Diálogos | policy brief
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policy brief

Cortesía Prensa Libre

05 Jul Las cárceles: propuesta de reforma en el Triángulo Norte de Centro América

No. 4 Junio 2019. Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

“El único propósito racional de una prisión es restringir a aquellos que son violentos, mientras que les ayudamos a cambiar su comportamiento y regresar a la comunidad”. ~James Gilligan

Resumen. Las prisiones del Triángulo Norte comparten varios elementos en común: sobrepoblación, escasa inversión, infraestructura deteriorada y un ambiente criminógeno que favorece la comisión de actos delictivos entre los propios internos y hacia fuera de los centros penitenciarios. Los intentos de reforma del sistema se han quedado en buenas intenciones. Es necesario retomar la función principal de la cárcel: la rehabilitación y reinserción de quienes se encuentran cumpliendo una sentencia.

Los centros carcelarios no han cumplido su propósito de rehabilitar a los convictos y devolverlos a la sociedad como ciudadanos productivos y respetuosos de la ley. Un alto porcentaje de los reclusos regresa a prisión después de ser liberado. El problema es la prevalencia de un enfoque basado en el supuesto que el confinamiento, las condiciones desagradables de la vida en prisión y el estigma social asociado al encarcelamiento, deberían ser suficientes para disuadir el comportamiento criminal posterior. Reconocer, que el objetivo de la prisión no es el castigo, y cambiar el enfoque de cómo debemos atender a los privados de libertad, es vital para obtener mejores resultados en el objetivo de la rehabilitación y reinserción social.

En Guatemala el Sistema Penitenciario administra 22 centros de privación de libertad, 12 de prisión preventiva y 10 de cumplimiento de condena. En total, el país cuenta con 6,812 espacios de reclusión, para una población de 25,000 privados de libertad  (367% de su capacidad)1. En El Salvador, existen 28 centros carcelarios para 39,807 PPL (220.5%) 2 y en Honduras también 28, albergando a una población de 21,004 reclusos (198%)3.

En general, las tasas de encarcelamiento han ido en aumento en los tres países durante el período 2000-2019. En El Salvador, entre 2009-2015 el número de pandilleros recluidos aumentó en 72%, representando el 42% del total de PPL.  En cuanto a la prisión preventiva, en Honduras y Guatemala un poco más del 50% de los detenidos aún se encuentran pendientes de sentencia, mientras que en El Salvador alrededor del 30%.

Las condiciones de vida en las prisiones

Un factor común en el sistema penitenciario de los países del Triángulo Norte es que las instalaciones carcelarias no cumplen con los estándares mínimos, y menos con las recomendaciones de Naciones Unidas a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles4. Las condiciones de vida en la cárcel lejos asegurar la convivencia pacífica entre los internos y promover su rehabilitación, representan graves riesgos para su salud, además de facilitar la violencia interna, y la delincuencia que se manifiesta desde ahí hacia el resto de la sociedad, y que hace a las PPL más propensas a reincidir al ser liberadas.

Los reos de bajo riesgo están expuestos a un entorno criminógeno típicamente dominado por reos de alta peligrosidad, organizados para controlar el ámbito carcelario. Las PPL viven en una situación de hacinamiento, donde la mayoría carece de una cama, debe procurarse su propia alimentación y un espacio para pernoctar, por el cual debe pagar, ya sea con trabajo o con dinero, lo cual perpetua el ciclo del crimen dentro y fuera del sistema carcelario5. A ello se suma el hecho que las PPL no están segmentadas y conviven tanto aquellos en situación preventiva como quienes ya han recibido una sentencia condenatoria6.

Las condiciones deplorables del sistema penitenciario facilitan la corrupción del personal administrativo y de seguridad que se presta para permitir el ingreso de alcohol, drogas, armas, y celulares, entre otros, a requerimiento de los reos organizados que controlan la prisión. Mientras los controles a la entrada del recinto son responsabilidad de los guardias, a lo interno son estas cúpulas de crimen quienes imponen sus propias reglas de convivencia. Esto hace difícil el control y la vigilancia y a la vez facilita las condiciones para fugas y amotinamientos.

