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Política

27 Jul NO somos país seguro

Por Carlos A. Mendoza, Observatorio de la Violencia

Si bien es cierto que Guatemala ha logrado disminuir su tasa de homicidios en los últimos diez años, en más del 50 por ciento, seguimos ubicados entre los países más violentos del planeta.

Recientemente, la agencia de la Organización de la Naciones Unidas especializada en temas de drogas y delitos (ONUDD por sus siglas en español, o UNODC en inglés) ha publicado su recopilación de las cifras de violencia homicida a nivel mundial, siendo el dato más reciente el correspondiente al año 2017.

De 204 países para los cuales se cuenta con datos anuales del siglo XXI, con distintos niveles de confiabilidad (muy escasa calidad en el caso de África), el promedio anual de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ubica a Guatemala como el NOVENO país más violento del mundo.

La lista es encabezada por nuestros países vecinos: El Salvador (tasa promedio anual de 63) y Honduras (59). Jamaica ocupa el tercer puesto (47) y le siguen dos países sudamericanos: Venezuela (45) y Colombia (41). El sexto puesto corresponde a las Islas Vírgenes, territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América en el Caribe (38). Hay un empate en el séptimo puesto entre dos naciones africanas: Sudáfrica y Lesoto (37). Guatemala aparece, entonces, en el noveno puesto con una tasa promedio anual de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes en los últimos 18 años disponibles para comparación internacional, esto es, del 2000 al 2017. En la décima posición está Belice (32).

TOP10. Ranking de países más violentos del planeta, 2000-2017.

Fuente: elaboración propia a partir de Homicide Data Set 2019 disponibles en https://dataunodc.un.org/GSH_app

Guatemala, de hecho, ha descendido positivamente en el ranking mundial, porque después del aumento de violencia del 85% entre 2000-2009 no sólo se logró detener dicha tendencia, sino que se emprendió el descenso casi ininterrumpido entre 2010-2017, el cual ha prevalecido durante los últimos dos años 2018-2019, los cuales no se ven reflejados en el informe de la ONUDD (2019).

Guatemala: Tendencia de Largo Plazo de la Violencia Homicida, 2000-2019.

Fuente: elaboración propia a partir de datos mensuales de la Policía Nacional Civil (PNC).

A pesar del impresionante descenso, que también se ha dado en Honduras y El Salvador (con mayores altibajos), Guatemala todavía se encuentra entre los países más violentos del mundo, en medio de la región más violenta, como se refleja muy bien en el mapa elaborado por ONUDD.  

Mapa mundial de Violencia Homicida en 2017, ONUDD (2019).

Fuente: Map of homicide in countries worldwide https://dataunodc.un.org/GSH_app

En conclusión, Guatemala NO puede considerarse como un “tercer país seguro” para que quienes escapan de la violencia de sus respectivos países, en espera de asilo en los Estados Unidos de América. Tampoco lo somos bajo otros criterios socioeconómicos, demográficos o políticos.  

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08 Jun La isla de la Canciller Sandra Jovel y el Presidente Jimmy Morales

Ángel ( @angelram09)colegas, es un gusto conversar con ustedes de nuevo. Para nuestro debate de esta semana propongo que hablemos sobre la isla en la que ha dejado a Guatemala la política exterior liderada por la Canciller Sandra Jovel y el Presidente Jimmy Morales.

Desde hace 9 meses en el cargo, la Canciller Jovel ha dado un giro drástico a la política exterior de Guatemala. Históricamente esta ha estado determinada por temas como la integración en C.A., el diferendo territorial con Belice, apoyo a migrantes, entre otros; sin embargo, Jovel y Morales la han utilizado para obstaculizar la lucha contra la corrupción en el país, llegando incluso a poner en riesgo relaciones bilaterales con países de especial relevancia para la cooperación en Guatemala, como el G-13.

 

¿Realmente hay posibilidades de que Guatemala quede atrapada en la isla (dentro del sistema internacional) que el Presidente y la Canciller están buscando? ¿Cómo afecta esto la posición de Guatemala frente a otros temas?

 

Celia (@Celiaguilera): La dinámica que estamos viendo no es nueva, en el sentido que prevalecen acciones de gobierno y no una política de Estado, principalmente porque el problema es que no tenemos una.

Ronalth (@rochaeta ): Creo que la gestión de Sandra Jovelal frente del Minex deja mucho que desear, no solo el potencial aislamiento internacional que podemos ser objeto dada el actuar del Presidente y la Cancillería.

En efecto, el posicionamiento de temas claves a nivel internacional es muy malo. La agenda de país y de política exterior está abandonada y toda la gestión de Jovel se traslada a minar el trabajo anticorrupción y lucha contra la impunidad que trabaja Cicig. Bloquear dicha agenda es la política exterior de esta gestión.

Me pregunto, ¿Y los migrantes?, ¿La agenda de comercio internacional?, ¿La agenda de seguridad y lucha contra el narcotráfico?, Hay mucha tela que cortar.

Ángel ( @angelram09): A pesar de que nos quieren hacer creer que es una diplomática de carrera, su agenda de política exterior no lo demuestra. Se sigue dejando temas de Estado fuera.

Sofía  (@smontenegrom): En ese sentido, concuerdo con Celia desde el punto de vista que no existe una política internacional de Estado. Históricamente la actuación del Minex ha dependido del liderazgo de figuras claves, sin un cuerpo profesionalizado que sostenga la institución. Al igual que otras entidades no tiene un camino claro.

