Diálogos | pandillas
192
archive,category,category-pandillas,category-192,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

pandillas

03 Feb Aumento de la violencia y fortalecimiento de las pandillas: efectos (in)esperados de la Iniciativa No. 5692

Por Evelyn Espinoza y Carlos Mendoza, Diálogos

En Guatemala no hay claridad sobre la cantidad de personas que integran las pandillas (El Barrio 18) o maras (La Mara Salvatrucha, MS-13). Se habla de miles de integrantes, pero es imposible determinar con precisión dicha cifra. Los expertos regionales tienden a coincidir con que la cantidad de pandilleros/mareros en Guatemala, una vez ajustada por el tamaño poblacional de cada país, es menor a la de Honduras o El Salvador.[1]

También resulta complejo determinar el peso relativo que la violencia ejercida por las pandillas o maras tiene sobre la cantidad anual de homicidios registrados anualmente por la Policía Nacional Civil (PNC). La calidad de los registros es muy deficiente, especialmente cuando se trata de especificar el perfil de las víctimas y victimarios, o el móvil del crimen. Esto debido a la gran cantidad de casos sobre los cuales la PNC no tiene ninguna hipótesis, lo cual impacta en los altos niveles de impunidad -muy escasos sospechosos detenidos por homicidio-. Sin embargo, sí se puede hacer alguna aproximación con los datos disponibles en los reportes policiales.

Tabla 1. Cantidad y porcentaje de homicidios relacionados con pandillas según PNC, 2016-2019.

Móvil del crimen – Año 2016 2017 2018 2019*
Rivalidad entre pandillas (a) 167 177 296 215
Relación con pandillas (b) 8 12 109 281
Subtotal (a+b) 175 189 405 496
Víctimas de extorsión 101 59 64 140
Otros móviles 1687 1514 1349 1974
Móvil ignorado 2546 2648 2063 968
Total homicidios 4509 4410 3881 3578
Peso relativo        
Rivalidad o relación con pandillas (a+b) 4% 4% 10% 14%
Víctimas de extorsión 2% 1% 2% 4%
Otros móviles 37% 34% 35% 55%
Móvil ignorado 56% 60% 53% 27%
Total (porcentaje) 100 100 100 100

Fuente: Base de Vida, PNC (2016-2019). *Año 2019, sorprende que 36% de los casos se tipificaron como “venganza personal” (categoría residual). En año 2018, esa categoría fue el 21% del total. En año 2017, 19%. Y en año 2016, 23%.

Nótese que en los últimos dos años de la administración del gobierno de Jimmy Morales aumentó la importancia relativa de los homicidios relacionados con pandillas o maras. En los dos primeros años no superó el 4%, mientras que en 2018 subió a 10% y al 14% en 2019. El porcentaje de víctimas de extorsión también aumentó, de hecho se duplicó en el último año. Al respecto, hay que recordar que no todas las denuncias de extorsiones identifican como autores a las pandillas/maras. El Ministerio Público (MP) estima que hasta dos terceras partes del total son de imitadores.   

Tomando en consideración lo anterior, uno de los supuestos de la iniciativa de ley (No. 5692) propuesta recientemente por el presidente Alejandro Giammattei al Congreso de la República está escasamente respaldado por la evidencia: los pandilleros/mareros no son los principales responsables de la violencia homicida en Guatemala. Los mismos registros de la Policía sugieren que hasta un 20% de los homicidios pueden atribuirse a “venganzas personales”, es decir, que éstos se enmarcan en conflictos interpersonales donde la víctima conocía previamente al victimario.

La propuesta del Organismo Ejecutivo crea un nuevo delito en el Código Penal guatemalteco denominado “terrorismo con fines de desorden público social.”[2]  El artículo propuesto dice lo siguiente:

“Artículo 391BIS. TERRORISMO CON FINES DE DESORDEN PÚBLICO SOCIAL. Quien con el propósito de transgredir la paz social o el orden público del Estado, se organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología, ejecutare actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente contra la salud pública o la seguridad ciudadana, realice acciones intimidatorias o de coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y jurídicas, comercio o servicios públicos, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.

Igual sanción corresponderá a quienes promuevan, financien o se beneficien directamente de las actividades que realicen estos grupos criminales. La pena se aumentará en una tercera parte a los jefes, cabecillas, líderes o dirigentes de estos grupos criminales. A los condenados por la comisión de este delito, no podrá concedérseles rebaja de la pena, por ninguna causa.”

En la exposición de motivos, el Organismo Ejecutivo argumenta que “no existe legislación eficaz para combatir y erradicar” a las pandillas o maras, obviando de esta manera que ya existe la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006) que ha demostrado ser bastante efectiva para desarticular a las organizaciones criminales. Por otro lado, argumentan que los índices de criminalidad permanecen altos, minimizando entonces el impresionante descenso, de más del 50 por ciento, en la tasa de homicidios durante los últimos diez años. Además, asumen equivocadamente que el fin último o propósito de las pandillas o maras es provocar “desorden público”, lo cual implica desconocer la naturaleza y la evolución reciente de dichas organizaciones, que se caracterizan actualmente por sus fines económicos por medios ilícitos, incluyendo el uso instrumental de la violencia.[3]

Para contribuir al debate nacional sobre dicha iniciativa de ley, que podría tener graves efectos no deseados, desde el Observatorio Regional de la Violencia de Diálogos, ponemos a consideración lo siguiente:

  • Naturaleza de las pandillas o maras.