La ausencia del Estado dentro de los centros carcelarios se evidencia, no sólo en las condiciones deplorables en que viven los internos, sino en que los hechos violentos que ahí ocurren (violaciones, extorsiones, trata de personas, agresiones físicas) la mayoría de las veces no se denuncia formalmente ante las autoridades y es asumido como parte de la vida en prisión. Anualmente se emiten informes sobre las condiciones de las prisiones por parte de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, sin embargo, ha existido poco interés en promover cambios sustanciales al sistema por parte de las autoridades.

Políticas de reforma penitenciaria

Las condiciones del sistema carcelario han dado pie a que las autoridades se propongan implementar medidas orientadas a la mejora de las condiciones de vida y atención de las PPL. En el Triángulo Norte los países coinciden en algunos aspectos, por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura, la construcción de nuevas cárceles, y la carrera penitenciaria 8.

Otras medidas que se han considerado y que no están contenidas en los documentos de Reforma penitenciaria son, en Honduras, la reducción de penas para delitos menores para PPL que han cumplido con la mitad de su condena; reducir a la mitad la cantidad de centros penitenciarios; el uso de pulseras electrónicas, detectores de metales y una base de datos digitalizada con el fin de aumentar la seguridad en el sistema penitenciario.

En Guatemala, ha sido propuesto el uso de pulseras electrónicas como medida para reducir la cantidad de PPL, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, y se ha implementado un modelo de gestión penitenciaria focalizado en la rehabilitación sobre todo de mujeres y reos de baja peligrosidad, basado en el modelo implementado en República Dominicana. También se implementaron medidas para realizar requisas de forma periódica en las cárceles y decomisar ilícitos.

En el Salvador, recientemente en junio de 2019, se bloqueó la señal de telefonía celular en las 28 cárceles, como medida para contrarrestar la actividad delictiva de las PPL, especialmente las extorsiones. También el gobierno dejó sin efecto la segregación de los pandilleros de Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) en diferentes prisiones, tratando de debilitar así el poder político y económico que estos grupos habían consolidado al tener el manejo de los centros carcelarios9.

Recomendaciones de política pública

Los países del Triángulo Norte deben revisar sus políticas penitenciarias e implementar nuevas estrategias para prevenir la reincidencia del comportamiento criminal, incluyendo directrices en el sector justicia para delimitar la aplicación y la duración de la prisión preventiva, así como una política activa de penas abreviadas y alternativas tecnológicas a la privación de libertad. Las medidas que recomendamos son:

Implementar reformas judiciales

  • Evaluar el impacto sobre el hacinamiento que tendrían las medidas alternativas a la prisión preventiva, la reducción de penas y las sanciones alternativas a la privación de libertad, como base para decidir sobre la inversión en la construcción de nuevos centros carcelarios y el remozamiento o reconversión de los existentes;
  • Implementar alternativas a la reclusión incluidas las órdenes de servicio comunitario, la supervisión mediante el uso de pulsera electrónica, y el uso de la justicia restaurativa (por ejemplo, el pago de compensaciones económicas para ciertos delitos) entre otros;
  • Revisar las penas por narcomenudeo y portación de drogas para consumo personal;
  • Los ofensores deberían tener derecho a evaluaciones del riesgo que representan para la seguridad pública, los factores que subyacen a su ofensa y el apoyo social que pueden recibir para evitar la reincidencia, como evidencia para sustentar la decisión de juez de enviar a prisión preventiva o conceder medida alternativa.
  • Los jueces y los defensores públicos deberían también estar obligados a verificar el cumplimiento de las sentencias que emiten, y valorar las condiciones en que los ofensores se encuentran en prisión.

