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Internacional

27 Jul NO somos país seguro

Por Carlos A. Mendoza, Observatorio de la Violencia

Si bien es cierto que Guatemala ha logrado disminuir su tasa de homicidios en los últimos diez años, en más del 50 por ciento, seguimos ubicados entre los países más violentos del planeta.

Recientemente, la agencia de la Organización de la Naciones Unidas especializada en temas de drogas y delitos (ONUDD por sus siglas en español, o UNODC en inglés) ha publicado su recopilación de las cifras de violencia homicida a nivel mundial, siendo el dato más reciente el correspondiente al año 2017.

De 204 países para los cuales se cuenta con datos anuales del siglo XXI, con distintos niveles de confiabilidad (muy escasa calidad en el caso de África), el promedio anual de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ubica a Guatemala como el NOVENO país más violento del mundo.

La lista es encabezada por nuestros países vecinos: El Salvador (tasa promedio anual de 63) y Honduras (59). Jamaica ocupa el tercer puesto (47) y le siguen dos países sudamericanos: Venezuela (45) y Colombia (41). El sexto puesto corresponde a las Islas Vírgenes, territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América en el Caribe (38). Hay un empate en el séptimo puesto entre dos naciones africanas: Sudáfrica y Lesoto (37). Guatemala aparece, entonces, en el noveno puesto con una tasa promedio anual de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes en los últimos 18 años disponibles para comparación internacional, esto es, del 2000 al 2017. En la décima posición está Belice (32).

TOP10. Ranking de países más violentos del planeta, 2000-2017.

Fuente: elaboración propia a partir de Homicide Data Set 2019 disponibles en https://dataunodc.un.org/GSH_app

Guatemala, de hecho, ha descendido positivamente en el ranking mundial, porque después del aumento de violencia del 85% entre 2000-2009 no sólo se logró detener dicha tendencia, sino que se emprendió el descenso casi ininterrumpido entre 2010-2017, el cual ha prevalecido durante los últimos dos años 2018-2019, los cuales no se ven reflejados en el informe de la ONUDD (2019).

Guatemala: Tendencia de Largo Plazo de la Violencia Homicida, 2000-2019.

Fuente: elaboración propia a partir de datos mensuales de la Policía Nacional Civil (PNC).

A pesar del impresionante descenso, que también se ha dado en Honduras y El Salvador (con mayores altibajos), Guatemala todavía se encuentra entre los países más violentos del mundo, en medio de la región más violenta, como se refleja muy bien en el mapa elaborado por ONUDD.  

Mapa mundial de Violencia Homicida en 2017, ONUDD (2019).

Fuente: Map of homicide in countries worldwide https://dataunodc.un.org/GSH_app

En conclusión, Guatemala NO puede considerarse como un “tercer país seguro” para que quienes escapan de la violencia de sus respectivos países, en espera de asilo en los Estados Unidos de América. Tampoco lo somos bajo otros criterios socioeconómicos, demográficos o políticos.  

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29 Ago Policy Brief No. 2 Vulnerabilidad y riesgo, el lenguaje común de las políticas de prevención en el Triángulo Norte de C.A.

 

Las personas jóvenes se ubican entre los 15 y los 24 años(1). En los países del Triángulo Norte, en el año 2017, aproximadamente un 20% de la población se encontraba en este rango de edad. La definición de jóvenes tiende a variar en cada país (en Guatemala, se extiende hasta los 29 años), ya que esta es una categoría más fluida que un grupo de edad fijo. La juventud hace referencia a «[…] una etapa de formación y adquisición de valores y habilidades para una vida adulta productiva(2)». Esta distinción con respecto a este período de la vida es motivada por la necesidad de una atención especializada para este grupo de edad, a riesgo de encasillar a quienes pertenecen a él en un rol de receptores pasivos, en lugar de participantes activos(3).

Por su parte, la atención mediática que reciben los jóvenes tiende a enfatizar en problemas como desempleo, deserción escolar, desviación social, entre otros. Como consecuencia, ha llegado a proyectarse una imagen, tanto hacia los mismos jóvenes como hacia los adultos, sobre un grupo socialmente deficiente que necesita acompañamiento de los mayores para transitar hacia la adultez. Este enfoque pasa por alto los activos y fortalezas de las personas jóvenes, debilitando su capacidad de ayudarse a sí mismos, y empoderando a los especialistas en juventud.

〈〈Hay un componente de prevención de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las políticas de prevención〉〉

 

Se ha visto a la juventud como un grupo vulnerable a la violencia y el comportamiento delictivo. En el Triángulo Norte de Centroamérica, la prevención de la violencia y el delito relacionados con la juventud alcanzó estatus de política pública a partir de 2005 en Guatemala, 2007 en Honduras, y 2010 en El Salvador. Hay un componente de prevención de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las políticas de prevención. Con ello se evidencia que, sea en el área de jóvenes o de seguridad ciudadana, los formuladores de política pública consideran que estos dos sectores se encuentran asociados.

Violencia y delincuencia en la juventud: ¿Qué las motiva?

La violencia y el comportamiento delictivo suelen ser más frecuentes en la juventud. Son resultado de un fenómeno social que refleja procesos similares, como la imitación del comportamiento antisocial entre pares(4). La mayoría de jóvenes, especialmente aquellos más cercanos a la adolescencia (15 años), tienen más probabilidades de exposición a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros. Sin embargo, los delincuentes de carrera inician más temprano en la vida, y solo se consolidan durante la adolescencia. Las altas tasas de comportamiento antisocial durante esta etapa reflejan la gran cantidad de adolescentes que se suman al grupo de ofensores persistentes de por vida. Luego se observa un declive al alcanzar los 18-20 años, pues quienes se involucran en comportamientos delictivos durante la adolescencia, al alcanzar la etapa adulta, se incorporan a la sociedad a través del empleo, el matrimonio, el servicio vocacional, entre otros(5).

〈〈Los adolescentes tienen más probabilidades de exposición a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros〉〉

 

Existen diversos factores que incrementan las probabilidades de que las personas jóvenes se involucren en actividades relacionadas con la violencia y el delito. El riesgo se incrementa por disposiciones genéticas y eventos prenatales que pueden dañar al feto, como el consumo de alcohol y el abuso de sustancias durante la gestación, que dañan el desarrollo neuropsicológico(6). De esa cuenta, características como la hiperactividad y el bajo autocontrol, asociados con la conducta antisocial precoz, suelen estar determinadas por la ausencia de cuidados durante el embarazo y la crianza en la primera infancia.