Las pandillas han evolucionado a partir de grupos de adolescentes con actividades callejeras en las esquinas de sus barrios, posiblemente contrarias a las normas sociales, pero no necesariamente criminales, a convertirse en parte del crimen organizado. Esto se evidencia por las transformaciones en su forma de funcionar, ahora más estructurada, y por las actividades a las que se dedican, que han pasado a ser claramente delictivas. Hoy día, cuando hablamos de pandillas o maras, ciertamente, hablamos de grupos que son capaces de ejercer violencia, reclaman y controlan territorios, y se financian por medio de extorsiones a pequeños negocios. Sin embargo, no existe evidencia para argumentar que se trata de organizaciones terroristas, tal y como se entiende dicho término a nivel internacional.[4]

  • Implicaciones del uso de la etiqueta “terroristas”.

Ser integrante de una pandilla implica un estatus social, es una identidad, requiere una membresía, como puede ser la de pertenencia a un club social o deportivo. Esta pertenencia no puede ser considerada como un delito en sí misma. Con la iniciativa No. 5692 que pretende etiquetar como “terroristas” a los miembros de las pandillas o maras, se les obliga a asumir una identidad nueva, mucho más beligerante y peligrosa, relacionada con extremismos y radicalización; a la vez que se les otorga un estatus más sobresaliente del que ahora tienen dentro de sus comunidades y en la sociedad en general. Es decir, se les da más importancia de la que realmente tienen. A partir de esto, puede esperarse que asuman esa nueva identidad y, en efecto, puedan realizar actividades consideradas como terroristas. Por otro lado, también se les otorga un estatus legal que no poseían y que les hace acreedores a consideraciones especiales dentro del derecho penal internacional, entre otras razones, debido a los abusos que ya se han dado por parte de políticas antiterroristas alrededor del mundo.[5]

  • Implicaciones de los modelos de “mano dura” en la región.

Los modelos de “mano dura” implementados a inicios del presente siglo intentaron criminalizar a las maras, aplicando sanciones severas a sus miembros por el simple hecho de su membresía, o por sus señales de identidad (tatuajes o lenguaje de señas), sin proveerles mecanismos de salida. El encarcelamiento masivo les obligó a, y facilitó el, ampliar su base operativa en las calles, a la vez que fomentó un mayor sentido de identidad que favoreció el reclutamiento en las prisiones y la permanencia de sus miembros, por necesidad de supervivencia en un medio hostil. Fue también después de la primera ola de legislación de “mano dura”, entre 2001-2006, que el delito de extorsión empezó a formar parte de los delitos más frecuentemente reportados a las autoridades del sistema de justicia. Muchos imitadores se aprovecharon del temor generado por las pandillas, de tal manera que la victimización aumentó y la percepción de inseguridad también. Además, se registró un sostenido aumento en la tendencia de violencia homicida en los tres países del Norte de Centroamérica.

  • Implicaciones de la encarcelación como única alternativa.

La legislación guatemalteca no contempla la prisión de por vida, ni la pena de muerte. Esto significa que, eventualmente, los pandilleros que guardan prisión deberán salir libres. Por tal razón, el encarcelamiento no puede ser la única opción. La cárcel debe ser el medio para inhabilitar las acciones delictivas, pero también para ofrecer opciones de rehabilitación a quienes deseen hacerlo. En este sentido, es necesario pensar en alternativas innovadoras, acudiendo a la evidencia disponible en otros países. Por ejemplo, salvando las diferencias, debe aprenderse algunas lecciones del caso ecuatoriano, donde el Estado legalizó a las pandillas desde 2007 (programa de inclusión social) para controlar a sus miembros, a cambio de alternativas culturales y económicas, lo cual favoreció el descenso tanto en la tasa de homicidios como en otros indicadores de criminalidad (BID, 2018).[6]

Reconociendo la importancia de implementar medidas que contrarresten la actividad de las maras y pandillas en el país, es importante considerar los siguientes aspectos:

