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juventud

03 Feb Aumento de la violencia y fortalecimiento de las pandillas: efectos (in)esperados de la Iniciativa No. 5692

Por Evelyn Espinoza y Carlos Mendoza, Diálogos

En Guatemala no hay claridad sobre la cantidad de personas que integran las pandillas (El Barrio 18) o maras (La Mara Salvatrucha, MS-13). Se habla de miles de integrantes, pero es imposible determinar con precisión dicha cifra. Los expertos regionales tienden a coincidir con que la cantidad de pandilleros/mareros en Guatemala, una vez ajustada por el tamaño poblacional de cada país, es menor a la de Honduras o El Salvador.[1]

También resulta complejo determinar el peso relativo que la violencia ejercida por las pandillas o maras tiene sobre la cantidad anual de homicidios registrados anualmente por la Policía Nacional Civil (PNC). La calidad de los registros es muy deficiente, especialmente cuando se trata de especificar el perfil de las víctimas y victimarios, o el móvil del crimen. Esto debido a la gran cantidad de casos sobre los cuales la PNC no tiene ninguna hipótesis, lo cual impacta en los altos niveles de impunidad -muy escasos sospechosos detenidos por homicidio-. Sin embargo, sí se puede hacer alguna aproximación con los datos disponibles en los reportes policiales.

Tabla 1. Cantidad y porcentaje de homicidios relacionados con pandillas según PNC, 2016-2019.

Móvil del crimen – Año 2016 2017 2018 2019*
Rivalidad entre pandillas (a) 167 177 296 215
Relación con pandillas (b) 8 12 109 281
Subtotal (a+b) 175 189 405 496
Víctimas de extorsión 101 59 64 140
Otros móviles 1687 1514 1349 1974
Móvil ignorado 2546 2648 2063 968
Total homicidios 4509 4410 3881 3578
Peso relativo        
Rivalidad o relación con pandillas (a+b) 4% 4% 10% 14%
Víctimas de extorsión 2% 1% 2% 4%
Otros móviles 37% 34% 35% 55%
Móvil ignorado 56% 60% 53% 27%
Total (porcentaje) 100 100 100 100

Fuente: Base de Vida, PNC (2016-2019). *Año 2019, sorprende que 36% de los casos se tipificaron como “venganza personal” (categoría residual). En año 2018, esa categoría fue el 21% del total. En año 2017, 19%. Y en año 2016, 23%.

Nótese que en los últimos dos años de la administración del gobierno de Jimmy Morales aumentó la importancia relativa de los homicidios relacionados con pandillas o maras. En los dos primeros años no superó el 4%, mientras que en 2018 subió a 10% y al 14% en 2019. El porcentaje de víctimas de extorsión también aumentó, de hecho se duplicó en el último año. Al respecto, hay que recordar que no todas las denuncias de extorsiones identifican como autores a las pandillas/maras. El Ministerio Público (MP) estima que hasta dos terceras partes del total son de imitadores.   

Tomando en consideración lo anterior, uno de los supuestos de la iniciativa de ley (No. 5692) propuesta recientemente por el presidente Alejandro Giammattei al Congreso de la República está escasamente respaldado por la evidencia: los pandilleros/mareros no son los principales responsables de la violencia homicida en Guatemala. Los mismos registros de la Policía sugieren que hasta un 20% de los homicidios pueden atribuirse a “venganzas personales”, es decir, que éstos se enmarcan en conflictos interpersonales donde la víctima conocía previamente al victimario.

La propuesta del Organismo Ejecutivo crea un nuevo delito en el Código Penal guatemalteco denominado “terrorismo con fines de desorden público social.”[2]  El artículo propuesto dice lo siguiente:

“Artículo 391BIS. TERRORISMO CON FINES DE DESORDEN PÚBLICO SOCIAL. Quien con el propósito de transgredir la paz social o el orden público del Estado, se organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología, ejecutare actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente contra la salud pública o la seguridad ciudadana, realice acciones intimidatorias o de coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y jurídicas, comercio o servicios públicos, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.