Otros elementos externos incluyen exposición a maltrato infantil, violencia escolar, asociación con pares que se involucran en actividades delincuenciales, desorganización comunitaria, débil reforzamiento de las leyes que norman el comportamiento social, inequidad en el acceso a los servicios de salud, educación y desarrollo social, entre otros(7). Estas condiciones generan una especie de tensión social en el adolescente, lo cual, a su vez, conduce al debilitamiento de los vínculos con la familia, la escuela y la comunidad, produciendo rechazo de los valores convencionales.

Durante la infancia y la adolescencia temprana, el apego a la familia es el determinante más importante de si un joven se adaptará a la sociedad convencional y estará protegido de la delincuencia o no. A mediados de la adolescencia, la familia es reemplazada por el mundo de los amigos, la escuela y la comunidad. En la edad adulta, las elecciones de comportamiento de una persona dependen de su lugar en la sociedad convencional y de su propia familia(8).

Prevención de la violencia relacionada con la juventud: Enfoque y resultados

En general, el modelo utilizado para explicar la violencia es el ecológico(9). Este implica la intervención en distintos niveles (individual, familiar, comunitario y social) para lograr un impacto en la prevención. Las políticas públicas que contemplan la prevención de la violencia relacionada con la juventud suponen que durante esta etapa es necesario brindar protección, oportunidades para el desarrollo, e incorporar a las personas jóvenes a la sociedad mediante la educación, el uso productivo del tiempo, el arte, el empleo, entre otros.

〈〈Las políticas de prevención  se enfocan en los jóvenes como ofensores más que como víctimas de la violencia y delincuencia〉〉

 

Estas medidas, impulsadas a través de políticas públicas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, evidencian que están dirigidas no a los criminales de carrera, sino a los adolescentes y jóvenes que, como producto de la etapa que atraviesan, son proclives a involucrarse en actividades antisociales. Los jóvenes que llegan a tener contacto con el sistema de justicia se encuentran incluidos a través de programas de reinserción social y, en algunos casos, mediante programas de educación.

El abordaje de las políticas de prevención de la violencia pareciera estar más enfocado en los jóvenes como generadores que como receptores de violencia y víctimas de la delincuencia. Existe muy poca comprensión sobre los efectos que la exposición a violencia en el hogar, en la escuela y en la comunidad tiene en las víctimas, y sobre la necesidad de atención y protección que ellas tienen derecho a recibir por parte del Estado. En cuanto a los jóvenes ofensores, las políticas promueven la rehabilitación y la implementación de sanciones distintas a la privación de libertad, sin dejar claro el rol del sistema de justicia sobre estos temas.

El tipo de violencia o delincuencia que las políticas intentan prevenir no está explícito en ellas. Pese a que al describir el contexto del país los documentos de política hacen referencia a la cantidad de homicidios, delitos al patrimonio, y otros, no contienen líneas de acción específicas para contrarrestarlos. Se habla de la violencia y el delito en general, lo cual abre la puerta a una nueva generación de políticas especializadas en, por ejemplo, violencia escolar, violencia hacia la mujer, pandillas, entre otras, fragmentando la respuesta al fenómeno y aumentando la complejidad de la coordinación interinstitucional necesaria para la implementación. También es notorio que, con excepción de la política y estrategia de prevención de Guatemala, las políticas suelen dejar de lado la atención específica que requieren la primera infancia, las mujeres y los grupos de la diversidad sexual.

Resultados

Los aspectos clave de las políticas de prevención son el desempleo y la educación. En el año 2012, la tasa de desempleo juvenil en Guatemala se ubicaba en 7.5; en El Salvador, en 12.4; y en Honduras, en 8. Es evidente que hubo una mejora en Guatemala, cuya tasa para 2017 fue de 4.8, mientras que en El Salvador se mantuvo en 12.4 y, en Honduras, se incrementó a 14.2(10). Para 2014, los años promedio de escolaridad para la población mayor de 18 años en Guatemala eran de 7.9; comparados con los 6.6 de Honduras y los 8.9 de El Salvador(11).

〈〈La tasa de homicidios en jóvenes de 15-29 años sobrepasa el promedio nacional en los países del Triángulo Norte de Centro América〉〉

 

Las tasas de homicidios por cien mil habitantes –el indicador por excelencia para evaluar los niveles de violencia– señalan que, en 2017, la tasa nacional para  Guatemala fue de 25.0; Honduras, 41.9; y El Salvador, 61.9(12). Para el grupo de edad de 15 a 29 años las tasas son mayores. El gráfico 1 muestra las tasas de homicidios para los hombres y mujeres en este rango; como se observa, los hombres entre 25 y 29 años suelen concentrar altas tasas de homicidios, muy por encima de las tasas nacionales en los tres países. Entre las mujeres, en Honduras tiene mayor riesgo el grupo de 15 a 24, mientras que en Guatemala y El Salvador son aquellas entre 25 a 29 años. En general, las personas entre 15 a 29 años, tanto hombres como mujeres, presentan tasas de homicidio mayores a las tasas nacionales.

Recomendaciones de política pública

La respuesta pública a la violencia relacionada con la juventud en el Triángulo Norte de Centroamérica aborda aspectos esenciales para la prevención, tales como la generación de empleo, la promoción de la salud, el arte y la cultura; sin embargo, se dejan de lado algunos aspectos fundamentales para generar impacto en la población a la que se dirigen las iniciativas.

Con base en el análisis realizado, recomendamos lo siguiente:

1. Vincular las políticas de niñez con las de juventud

El comportamiento violento y delictivo durante la juventud se puede prevenir mediante la protección de la infancia y la niñez. Es importante garantizar, durante estas etapas, las condiciones necesarias para un óptimo desarrollo, que permitan enfrentar la etapa de la adolescencia y la juventud de manera que el comportamiento antisocial no sea una opción. Para ello debe prestarse atención a las relaciones en el hogar y en la escuela; además, brindar acceso equitativo a la salud, la educación y a otros recursos que favorezcan la atención integral de las víctimas de violencia, especialmente aquellas que están bajo protección del Estado.