Pero creo que nos enfrentamos a un escenario distinto, una maniobra del actual gobierno para desprestigiar a Cicig/MP, con una actuación, en la mayoría de los casos penosa, que intenta aprovechar cualquier tipo de desinformación para favorecer su agenda, como sucedió con el caso Bitkov que tuvo un efecto considerable  

Ángel ( @angelram09): Yo vi el caso Bitkov como una sorpresita en el camino que han intentado explotar. Como siempre, la coyuntura y nada de Estado.

Xavier (@EquisSJ ): Es curioso. Durante la conferencia de prensa donde Jovel anunció la petición de retiro de los embajadores Kompassy Salcedo, hizo referencia a “la política internacional de Guatemala“.  La pregunta es si hay tal política o están improvisando sobre la marcha.

Celia (@Celiaguilera): Una política internacional debería responder a los intereses internacionales de Estado, no de gobierno, que es, claramente, a lo que está respondiendo la ministra Jovel.

Mercedes (@mersb ): Las últimas acciones de Jovel y el Presidente Morales en relación a los gastos del viaje oficial a Israel, provocó un malestar significativo en diversos sectores. El cinismo con el que dejan entre ver la opacidad del gobierno es cada vez mayor.

Mi preocupación principal al igual que lo menciona Ronalth, es el tema de los migrantes, tomando en cuenta que las remesas son claves para el país, no existe una política clara de atención integral a los mismos. Vemos como se activó hace unos meses Conamigua, pero los migrantes siguen desatendidos, el caso de Claudia Patricia Gómezes claro.

Ángel ( @angelram09): Creo que esa es la palabra: Cinismo. Un gobierno que se aísla de los intereses de nación, de la comunidad internacional y de los principios básicos de las democracias modernas.

Stephanie (@stephlopez122 ): Sin embargo, aún sin una política exterior clara varios gobiernos mantenían ciertas posturas sobre determinados temas. Como lo eran los compromisos y derechos internacionales para fomentar la paz y estabilidad en Oriente Medio. Jovel rompe con esa lógica.

Celia (@Celiaguilera): Sin un claro objetivo de cuáles son los intereses nacionales, ninguna política de gobierno puede ser exitosa. Si no se han creado oportunidades para la población en los municipios y departamentos de donde, se tiene conocimiento, salen la mayoría de emigrantes, es indiscutible que no son parte de las prioridades del gobierno, no podrían serlo tampoco cuando se convierten en migrantes fuera del territorio nacional.

Xavier (@EquisSJ ): Es bastante evidente que la política exterior de Guatemala actualmente es deshacerse de Cicig.  El tema de los migrantes, exportaciones, queda supeditado a esto. En ese sentido, me pareció interesante el amparo que interpuso la FundaMack por el intento de expulsión de Kompass.  El argumento es que las acciones del Ejecutivo no tienen al centro el interés de Guatemala sino el interés individual del Presidente.

Ronalth (@rochaeta ): yo calificaría a Jovel como el retorno al Antiguo Régimen, donde el Rey ejercía la diplomacia con abuso y lo hacía en nombre de la soberanía de la realeza. Una política exterior ajustada a los intereses de la familia Morales y su círculo más cercano.

Celia (@Celiaguilera): ¡Exacto! No son “la política exterior de Guatemala”, son los intereses de la administración Morales.

Xavier (@EquisSJ ): Kakistocracia.

Sofía (@smontenegrom): Además, es importante recalcar que las acciones de Jovel damnifican el Estado laico. Si bien esto no es peculiar de su gestión y se visibiliza en otros países, se puede observar que su comunicación oficial está cargado de referencias religiosas de índole cristiana.

Stephanie (@stephlopez122 ):La política exterior bajo el liderazgo de Jimmy y Jovel son reaccionarias. Creo que eso lo tenemos claro. Y las bases de sus decisiones tal parece que obedecen más a valores conservadores que a acciones geoestratégicas.

Mercedes (@mersb ): Más que a valores conservadores, diría que obedecen a procurarse impunidad.

Ronalth (@rochaeta ): «El Estado soy yo»

Stephanie (@stephlopez122 ): Los círculos más cercanos al Minex están siendo las Iglesias, sobre todo las evangélicas.

Ronalth (@rochaeta ): Y diputados, junto con algunos medios de comunicación. Por ejemplo, el diputado de Petén, Regalado, Roberto Arzú, Cónsul Honorario en Argentina. Además, la familia Rotmann con un familiar Cónsul en España y no olvidemos al yerno de Jafeth Cabrera.

Stephanie (@stephlopez122 ): Incluso, durante el mandato de Jimmy Morales los nombramientos políticos han superado los de gobiernos pasados.

Ángel( @angelram09): Incluso, Jovel y Moralesse ha buscado aislar del mismo Congreso. Negar información y debilitar los mecanismos de pesos y contrapesos del Estado.

Sofía (@smontenegrom): Ángel, no será que el congreso es un aliado, recordemos la interpelación del 8 de marzoque se le hizo a Jovel, donde se tenía la oportunidad de cuestionar sobre agenda anti-Cicig, y en su lugar se hicieron preguntas poco profundas, con excepción de la diputada Andrea Villagrán

Ángel( @angelram09): Claro que tienen aliados, durante la interpelación quedó demostrado que esa función fiscalizadora del Congreso debe de fortalecerse.