Implementar políticas públicas para disminuir la reincidencia delictiva

  • Diseño de programas de educación y formación ocupacional, que favorezcan el cambio de comportamiento y la generación de ingresos mediante el trabajo productivo;
  • Elaboración de planes de salida y acompañamiento para quienes están próximos a cumplir su sentencia;
  • Implementación de programas de (re)inserción laboral con apoyo de la comunidad y la empresa privada, así como programas públicos de empleo puente para privados de libertad;
  • Acceso a programas de protección social, para apoyar con las necesidades de vida diarias, durante el período que no han obtenido empleo, a fin de evitar estrategias de supervivencia en conflicto con la ley penal.


Retomar la rehabilitación como función principal de la prisión

  • La sentencia de prisión se cumple con la privación de libertad, no con el sometimiento a penurias, hambre, abusos y condiciones inhumanas. La prisión intenta que la persona se haga responsable por sus acciones.  Sin embargo, esto no exime al Estado de reconocer los derechos humanos y libertades fundamentales de las PPL.
  • Para orientar la prisión hacia un modelo de rehabilitación es necesario adecuar la infraestructura carcelaria. Es decir, espacios dignos sin sobrepoblación y segmentación por nivel de riesgo de los reos. Las prisiones deben ser un sitio seguro que motive al cambio de comportamiento y que limite las oportunidades de la vida delictiva desde y dentro de las instalaciones.

Mejores mecanismos de selección y promoción del personal penitenciario

  • El personal penitenciario es un elemento crucial para promover la convivencia pacífica entre las PPL. Son ellos quienes tienen bajo su responsabilidad la seguridad interna y quienes deberían velar por el respeto a los derechos humanos de los reos. La forma en que traten a los reclusos determinará si una prisión es decente y humana, o brutal y coercitiva.
  • Definir perfiles de puestos de trabajo para el personal de los centros de privación de libertad, que considere un mejor nivel de entrada, opciones para la formación en el trabajo, y oportunidades de promoción y carrera profesional.
  • Mejorar las condiciones de trabajo, las remuneraciones y la protección para los trabajadores del sistema penitenciario y sus familias;
  • Establecer mecanismos para retroalimentar el comportamiento del personal de los centros penitenciarios, de forma que se recompensen las acciones positivas y se den sanciones a quienes reproduzcan el modelo de cooptación criminal de las prisiones.

Descargar documento aquí http://www.dialogos.org.gt/wp-content/uploads/2019/07/PB4-ee-july2019-1.pdf

Fuentes citadas

1. Dirección General del Sistema Penitenciario, datos a junio de 20192. 
2. prisonstudies.org, datos a marzo de 2019
3. Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), datos a marzo de 2019
 4. https://www.unodc.org/documents/justice-and.../Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf
 5. https://www.prensalibre.com/ciudades/jutiapa/cobros-ilegales-florecen-tras-las-rejas 
6. Con excepción de Guatemala en dónde están separados los exfuncionarios ligados por delitos de corrupción, y las personas que van a ser extraditadas, muchas ligadas al narcotráfico
7. Treadwell, Gooch & Barkham, 2019
8. Política Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario de Guatemala 2014-2024; Política Nacional Penitenciara Honduras, 2015; Política Penitenciaria Salvadoreña, 2019. 
9.  https://actualidad.rt.com/actualidad/318504-plan-seguridad-bukele-crimen-organizado-salvador 

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29 Ago Policy Brief No. 2 Vulnerabilidad y riesgo, el lenguaje común de las políticas de prevención en el Triángulo Norte de C.A.

 

Las personas jóvenes se ubican entre los 15 y los 24 años(1). En los países del Triángulo Norte, en el año 2017, aproximadamente un 20% de la población se encontraba en este rango de edad. La definición de jóvenes tiende a variar en cada país (en Guatemala, se extiende hasta los 29 años), ya que esta es una categoría más fluida que un grupo de edad fijo. La juventud hace referencia a «[…] una etapa de formación y adquisición de valores y habilidades para una vida adulta productiva(2)». Esta distinción con respecto a este período de la vida es motivada por la necesidad de una atención especializada para este grupo de edad, a riesgo de encasillar a quienes pertenecen a él en un rol de receptores pasivos, en lugar de participantes activos(3).