2. Empoderar a los jóvenes como agentes de cambio

Se debe ya dejar de lado la noción de que por su vulnerabilidad y riesgo los jóvenes son sujetos de intervención y constituyen un obstáculo para el desarrollo. Al contrario, se requiere aprovechar las fortalezas de los jóvenes, empoderarlos como ciudadanos competentes y garantizar su derecho a participar, así como la responsabilidad de servir a sus comunidades, especialmente en los modelos de orientación por pares. Los vínculos con la comunidad generan identidad social y bienestar emocional, elementos clave en la prevención de la violencia y el delito.

3. Brindar especial atención a las minorías

Debe prestarse atención especial a los jóvenes indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexual. En las políticas estos grupos se encuentran invisibilizados. Las minorías tienden a ser objeto de victimización en mayor medida y requieren, por consiguiente, medidas específicas que les permitan acceder a los recursos de salud, educación y justicia, con la misma o mayor facilidad que la población en general. También es necesario tomar en cuenta las especificidades y la diversidad de condiciones que afrontan las mujeres –por ejemplo, en casos de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzoso–, y elaborar medidas acordes a estas características.

4. Visibilizar la violencia desde y hacia la juventud

 En los tres países existen observatorios de la juventud que buscan visibilizar los derechos. Es importante que en ellos se dé seguimiento periódico y se visibilice la violencia homicida –y de otros tipos– que ocurre en este grupo de edad, así como el financiamiento que desde el Estado se destina a la prevención. Esto conlleva el diseño de indicadores que permitan medir la implementación de las políticas de prevención de la violencia –especialmente la relacionada con la juventud–, además de construir conocimiento sobre las distintas realidades que las personas jóvenes enfrentan.

5. Priorizar la corrección del comportamiento delictivo

 El sistema de justicia debe estar orientado a generar oportunidades y mecanismos que permitan la corrección de las conductas antisociales, dejando como último recurso la privación de libertad. Es prioritario contar con un sistema adaptado a las necesidades específicas de la adolescencia y juventud, que garantice el respeto a sus derechos y que actúe de forma rápida y diligente, evitando al mínimo el daño y asegurando la protección y el bienestar de los menores de edad. 

6. Rendir cuentas, aprender y tomar decisiones

Es importante reconocer el esfuerzo de los países por formular políticas públicas que aborden la situación de violencia relacionada con la juventud. También es necesario reconocer y abordar las brechas de implementación que enfrentan las políticas y generar mecanismos de coordinación interinstitucional que faciliten y orienten esta tarea. En ello juegan un rol importante las organizaciones sociales de jóvenes, las cuales están llamadas a fiscalizar y demandar acciones a favor de la prevención. En particular, los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica necesitan establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de políticas para informar adecuadamente a la ciudadanía sobre los avances en la implementación, aprender sobre la efectividad de las acciones propuestas, y realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos de política.       

Finalmente, debe asegurarse que las políticas públicas de prevención de la violencia y el delito incorporen un eje sobre el uso de la tecnología, tratando de anticipar las conductas antisociales que puedan generarse, para orientar las acciones y planes de prevención. 


Notas al pie

(1)ONU, 1981 (2)Alpízar y Bernal, 2003 (3)Finn, 2001 ; Sukarieh y Tannock, 2015 (4)Moffit, 1993. (5)Fairchild et al., 2013. (6)Aguilera e Izarra, 2005; Robinson et al. 2010; Polanska, Jurewicz y Hanke, 2015 (7)Thornberry y Krohn, 2005 (8)Benson y Buehler, 2012; Wang et al., 2014 (9)El Modelo ecológico fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud” de 2003 (10)Véase en: www.indexmundi.com (11)FEREMA, 2017 (12)Tasas calculadas a partir de los datos de las instituciones policiales de cada uno de los países

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Referencias citadas

Aguilera A, Izarra A. (2005) Abuso de sustancia tóxicas durante el embarazo. Med Clin 125:714-6. Alpízar, Lydia y Marina Bernal (2003): La construcción social de las juventudes. Última Década Nº19. Viña del Mar: Ediciones Cidpa. Benson, M. J., & Buehler, C. (2012). Family process and peer deviance influences on adolescent aggression: Longitudinal effects across early and middle adolescence. Child Development, 83(4), 1213-1228. Fairchild, G., Goozen, S. H., Calder, A. J., & Goodyer, I. M. (2013). Research review: evaluating and reformulating the developmental taxonomic theory of antisocial behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(9), 924-940. FEREMA (2017). Informe de progreso educativo de Honduras. Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu: Honduras Finn,J. (2001) Text and turbulence: representing adolescence as pathology int he human services. Childhood, 8 (2), 167-91 Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674-701. Centre (2017) Estudio de bienestar y políticas de juventud en El Salvador. Proyecto OCDE-UE Inclusión juvenil, París. Polanska, K., Jurewicz, J., & Hanke, W. (2015). Smoking and alcohol drinking during pregnancy as the risk factors for poor child neurodevelopment–A review of epidemiological studies. International journal of occupational medicine and environmental health. Robinson, M., Oddy, W. H., McLean, N. J., Jacoby, P., Pennell, C. E., De Klerk, N. H., … & Newnham, J. P. (2010). Low–moderate prenatal alcohol exposure and risk to child behavioural development: a prospective cohort  study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 117(9), 1139-1152. Sukarieh, M., Tannock, S. (2015). Youth Rising?. New York: Routledge. Thornberry, T. y M. Krohn. (2005). Applying Interactional Theory in the Explanation of Continuity and Change in Antisocial Behavior.’ Pp. 183–210 in Integrated Developmental and Life-Course Theories of Offending, edited by D. P. Farrington. New Brunswick, NJ: Transaction. Wang, B., Stanton, B., Deveaux, L., Li, X., Koci, V., & Lunn, S. (2014). The impact of parent involvement in an effective adolescent risk reduction intervention on sexual risk communication and adolescent outcomes. AIDS Education and Prevention, 26(6), 500-520.

Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

Se autoriza la reproducción, distribución y cita textual sin fines lucrativos y dando crédito de autoría y propiedad intelectual


Créditos

Autora:Evelyn Espinoza
Apoyo Técnico:Alejandra Menaldo, Carlos Mendoza
Edición:Isabel Aguilar

 

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08 Jun La isla de la Canciller Sandra Jovel y el Presidente Jimmy Morales

Ángel ( @angelram09)colegas, es un gusto conversar con ustedes de nuevo. Para nuestro debate de esta semana propongo que hablemos sobre la isla en la que ha dejado a Guatemala la política exterior liderada por la Canciller Sandra Jovel y el Presidente Jimmy Morales.