  • Generar información útil para la toma de decisiones bien informadas y efectivas sobre el problema de las pandillas. Diversas entidades del Ministerio de Gobernación, como la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), poseen datos muy valiosos sobre las dinámicas juveniles en las zonas urbanas densamente pobladas y con población en riesgo de ser reclutadas por las pandillas. La política pública debe estar basada en evidencia y, por lo tanto, esta información junto con la de unidades especializadas de la Policía y el Ministerio Público debería ser procesada para comprender mejor el fenómeno y procurar medidas efectivas.  
  • Ofrecer opciones de salida de la pandilla o mara. Las propuestas reactivas del Estado ante las acciones criminales de las pandillas deben ir acompañadas de opciones para la salida de sus miembros. Existen algunos programas que han dado resultados positivos para pandilleros privados de libertad, por ejemplo, en Texas a través del Proceso de Renuncia y Disociación de Pandillas (GRAD), aquellos pandilleros que están dispuestos a renunciar a su afiliación pueden participar en un proceso formativo de nueve meses que los prepara para una vida basada en el respeto a las normas sociales.[7] En este sentido, es necesario que el Estado cuente con datos e información que permita conocer mejor el fenómeno de las pandillas y buscarle soluciones, siempre basados en la evidencia sobre los programas que funcionan, y los que no funcionan.
  • Prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de las pandillas o maras. La fuerza de las pandillas depende de la cantidad de miembros que son capaces de reclutar. Una de las primeras opciones de prevención consiste, precisamente, en limitar esta capacidad. Para ello, por ejemplo, podría existir dentro de la UPCV un Observatorio Nacional sobre los factores de riesgo que facilitan el ingreso a la pandilla.[8]  De esta manera, se podrán brindar de forma oportuna y focalizada las alternativas de educación, recreación, cultura y seguridad a la niñez y adolescencia en riesgo; y anular así la capacidad de reclutamiento que tienen desde las prisiones los pandilleros privados de libertad.
  • Evitar el uso del encarcelamiento masivo de pandilleros. La evidencia disponible en Honduras y El Salvador indica que esta política de “mano dura” contra el crimen resulta contraproducente porque facilita el reclutamiento de más pandilleros dentro de las prisiones, y fomenta un mayor nivel de extorsiones y homicidios ordenados desde las mismas cárceles. En todo caso, reformas legales como el aumento de las penas o la tipificación de nuevos delitos deben ir acompañadas de importantes reformas al sistema penitenciario para que el Estado tenga el efectivo control de los centros de detención, y se procure una verdadera rehabilitación de los privados de libertad para su futura reinserción a la sociedad.

[1] Por ejemplo, ver entrevista a Robert Brenneman, realizada por Carlos Mendoza. Disponible video AQUÍ.  

[2] Iniciativa que dispone aprobar reforma al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Reforma el Artículo 391 Bis. Terrorismo con fines de desorden público. Disponible en Internet: https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5644

[3] Para un análisis desde la perspectiva legal, sugerimos leer el documento elaborado por el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS).

[4] Ver discusión sobre definición de terrorismo de ONUDD aquí: https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-4/key-issues/defining-terrorism.html

[5] Ver documento de OACNUDH aquí: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32SP.pdf

[6] BID, 2018. Inclusión social desde abajo. Las pandillas callejeras y sus posibles efectos en la reducción de la tasa de homicidios en el Ecuador.

[7] Ver GRAD en Internet https://www.tdcj.texas.gov/divisions/cid/stgmo_GRAD.html

[8] En el caso de los EE. UU. ver https://www.nationalgangcenter.gov/

Read More
Cortesía Prensa Libre

05 Jul Las cárceles: propuesta de reforma en el Triángulo Norte de Centro América

No. 4 Junio 2019. Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

“El único propósito racional de una prisión es restringir a aquellos que son violentos, mientras que les ayudamos a cambiar su comportamiento y regresar a la comunidad”. ~James Gilligan

Resumen. Las prisiones del Triángulo Norte comparten varios elementos en común: sobrepoblación, escasa inversión, infraestructura deteriorada y un ambiente criminógeno que favorece la comisión de actos delictivos entre los propios internos y hacia fuera de los centros penitenciarios. Los intentos de reforma del sistema se han quedado en buenas intenciones. Es necesario retomar la función principal de la cárcel: la rehabilitación y reinserción de quienes se encuentran cumpliendo una sentencia.

Los centros carcelarios no han cumplido su propósito de rehabilitar a los convictos y devolverlos a la sociedad como ciudadanos productivos y respetuosos de la ley. Un alto porcentaje de los reclusos regresa a prisión después de ser liberado. El problema es la prevalencia de un enfoque basado en el supuesto que el confinamiento, las condiciones desagradables de la vida en prisión y el estigma social asociado al encarcelamiento, deberían ser suficientes para disuadir el comportamiento criminal posterior. Reconocer, que el objetivo de la prisión no es el castigo, y cambiar el enfoque de cómo debemos atender a los privados de libertad, es vital para obtener mejores resultados en el objetivo de la rehabilitación y reinserción social.

En Guatemala el Sistema Penitenciario administra 22 centros de privación de libertad, 12 de prisión preventiva y 10 de cumplimiento de condena. En total, el país cuenta con 6,812 espacios de reclusión, para una población de 25,000 privados de libertad  (367% de su capacidad)1. En El Salvador, existen 28 centros carcelarios para 39,807 PPL (220.5%) 2 y en Honduras también 28, albergando a una población de 21,004 reclusos (198%)3.

En general, las tasas de encarcelamiento han ido en aumento en los tres países durante el período 2000-2019. En El Salvador, entre 2009-2015 el número de pandilleros recluidos aumentó en 72%, representando el 42% del total de PPL.  En cuanto a la prisión preventiva, en Honduras y Guatemala un poco más del 50% de los detenidos aún se encuentran pendientes de sentencia, mientras que en El Salvador alrededor del 30%.

Las condiciones de vida en las prisiones

Un factor común en el sistema penitenciario de los países del Triángulo Norte es que las instalaciones carcelarias no cumplen con los estándares mínimos, y menos con las recomendaciones de Naciones Unidas a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles4. Las condiciones de vida en la cárcel lejos asegurar la convivencia pacífica entre los internos y promover su rehabilitación, representan graves riesgos para su salud, además de facilitar la violencia interna, y la delincuencia que se manifiesta desde ahí hacia el resto de la sociedad, y que hace a las PPL más propensas a reincidir al ser liberadas.

