentro de las encuestas como una de  las instituciones menor confianza.

Recapitulando podemos señalar que el estudio de la corrupción cuenta con grandes retos metodológicos, en especial si se toma en cuenta que se está intentando evaluar una actividad que por su naturaleza pretende pasar por desapercibida. Pero no porque sea difícil de medir debemos de abandonar la tarea de intentar entender las relaciones causales que dan origen al fenómeno, como también sus múltiples consecuencias que dentro de estas perjudican los principios de responsabilidad democrática.

En una reciente conferencia el comisionado Iván Velásquez expresó “Si no cambian las condiciones en las que se generan, perpetúan o readaptan las estructuras criminales, será vana la tarea del MP y la CICIG”. Es cierto que ningún esfuerzo será suficiente si no logramos entender que son estas condiciones. Para ello, debemos también abrir nuevos espacios de discusión que permitan investigar la complejidad de dicho fenómeno social. Es momento de hacer una introspección personal de nosotros y nuestra sociedad, para poder tomar el primer paso y aceptar como sociedad que: “tenemos un problema”.

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