Desde hace 9 meses en el cargo, la Canciller Jovel ha dado un giro drástico a la política exterior de Guatemala. Históricamente esta ha estado determinada por temas como la integración en C.A., el diferendo territorial con Belice, apoyo a migrantes, entre otros; sin embargo, Jovel y Morales la han utilizado para obstaculizar la lucha contra la corrupción en el país, llegando incluso a poner en riesgo relaciones bilaterales con países de especial relevancia para la cooperación en Guatemala, como el G-13.

 

¿Realmente hay posibilidades de que Guatemala quede atrapada en la isla (dentro del sistema internacional) que el Presidente y la Canciller están buscando? ¿Cómo afecta esto la posición de Guatemala frente a otros temas?

 

Celia (@Celiaguilera): La dinámica que estamos viendo no es nueva, en el sentido que prevalecen acciones de gobierno y no una política de Estado, principalmente porque el problema es que no tenemos una.

Ronalth (@rochaeta ): Creo que la gestión de Sandra Jovelal frente del Minex deja mucho que desear, no solo el potencial aislamiento internacional que podemos ser objeto dada el actuar del Presidente y la Cancillería.

En efecto, el posicionamiento de temas claves a nivel internacional es muy malo. La agenda de país y de política exterior está abandonada y toda la gestión de Jovel se traslada a minar el trabajo anticorrupción y lucha contra la impunidad que trabaja Cicig. Bloquear dicha agenda es la política exterior de esta gestión.

Me pregunto, ¿Y los migrantes?, ¿La agenda de comercio internacional?, ¿La agenda de seguridad y lucha contra el narcotráfico?, Hay mucha tela que cortar.

Ángel ( @angelram09): A pesar de que nos quieren hacer creer que es una diplomática de carrera, su agenda de política exterior no lo demuestra. Se sigue dejando temas de Estado fuera.

Sofía  (@smontenegrom): En ese sentido, concuerdo con Celia desde el punto de vista que no existe una política internacional de Estado. Históricamente la actuación del Minex ha dependido del liderazgo de figuras claves, sin un cuerpo profesionalizado que sostenga la institución. Al igual que otras entidades no tiene un camino claro.

Pero creo que nos enfrentamos a un escenario distinto, una maniobra del actual gobierno para desprestigiar a Cicig/MP, con una actuación, en la mayoría de los casos penosa, que intenta aprovechar cualquier tipo de desinformación para favorecer su agenda, como sucedió con el caso Bitkov que tuvo un efecto considerable  

Ángel ( @angelram09): Yo vi el caso Bitkov como una sorpresita en el camino que han intentado explotar. Como siempre, la coyuntura y nada de Estado.

Xavier (@EquisSJ ): Es curioso. Durante la conferencia de prensa donde Jovel anunció la petición de retiro de los embajadores Kompassy Salcedo, hizo referencia a “la política internacional de Guatemala“.  La pregunta es si hay tal política o están improvisando sobre la marcha.

Celia (@Celiaguilera): Una política internacional debería responder a los intereses internacionales de Estado, no de gobierno, que es, claramente, a lo que está respondiendo la ministra Jovel.

Mercedes (@mersb ): Las últimas acciones de Jovel y el Presidente Morales en relación a los gastos del viaje oficial a Israel, provocó un malestar significativo en diversos sectores. El cinismo con el que dejan entre ver la opacidad del gobierno es cada vez mayor.

Mi preocupación principal al igual que lo menciona Ronalth, es el tema de los migrantes, tomando en cuenta que las remesas son claves para el país, no existe una política clara de atención integral a los mismos. Vemos como se activó hace unos meses Conamigua, pero los migrantes siguen desatendidos, el caso de Claudia Patricia Gómezes claro.

Ángel ( @angelram09): Creo que esa es la palabra: Cinismo. Un gobierno que se aísla de los intereses de nación, de la comunidad internacional y de los principios básicos de las democracias modernas.

Stephanie (@stephlopez122 ): Sin embargo, aún sin una política exterior clara varios gobiernos mantenían ciertas posturas sobre determinados temas. Como lo eran los compromisos y derechos internacionales para fomentar la paz y estabilidad en Oriente Medio. Jovel rompe con esa lógica.

Celia (@Celiaguilera): Sin un claro objetivo de cuáles son los intereses nacionales, ninguna política de gobierno puede ser exitosa. Si no se han creado oportunidades para la población en los municipios y departamentos de donde, se tiene conocimiento, salen la mayoría de emigrantes, es indiscutible que no son parte de las prioridades del gobierno, no podrían serlo tampoco cuando se convierten en migrantes fuera del territorio nacional.

Xavier (@EquisSJ ): Es bastante evidente que la política exterior de Guatemala actualmente es deshacerse de Cicig.  El tema de los migrantes, exportaciones, queda supeditado a esto. En ese sentido, me pareció interesante el amparo que interpuso la FundaMack por el intento de expulsión de Kompass.  El argumento es que las acciones del Ejecutivo no tienen al centro el interés de Guatemala sino el interés individual del Presidente.

Ronalth (@rochaeta ): yo calificaría a Jovel como el retorno al Antiguo Régimen, donde el Rey ejercía la diplomacia con abuso y lo hacía en nombre de la soberanía de la realeza. Una política exterior ajustada a los intereses de la familia Morales y su círculo más cercano.

Celia (@Celiaguilera): ¡Exacto! No son “la política exterior de Guatemala”, son los intereses de la administración Morales.

Xavier (@EquisSJ ): Kakistocracia.

Sofía (@smontenegrom): Además, es importante recalcar que las acciones de Jovel damnifican el Estado laico. Si bien esto no es peculiar de su gestión y se visibiliza en otros países, se puede observar que su comunicación oficial está cargado de referencias religiosas de índole cristiana.

Stephanie (@stephlopez122 ):La política exterior bajo el liderazgo de Jimmy y Jovel son reaccionarias. Creo que eso lo tenemos claro. Y las bases de sus decisiones tal parece que obedecen más a valores conservadores que a acciones geoestratégicas.

Mercedes (@mersb ): Más que a valores conservadores, diría que obedecen a procurarse impunidad.