Hay por ahí una denuncia en contra de miembros de la Junta Directivadel Congreso por intentar detener la interpelación y limitar las preguntas de algunos congresistas. El Abogado los sindica de haber incurrido en ilegalidades durante la interpelación.

Xavier (@EquisSJ ): Exacto, fue vergonzoso ver la complicidad de Arzú Escobar, que boicoteó la interpelación. El presidente del Congreso se convirtió en el mejor aliado de la canciller.

Sofía (@smontenegrom): De acuerdo, nuevamente con un Congreso que busca establecer un pacto de corruptos y legislar en su propio beneficio, ¿qué entidad(es) podrá fungir el importante rol de fiscalización?

Mercedes (@mersb ): Contraloría General de Cuenta?

Ángel ( @angelram09): no deben ser excluyentes, uno del otro. Ambos deben cumplir esa función constitucional.

Sofía (@smontenegrom): Me parece interesante que fue en un medio de comunicación @ConCriteriodonde la Canciller indica por primera vez quién patrocinó el viaje de Jerusalén del Presidente, menciona al empresario Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corporation, lo cual demuestra el importante papel de los medios de comunicación en el proceso de transparencia y rendición de cuentas.

Xavier (@EquisSJ ): Creo que coincidimos con el diagnóstico de la situación.  La pregunta es, ¿cuál es la vía para evitar este tipo de abusos por parte de un grupo de improvisados tratando de salvar su pellejo de la cárcel? ¿Carrera de servicio exterior?   Entiendo que Jovel es muy mal vista dentro del Minex por parte de los cuadros más técnicos y antiguos.

Ronalth (@rochaeta ): no hay política exterior como tal y se necesita reformar el servicio exterior. Hacerlo meritocrático, que tenga controles, como en otros países. La fiscalización que hacen las comisiones de política exterior en otros países. Hay formas de hacer mas institucional el rol del Minex.

Mercedes (@mersb ): Nadie que llega al cargo al secundar un Non Grato a Iván Velásquez de la manera oscura como se dio, puede ser bien visto por gente seria.

Ángel( @angelram09): Es claro que la institucionalidad y la rendición de cuentas son un capítulo más de moralejas para este Gobierno. Que reine la opacidad.

Sofía (@smontenegrom): y el circo continúe.

Stephanie (@stephlopez122 )A mí lo que me preocupa que muchas de estas decisiones serán muy difíciles de revertir cuando Jovely Jimmydejen el gobierno

Xavier (@EquisSJ ): Yo no lo creo.  Por lo que he oído, el G13 tiene muy claro que es de aguantar los meses que le quedan a esta banda de improvisados.

 Mi punto es que la política exterior de Guatemala debería construirse alrededor de un modelo consensuado que no rompan los vaivenes políticos: ¿Cuáles son nuestros socios estratégicos?   ¿Con cuál bloque articulamos? ¿China o Taiwan?  ¿Está el futuro en Asia?  ¿Qué hacer con los BRICS?  ¿Qué debemos alcanzar para poder negociar en mejores condiciones con EEUU? ¿Cuál es la política de Guatemala en términos de medio ambiente y su relación con la política al respecto del resto del mundo? Tal vez no son preguntas fáciles (algunas sí, como la cuestión China o Taiwan), pero una vez contestadas con el interés del país al centro, los vaivenes políticos no deberían hacernos peligrar nuestra posición en el mundo.

Celia (@Celiaguilera): Darle el mérito y la importancia que merece la carrera de servicio exterior me parece un primer paso y lo que se tiene que hacer. Además, definir una agenda de prioridades nacionales para empatar la política internacional a los intereses de Estado.

Sofía (@smontenegrom): Considero que la(s) propuesta(s), en el presente contexto tendrá que venir de organizaciones civiles, instituciones aliadas, funcionarios públicos atípicos. Es rol del agency en la política guatemalteca es de suma importancia, ya que el actor político es el sujeto de cambio que puede hacer que las cosas sucedan.

Stephanie (@stephlopez122 ): pero la decisión de mover la Embajada a Jerusalén por ejemplo, tiene daños colaterales

Ángel ( @angelram09):Es parte del aislamiento al que están llevando al país.

Xavier (@EquisSJ ): Sí, ese error saldrá caro.  Sofíahacía referencia al tema de la religión y cómo este gobierno ha pasado los límites de lo permisible, vulnerando el estado laico. Lo peor es que el tema religioso es una bomba discursiva difícil de desactivar.  Uno ve las estadísticas del PEW Center de Guatemalay entiende lo difícil que es armar discurso político en un país tan conservador. Digo, si en Costa Rica casi gana la plataforma conservadora…

Stephanie (@stephlopez122 ): Jovel, amiga fiel de Jimmy, conservadora, funcionaria medio tiempo- activista religiosa el otro medio tiempo, recurrentemente torpe en acciones políticas. Un CV que diga.

Ángel( @angelram09): Por ahí que no tengan muy buenas referencias de ella otros miembros de la carrera diplomática.

Celia (@Celiaguilera): El punto, nuevamente, es que en Guatemala, a diferencia de CR, el discurso religioso ha sido solo puro accidente, nada planificado, pero que algunos actores de Gobierno han visto un salvavidas en él por las relaciones que han hecho o las “amistades” que han ganado a raíz de usarlo.