Por su parte, la atención mediática que reciben los jóvenes tiende a enfatizar en problemas como desempleo, deserción escolar, desviación social, entre otros. Como consecuencia, ha llegado a proyectarse una imagen, tanto hacia los mismos jóvenes como hacia los adultos, sobre un grupo socialmente deficiente que necesita acompañamiento de los mayores para transitar hacia la adultez. Este enfoque pasa por alto los activos y fortalezas de las personas jóvenes, debilitando su capacidad de ayudarse a sí mismos, y empoderando a los especialistas en juventud.

〈〈Hay un componente de prevención de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las políticas de prevención〉〉

 

Se ha visto a la juventud como un grupo vulnerable a la violencia y el comportamiento delictivo. En el Triángulo Norte de Centroamérica, la prevención de la violencia y el delito relacionados con la juventud alcanzó estatus de política pública a partir de 2005 en Guatemala, 2007 en Honduras, y 2010 en El Salvador. Hay un componente de prevención de la violencia y el delito en las políticas de juventud y un eje de juventud en las políticas de prevención. Con ello se evidencia que, sea en el área de jóvenes o de seguridad ciudadana, los formuladores de política pública consideran que estos dos sectores se encuentran asociados.

Violencia y delincuencia en la juventud: ¿Qué las motiva?

La violencia y el comportamiento delictivo suelen ser más frecuentes en la juventud. Son resultado de un fenómeno social que refleja procesos similares, como la imitación del comportamiento antisocial entre pares(4). La mayoría de jóvenes, especialmente aquellos más cercanos a la adolescencia (15 años), tienen más probabilidades de exposición a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros. Sin embargo, los delincuentes de carrera inician más temprano en la vida, y solo se consolidan durante la adolescencia. Las altas tasas de comportamiento antisocial durante esta etapa reflejan la gran cantidad de adolescentes que se suman al grupo de ofensores persistentes de por vida. Luego se observa un declive al alcanzar los 18-20 años, pues quienes se involucran en comportamientos delictivos durante la adolescencia, al alcanzar la etapa adulta, se incorporan a la sociedad a través del empleo, el matrimonio, el servicio vocacional, entre otros(5).

〈〈Los adolescentes tienen más probabilidades de exposición a formas de violencia que pueden ser destructivas para sí y para otros〉〉

 

Existen diversos factores que incrementan las probabilidades de que las personas jóvenes se involucren en actividades relacionadas con la violencia y el delito. El riesgo se incrementa por disposiciones genéticas y eventos prenatales que pueden dañar al feto, como el consumo de alcohol y el abuso de sustancias durante la gestación, que dañan el desarrollo neuropsicológico(6). De esa cuenta, características como la hiperactividad y el bajo autocontrol, asociados con la conducta antisocial precoz, suelen estar determinadas por la ausencia de cuidados durante el embarazo y la crianza en la primera infancia.

Otros elementos externos incluyen exposición a maltrato infantil, violencia escolar, asociación con pares que se involucran en actividades delincuenciales, desorganización comunitaria, débil reforzamiento de las leyes que norman el comportamiento social, inequidad en el acceso a los servicios de salud, educación y desarrollo social, entre otros(7). Estas condiciones generan una especie de tensión social en el adolescente, lo cual, a su vez, conduce al debilitamiento de los vínculos con la familia, la escuela y la comunidad, produciendo rechazo de los valores convencionales.

Durante la infancia y la adolescencia temprana, el apego a la familia es el determinante más importante de si un joven se adaptará a la sociedad convencional y estará protegido de la delincuencia o no. A mediados de la adolescencia, la familia es reemplazada por el mundo de los amigos, la escuela y la comunidad. En la edad adulta, las elecciones de comportamiento de una persona dependen de su lugar en la sociedad convencional y de su propia familia(8).