Ronalth (@rochaeta ): «El Estado soy yo»

Stephanie (@stephlopez122 ): Los círculos más cercanos al Minex están siendo las Iglesias, sobre todo las evangélicas.

Ronalth (@rochaeta ): Y diputados, junto con algunos medios de comunicación. Por ejemplo, el diputado de Petén, Regalado, Roberto Arzú, Cónsul Honorario en Argentina. Además, la familia Rotmann con un familiar Cónsul en España y no olvidemos al yerno de Jafeth Cabrera.

Stephanie (@stephlopez122 ): Incluso, durante el mandato de Jimmy Morales los nombramientos políticos han superado los de gobiernos pasados.

Ángel( @angelram09): Incluso, Jovel y Moralesse ha buscado aislar del mismo Congreso. Negar información y debilitar los mecanismos de pesos y contrapesos del Estado.

Sofía (@smontenegrom): Ángel, no será que el congreso es un aliado, recordemos la interpelación del 8 de marzoque se le hizo a Jovel, donde se tenía la oportunidad de cuestionar sobre agenda anti-Cicig, y en su lugar se hicieron preguntas poco profundas, con excepción de la diputada Andrea Villagrán

Ángel( @angelram09): Claro que tienen aliados, durante la interpelación quedó demostrado que esa función fiscalizadora del Congreso debe de fortalecerse.

Hay por ahí una denuncia en contra de miembros de la Junta Directivadel Congreso por intentar detener la interpelación y limitar las preguntas de algunos congresistas. El Abogado los sindica de haber incurrido en ilegalidades durante la interpelación.

Xavier (@EquisSJ ): Exacto, fue vergonzoso ver la complicidad de Arzú Escobar, que boicoteó la interpelación. El presidente del Congreso se convirtió en el mejor aliado de la canciller.

Sofía (@smontenegrom): De acuerdo, nuevamente con un Congreso que busca establecer un pacto de corruptos y legislar en su propio beneficio, ¿qué entidad(es) podrá fungir el importante rol de fiscalización?

Mercedes (@mersb ): Contraloría General de Cuenta?

Ángel ( @angelram09): no deben ser excluyentes, uno del otro. Ambos deben cumplir esa función constitucional.

Sofía (@smontenegrom): Me parece interesante que fue en un medio de comunicación @ConCriteriodonde la Canciller indica por primera vez quién patrocinó el viaje de Jerusalén del Presidente, menciona al empresario Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corporation, lo cual demuestra el importante papel de los medios de comunicación en el proceso de transparencia y rendición de cuentas.

Xavier (@EquisSJ ): Creo que coincidimos con el diagnóstico de la situación.  La pregunta es, ¿cuál es la vía para evitar este tipo de abusos por parte de un grupo de improvisados tratando de salvar su pellejo de la cárcel? ¿Carrera de servicio exterior?   Entiendo que Jovel es muy mal vista dentro del Minex por parte de los cuadros más técnicos y antiguos.

Ronalth (@rochaeta ): no hay política exterior como tal y se necesita reformar el servicio exterior. Hacerlo meritocrático, que tenga controles, como en otros países. La fiscalización que hacen las comisiones de política exterior en otros países. Hay formas de hacer mas institucional el rol del Minex.

Mercedes (@mersb ): Nadie que llega al cargo al secundar un Non Grato a Iván Velásquez de la manera oscura como se dio, puede ser bien visto por gente seria.

Ángel( @angelram09): Es claro que la institucionalidad y la rendición de cuentas son un capítulo más de moralejas para este Gobierno. Que reine la opacidad.

Sofía (@smontenegrom): y el circo continúe.

Stephanie (@stephlopez122 )A mí lo que me preocupa que muchas de estas decisiones serán muy difíciles de revertir cuando Jovely Jimmydejen el gobierno

Xavier (@EquisSJ ): Yo no lo creo.  Por lo que he oído, el G13 tiene muy claro que es de aguantar los meses que le quedan a esta banda de improvisados.

 Mi punto es que la política exterior de Guatemala debería construirse alrededor de un modelo consensuado que no rompan los vaivenes políticos: ¿Cuáles son nuestros socios estratégicos?   ¿Con cuál bloque articulamos? ¿China o Taiwan?  ¿Está el futuro en Asia?  ¿Qué hacer con los BRICS?  ¿Qué debemos alcanzar para poder negociar en mejores condiciones con EEUU? ¿Cuál es la política de Guatemala en términos de medio ambiente y su relación con la política al respecto del resto del mundo? Tal vez no son preguntas fáciles (algunas sí, como la cuestión China o Taiwan), pero una vez contestadas con el interés del país al centro, los vaivenes políticos no deberían hacernos peligrar nuestra posición en el mundo.

Celia (@Celiaguilera): Darle el mérito y la importancia que merece la carrera de servicio exterior me parece un primer paso y lo que se tiene que hacer. Además, definir una agenda de prioridades nacionales para empatar la política internacional a los intereses de Estado.

Sofía (@smontenegrom): Considero que la(s) propuesta(s), en el presente contexto tendrá que venir de organizaciones civiles, instituciones aliadas, funcionarios públicos atípicos. Es rol del agency en la política guatemalteca es de suma importancia, ya que el actor político es el sujeto de cambio que puede hacer que las cosas sucedan.

Stephanie (@stephlopez122 ): pero la decisión de mover la Embajada a Jerusalén por ejemplo, tiene daños colaterales

Ángel ( @angelram09):Es parte del aislamiento al que están llevando al país.

Xavier (@EquisSJ ): Sí, ese error saldrá caro.  Sofíahacía referencia al tema de la religión y cómo este gobierno ha pasado los límites de lo permisible, vulnerando el estado laico. Lo peor es que el tema religioso es una bomba discursiva difícil de desactivar.  Uno ve las estadísticas del PEW Center de Guatemalay entiende lo difícil que es armar discurso político en un país tan conservador. Digo, si en Costa Rica casi gana la plataforma conservadora…

Stephanie (@stephlopez122 ): Jovel, amiga fiel de Jimmy, conservadora, funcionaria medio tiempo- activista religiosa el otro medio tiempo, recurrentemente torpe en acciones políticas. Un CV que diga.

Ángel( @angelram09): Por ahí que no tengan muy buenas referencias de ella otros miembros de la carrera diplomática.