Los reos de bajo riesgo están expuestos a un entorno criminógeno típicamente dominado por reos de alta peligrosidad, organizados para controlar el ámbito carcelario. Las PPL viven en una situación de hacinamiento, donde la mayoría carece de una cama, debe procurarse su propia alimentación y un espacio para pernoctar, por el cual debe pagar, ya sea con trabajo o con dinero, lo cual perpetua el ciclo del crimen dentro y fuera del sistema carcelario5. A ello se suma el hecho que las PPL no están segmentadas y conviven tanto aquellos en situación preventiva como quienes ya han recibido una sentencia condenatoria6.

Las condiciones deplorables del sistema penitenciario facilitan la corrupción del personal administrativo y de seguridad que se presta para permitir el ingreso de alcohol, drogas, armas, y celulares, entre otros, a requerimiento de los reos organizados que controlan la prisión. Mientras los controles a la entrada del recinto son responsabilidad de los guardias, a lo interno son estas cúpulas de crimen quienes imponen sus propias reglas de convivencia. Esto hace difícil el control y la vigilancia y a la vez facilita las condiciones para fugas y amotinamientos.

La ausencia del Estado dentro de los centros carcelarios se evidencia, no sólo en las condiciones deplorables en que viven los internos, sino en que los hechos violentos que ahí ocurren (violaciones, extorsiones, trata de personas, agresiones físicas) la mayoría de las veces no se denuncia formalmente ante las autoridades y es asumido como parte de la vida en prisión. Anualmente se emiten informes sobre las condiciones de las prisiones por parte de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, sin embargo, ha existido poco interés en promover cambios sustanciales al sistema por parte de las autoridades.

Políticas de reforma penitenciaria

Las condiciones del sistema carcelario han dado pie a que las autoridades se propongan implementar medidas orientadas a la mejora de las condiciones de vida y atención de las PPL. En el Triángulo Norte los países coinciden en algunos aspectos, por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura, la construcción de nuevas cárceles, y la carrera penitenciaria 8.

Otras medidas que se han considerado y que no están contenidas en los documentos de Reforma penitenciaria son, en Honduras, la reducción de penas para delitos menores para PPL que han cumplido con la mitad de su condena; reducir a la mitad la cantidad de centros penitenciarios; el uso de pulseras electrónicas, detectores de metales y una base de datos digitalizada con el fin de aumentar la seguridad en el sistema penitenciario.

En Guatemala, ha sido propuesto el uso de pulseras electrónicas como medida para reducir la cantidad de PPL, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, y se ha implementado un modelo de gestión penitenciaria focalizado en la rehabilitación sobre todo de mujeres y reos de baja peligrosidad, basado en el modelo implementado en República Dominicana. También se implementaron medidas para realizar requisas de forma periódica en las cárceles y decomisar ilícitos.

En el Salvador, recientemente en junio de 2019, se bloqueó la señal de telefonía celular en las 28 cárceles, como medida para contrarrestar la actividad delictiva de las PPL, especialmente las extorsiones. También el gobierno dejó sin efecto la segregación de los pandilleros de Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) en diferentes prisiones, tratando de debilitar así el poder político y económico que estos grupos habían consolidado al tener el manejo de los centros carcelarios9.

Recomendaciones de política pública

Los países del Triángulo Norte deben revisar sus políticas penitenciarias e implementar nuevas estrategias para prevenir la reincidencia del comportamiento criminal, incluyendo directrices en el sector justicia para delimitar la aplicación y la duración de la prisión preventiva, así como una política activa de penas abreviadas y alternativas tecnológicas a la privación de libertad. Las medidas que recomendamos son:

Implementar reformas judiciales

  • Evaluar el impacto sobre el hacinamiento que tendrían las medidas alternativas a la prisión preventiva, la reducción de penas y las sanciones alternativas a la privación de libertad, como base para decidir sobre la inversión en la construcción de nuevos centros carcelarios y el remozamiento o reconversión de los existentes;
  • Implementar alternativas a la reclusión incluidas las órdenes de servicio comunitario, la supervisión mediante el uso de pulsera electrónica, y el uso de la justicia restaurativa (por ejemplo, el pago de compensaciones económicas para ciertos delitos) entre otros;
  • Revisar las penas por narcomenudeo y portación de drogas para consumo personal;
  • Los ofensores deberían tener derecho a evaluaciones del riesgo que representan para la seguridad pública, los factores que subyacen a su ofensa y el apoyo social que pueden recibir para evitar la reincidencia, como evidencia para sustentar la decisión de juez de enviar a prisión preventiva o conceder medida alternativa.
  • Los jueces y los defensores públicos deberían también estar obligados a verificar el cumplimiento de las sentencias que emiten, y valorar las condiciones en que los ofensores se encuentran en prisión.

Implementar políticas públicas para disminuir la reincidencia delictiva

  • Diseño de programas de educación y formación ocupacional, que favorezcan el cambio de comportamiento y la generación de ingresos mediante el trabajo productivo;
  • Elaboración de planes de salida y acompañamiento para quienes están próximos a cumplir su sentencia;
  • Implementación de programas de (re)inserción laboral con apoyo de la comunidad y la empresa privada, así como programas públicos de empleo puente para privados de libertad;
  • Acceso a programas de protección social, para apoyar con las necesidades de vida diarias, durante el período que no han obtenido empleo, a fin de evitar estrategias de supervivencia en conflicto con la ley penal.