Prevención de la violencia relacionada con la juventud: Enfoque y resultados

En general, el modelo utilizado para explicar la violencia es el ecológico(9). Este implica la intervención en distintos niveles (individual, familiar, comunitario y social) para lograr un impacto en la prevención. Las políticas públicas que contemplan la prevención de la violencia relacionada con la juventud suponen que durante esta etapa es necesario brindar protección, oportunidades para el desarrollo, e incorporar a las personas jóvenes a la sociedad mediante la educación, el uso productivo del tiempo, el arte, el empleo, entre otros.

〈〈Las políticas de prevención  se enfocan en los jóvenes como ofensores más que como víctimas de la violencia y delincuencia〉〉

 

Estas medidas, impulsadas a través de políticas públicas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, evidencian que están dirigidas no a los criminales de carrera, sino a los adolescentes y jóvenes que, como producto de la etapa que atraviesan, son proclives a involucrarse en actividades antisociales. Los jóvenes que llegan a tener contacto con el sistema de justicia se encuentran incluidos a través de programas de reinserción social y, en algunos casos, mediante programas de educación.

El abordaje de las políticas de prevención de la violencia pareciera estar más enfocado en los jóvenes como generadores que como receptores de violencia y víctimas de la delincuencia. Existe muy poca comprensión sobre los efectos que la exposición a violencia en el hogar, en la escuela y en la comunidad tiene en las víctimas, y sobre la necesidad de atención y protección que ellas tienen derecho a recibir por parte del Estado. En cuanto a los jóvenes ofensores, las políticas promueven la rehabilitación y la implementación de sanciones distintas a la privación de libertad, sin dejar claro el rol del sistema de justicia sobre estos temas.

El tipo de violencia o delincuencia que las políticas intentan prevenir no está explícito en ellas. Pese a que al describir el contexto del país los documentos de política hacen referencia a la cantidad de homicidios, delitos al patrimonio, y otros, no contienen líneas de acción específicas para contrarrestarlos. Se habla de la violencia y el delito en general, lo cual abre la puerta a una nueva generación de políticas especializadas en, por ejemplo, violencia escolar, violencia hacia la mujer, pandillas, entre otras, fragmentando la respuesta al fenómeno y aumentando la complejidad de la coordinación interinstitucional necesaria para la implementación. También es notorio que, con excepción de la política y estrategia de prevención de Guatemala, las políticas suelen dejar de lado la atención específica que requieren la primera infancia, las mujeres y los grupos de la diversidad sexual.

Resultados

Los aspectos clave de las políticas de prevención son el desempleo y la educación. En el año 2012, la tasa de desempleo juvenil en Guatemala se ubicaba en 7.5; en El Salvador, en 12.4; y en Honduras, en 8. Es evidente que hubo una mejora en Guatemala, cuya tasa para 2017 fue de 4.8, mientras que en El Salvador se mantuvo en 12.4 y, en Honduras, se incrementó a 14.2(10). Para 2014, los años promedio de escolaridad para la población mayor de 18 años en Guatemala eran de 7.9; comparados con los 6.6 de Honduras y los 8.9 de El Salvador(11).

〈〈La tasa de homicidios en jóvenes de 15-29 años sobrepasa el promedio nacional en los países del Triángulo Norte de Centro América〉〉

 

Las tasas de homicidios por cien mil habitantes –el indicador por excelencia para evaluar los niveles de violencia– señalan que, en 2017, la tasa nacional para  Guatemala fue de 25.0; Honduras, 41.9; y El Salvador, 61.9(12). Para el grupo de edad de 15 a 29 años las tasas son mayores. El gráfico 1 muestra las tasas de homicidios para los hombres y mujeres en este rango; como se observa, los hombres entre 25 y 29 años suelen concentrar altas tasas de homicidios, muy por encima de las tasas nacionales en los tres países. Entre las mujeres, en Honduras tiene mayor riesgo el grupo de 15 a 24, mientras que en Guatemala y El Salvador son aquellas entre 25 a 29 años. En general, las personas entre 15 a 29 años, tanto hombres como mujeres, presentan tasas de homicidio mayores a las tasas nacionales.