Sofía (@smontenegrom): Concuerdo con Xavier, la religión es una herramienta discursiva potente, que pesa en nuestro contexto, además es un clivaje electoral con peso, en Guatemala y la región.

Mercedes (@mersb ): Creo que más que accidente, el aspecto religioso fue el punto estratégico que les dio fuerza.  El pacto de corruptos tomó fuerza tras la noticia que daba a conocer el traslado de la Embajada a Israel.

Ronalth (@rochaeta ): Es difícil para la política tradicional separar la idea de Estado laico. El medio conservador, no separa la idea de religión y política, es caldo de cultivo para motivar el populismo de corte religioso para crear un enemigo popular. En eso, los aliados de Jimmy han logrado permear a la sociedad en la narrativa anti-Cicig.

Xavier (@EquisSJ ): Jimmy preocupa relativamente. O sea, hace mucho daño, pero va de salida. Definitivamente no está jugando ajedrez, sino más bien hungry hungry hippos.  Mi preocupación es que venga detrás alguien con plan y método y alrededor del discurso conservador y sí nos regrese a los 80’s.

Stephanie (@stephlopez122 ): Coincidimos al momento en la necesidad de una política exterior de Estado, reformar la ley del servicio diplomático y promover laicidad en las instituciones de gobierno.

Ángel( @angelram09): ¡De acuerdo! Entonces, este aislamiento, ¿será temporal? Es algo que ¿puede ser revertido?

Celia (@Celiaguilera): Creo que va a depender de quién llegue a ocupar la presidencia en 2020.

Ronalth (@rochaeta ): Soy escéptico que en el corto plazo el aislamiento internacional cese, al menos hasta que salga Jimmy del guacalomón.

Stephanie(@stephlopez122 ): tiene que revertirse, la pregunta es, ¿cuales serán los daños colaterales?

Xavier (@EquisSJ ): ¡Bingo! Cualquier análisis de salida debe contemplar las elecciones.  En unos meses quizás tengamos más claridad en ese frente. Las condiciones para una convergencia multisectorial están y entre los puntos de acuerdo debe estar la política internacional. Pienso que el mundo con los problemas que enfrenta camina hacia un sistema en el cual habrán unas 50 naciones que tendrán la jerarquía para negociar el destino propio y el del resto de países del mundo.  El resto de países no tendrá mucho que decir por no tomar el tren a tiempo. A día de hoy, no nos veo en ese grupo que sí tomará las decisiones.

Ángel( @angelram09): La posición de la ONU ha demostrado que nuestro pequeño Estado no logrará aislarse. Grandes diferencias del aislamiento de los 80’s y nuestra época.

Mercedes (@mersb ): Para mi no estamos aislados, aún.  Las acciones son reversibles, a excepción del traslado de la Embajada. Como dice Celia el damage controlle tocará al gobierno entrante.

Ángel( @angelram09): Es un buen punto para exigir posiciones claras a los próximos candidatos.

Celia (@Celiaguilera): En materia de política exterior, totalmente.

Sofía (@smontenegrom): Además existen aliados estratégicos que actúan como actores exógenos, cuyos roles pueden socavar las acciones de Jovel y Jimmy, por ejemplo Norma Torres, congresista de los Estados Unidos que recientemente aprobó en la Cámara una agenda legislativa para crear una lista (negra) de individuos implicados en casos de corrupciónen Guatemala, Honduras y El Salvador.

Celia (@Celiaguilera): Creo que es importante tener claros cuáles son los intereses nacionales, primero, y que la política exterior responda a y sea coherente con los mismos.

Xavier (@EquisSJ ): Por eso creo que no hay amenaza inminente de aislamiento.  En el norte tienen claro que es un fenómeno regional que abarca Latinoamérica. Sólo que no nos caiga un caudillo carismático y conservador que secuestre el proceso.

Ángel( @angelram09): Entonces, primeras conclusiones:

  1. No es un aislamiento que tenga consecuencias de largo plazo. A menos que…. Elijamos a otro presidente que siga con el debilitamiento
  2. Cómo quien dice, CR es nuestro vecino ejemplar

¿Algunos otros puntos finales?

Sofía (@smontenegrom):  ¡OJO al 2019!

Xavier (@EquisSJ ): Hay preguntas difíciles que responder y nos hace falta identificar bien nuestros mejores socios internacionales, pero toda vez logremos respuestas, el curso para el país está determinado y no tendríamos que sufrir pensando en que el loco de turno nos lleve al aislamiento.

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Ángel Rámirez  @angelram09 
Celia Luna @Celiaguilera 
Mercedes Bautista @mersb 
Xavier Soria J. @EquisSJ 
Stephanie López @stephlopez122 
Ronalth O. Aguilar @rochaeta 
Sofía Montenegro @smontenegrom

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28 May La ley de competencia y la falacia del Nirvana

Existe una tendencia entre algunos analistas de políticas públicas a comparar una imperfecta situación real con una alternativa idealizada o utópica.  Siempre suenan las voces que comparan la imperfecta situación actual con la política pública ideal llevada a la práctica por el gobierno ideal. El economista Harold Demsetz, en su trabajo de 1969 titulado “Information and Efficiency: Another Viewpoint”, bautizó esta actitud como la “falacia del Nirvana”.