Igual sanción corresponderá a quienes promuevan, financien o se beneficien directamente de las actividades que realicen estos grupos criminales. La pena se aumentará en una tercera parte a los jefes, cabecillas, líderes o dirigentes de estos grupos criminales. A los condenados por la comisión de este delito, no podrá concedérseles rebaja de la pena, por ninguna causa.”

En la exposición de motivos, el Organismo Ejecutivo argumenta que “no existe legislación eficaz para combatir y erradicar” a las pandillas o maras, obviando de esta manera que ya existe la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006) que ha demostrado ser bastante efectiva para desarticular a las organizaciones criminales. Por otro lado, argumentan que los índices de criminalidad permanecen altos, minimizando entonces el impresionante descenso, de más del 50 por ciento, en la tasa de homicidios durante los últimos diez años. Además, asumen equivocadamente que el fin último o propósito de las pandillas o maras es provocar “desorden público”, lo cual implica desconocer la naturaleza y la evolución reciente de dichas organizaciones, que se caracterizan actualmente por sus fines económicos por medios ilícitos, incluyendo el uso instrumental de la violencia.[3]

Para contribuir al debate nacional sobre dicha iniciativa de ley, que podría tener graves efectos no deseados, desde el Observatorio Regional de la Violencia de Diálogos, ponemos a consideración lo siguiente:

  • Naturaleza de las pandillas o maras.

Las pandillas han evolucionado a partir de grupos de adolescentes con actividades callejeras en las esquinas de sus barrios, posiblemente contrarias a las normas sociales, pero no necesariamente criminales, a convertirse en parte del crimen organizado. Esto se evidencia por las transformaciones en su forma de funcionar, ahora más estructurada, y por las actividades a las que se dedican, que han pasado a ser claramente delictivas. Hoy día, cuando hablamos de pandillas o maras, ciertamente, hablamos de grupos que son capaces de ejercer violencia, reclaman y controlan territorios, y se financian por medio de extorsiones a pequeños negocios. Sin embargo, no existe evidencia para argumentar que se trata de organizaciones terroristas, tal y como se entiende dicho término a nivel internacional.[4]

  • Implicaciones del uso de la etiqueta “terroristas”.

Ser integrante de una pandilla implica un estatus social, es una identidad, requiere una membresía, como puede ser la de pertenencia a un club social o deportivo. Esta pertenencia no puede ser considerada como un delito en sí misma. Con la iniciativa No. 5692 que pretende etiquetar como “terroristas” a los miembros de las pandillas o maras, se les obliga a asumir una identidad nueva, mucho más beligerante y peligrosa, relacionada con extremismos y radicalización; a la vez que se les otorga un estatus más sobresaliente del que ahora tienen dentro de sus comunidades y en la sociedad en general. Es decir, se les da más importancia de la que realmente tienen. A partir de esto, puede esperarse que asuman esa nueva identidad y, en efecto, puedan realizar actividades consideradas como terroristas. Por otro lado, también se les otorga un estatus legal que no poseían y que les hace acreedores a consideraciones especiales dentro del derecho penal internacional, entre otras razones, debido a los abusos que ya se han dado por parte de políticas antiterroristas alrededor del mundo.[5]

  • Implicaciones de los modelos de “mano dura” en la región.

Los modelos de “mano dura” implementados a inicios del presente siglo intentaron criminalizar a las maras, aplicando sanciones severas a sus miembros por el simple hecho de su membresía, o por sus señales de identidad (tatuajes o lenguaje de señas), sin proveerles mecanismos de salida. El encarcelamiento masivo les obligó a, y facilitó el, ampliar su base operativa en las calles, a la vez que fomentó un mayor sentido de identidad que favoreció el reclutamiento en las prisiones y la permanencia de sus miembros, por necesidad de supervivencia en un medio hostil. Fue también después de la primera ola de legislación de “mano dura”, entre 2001-2006, que el delito de extorsión empezó a formar parte de los delitos más frecuentemente reportados a las autoridades del sistema de justicia. Muchos imitadores se aprovecharon del temor generado por las pandillas, de tal manera que la victimización aumentó y la percepción de inseguridad también. Además, se registró un sostenido aumento en la tendencia de violencia homicida en los tres países del Norte de Centroamérica.