Celia (@Celiaguilera): El punto, nuevamente, es que en Guatemala, a diferencia de CR, el discurso religioso ha sido solo puro accidente, nada planificado, pero que algunos actores de Gobierno han visto un salvavidas en él por las relaciones que han hecho o las “amistades” que han ganado a raíz de usarlo.

Sofía (@smontenegrom): Concuerdo con Xavier, la religión es una herramienta discursiva potente, que pesa en nuestro contexto, además es un clivaje electoral con peso, en Guatemala y la región.

Mercedes (@mersb ): Creo que más que accidente, el aspecto religioso fue el punto estratégico que les dio fuerza.  El pacto de corruptos tomó fuerza tras la noticia que daba a conocer el traslado de la Embajada a Israel.

Ronalth (@rochaeta ): Es difícil para la política tradicional separar la idea de Estado laico. El medio conservador, no separa la idea de religión y política, es caldo de cultivo para motivar el populismo de corte religioso para crear un enemigo popular. En eso, los aliados de Jimmy han logrado permear a la sociedad en la narrativa anti-Cicig.

Xavier (@EquisSJ ): Jimmy preocupa relativamente. O sea, hace mucho daño, pero va de salida. Definitivamente no está jugando ajedrez, sino más bien hungry hungry hippos.  Mi preocupación es que venga detrás alguien con plan y método y alrededor del discurso conservador y sí nos regrese a los 80’s.

Stephanie (@stephlopez122 ): Coincidimos al momento en la necesidad de una política exterior de Estado, reformar la ley del servicio diplomático y promover laicidad en las instituciones de gobierno.

Ángel( @angelram09): ¡De acuerdo! Entonces, este aislamiento, ¿será temporal? Es algo que ¿puede ser revertido?

Celia (@Celiaguilera): Creo que va a depender de quién llegue a ocupar la presidencia en 2020.

Ronalth (@rochaeta ): Soy escéptico que en el corto plazo el aislamiento internacional cese, al menos hasta que salga Jimmy del guacalomón.

Stephanie(@stephlopez122 ): tiene que revertirse, la pregunta es, ¿cuales serán los daños colaterales?

Xavier (@EquisSJ ): ¡Bingo! Cualquier análisis de salida debe contemplar las elecciones.  En unos meses quizás tengamos más claridad en ese frente. Las condiciones para una convergencia multisectorial están y entre los puntos de acuerdo debe estar la política internacional. Pienso que el mundo con los problemas que enfrenta camina hacia un sistema en el cual habrán unas 50 naciones que tendrán la jerarquía para negociar el destino propio y el del resto de países del mundo.  El resto de países no tendrá mucho que decir por no tomar el tren a tiempo. A día de hoy, no nos veo en ese grupo que sí tomará las decisiones.

Ángel( @angelram09): La posición de la ONU ha demostrado que nuestro pequeño Estado no logrará aislarse. Grandes diferencias del aislamiento de los 80’s y nuestra época.

Mercedes (@mersb ): Para mi no estamos aislados, aún.  Las acciones son reversibles, a excepción del traslado de la Embajada. Como dice Celia el damage controlle tocará al gobierno entrante.

Ángel( @angelram09): Es un buen punto para exigir posiciones claras a los próximos candidatos.

Celia (@Celiaguilera): En materia de política exterior, totalmente.

Sofía (@smontenegrom): Además existen aliados estratégicos que actúan como actores exógenos, cuyos roles pueden socavar las acciones de Jovel y Jimmy, por ejemplo Norma Torres, congresista de los Estados Unidos que recientemente aprobó en la Cámara una agenda legislativa para crear una lista (negra) de individuos implicados en casos de corrupciónen Guatemala, Honduras y El Salvador.

Celia (@Celiaguilera): Creo que es importante tener claros cuáles son los intereses nacionales, primero, y que la política exterior responda a y sea coherente con los mismos.

Xavier (@EquisSJ ): Por eso creo que no hay amenaza inminente de aislamiento.  En el norte tienen claro que es un fenómeno regional que abarca Latinoamérica. Sólo que no nos caiga un caudillo carismático y conservador que secuestre el proceso.

Ángel( @angelram09): Entonces, primeras conclusiones:

  1. No es un aislamiento que tenga consecuencias de largo plazo. A menos que…. Elijamos a otro presidente que siga con el debilitamiento
  2. Cómo quien dice, CR es nuestro vecino ejemplar

¿Algunos otros puntos finales?

Sofía (@smontenegrom):  ¡OJO al 2019!

Xavier (@EquisSJ ): Hay preguntas difíciles que responder y nos hace falta identificar bien nuestros mejores socios internacionales, pero toda vez logremos respuestas, el curso para el país está determinado y no tendríamos que sufrir pensando en que el loco de turno nos lleve al aislamiento.

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Ángel Rámirez  @angelram09 
Celia Luna @Celiaguilera 
Mercedes Bautista @mersb 
Xavier Soria J. @EquisSJ 
Stephanie López @stephlopez122 
Ronalth O. Aguilar @rochaeta 
Sofía Montenegro @smontenegrom

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07 Mar La corrupción y la política pública: ¿Dónde queda el desarrollo humano?

Desde hace cuatro décadas, el economista Amartya Sen ha señalado la importancia de las capacidades humanas en el bienestar social. Su trabajo ha sido de tal importancia, que no sólo se ha convertido en un referente académico de la noción de desarrollo, sino que ha contribuido a la construcción del modelo multilateral del desarrollo desde las Naciones Unidas (PNUD), siendo a su vez, una inspiración a la política pública de diferentes países alrededor del mundo. En su libro Elección Colectiva y Bienestar Social (1976), Sen plantea que la libertad humana está relacionada con las posibilidades del ser humano de desarrollar el potencial de sus capacidades. En este sentido, la visión humanista del desarrollo de Sen enmarca en la emancipación del individuo de la ignorancia, el hambre, la enfermedad entre otros. Y así, la cúspide de la libertad humana es el elemento medular del avance social.

De acuerdo con Sen, cada persona posee una combinación particular de preeminencias que si son cultivadas conducirán en conjunto al máximo aprovechamiento de las potencialidades humanas, y por tanto, la expansión del conocimiento y florecimiento de grandes progresos humanos: aquel diestro en la pintura logrará con color bellos lienzos armonizar, el gran maestro podrá capturar la belleza de la música en cada nota, el inquieto por la ciencia logrará avances en todos los campos del saber, el  atleta logrará con cada zancada romper las barreras temporales de las marcas y el arquitecto dará estética a cada espacio.