En estos días el Congreso de la República se apresura a aprobar la ley de competencia más por obligación que por convicción. O, quizás, peor aún, más por obligación que por comprensión. Y es que efectivamente por obligaciones que adquiere el Estado de Guatemala por la suscripción de algunos instrumentos internacionales existe una presión para aprobar dicha normativa además del corolario de “somos el único país de la región que no tiene una ley de competencia”.

Fuera del lúgubre y escaso debate que existe en el parlamento sobre esta normativa, muchos analistas de políticas públicas argumentan que esta ley es urgente para garantizar la competencia y los mercados eficientes en nuestro país. Suelen argumentar que actualmente en el país existen monopolios y prácticas anticompetitivas que dañan el proceso de mercado y no permiten una eficiente asignación de los recursos y dan lugar a rentas excesivas.

Creo que están en lo cierto. Hay muchísimas situaciones “anticompetitivas” y “monopólicas” que afectan la asignación eficiente de recursos. Pero hay dos reflexiones que deben hacerse al respecto.

En primer lugar, muchas de esas prácticas ocurren como consecuencia de regulaciones gubernamentales que sobre el papel pretenden normar la prestación de un bien o servicio pero que en la práctica se vuelven una barrera “anticompetitiva”. Unos ejemplos ilustrarán mejor el punto.

Tomemos el caso de los medicamentos. Previo a comercializar un medicamento deben cumplirse los registros respectivos con la autoridad estatal. El sector carece de dinamismo como consecuencia de la vergonzosa e inoperante burocracia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.   Registrar una sola versión de un medicamento puede tomar casi un año. O peor aún, cambiar el diseño de la caja del medicamento (no la sustancia) puede tardar otra eternidad. Obviamente los resultados están a la vista, el mercado es ineficiente y los precios de los medicamentos altos. Cortesía del Estado.

Tomemos un segundo ejemplo. La intermediación de bienes se ve sumamente lesionada por las inoperantes aduanas que anulan los beneficios de las bajas tasas arancelarias de las que goza el país. Para efectos prácticos, los trámites aduaneros son tan ineficientes, tan lentos y tan imprevisibles que la importación de bienes se ha vuelto un negocio de alto riesgo. Basta con echar un vistazo el GlobalEnabling Trade Report del Foro Económico Mundial para dar cuenta de la penosa situación de nuestras aduanas y del enorme daño que causan a los importadores y por lo tanto a la eficiente asignación de recursos.

La inoperancia de las aduanas afecta la eficiente asignación de los recursos puesto que reduce la movilidad de los bienes transables. De esa cuenta, arbitrar productos que son más baratos en otra plaza comercial resulta sumamente gravoso. Aunque la tasa arancelaria sea baja, la prima por el riesgo de incurrir en un proceso de importación termina anulando las ventajas comparativas.

“Acá entramos a la falacia del Nirvana. si comparamos la situación actual en la cual las prácticas anticompetitivas que se nos puedan ocurrir afectan la eficiente asignación de recursos versus una situación en la cual una autoridad que se asumirá como omnisciente, altruista y no corrupta corrija dicha situación, no cabe duda que necesitamos una ley de competencia”

 

Podríamos extendernos en los ejemplos. Pero para efectos prácticos ambos casos son útiles para mi punto principal: la ley de competencia no tiene por objeto mejorar la situación de las aduanas ni hacer menos gravoso el proceso burocrático para el registro de medicamentos. De modo que el sector de medicamentos y el de bienes importados seguirán siendo tan escasamente dinámicos y escasamente competitivos incluso si se aprueba dicha normativa. La ley tiene otro propósito.

Pasemos al segundo punto. Hay prácticas que pueden comprometer el proceso competitivo del mercado y que no son consecuencia directa de la regulación a la que aludí en el punto anterior. Pero acá entramos a la falacia del Nirvana. Si comparamos la situación actual en la cual las prácticas “anticompetitivas” que se nos puedan ocurrir afectan la eficiente asignación de recursos versus una situación en la cual una autoridad que se asumirá como omnisciente, altruista y no corrupta corrija dicha situación, no cabe duda que necesitamos una ley de competencia.

Sin embargo, si comparamos la actual situación (sin duda imperfecta) en la cual hay prácticas “anticompetitivas” con la iniciativa de ley que aprobaría el Congreso (con una pobre discusión) en la cual el control del proceso de competencia estará a cargo de una Superintendencia de Competencia con un directorio designado por el presidente, Congreso y Corte Suprema de Justicia, quizás nuestra impresión sea distinta.

Si pensamos que un órgano político y “capturable” (término ad-hoc para la coyuntura actual) como la Superintendencia de Competencia es la solución para lograr un mercado competitivo, la situación parece muy distinta. Corresponde comparar dos situaciones institucionales imperfectas, ambas con sus lados oscuros y sus desventajas.

“Nuestro juicio no debe ser si “una” ley de competencia es necesaria. Nuestro juicio debe ser sobre “esa” ley de competencia que conoce el Congreso”

 

No se trata de caer en el cinismo o en la justificación del status quo. Pero la realidad es que la debilidad institucional que permea en el Estado es un hecho dado. También es un hecho dado que la ley de competencia y la autoridad de competencia son las que están en la iniciativa que hoy pretende aprobar el Congreso. Nuestro juicio no debe ser si “una” ley de competencia es necesaria. Nuestro juicio debe ser sobre “esa” ley de competencia que conoce el Congreso.