  • Implicaciones de la encarcelación como única alternativa.

La legislación guatemalteca no contempla la prisión de por vida, ni la pena de muerte. Esto significa que, eventualmente, los pandilleros que guardan prisión deberán salir libres. Por tal razón, el encarcelamiento no puede ser la única opción. La cárcel debe ser el medio para inhabilitar las acciones delictivas, pero también para ofrecer opciones de rehabilitación a quienes deseen hacerlo. En este sentido, es necesario pensar en alternativas innovadoras, acudiendo a la evidencia disponible en otros países. Por ejemplo, salvando las diferencias, debe aprenderse algunas lecciones del caso ecuatoriano, donde el Estado legalizó a las pandillas desde 2007 (programa de inclusión social) para controlar a sus miembros, a cambio de alternativas culturales y económicas, lo cual favoreció el descenso tanto en la tasa de homicidios como en otros indicadores de criminalidad (BID, 2018).[6]

Reconociendo la importancia de implementar medidas que contrarresten la actividad de las maras y pandillas en el país, es importante considerar los siguientes aspectos:

  • Generar información útil para la toma de decisiones bien informadas y efectivas sobre el problema de las pandillas. Diversas entidades del Ministerio de Gobernación, como la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), poseen datos muy valiosos sobre las dinámicas juveniles en las zonas urbanas densamente pobladas y con población en riesgo de ser reclutadas por las pandillas. La política pública debe estar basada en evidencia y, por lo tanto, esta información junto con la de unidades especializadas de la Policía y el Ministerio Público debería ser procesada para comprender mejor el fenómeno y procurar medidas efectivas.  
  • Ofrecer opciones de salida de la pandilla o mara. Las propuestas reactivas del Estado ante las acciones criminales de las pandillas deben ir acompañadas de opciones para la salida de sus miembros. Existen algunos programas que han dado resultados positivos para pandilleros privados de libertad, por ejemplo, en Texas a través del Proceso de Renuncia y Disociación de Pandillas (GRAD), aquellos pandilleros que están dispuestos a renunciar a su afiliación pueden participar en un proceso formativo de nueve meses que los prepara para una vida basada en el respeto a las normas sociales.[7] En este sentido, es necesario que el Estado cuente con datos e información que permita conocer mejor el fenómeno de las pandillas y buscarle soluciones, siempre basados en la evidencia sobre los programas que funcionan, y los que no funcionan.
  • Prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de las pandillas o maras. La fuerza de las pandillas depende de la cantidad de miembros que son capaces de reclutar. Una de las primeras opciones de prevención consiste, precisamente, en limitar esta capacidad. Para ello, por ejemplo, podría existir dentro de la UPCV un Observatorio Nacional sobre los factores de riesgo que facilitan el ingreso a la pandilla.[8]  De esta manera, se podrán brindar de forma oportuna y focalizada las alternativas de educación, recreación, cultura y seguridad a la niñez y adolescencia en riesgo; y anular así la capacidad de reclutamiento que tienen desde las prisiones los pandilleros privados de libertad.
  • Evitar el uso del encarcelamiento masivo de pandilleros. La evidencia disponible en Honduras y El Salvador indica que esta política de “mano dura” contra el crimen resulta contraproducente porque facilita el reclutamiento de más pandilleros dentro de las prisiones, y fomenta un mayor nivel de extorsiones y homicidios ordenados desde las mismas cárceles. En todo caso, reformas legales como el aumento de las penas o la tipificación de nuevos delitos deben ir acompañadas de importantes reformas al sistema penitenciario para que el Estado tenga el efectivo control de los centros de detención, y se procure una verdadera rehabilitación de los privados de libertad para su futura reinserción a la sociedad.

[1] Por ejemplo, ver entrevista a Robert Brenneman, realizada por Carlos Mendoza. Disponible video AQUÍ.  

[2] Iniciativa que dispone aprobar reforma al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Reforma el Artículo 391 Bis. Terrorismo con fines de desorden público. Disponible en Internet: https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5644

[3] Para un análisis desde la perspectiva legal, sugerimos leer el documento elaborado por el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS).