La visión holística del desarrollo humano de Sen se materializa en la planeación y ejecución de la política pública. En la cual, la participación del Estado juega un rol fundamental en garantizar a todos ocuparse del impulso de sus capacidades. Es así como, la provisión de bienes públicos como educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia entre otros; permiten superar la inequidad por disparidades en el ingreso y otras fallas de la economía de mercado en pro del bienestar general. En este escenario, los ciudadanos generan valores de apropiación e identidad que a su vez puede conducir a un conjunto de valores sociales de esfuerzo personal aunado a la prioridad del bien colectivo sobre el particular.

Sin embargo, surge una dinámica que pervierte los objetivos de la intervención del Estado: la corrupción. Un sistema corrupto es el resultado de fallas al interior de la sociedad en la jerarquía del bienestar general sobre el individual. Lo que no entienden aquellos que participan de esta actividad, es el impacto del perjuicio producido, pues, la corrupción es un germen que horada las libertades humanas al imposibilitar el debido curso de la ejecución de la política pública. Así, el que roba la riqueza nacional no solamente está apropiándose del dinero de los contribuyentes, sino también está despojando a un niño de encontrar un promisorio futuro mediante su educación, la dignidad a un paciente que busca la cura de su enfermedad y le arrebata a toda la sociedad en su conjunto la posibilidad del avance en todas sus dimensiones.

“Sin embargo, surge una dinámica que pervierte los objetivos de la intervención del Estado: la corrupción. Un sistema corrupto es el resultado de fallas al interior de la sociedad en la jerarquía del bienestar general sobre el individual”

En Colombia la corrupción ha sido una práctica continua que combinada con el conflicto armado interno ha constituido medio siglo de atrasos en el desarrollo humano de los colombianos. En esta oportunidad, quiero llamar la atención sobre dos escándalos de corrupción. El primero, fue conocido como Agro Ingreso Seguro (2009) por el nombre del programa del gobierno en el que se generó la corrupción; éste programa tenía como objetivo disminuir la desigualdad en el campo por medio de subsidios a la actividad agrícola para campesinos con pequeñas extensiones de tierra. En este caso fue encontrado como principal responsable el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, pues el programa terminó favoreciendo a grandes terratenientes en el Magdalena y Valle del Cauca que fraccionaron sus grandes territorios para cobrar subsidios por pequeñas parcelas. Arias fue declarado culpable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 3 de julio de 2014 por los delitos de peculado y firma irregular de contratos. Actualmente es pedido en extradición al gobierno norteamericano debido a que desde el fallo se encuentra en dicho país.

Al parecer, no era claro para los que participaron en los desvíos del subsidio Agro Ingreso Seguro que Colombia es un país con una alta concentración de la propiedad de la tierra, que históricamente ha evadido la discusión de una reforma agrícola que propicie la equidad. Además, que los mayores rigores de la violencia los han sido sufrido las poblaciones de las zonas rurales. Y que, por tanto, los colombianos en el campo no avizoran el concepto de desarrollo porque ni siquiera se les han garantizado los derechos humanos. Estas condiciones, al parecer fueron invisibles a los ojos del exministro a pesar de sus altos niveles de estudios en economía y de los hacendados que participaron de los subsidios.

El segundo caso que llama la atención involucra a la firma de ingeniería brasilera Odebrecht, foco de un escándalo de corrupción global consistente en sobornos a funcionarios públicos en diferentes países del mundo con el fin de obtener beneficios en la adjudicación de licitaciones en su mayoría de obras públicas. Las actividades de esta firma, fueron puestas a la luz pública por parte del gobierno norteamericano, pero enseguida puso en la mira a los contratos de esta empresa en proyectos en Latinoamérica.

En Guatemala, el entramado caso de Odebrecht surgió en la cúpula del Partido Patriota, cuando en el 2012 se aprueba con urgencia nacional el préstamo de 384 millones de dólares para la construcción de la carretera de Escuintla a México por la empresa brasileña. A pesar de la evidente invisibilidad del proyecto no se ha generado ninguna sentencia. El portavoz de dicha iniciativa, entonces ministro de Comunicaciones Ajejandro Sinibaldi se encuentra prófugo de la justicia por otro caso de corrupción. El escándalo se queda sin resolver, demostrando la complicidad de distintos sectores y niveles de gobierno.

Al igual que en Guatemala, las actividades de Odebrecht en Colombia están relacionadas con proyectos de infraestructura, en este caso la construcción de la Ruta del Sol. Dicha obra busca conectar Río de Oro-Aguaclara-Gamarra y la integración de los municipios de la región del Catatumbo una región que históricamente ha contado con escasa presencia del Estado debido a ubicación de grupos insurgentes para beneficiar directamente a una población de 220 mil habitantes. Actualmente se encuentra paralizada debido a este escándalo.

Como en ambos países, la empresa Odebrecht pagó a lo largo y ancho de la región sobornos en México por 10.5 millones de dólares, 92 en República Dominicana, 19 en Guatemala, 59 en Panamá, 11 en Colombia, 33.5 en Ecuador, 29 en Perú 29 y 35 en Argentina según reportes de CNN en español. El resultado de este galimatías es casi un continente que pagó contratos con sobreprecios por obras que en su mayoría se encuentran paralizadas y en un nivel mínimo de avance.

En suma, como lo ilustran los casos mencionados, la corrupción resulta un obstáculo entre la materialización de la política pública como mecanismo de la promoción del desarrollo humano. Sin embargo, será un fenómeno persistente mientras no exista un cambio en la escala de valores sociales en el cual se entienda que las libertades humanas como las define Sen representan un nivel considerablemente mayor de riqueza que los escasos beneficios de un puñado de monedas a beneficio personal.

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05 Abr Recomendaciones para una política de drogas enfocada en la salud pública

Dentro de dos semanas, el 19 de abril próximo, dará inicio en Nueva York la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema de las drogas –UNGASS 2016. Allí se debatirá entre los Estados miembros el paradigma prohibicionista prevaleciente, el cual se examinó críticamente en Guatemala por parte de la Comisión Nacional creada para la Reforma de la Política de Drogas –ver documento de diagnóstico (septiembre 2014). No obstante, debido a la crisis política que vivimos en 2015, el trabajo de la Comisión fue interrumpido en espera de mejores condiciones para retomar el debate con diversos actores de la sociedad civil sobre las políticas públicas y las leyes relacionadas con la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas.