Retomar la rehabilitación como función principal de la prisión

  • La sentencia de prisión se cumple con la privación de libertad, no con el sometimiento a penurias, hambre, abusos y condiciones inhumanas. La prisión intenta que la persona se haga responsable por sus acciones.  Sin embargo, esto no exime al Estado de reconocer los derechos humanos y libertades fundamentales de las PPL.
  • Para orientar la prisión hacia un modelo de rehabilitación es necesario adecuar la infraestructura carcelaria. Es decir, espacios dignos sin sobrepoblación y segmentación por nivel de riesgo de los reos. Las prisiones deben ser un sitio seguro que motive al cambio de comportamiento y que limite las oportunidades de la vida delictiva desde y dentro de las instalaciones.

Mejores mecanismos de selección y promoción del personal penitenciario

  • El personal penitenciario es un elemento crucial para promover la convivencia pacífica entre las PPL. Son ellos quienes tienen bajo su responsabilidad la seguridad interna y quienes deberían velar por el respeto a los derechos humanos de los reos. La forma en que traten a los reclusos determinará si una prisión es decente y humana, o brutal y coercitiva.
  • Definir perfiles de puestos de trabajo para el personal de los centros de privación de libertad, que considere un mejor nivel de entrada, opciones para la formación en el trabajo, y oportunidades de promoción y carrera profesional.
  • Mejorar las condiciones de trabajo, las remuneraciones y la protección para los trabajadores del sistema penitenciario y sus familias;
  • Establecer mecanismos para retroalimentar el comportamiento del personal de los centros penitenciarios, de forma que se recompensen las acciones positivas y se den sanciones a quienes reproduzcan el modelo de cooptación criminal de las prisiones.

Descargar documento aquí http://www.dialogos.org.gt/wp-content/uploads/2019/07/PB4-ee-july2019-1.pdf

Fuentes citadas

1. Dirección General del Sistema Penitenciario, datos a junio de 20192. 
2. prisonstudies.org, datos a marzo de 2019
3. Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), datos a marzo de 2019
 4. https://www.unodc.org/documents/justice-and.../Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf
 5. https://www.prensalibre.com/ciudades/jutiapa/cobros-ilegales-florecen-tras-las-rejas 
6. Con excepción de Guatemala en dónde están separados los exfuncionarios ligados por delitos de corrupción, y las personas que van a ser extraditadas, muchas ligadas al narcotráfico
7. Treadwell, Gooch & Barkham, 2019
8. Política Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario de Guatemala 2014-2024; Política Nacional Penitenciara Honduras, 2015; Política Penitenciaria Salvadoreña, 2019. 
9.  https://actualidad.rt.com/actualidad/318504-plan-seguridad-bukele-crimen-organizado-salvador 

Read More

27 Ago Policy Brief No. 1 El fracaso de las políticas de “mano dura” en el Triángulo Norte de Centro América

Las maras (1) poseen al menos cuatro características que las distinguen: un sentido de pertenencia al grupo, el uso de símbolos asociados con su grupo (tatuajes, rituales, grafiti, joyas, peinados), un área geográfica que declaran su territorio, y un comportamiento contrario a las normas sociales (2).  Dentro de las maras, existen diferentes tipos de membresía, la cual depende del nivel de inmersión o conexión del individuo en la mara. Así, por ejemplo, hay miembros centrales que regularmente muestran tendencias antisociales serias; y miembros periféricos, que se integran o colaboran de forma eventual con la mara buscando aceptación, reconocimiento y sentido de pertenencia a un grupo. Estos últimos, que son la mayoría de los integrantes, son quienes tienen mayores probabilidades de ser rehabilitados y de reinsertarse a la comunidad (3).

Los mareros son generalmente adolescentes y jóvenes, entre los 10 y 21 años. En su mayoría son hombres. Los adolescentes y jóvenes que integran las maras tienden a involucrarse en mayor medida en comportamientos delictivos, comparados con aquellos que no pertenecen a estas agrupaciones. El efecto de la mara en la probabilidad de que una persona se involucre en actividades ilícitas sobrepasa el impacto de tener amigos implicados en actos delictivos (4).

En la década de 1980, las pandillas juveniles se volvieron más agresivas, pero fue en los 90 cuando experimentaron una gran transformación. En los países del triángulo norte, los pandilleros se integraron a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, ambas originarias de los Estados Unidos de América, como producto de la deportación de sus miembros. Otros cambios incluyeron una estructura organizacional fija, el uso de referencias simbólicas más definidas y complejas, la institucionalización de la violencia hacia dentro y hacia fuera, los integrantes que sobrepasan los 30 años, un mayor número de mujeres, y el incremento en el uso y portación de armas de fuego (5). Estos cambios se dieron como resultado de i) la proliferación de armas de fuego; ii) el encarcelamiento masivo del que fueron objeto; y iii) los valores dominantes en la sociedad de dinero y éxito (6).