[4] Ver discusión sobre definición de terrorismo de ONUDD aquí: https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-4/key-issues/defining-terrorism.html

[5] Ver documento de OACNUDH aquí: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32SP.pdf

[6] BID, 2018. Inclusión social desde abajo. Las pandillas callejeras y sus posibles efectos en la reducción de la tasa de homicidios en el Ecuador.

[7] Ver GRAD en Internet https://www.tdcj.texas.gov/divisions/cid/stgmo_GRAD.html

[8] En el caso de los EE. UU. ver https://www.nationalgangcenter.gov/

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29 Ago Policy Brief No. 2 Vulnerabilidad y riesgo, el lenguaje común de las políticas de prevención en el Triángulo Norte de C.A.

 

Las personas jóvenes se ubican entre los 15 y los 24 años(1). En los países del Triángulo Norte, en el año 2017, aproximadamente un 20% de la población se encontraba en este rango de edad. La definición de jóvenes tiende a variar en cada país (en Guatemala, se extiende hasta los 29 años), ya que esta es una categoría más fluida que un grupo de edad fijo. La juventud hace referencia a «[…] una etapa de formación y adquisición de valores y habilidades para una vida adulta productiva(2)». Esta distinción con respecto a este período de la vida es motivada por la necesidad de una atención especializada para este grupo de edad, a riesgo de encasillar a quienes pertenecen a él en un rol de receptores pasivos, en lugar de participantes activos(3).

Por su parte, la atención mediática que reciben los jóvenes tiende a enfatizar en problemas como desempleo, deserción escolar, desviación social, entre otros. Como consecuencia, ha llegado a proyectarse una imagen, tanto hacia los mismos jóvenes como hacia los adultos, sobre un grupo socialmente deficiente que necesita acompañamiento de los mayores para transitar hacia la adultez. Este enfoque pasa por alto los activos y fortalezas de las personas jóvenes, debilitando su capacidad de ayudarse a sí mismos, y empoderando a los especialistas en juventud.

〈〈Hay un componente de prevención de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las políticas de prevención〉〉

 

Se ha visto a la juventud como un grupo vulnerable a la violencia y el comportamiento delictivo. En el Triángulo Norte de Centroamérica, la prevención de la violencia y el delito relacionados con la juventud alcanzó estatus de política pública a partir de 2005 en Guatemala, 2007 en Honduras, y 2010 en El Salvador. Hay un componente de prevención de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las políticas de prevención. Con ello se evidencia que, sea en el área de jóvenes o de seguridad ciudadana, los formuladores de política pública consideran que estos dos sectores se encuentran asociados.

Violencia y delincuencia en la juventud: ¿Qué las motiva?

La violencia y el comportamiento delictivo suelen ser más frecuentes en la juventud. Son resultado de un fenómeno social que refleja procesos similares, como la imitación del comportamiento antisocial entre pares(4). La mayoría de jóvenes, especialmente aquellos más cercanos a la adolescencia (15 años), tienen más probabilidades de exposición a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros. Sin embargo, los delincuentes de carrera inician más temprano en la vida, y solo se consolidan durante la adolescencia. Las altas tasas de comportamiento antisocial durante esta etapa reflejan la gran cantidad de adolescentes que se suman al grupo de ofensores persistentes de por vida. Luego se observa un declive al alcanzar los 18-20 años, pues quienes se involucran en comportamientos delictivos durante la adolescencia, al alcanzar la etapa adulta, se incorporan a la sociedad a través del empleo, el matrimonio, el servicio vocacional, entre otros(5).

〈〈Los adolescentes tienen más probabilidades de exposición a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros〉〉

 

Existen diversos factores que incrementan las probabilidades de que las personas jóvenes se involucren en actividades relacionadas con la violencia y el delito. El riesgo se incrementa por disposiciones genéticas y eventos prenatales que pueden dañar al feto, como el consumo de alcohol y el abuso de sustancias durante la gestación, que dañan el desarrollo neuropsicológico(6). De esa cuenta, características como la hiperactividad y el bajo autocontrol, asociados con la conducta antisocial precoz, suelen estar determinadas por la ausencia de cuidados durante el embarazo y la crianza en la primera infancia.