Recomendaciones de política pública

La respuesta pública a la violencia relacionada con la juventud en el Triángulo Norte de Centroamérica aborda aspectos esenciales para la prevención, tales como la generación de empleo, la promoción de la salud, el arte y la cultura; sin embargo, se dejan de lado algunos aspectos fundamentales para generar impacto en la población a la que se dirigen las iniciativas.

Con base en el análisis realizado, recomendamos lo siguiente:

1. Vincular las políticas de niñez con las de juventud

El comportamiento violento y delictivo durante la juventud se puede prevenir mediante la protección de la infancia y la niñez. Es importante garantizar, durante estas etapas, las condiciones necesarias para un óptimo desarrollo, que permitan enfrentar la etapa de la adolescencia y la juventud de manera que el comportamiento antisocial no sea una opción. Para ello debe prestarse atención a las relaciones en el hogar y en la escuela; además, brindar acceso equitativo a la salud, la educación y a otros recursos que favorezcan la atención integral de las víctimas de violencia, especialmente aquellas que están bajo protección del Estado.

2. Empoderar a los jóvenes como agentes de cambio

Se debe ya dejar de lado la noción de que por su vulnerabilidad y riesgo los jóvenes son sujetos de intervención y constituyen un obstáculo para el desarrollo. Al contrario, se requiere aprovechar las fortalezas de los jóvenes, empoderarlos como ciudadanos competentes y garantizar su derecho a participar, así como la responsabilidad de servir a sus comunidades, especialmente en los modelos de orientación por pares. Los vínculos con la comunidad generan identidad social y bienestar emocional, elementos clave en la prevención de la violencia y el delito.

3. Brindar especial atención a las minorías

Debe prestarse atención especial a los jóvenes indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexual. En las políticas estos grupos se encuentran invisibilizados. Las minorías tienden a ser objeto de victimización en mayor medida y requieren, por consiguiente, medidas específicas que les permitan acceder a los recursos de salud, educación y justicia, con la misma o mayor facilidad que la población en general. También es necesario tomar en cuenta las especificidades y la diversidad de condiciones que afrontan las mujeres –por ejemplo, en casos de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzoso–, y elaborar medidas acordes a estas características.

4. Visibilizar la violencia desde y hacia la juventud

 En los tres países existen observatorios de la juventud que buscan visibilizar los derechos. Es importante que en ellos se dé seguimiento periódico y se visibilice la violencia homicida –y de otros tipos– que ocurre en este grupo de edad, así como el financiamiento que desde el Estado se destina a la prevención. Esto conlleva el diseño de indicadores que permitan medir la implementación de las políticas de prevención de la violencia –especialmente la relacionada con la juventud–, además de construir conocimiento sobre las distintas realidades que las personas jóvenes enfrentan.

5. Priorizar la corrección del comportamiento delictivo

 El sistema de justicia debe estar orientado a generar oportunidades y mecanismos que permitan la corrección de las conductas antisociales, dejando como último recurso la privación de libertad. Es prioritario contar con un sistema adaptado a las necesidades específicas de la adolescencia y juventud, que garantice el respeto a sus derechos y que actúe de forma rápida y diligente, evitando al mínimo el daño y asegurando la protección y el bienestar de los menores de edad. 