Las maras se involucran en actividades criminales por varias razones, entre ellas, obtener una ganancia económica, incrementar su reputación ante grupos similares, proteger su territorio, o expandir sus operaciones. Las maras que tienen un número alto de integrantes y más miembros adultos tienen mayores probabilidades de involucrarse en actividades criminales y relacionadas con drogas (7). La principal actividad económica de las maras, especialmente en el triángulo norte, es la extorsión, la cual dirigen generalmente a los empresarios del transporte. También se involucran en tráfico local de drogas, y sicariato.

Factores que propician la integración de las maras

Aunque no es posible predecir si un niño o adolescente se convertirá en marero, existen ciertos factores de riesgo que incrementan las probabilidades de que así sea. Si su ambiente no ofrece alternativas positivas, integrar una mara puede ofrecer esperanza de éxito en algún área o momento determinado de la vida.

Convertirse en miembro de una mara es el resultado de las relaciones sociales débiles con la familia, escuela, comunidad y sociedad, y  un ambiente de aprendizaje que fomenta y refuerza el comportamiento delictivo (8).  Esto sugiere que las personas que no desarrollan un sentido de compromiso con las estructuras sociales, formarán vínculos con otros que comparten los mismos valores.

Diversos estudios sobre las maras coinciden en señalar algunos factores que influyen en las probabilidades de convertirse en marero. Por ejemplo, tener dificultades para el aprendizaje resulta en un débil compromiso con la escuela, y esto eleva el riesgo de buscar la compañía de pares delincuentes. Aunado tanto a eventos negativos en la vida como a vivir en condiciones de pobreza, o en un hogar monoparental, se incrementan las probabilidades de percibir la integración a la mara como un beneficio (9). Estas condiciones a su vez son generadas por elementos de la sociedad, en que la persona está inmersa. La Tabla 1 muestra los factores que vuelve a los niños y adolescentes vulnerables a convertirse en miembros de una mara. La mayoría de las veces los factores individuales son producto del contexto y la comunidad.

Tabla 1. Factores de riesgo

No todas las variables identificadas afectan de igual manera a las personas. Hay factores de riesgo que incrementan la probabilidad de convertirse en marero. Generalmente, los mareros tienen más de un factor de riesgo, debido a la interconexión que existe entre estos últimos.

Combatiendo la actividad de las maras: enfoque y resultados

Los entusiastas de la prevención señalan que prevenir el comportamiento delictivo es fácil y que esa debería ser la meta. Otros piensan que la prevención no es posible y deberían priorizarse las medidas encaminadas a la disuasión. Prevenir el crimen es posible, pero no es una tarea fácil, y los resultados sólo son observables en el mediano y largo plazo. Las políticas represivas ofrecen resultados en el corto plazo, pero son efímeros y, generalmente, contraproducentes, ya que terminan por promover la cohesión entre los miembros de las maras, e incrementando los niveles de violencia.

Como lo muestra el Gráfico 1, los países del triángulo norte han optado por las políticas de “mano dura” para desmotivar la integración de las maras, criminalizando este tipo de asociación, y aplicando sanciones duras a sus miembros, sin proveer medios alternativos a los adolescentes y jóvenes, y dejando fuera los factores de riesgo que propician el involucramiento en estos grupos.

Honduras,  primero en 2002 y luego en 2014, endureció las leyes para combatir la actividad de las maras, especialmente la Mara Salvatrucha y la del Barrio 18, estableciendo sentencias de entre 20 y 30 años para sus miembros, y 50 años para los líderes.  Estas medidas les permitieron fortalecerse y, desde la cárcel, expandieron sus actividades delictivas, sobre todo, las extorsiones. Para ello reclutaron un mayor número de miembros, especialmente menores de edad, para quienes las penas establecidas eran reducidas (10). Ni el crimen ni la delincuencia se redujeron.

En 2003, en El Salvador, esta política resultó en el encarcelamiento de 11,000. Los mareros se unieron en contra de las acciones represivas. El gobierno reformó algunas de sus estrategias por otro tipo de enfoques. Entre 2012-2013 pactó con las maras con el fin de disminuir el número de homicidios a cambio de trasladar a los mareros a prisiones de mínima seguridad. Pese a que se manifestó una disminución en la violencia homicida de El Salvador en este lapso, la actividad delictiva (extorsiones, tráfico local de drogas) no disminuyó. El pactar con las maras les dio legitimidad mientras que debilitó la posición del Estado.

En 2003, Guatemala implementó el Plan Escoba (11), orientado a i) incautar armas de fuego auténticas y hechizas; ii) procurar el desarme total de las pandillas; iii) desorganizar a las pandillas y limitar su campo de acción; iv) impedir el vandalismo de grupos pandilleros; v) prevenir la comisión de delitos por parte de grupos de pandillas, y vi) prevenir el tráfico de drogas por parte de las pandillas. En el Plan se considera pandillero a los jóvenes entre 14-25 años dedicados al vandalismo, drogadicción, robo, violación, homicidios, extorsión. Las acciones estaban dirigidas específicamente hacia los miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

En 2017, pese al demostrado fracaso de este tipo de políticas en los países vecinos, en el Congreso se negocia  la iniciativa de Ley 5266 para criminalizar a los integrantes de las maras y pandillas, con penas de 2 a 8 años de prisión, considerando únicamente los efectos de éstas para la sociedad, y dejando de lado los factores que propician su existencia.