Otros elementos externos incluyen exposición a maltrato infantil, violencia escolar, asociación con pares que se involucran en actividades delincuenciales, desorganización comunitaria, débil reforzamiento de las leyes que norman el comportamiento social, inequidad en el acceso a los servicios de salud, educación y desarrollo social, entre otros(7). Estas condiciones generan una especie de tensión social en el adolescente, lo cual, a su vez, conduce al debilitamiento de los vínculos con la familia, la escuela y la comunidad, produciendo rechazo de los valores convencionales.

Durante la infancia y la adolescencia temprana, el apego a la familia es el determinante más importante de si un joven se adaptará a la sociedad convencional y estará protegido de la delincuencia o no. A mediados de la adolescencia, la familia es reemplazada por el mundo de los amigos, la escuela y la comunidad. En la edad adulta, las elecciones de comportamiento de una persona dependen de su lugar en la sociedad convencional y de su propia familia(8).

Prevención de la violencia relacionada con la juventud: Enfoque y resultados

En general, el modelo utilizado para explicar la violencia es el ecológico(9). Este implica la intervención en distintos niveles (individual, familiar, comunitario y social) para lograr un impacto en la prevención. Las políticas públicas que contemplan la prevención de la violencia relacionada con la juventud suponen que durante esta etapa es necesario brindar protección, oportunidades para el desarrollo, e incorporar a las personas jóvenes a la sociedad mediante la educación, el uso productivo del tiempo, el arte, el empleo, entre otros.

〈〈Las políticas de prevención  se enfocan en los jóvenes como ofensores más que como víctimas de la violencia y delincuencia〉〉

 

Estas medidas, impulsadas a través de políticas públicas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, evidencian que están dirigidas no a los criminales de carrera, sino a los adolescentes y jóvenes que, como producto de la etapa que atraviesan, son proclives a involucrarse en actividades antisociales. Los jóvenes que llegan a tener contacto con el sistema de justicia se encuentran incluidos a través de programas de reinserción social y, en algunos casos, mediante programas de educación.

El abordaje de las políticas de prevención de la violencia pareciera estar más enfocado en los jóvenes como generadores que como receptores de violencia y víctimas de la delincuencia. Existe muy poca comprensión sobre los efectos que la exposición a violencia en el hogar, en la escuela y en la comunidad tiene en las víctimas, y sobre la necesidad de atención y protección que ellas tienen derecho a recibir por parte del Estado. En cuanto a los jóvenes ofensores, las políticas promueven la rehabilitación y la implementación de sanciones distintas a la privación de libertad, sin dejar claro el rol del sistema de justicia sobre estos temas.

El tipo de violencia o delincuencia que las políticas intentan prevenir no está explícito en ellas. Pese a que al describir el contexto del país los documentos de política hacen referencia a la cantidad de homicidios, delitos al patrimonio, y otros, no contienen líneas de acción específicas para contrarrestarlos. Se habla de la violencia y el delito en general, lo cual abre la puerta a una nueva generación de políticas especializadas en, por ejemplo, violencia escolar, violencia hacia la mujer, pandillas, entre otras, fragmentando la respuesta al fenómeno y aumentando la complejidad de la coordinación interinstitucional necesaria para la implementación. También es notorio que, con excepción de la política y estrategia de prevención de Guatemala, las políticas suelen dejar de lado la atención específica que requieren la primera infancia, las mujeres y los grupos de la diversidad sexual.

Resultados

Los aspectos clave de las políticas de prevención son el desempleo y la educación. En el año 2012, la tasa de desempleo juvenil en Guatemala se ubicaba en 7.5; en El Salvador, en 12.4; y en Honduras, en 8. Es evidente que hubo una mejora en Guatemala, cuya tasa para 2017 fue de 4.8, mientras que en El Salvador se mantuvo en 12.4 y, en Honduras, se incrementó a 14.2(10). Para 2014, los años promedio de escolaridad para la población mayor de 18 años en Guatemala eran de 7.9; comparados con los 6.6 de Honduras y los 8.9 de El Salvador(11).