El problema más grande de la normativa que hoy discute el Congreso es el defectuoso diseño institucional de la Superintendencia de la Competencia. Con el esquema propuesto lo que podemos esperar es que dicha institución se convierta en el futuro nido de casos de corrupción por la forma tan frágil de nombrar a sus miembros, por el poder discrecional que se les otorga y por la ausencia de mecanismos de control y fiscalización.

Por eso concluyo lo siguiente: tenemos dos opciones: el estado actual de competencia mercantil (con sus fallos) o la superintendencia de competencia (mal diseñada y capturable) que la ley de competencia pretende crear. Dos escenarios imperfectos. Usted elija cuál considera que representa menores costos sociales por sus resultados esperados. Yo creo que esta ley de competencia que discute el Congreso no supone una situación preferible al estado actual de las cosas. Tengamos un debate abierto pero evitemos caer en la falacia del Nirvana.

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03 May La vieja política en los comités pro-formación

El arsenal de estrategias de la vieja política persiste. No hace falta definir con presión qué es vieja política para vislumbrar de forma clara un estilo de hacer política que actúa de manera opaca y conspirativa, con lideres autoritarios inadecuados para un sociedad con problemas complejos. No es una cuestión ideológica, poco o nada, hace esta clase de políticos en función de una agenda programática. En cambio, emplean grandes esfuerzos para subsistir en el poder. Las reformas que aprobaron los diputados el 13 de septiembre fue una movida de la vieja política.

Y así, en un ambiente político tumultuoso que deja mucho por desear, Guatemala se encamina para un nuevo proceso electoral en el 2019. Estaremos el próximo año, acudiendo a las urnas. Debemos, desde ya, reflexionar sobre la existencia o el surgimiento de una nueva clase política.

La etapa de adhesiones para que los comités se conviertan en partidos políticos es un proceso poco discutido, pero con grandes repercusiones sobre la oferta electoral. Es en este proceso en donde se definirá, desde lo formal hasta la informal, el tipo de organización, cómo han cumplido con la extensa normativa que se les exige.

El proceso ya arrancó. Los comités que quieran participar en las elecciones del 2019 han emprendido una serie de procedimientos legales para que el grupo promotor pueda reunir dentro del plazo de dos años las adhesiones del 0.30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esto último es un desafío de grandes dimensiones.

Primero, es importante reflexionar sobre este requerimiento. En América Latina a partir de 1978 se inicia un proceso de reformas electorales, donde la extensa mayoría de países elevan el número de firmas requeridas para crear un partido político. La idea detrás de esto fue diseñar un sistema electoral que creara partidos políticos institucionalizados, con representación y cobertura nacional, así prevenir el surgimiento de organizaciones con identidades territoriales e intereses particulares. Se apostó en ese entonces y hasta la fecha,  por la creación de  barreras de entrada a nuevas organizaciones, favoreciendo a los partidos existentes.

Esto no ha generado los resultados esperados en países como Guatemala. No hemos sido capaces de crear partidos institucionalizados. Pese a eso, mantenemos altas barreras de carácter administrativo-legal que han dejado un sistema burocrático poco flexible y con grandes insolvencias.

Un claro ejemplo de esto es el proceso de entrega de las hojas de adhesión. En primer lugar, el TSE emite paquetes (alrededor 50 hojas) en formato físico que se otorgan en la sede de la institución. No hay forma de tener acceso a este material en otro formato o por medio de otros mecanismos, se genera entonces, escasez en la disponibilidad de las hojas. Además de esto cada una de las hojas debe estar sellada y firmada por el representante legal de cada comité, por lo cual los miembros se ven obligados a esperar la firma del notario para continuar con el proceso.

Ahondando en lo anterior, el proceso verificación y validación de las hojas también se da con grandes tropiezos. Aquí es importante recordar que la reformas impulsadas en el 2016, aumentaron las competencias del TSE, pero esto no ha sido acompañado de mejores capacidades, ni tampoco de un presupuesto adecuado para el trabajo de la institución.

Actualmente, el proceso para validar una firma es deficiente. El Secretario General de Movimiento Semilla, Samuel Pérez cuenta que incluso el TSE invalidó su adhesión. Así, muchas veces se rechazan adhesiones sobre la base de la letra, información que se sale de las casillas, uso de cédulas, inconsistencia con la firma en el DPI, etc. No existe mecanismo para corregir o solventar errores de este tipo, el proceso debe de repetirse, y en muchos casos la centralización del proceso imposibilita que la persona se pueda adherir, desfavoreciendo a los individuos que intentan sumarse y pertenecer a una organización partidaria. Por el otro lado, la propia burocracia tiene sus falencias con errores en el registro interno del TSE, inconsistencias casi imposibles de enmendar. Si bien es cierto que los formalismos son importante para autenticar a la persona, también es cierto que el proceso es anacrónico y no cuenta con un sistema de registro moderno, ágil y transparente.

Para poner un ejemplo regional en México el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció en septiembre del 2017 una aplicación para diapositivas móviles (app) para recolectar las firmasde manera digital e inmediata, sin tener que recurrir a versiones impresas. A pesar de las distintas criticas que se han dado alrededor del la app, se ha demostrado que el promedio de las firmas recabadas aumentó, en palabras del investigador Sebastián Garrid “la app ha ofrecido beneficios tangibles y valiosos tanto a la ciudadanía, como a los aspirantes a candidato independiente y al INE”.