6. Rendir cuentas, aprender y tomar decisiones

Es importante reconocer el esfuerzo de los países por formular políticas públicas que aborden la situación de violencia relacionada con la juventud. También es necesario reconocer y abordar las brechas de implementación que enfrentan las políticas y generar mecanismos de coordinación interinstitucional que faciliten y orienten esta tarea. En ello juegan un rol importante las organizaciones sociales de jóvenes, las cuales están llamadas a fiscalizar y demandar acciones a favor de la prevención. En particular, los Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica necesitan establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de políticas para informar adecuadamente a la ciudadanía sobre los avances en la implementación, aprender sobre la efectividad de las acciones propuestas, y realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos de política.       

Finalmente, debe asegurarse que las políticas públicas de prevención de la violencia y el delito incorporen un eje sobre el uso de la tecnología, tratando de anticipar las conductas antisociales que puedan generarse, para orientar las acciones y planes de prevención. 


Notas al pie

(1)ONU, 1981 (2)Alpízar y Bernal, 2003 (3)Finn, 2001 ; Sukarieh y Tannock, 2015 (4)Moffit, 1993. (5)Fairchild et al., 2013. (6)Aguilera e Izarra, 2005; Robinson et al. 2010; Polanska, Jurewicz y Hanke, 2015 (7)Thornberry y Krohn, 2005 (8)Benson y Buehler, 2012; Wang et al., 2014 (9)El Modelo ecológico fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud” de 2003 (10)Véase en: www.indexmundi.com (11)FEREMA, 2017 (12)Tasas calculadas a partir de los datos de las instituciones policiales de cada uno de los países

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Referencias citadas

Aguilera A, Izarra A. (2005) Abuso de sustancia tóxicas durante el embarazo. Med Clin 125:714-6. Alpízar, Lydia y Marina Bernal (2003): La construcción social de las juventudes. Última Década Nº19. Viña del Mar: Ediciones Cidpa. Benson, M. J., & Buehler, C. (2012). Family process and peer deviance influences on adolescent aggression: Longitudinal effects across early and middle adolescence. Child Development, 83(4), 1213-1228. Fairchild, G., Goozen, S. H., Calder, A. J., & Goodyer, I. M. (2013). Research review: evaluating and reformulating the developmental taxonomic theory of antisocial behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(9), 924-940. FEREMA (2017). Informe de progreso educativo de Honduras. Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu: Honduras Finn,J. (2001) Text and turbulence: representing adolescence as pathology int he human services. Childhood, 8 (2), 167-91 Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674-701. Centre (2017) Estudio de bienestar y políticas de juventud en El Salvador. Proyecto OCDE-UE Inclusión juvenil, París. Polanska, K., Jurewicz, J., & Hanke, W. (2015). Smoking and alcohol drinking during pregnancy as the risk factors for poor child neurodevelopment–A review of epidemiological studies. International journal of occupational medicine and environmental health. Robinson, M., Oddy, W. H., McLean, N. J., Jacoby, P., Pennell, C. E., De Klerk, N. H., … & Newnham, J. P. (2010). Low–moderate prenatal alcohol exposure and risk to child behavioural development: a prospective cohort  study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 117(9), 1139-1152. Sukarieh, M., Tannock, S. (2015). Youth Rising?. New York: Routledge. Thornberry, T. y M. Krohn. (2005). Applying Interactional Theory in the Explanation of Continuity and Change in Antisocial Behavior.’ Pp. 183–210 in Integrated Developmental and Life-Course Theories of Offending, edited by D. P. Farrington. New Brunswick, NJ: Transaction. Wang, B., Stanton, B., Deveaux, L., Li, X., Koci, V., & Lunn, S. (2014). The impact of parent involvement in an effective adolescent risk reduction intervention on sexual risk communication and adolescent outcomes. AIDS Education and Prevention, 26(6), 500-520.

Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

Se autoriza la reproducción, distribución y cita textual sin fines lucrativos y dando crédito de autoría y propiedad intelectual


Créditos

Autora:Evelyn Espinoza
Apoyo Técnico:Alejandra Menaldo, Carlos Mendoza
Edición:Isabel Aguilar

 

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