〈〈La tasa de homicidios en jóvenes de 15-29 años sobrepasa el promedio nacional en los países del Triángulo Norte de Centro América〉〉

 

Las tasas de homicidios por cien mil habitantes –el indicador por excelencia para evaluar los niveles de violencia– señalan que, en 2017, la tasa nacional para  Guatemala fue de 25.0; Honduras, 41.9; y El Salvador, 61.9(12). Para el grupo de edad de 15 a 29 años las tasas son mayores. El gráfico 1 muestra las tasas de homicidios para los hombres y mujeres en este rango; como se observa, los hombres entre 25 y 29 años suelen concentrar altas tasas de homicidios, muy por encima de las tasas nacionales en los tres países. Entre las mujeres, en Honduras tiene mayor riesgo el grupo de 15 a 24, mientras que en Guatemala y El Salvador son aquellas entre 25 a 29 años. En general, las personas entre 15 a 29 años, tanto hombres como mujeres, presentan tasas de homicidio mayores a las tasas nacionales.

Recomendaciones de política pública

La respuesta pública a la violencia relacionada con la juventud en el Triángulo Norte de Centroamérica aborda aspectos esenciales para la prevención, tales como la generación de empleo, la promoción de la salud, el arte y la cultura; sin embargo, se dejan de lado algunos aspectos fundamentales para generar impacto en la población a la que se dirigen las iniciativas.

Con base en el análisis realizado, recomendamos lo siguiente:

1. Vincular las políticas de niñez con las de juventud

El comportamiento violento y delictivo durante la juventud se puede prevenir mediante la protección de la infancia y la niñez. Es importante garantizar, durante estas etapas, las condiciones necesarias para un óptimo desarrollo, que permitan enfrentar la etapa de la adolescencia y la juventud de manera que el comportamiento antisocial no sea una opción. Para ello debe prestarse atención a las relaciones en el hogar y en la escuela; además, brindar acceso equitativo a la salud, la educación y a otros recursos que favorezcan la atención integral de las víctimas de violencia, especialmente aquellas que están bajo protección del Estado.

2. Empoderar a los jóvenes como agentes de cambio

Se debe ya dejar de lado la noción de que por su vulnerabilidad y riesgo los jóvenes son sujetos de intervención y constituyen un obstáculo para el desarrollo. Al contrario, se requiere aprovechar las fortalezas de los jóvenes, empoderarlos como ciudadanos competentes y garantizar su derecho a participar, así como la responsabilidad de servir a sus comunidades, especialmente en los modelos de orientación por pares. Los vínculos con la comunidad generan identidad social y bienestar emocional, elementos clave en la prevención de la violencia y el delito.

3. Brindar especial atención a las minorías

Debe prestarse atención especial a los jóvenes indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexual. En las políticas estos grupos se encuentran invisibilizados. Las minorías tienden a ser objeto de victimización en mayor medida y requieren, por consiguiente, medidas específicas que les permitan acceder a los recursos de salud, educación y justicia, con la misma o mayor facilidad que la población en general. También es necesario tomar en cuenta las especificidades y la diversidad de condiciones que afrontan las mujeres –por ejemplo, en casos de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzoso–, y elaborar medidas acordes a estas características.

4. Visibilizar la violencia desde y hacia la juventud

 En los tres países existen observatorios de la juventud que buscan visibilizar los derechos. Es importante que en ellos se dé seguimiento periódico y se visibilice la violencia homicida –y de otros tipos– que ocurre en este grupo de edad, así como el financiamiento que desde el Estado se destina a la prevención. Esto conlleva el diseño de indicadores que permitan medir la implementación de las políticas de prevención de la violencia –especialmente la relacionada con la juventud–, además de construir conocimiento sobre las distintas realidades que las personas jóvenes enfrentan.

5. Priorizar la corrección del comportamiento delictivo

 El sistema de justicia debe estar orientado a generar oportunidades y mecanismos que permitan la corrección de las conductas antisociales, dejando como último recurso la privación de libertad. Es prioritario contar con un sistema adaptado a las necesidades específicas de la adolescencia y juventud, que garantice el respeto a sus derechos y que actúe de forma rápida y diligente, evitando al mínimo el daño y asegurando la protección y el bienestar de los menores de edad. 