En Guatemala no hemos ni profundizado en la problemática. Es evidente que el TSE tiene grandes desafíos a la hora de validar y detectar anomalías. Sin embargo, hoy por hoy, la información se maneja exclusivamente en la base de datos físicos de dicha institución, existe muy poca auditoría por parte de otras organizaciones, investigadores u otros actores. Esto genera un serio problema a la hora de garantizar transparencia en el proceso.

En relación a lo anterior, el portal no muestra información desagregada sobre los comités pro-formación. Se cuenta con un documento (organizado por mes) del registro que incluye información sobre el nombre del representa legal, ubicación y emblema de los comités (con la excepción en abril donde se muestra un cuadro con total de firmas).

Con el fin de analizar la situación a más detalle se solicitó información a la Unidad de Información Pública del TSE. El presente cuadro muestra la actividad en firmas de los seis comités que registraron movimiento (otros seis fueron excluidos del análisis por no contar con datos). Añadido a esto, se analizó las fechas entre el 1 de septiembre al  28 de febrero, excluyendo los dos últimos meses.

 

 ¿Qué nos dice la gráfica?

 A primer vista, lo que llama la atención es el desconocimiento que impera sobre los comités. La organización que ha demostrado tener más capacidad en recabar las firmas es AVANZA que tiene a Pedro Catalán como Secretario General y su sede en zona 1. Pero, además de este registro, no existe información de la agrupación, no se cuenta con una página electrónica, como tampoco aparece ninguna noticia en medios de comunicación. Lo que nos hace cuestionar su finalidad.

Recordemos aquí la recurrente tendencia de “comprar la ficha de un partido”, como acaba de suceder con Zury Ríos quien anunció por medio de un video en redes sociales su incorporación al partido Valor. Aquí, no podemos decir que Zury compró el partido, pero sí que ella no participó en el proceso de creación del partido que cuenta, hasta el momento con 26,030 afiliados. La compra de la ficha es tan usual, que no se cuestiona la legitimidad que esto pueda tener sobre las estructuras partidarias y cómo puede generar incentivos perversos para la creación de comités, cuyo objetivo sea vender la estructura al mejor postor, podemos cuestionar incluso los mecanismos con los que consiguen las firmas, ¿cómo lo hacen rentable? ¿cuál es el margen de la ganancia?

Regresando al gráfico, el segundo comité con más firmas recabadas es el Partido Humanista de Guatemala con Rudio Mérida como Secretario General, quien fungió como director de la PNC durante el gobierno de Alfonzo Portillo. Al igual que AVANZA, se encuentra cerca del objetivo para llega a constituirse como partido político.

Por otro lado, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) de Codeca es quizás la organización más conocida entre la ciudadanía, por su pujante agenda política y frecuente convocatoria a movilizaciones en la ciudad capitalina. No obstante, el comité pro-formación no ha dado a conocer de manera pública en medios de comunicación o redes sociales su intención de llegar a ser partido político, aun cuando el comité inició el proceso en diciembre del 2016. A pesar de esto, representantes de Codeca han mostrado tener una postura cerrada y evasiva sobre sus aspiraciones para convertirse en partido político.

Finalmente la gráfica muestra a Movimiento Semilla. Con una abismal diferencia, Semilla cuenta con más difusión en redes sociales y medios de comunicación. Además, es importante constatar que es la única que tiene una página electrónicacon información sobre su propuesta, principios e incluso una opción para establecer contacto. A pesar de esto, los datos muestran un crecimiento limitado, comparado con los otros comités pro-formación.

Los obstáculos a los que se enfrenta Movimiento Semilla son considerables.  Su interés por la transparencia como pilar de sus actividades, los ha llevado a incursionar en varias prácticas, como por ejemplo son los primeros y únicos de los comités que han sacado su Número de Identificación Tributaria (NIT). De hecho, innovar en este sentido les ha generado más costos y pérdidas, que recompensas, dado que hasta el momento el TSE no exige como requisito a los otros comités tener el NIT, demostrando así una enorme debilidad para fiscalizar. Asimismo, Samuel Pérez ha señalado que debido a esto muchos bancos les han negado la oportunidad de abrir cuentas institucionales.

Lo cual no conduce a la siguiente reflexión, ¿Esta el sistema castigado a los que actúan con transparencia y premiando a los que actúan con opacidad?

En base a lo anterior, todo apunta a que sí. El actual proceso de adhesiones y creación de partidos políticos ha motivado la compra de la ficha como mecanismo para impulsar candidatos. Una práctica común de la vieja política. A su vez, nuestro sistema mantiene las barreras altas y no da cabida a que surjan nuevas organizaciones.

Existe poca reflexión sobre esto, pero más importante aun, la ciudadanía (con sus diversos sectores) no han sido capaces para articularse y exigir más de las estructuras partidarias que emanan de este proceso. Es importante, por un lado, fiscalizar y auditar el trabajo que este realizado el TSE para que puedan asegurarse que las firmas sean validadas, y que no se estén replicado el acto de compra y venta de registros de datos de adhesiones. Una manera de hacerlo es emular lo que se hizo en México sobre las posibles anomalías que surgen cuando el crecimiento de firmas supera la tendencia habitual.