El factor común entre estas políticas era el creciente despliegue de fuerzas militares para capturar a los mareros, lo que llevó a una creciente confrontación no solo entre grupos de mareros rivales, sino también entre maras y fuerzas de seguridad del Estado.  Como se observa en el Gráfico 2, el resultado en los tres países fue el mismo: las tasas de homicidio no descendieron como se esperaba,. Por otro lado  el número de mareros ha aumentado (12): en Guatemala en 2004 se reportaba alrededor de 8 mil mareros. Para 2016, la cifra se ubicaba en 15 mil miembros de las maras; en Honduras en el año 2000 el número de mareros rondaba los 31 mil, para el año 2016 se habla de alrededor de 60 mil; en El Salvador, en 2007 eran 10,500, mientras que para 2014 se estimaba que había alrededor de 32 mil mareros activos.

Implicaciones para la política pública

Aunque las políticas de “mano dura” pueden generar una sensación de seguridad a los ciudadanos, resultan inefectivas para combatir la afiliación a las maras, pues refuerza los lazos emocionales y el sentido de pertenencia entre sus miembros. La prevención es la clave. Para ello deben establecerse medidas enfocadas en prevenir que los niños y adolescentes se sientan atraídos por la actividad de las maras, y estrategias de salida para quienes ya se encuentran involucrados. Esto sin dejar de lado que el Estado  no debe por un instante declinar su compromiso con la seguridad ciudadana, y eso pasa por mostrar cero tolerancia con el control de territorios, negocios y reclutamiento de integrantes, realizados por las maras. Lo cual debe hacerse con apego a la legislación vigente, sin abusos ni violaciones a los derechos humanos, pero con firmeza y sentido de la prioridad.

Con base en lo anterior, se proponen 4 medidas específicas:

Prevenir que los niños y adolescentes se involucren maras

Considerando que el reclutamiento inicia a la edad de 10 años, las políticas de prevención deben tener como objetivo una población mucho más joven que el típico marero. Las principales causas para integrar una mara que los jóvenes reportan son: un sistema familiar débil, amigos involucrados en actividades delictivas, un vecindario con altas tasas de delincuencia, búsqueda de protección, poder, respeto, y ganancia monetaria. Los programas de prevención deberían abordar estos factores para minimizar el riesgo. Los esfuerzos deben centrarse en fortalecer a las familias de los niños y adolescentes en riesgo, sobre todo aquellas monoparentales y que residen en ambientes propicios para el crimen. Se trata de reemplazar las funciones que las maras cumplen para las diferentes partes interesadas. El Estado, además, debe ampliar la oferta educativa en estas áreas, así como la prestación de servicios de salud, nutrición, deporte, cultura, seguridad, y la implementación de programas que promuevan la cohesión social.

Diseñar estrategias de salida para los mareros 

Es importante que el Estado genere oportunidades de desarrollo de capacidades técnicas y laborales orientadas específicamente para los adolescentes y jóvenes que estén dispuestos a abandonar las maras. Mientras éstas ofrezcan oportunidades de ingreso económico y estatus social a sus miembros, es más difícil que elijan abandonar el grupo. A nivel individual debe trabajarse una estrategia específica que permita restaurar su autoestima, el diseño de un plan de vida, y la superación de sus adicciones. Es necesario también tener en cuenta que muchas veces quienes abandonan estos grupos están sujetos a amenazas de muerte por los líderes de las maras, y son objeto de estigmatización tanto por la población en general como por las fuerzas de seguridad en particular. En tal virtud, las estrategias deben contener medidas encaminadas a reducir esta vulnerabilidad.

Fortalecer el sistema penitenciario

Como señala la evidencia, el encarcelamiento masivo de los mareros, les da la oportunidad de fortalecer su organización, estrategias de reclutamiento y extorsiones. Esto es viable por la porosidad de los centros carcelarios, en donde es común la posesión de teléfonos móviles que facilitan la comunicación con el exterior. A ello se suma las pésimas condiciones de infraestructura, falta de programas de rehabilitación, y el ambiente criminogénico de las prisiones, provoca una lucha de poder que resulta en el comportamiento violento de los privados de libertad tanto hacia adentro como hacia afuera. Los mareros que no formen parte de programas de rehabilitación deben ser recluidos en prisiones de máxima seguridad, con limitada comunicación con el exterior, para evitar que sigan delinquiendo y reclutando nuevos miembros.

Implementar un plan para contrarrestar y prevenir las extorsiones

La principal fuente de ingreso de las maras son las extorsiones que cobran de forma regular a empresarios de transporte y a propietarios de negocios. Para contrarrestar la existencia de las maras, deben implementarse acciones en esta área. Esto conlleva la puesta en marcha de un plan interinstitucional del sector seguridad y justicia, que permita la pronta identificación y detención de los transgresores, pero también una ágil emisión de las sentencias (condenatorias o absolutorias). La celeridad en la aplicación de la justicia es un factor clave para desmotivar el comportamiento delictivo. Igualmente, el sistema bancario debe constituirse en un aliado para notificar a las autoridades de transacciones sospechosas de sus cuentahabientes. La lucha contra este delito debe ir acompañada de una estrategia de recuperación de territorios por parte del Estado, que incluya medidas para la prevención de la violencia y el delito.

En conclusión,  es imperativo que los niños y adolescentes sean comprendidos como la base de un futuro sin maras, en un marco de oportunidades y un proyecto de vida que se vea tangible y concreto, de corto plazo. Vagabundear, delinquir para sobrevivir, son rasgos de una marginalidad que puede cambiar como un compromiso compartido entre las comunidades, las empresas y las instituciones públicas.