6. Rendir cuentas, aprender y tomar decisiones

Es importante reconocer el esfuerzo de los países por formular políticas públicas que aborden la situación de violencia relacionada con la juventud. También es necesario reconocer y abordar las brechas de implementación que enfrentan las políticas y generar mecanismos de coordinación interinstitucional que faciliten y orienten esta tarea. En ello juegan un rol importante las organizaciones sociales de jóvenes, las cuales están llamadas a fiscalizar y demandar acciones a favor de la prevención. En particular, los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica necesitan establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de políticas para informar adecuadamente a la ciudadanía sobre los avances en la implementación, aprender sobre la efectividad de las acciones propuestas, y realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos de política.       

Finalmente, debe asegurarse que las políticas públicas de prevención de la violencia y el delito incorporen un eje sobre el uso de la tecnología, tratando de anticipar las conductas antisociales que puedan generarse, para orientar las acciones y planes de prevención. 


Notas al pie

(1)ONU, 1981 (2)Alpízar y Bernal, 2003 (3)Finn, 2001 ; Sukarieh y Tannock, 2015 (4)Moffit, 1993. (5)Fairchild et al., 2013. (6)Aguilera e Izarra, 2005; Robinson et al. 2010; Polanska, Jurewicz y Hanke, 2015 (7)Thornberry y Krohn, 2005 (8)Benson y Buehler, 2012; Wang et al., 2014 (9)El Modelo ecológico fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud” de 2003 (10)Véase en: www.indexmundi.com (11)FEREMA, 2017 (12)Tasas calculadas a partir de los datos de las instituciones policiales de cada uno de los países

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Referencias citadas

Aguilera A, Izarra A. (2005) Abuso de sustancia tóxicas durante el embarazo. Med Clin 125:714-6. Alpízar, Lydia y Marina Bernal (2003): La construcción social de las juventudes. Última Década Nº19. Viña del Mar: Ediciones Cidpa. Benson, M. J., & Buehler, C. (2012). Family process and peer deviance influences on adolescent aggression: Longitudinal effects across early and middle adolescence. Child Development, 83(4), 1213-1228. Fairchild, G., Goozen, S. H., Calder, A. J., & Goodyer, I. M. (2013). Research review: evaluating and reformulating the developmental taxonomic theory of antisocial behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(9), 924-940. FEREMA (2017). Informe de progreso educativo de Honduras. Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu: Honduras Finn,J. (2001) Text and turbulence: representing adolescence as pathology int he human services. Childhood, 8 (2), 167-91 Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674-701. Centre (2017) Estudio de bienestar y políticas de juventud en El Salvador. Proyecto OCDE-UE Inclusión juvenil, París. Polanska, K., Jurewicz, J., & Hanke, W. (2015). Smoking and alcohol drinking during pregnancy as the risk factors for poor child neurodevelopment–A review of epidemiological studies. International journal of occupational medicine and environmental health. Robinson, M., Oddy, W. H., McLean, N. J., Jacoby, P., Pennell, C. E., De Klerk, N. H., … & Newnham, J. P. (2010). Low–moderate prenatal alcohol exposure and risk to child behavioural development: a prospective cohort  study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 117(9), 1139-1152. Sukarieh, M., Tannock, S. (2015). Youth Rising?. New York: Routledge. Thornberry, T. y M. Krohn. (2005). Applying Interactional Theory in the Explanation of Continuity and Change in Antisocial Behavior.’ Pp. 183–210 in Integrated Developmental and Life-Course Theories of Offending, edited by D. P. Farrington. New Brunswick, NJ: Transaction. Wang, B., Stanton, B., Deveaux, L., Li, X., Koci, V., & Lunn, S. (2014). The impact of parent involvement in an effective adolescent risk reduction intervention on sexual risk communication and adolescent outcomes. AIDS Education and Prevention, 26(6), 500-520.

Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

Se autoriza la reproducción, distribución y cita textual sin fines lucrativos y dando crédito de autoría y propiedad intelectual


Créditos

Autora:Evelyn Espinoza
Apoyo Técnico:Alejandra Menaldo, Carlos Mendoza
Edición:Isabel Aguilar

 

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