Entre las preocupaciones insuficientemente discutidas en Guatemala destaca el problema de salud pública que representa el consumo de drogas tanto para el Estado como para la sociedad. Aunque no todos los consumidores de drogas ilícitas son problemáticos, es decir, víctimas de una dependencia que no les permite llevar una vida funcional, el Estado de Guatemala prácticamente no brinda la atención necesaria para los que sí lo son, pues sólo cuenta con un centro ambulatorio y de bajo presupuesto –ni siquiera sabemos con certeza las cifras del consumo entre la población. Las respuestas privadas al problema son poco alentadoras, pues generalmente carecen de un sustento científico y médico que ayude efectivamente a los pacientes a recuperar su funcionalidad. El Ministerio de Salud Pública apenas tiene una mínima capacidad para controlar a los centros privados de atención, donde incluso podrían estar ocurriendo violaciones a los derechos humanos de los pacientes, al privárseles de libertad en contra de su voluntad. Tampoco existen en Guatemala programas preventivos efectivos, ni mucho menos una práctica que minimice los daños colaterales del uso de drogas. Por ejemplo, en los países desarrollados está muy difundida la provisión de jeringas nuevas para evitar el contagio de VIH-SIDA o hepatitis C entre los consumidores de heroína, que suelen compartir jeringas usadas y así difundir esas otras graves enfermedades que ponen en riesgo a más personas.

Por otro lado, el enfoque de salud pública requiere dejar de concebir a los consumidores de drogas como delincuentes a ser encarcelados, y llama a considerar la despenalización del consumo. En muchos países las cárceles se llenan de consumidores que no han cometido ningún crimen violento, pero ya privados de libertad sí pueden ser víctimas de peligrosos criminales y eventualmente pueden empezar a consumir otro tipo de drogas mucho más dañinas para su salud. Según registros del Sistema Penitenciario, en Guatemala no hay tantas personas presas como en otros países por este tipo de delitos, pero sí hay mucho más mujeres que hombres que entran a prisión por el delito de “posesión para el consumo” y reciben una pena totalmente desproporcionada. Esto representa un costo innecesario para el Estado, para el individuo y para la sociedad. Además, es bien sabido que entre las malas prácticas policiales aún se encuentra la implantación de evidencia falsa, generalmente bolsitas con alguna droga, para capturar a supuestos criminales a quienes no se les ha podido detener con evidencia sólida. Este método reprobable también se ha prestado para conseguir el pago de sobornos en puestos de registro. Adicionalmente, los jueces no poseen criterios claros en la ley para distinguir a un simple consumidor de un distribuidor minorista, o de un narcotraficante, lo cual puede conducir a que los primeros puedan pasar años en prisión por algo que en ciertos Estados de la Unión Americana ya ni es considerado como un delito, tal es el caso de la marihuana para su consumo recreativo en Washington, Colorado, Oregón, Alaska y en el mismo Distrito de Columbia, la capital federal.

En este sentido, vale la pena resumir las principales recomendaciones de la comisión conjunta entre The Johns Hopkins y The Lancet (publicadas el 24 de marzo 2016, Public health and international drug policy) y las cuales están basadas en la evidencia científica disponible:

  1. Despenalizar lo que en la actualidad se consideran delitos, convirtiéndolos en faltas menores por el uso, la posesión y la venta en pequeñas cantidades de drogas, cuando no hay violencia de por medio, al mismo tiempo que se fortalecen las respuestas de salud pública y se generan alternativas a la sanción penal.
  2. Reducir la violencia y los daños ocasionados por la represión estatal, lo que incluye mantener al margen a los militares de la persecución del narcotráfico. Las fuerzas de seguridad civiles deben enfocarse en perseguir a los grupos criminales más violentos.
  3. Asegurar el acceso a servicios que reducen los daños por el uso de drogas, como espacios seguros y supervisados, especialmente en prisiones y centros de detención preventiva.
  4. Asegurar la disponibilidad de centros de atención para quienes sufren dependencia a las drogas, con tratamientos basados en las ciencias médicas y que sean respetuosos de los derechos humanos del paciente, lo que implica eliminar la detención contra su voluntad y cualquier otro abuso en nombre de un supuesto tratamiento.
  5. Garantizar el acceso a drogas controladas, como las utilizadas contra el dolor en cuidados paliativos de pacientes con cáncer en fase avanzada, estableciéndose instancias multisectoriales que contribuyan a determinar los niveles de existencia necesarios anualmente.
  6. Reducir el impacto negativo de las políticas de drogas en las mujeres y sus familias, minimizando especialmente el encarcelamiento de mujeres que no cometieron algún crimen violento.
  7. El control de cultivos ilícitos también debe de tomar en cuenta los criterios de salud, por lo que deben detenerse todos los programas que incluyan la aspersión aérea de herbicidas tóxicos. El desarrollo alternativo debe considerarse como parte de las estrategias que, además, deben ser implementadas en consulta con las comunidades afectadas.
  8. Los Estados deben favorecer la inclusión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la determinación del nivel de peligrosidad de cada droga, lo cual debe informar las políticas. Los Estados también deben enviar en sus delegaciones a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena a funcionarios de salud pública (y no sólo a diplomáticos y funcionarios de seguridad).
  9. Los avances generados por las políticas de drogas deben medirse con indicadores de salud, desarrollo y derechos humanos. Tanto la OMS como el PNUD deben contribuir en su formulación. Por ejemplo, este último ya ha propuesto algunos indicadores como el grado de acceso a tratamiento, frecuencia de muertes por sobredosis, y nivel de acceso a programas sociales para usuarios de drogas. Toda política pública debe ser monitoreada y evaluada, midiéndose también su impacto en los grupos más vulnerables, como niños y jóvenes, mujeres y personas en situación de pobreza.
  10. Es necesario aplicar el método científico para evaluar cualquier avance hacia mercados de drogas regulados. En el corto plazo es políticamente poco probable que se regulen las drogas controladas por las Convenciones Internacionales, aunque el daño que causan los mercados criminales y otras consecuencias nocivas del paradigma prohibicionista ya han movido a ciertos países en esa dirección, como es el caso del cannabis en el Uruguay.

Foto: tomada del Global Drug Policy Observatory de TNI http://cannabishistory.tni.org/

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