Notas al pie

(1) En la literatura y marco jurídico especializado se utiliza de forma intercambiable los términos “maras” y “pandillas” en este documento abordamos específicamente a las Maras, entendiendo que son la evolución de las pandillas a una organización con las características aquí defnidas.

(2)  Curry y Decker, 1998

(3)  Schroeder, Giordano, y Cernkovich, 2007; Meng et al. 2011; Pyrooz y Decker, 2011

(4)    Battin-Pearson et al., 1998; Finn-Aage et al. 2001

(5)  Simi, Smith, y Reeser, 2008; Gutierrez, 2010

(6) Hagedorn, 1998; Beidi y Krohn, 2016

(7)  Barnes, Beaver, y Miller, 2010

(8)  Thornberry, 1987

(9)  Thornberry et al., 2003

 (10) Insight Crime, 2015

(11) Rodríguez y Pérez, 2005

(12)  No existen datos oficiales sobre el número de mareros en los países del Triángulo Norte. Las cifras  aquí presentadas son estimaciones que están publicadas en distintos estudios. Ver: Ranum, C. 2007; Murcia, W. 2015; Insight Crime, 2015

Disponible en pdf

 

Referencias

Barnes, J.C., Beaver, K.M. y Miller, J.M. (2010) Estimating the Effect of Gang Membership on Nonviolent and Violent Delinquency: A Counterfactual Analysis. Journal of Aggressive Behavior 36(6) 437–451.

Battin, S. R., Hill, K. G., Abbott, R. D., Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (1998). The contribution of gang membership to delinquency beyond delinquent friends. Criminology, 36(1), 93-111.

Beidi, D. y Krohn, M.D. (2016) Escape from violence: What reduces the enduring consequences of adolescent gang affiliation?. Journal of Criminal Justice 47, 41-50.

Caldwell L. y Altshuler, D.M. (2001) Adolescents Leaving Gangs: An Analysis of Risk and Protective Factors, Resiliency and Desistance in a Developmental Context. Journal of Gang Research 8 (2) 21-34

Curry, G.D. y Decker, S.H. (1998) Confronting Gangs: Crime and Community. Los Angeles, CA: Rosbury

Farmer, A.Y. y Hairston JR. T. (2013) Predictors of Gang Membership: Variations Across Grade Levels

Journal of Social Service Research 39 (4) 530-544

Finn-Aage Esbensen, L. Thomas Winfree, Jr., Ni He, and Terrance J. Taylor (2001) Youth Gangs and Definitional Issues: When is a Gang a Gang, and Why Does it Matter? Crime & Delinquency , 47 (1) 105 – 130

Gilman, A. B., Hill, K. G., Hawkins, J. D., Howell, J. C., and Kosterman, R. (2014). The Developmental Dynamics of Joining a Gang in Adolescence: Patterns and Predictors of Gang Membership. Journal of Research on Adolescence, 24: 204–219.

Gutierrez Rivera, L. (2010) Discipline and punish? youth gangs’ response to Zero-tolerance Policies in Honduras. Bulletin of Latin American Research. Journal of the Society for Latin American Studies, 29 (4) 492-504

Hagedorn , J.M. (1998) Gang Violence in the Postindustrial Era,” Crime and Justice 24 365-419

Simi, P., Smith, L. y Reeser, A.M.S. (2008) From Punk Kids to Public Enemy Number One. Deviant Behavior 29:8, 753-774.

Insight Crime. (2015) Maras y Pandillas en Honduras. Documento preparado por Insight Crime y la Asociación para una sociedad más justa, con el apoyo de USAID. Contrato No. AID-DOT-I-00-08-0034

Meng Chu, C., Daffern, M., Thomas, S. D., & Ying Lim, J. (2011). Elucidating the treatment needs of gang-affiliated youth offenders. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 3(3), 129-140.

Pyrooz, D.C. y Decker, S.H. (2011) Motives and methods for leaving the gang: Understanding the process of gang desistance. Journal of Criminal Justice 39, 417-425

Rodríguez, A. y Pérez, G. (2005) Transparentando el Plan Escoba, análisis de la estrategia policial en relación con las pandillas juveniles en Guatemala. Revista Centroamericana Justicia Penal y Sociedad 22: 13-84

Schroeder, R. D., Giordano, P. C., & Cernkovich, S. A. (2007). Drug use and desistance processes.Criminology ,45, 191–222

Thornberry, T.P. (1987) Toward and interactional theory of delinquency. Criminology 25(4) 863-892

Thornberry, T. P., Krohn, M. D., Lizotte, A. J., Smith, C. A., and Tobin, K. (2003). Gangs and Delinquency in Developmental Perspective. New York, NY: Cambridge University Press.

Ward, C. y Copper, A. (2007) Gangs and child safety. Policy Paper. 148-161


Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

 

Créditos

Autora: Evelyn Espinoza

Apoyo Técnico:   Alejandra Menaldo, Carlos Mendoza

Edición: Enrique Naveda

Se autoriza la reproducción, distribución y cita textual sin fines lucrativos y dando crédito de autoría y propiedad intelectual
Read More

Watch Dragon ball super