En aras de un proceso electoral a la vuelta de la esquina, con grandes retos institucionales, debemos garantizar desde ahora un proceso transparente que nos conduzca hacia la nueva política.

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13 Feb Tal para cual

El apretón de manos entre Jimmy Morales y Donald Trump no me sorprende para nada. No se trata únicamente de un agradecimiento público de los Estados Unidos a la diplomacia guatemalteca por seguirles el juego de trasladar la embajada hacia Jerusalén. Ambos presidentes se encuentran en medio de serías acusaciones que podrían poner un fin prematuro a su mandato. En el caso de Trump, además de las denuncias por acoso sexual, hay fuertes indicios del apoyo ruso durante las elecciones que lo llevaron al poder. Para Jimmy la pesadilla empezó con los casos de su hijo y su hermano, por las facturas falsas, y luego continuó con la solicitud de antejuicio para poder investigarlo por irregularidades en el financiamiento de su campaña. Aunque ambos candidatos no fueron tomados en serio al inicio de las contiendas electorales, finalmente alcanzaron la presidencia como auténticos outsiders de la política.

Tanto Trump como Jimmy se hicieron famosos gracias a la televisión, uno como el que despedía a todos los aprendices, y el otro como el comediante racista y sexista (aquí otra coincidencia). En ambos países se observan canales de televisión que los defienden a capa y espada, desinformando a la población. Es el caso de FOX News en los Estados Unidos y los canales de televisión abierta en Guatemala. No obstante, lo que realmente los vincula es el hecho que ambos están haciendo una férrea y descara interferencia en los procesos de investigación en su contra. Los dos están cometiendo un delito muy grave desde la posición que ostentan como Jefes de Estado: obstrucción de la justicia.

En mayo del 2017 Trump despidió al Director del FBI, James B. Comey, justo cuando avanzaba en las investigaciones sobre los vínculos de su campaña con los rusos. Fue tan evidente la interferencia que en junio Comey fue citado a declarar ante la Comisión de Inteligencia del Senado. Por eso, el mismo Departamento de Justicia inició una investigación especial, la cual está a cargo de Robert Mueller, nada más y nada menos que el antecesor de Comey al frente del FBI. Recientemente, ha salido a luz que Trump intentó despedir también a Mueller, pero no le fue posible porque uno de sus asesores le hizo entrar en razón, amenazando con renunciarle, pues las consecuencias serían desastrosas para la Administración. Hasta el momento Trump ha negado todos los cargos, simplemente alegando que las noticias son falsas, políticamente motivadas.

En Guatemala, Jimmy se ha aliado con otros poderosos actores políticos, como el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, y los diputados corruptos y muy posiblemente vinculados con el crimen organizado en el Congreso de la República, así como con empresarios ya acusados de participar en el tango de la corrupción y del financiamiento ilícito de las campañas, entre otros delitos graves. Y no se descarta que el presidente también tenga alianzas con los políticos ya en prisión preventiva, como los de La Línea, caso paradigmático del 2015 que sacó del poder a un presidente y a su vice presidenta. Esta amplia coalición pro-impunidad ha decidido obstruir la justicia, cueste lo que cueste pues, evidentemente, tienen mucho que perder.

Su primer golpe fue la declaración de persona non grata del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, a finales de agosto 2017. El presidente lo hizo con un video casero, estilo Rodrigo Rosenberg, por lo que no se descarta que personajes igual de siniestros le hayan apoyado en su producción. El segundo golpe fue en el Congreso de la República con los nefastos decretos legislativos para auto-recetarse impunidad. Afortunadamente, en el caso del presidente, la Corte de Constitucionalidad estuvo a la altura de las circunstancias, y en el segundo caso fueron los ciudadanos indignados por tanto descaro de los políticos corruptos quienes los hicieron dar marcha atrás. Sin embargo, la coalición del pacto de corruptos ha resultado ser bastante resiliente. Al punto que se ha fortalecido con los golpes. Lograron conformar una Junta Directiva del Congreso a su imagen y semejanza, y ahora el Ejecutivo, por medio de la Cancillería y la Presidencia, ha realizado una nueva ronda de cabildeo en Washington DC y Nueva York para intentar descabezar a la CICIG, lo antes posible, para luego enfilar sus fuerzas contra la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, quien está a pocos meses de dejar el cargo. Su objetivo final es que CICIG termine muy debilitada su mandato en 2019, sin la debida y necesaria colaboración por parte de la nueva cabeza del MP.

En el caso de los Estados Unidos, la esperanza radica en las elecciones de medio término, que en noviembre 2018 podrían devolver el control del Congreso al partido Demócrata. Si esto ocurre, aumentarían grandemente las probabilidades de que Trump sea sometido a un juicio político que le retire de la Casa Blanca anticipadamente. En Guatemala, lo más probable es que tengamos que esperar hasta las elecciones del 2019 para votar, sin claras alternativas, por otro que se auto-proclame como “No corrupto, ni ladrón”. Ante la ausencia de verdaderos partidos políticos, y sin reformas de fondo a la ley electoral para que los propicie, volveremos a llenarnos de corruptos en todos los organismos del Estado, pero con el agravante de que ya no tendremos a la CICIG ni a Thelma Aldana para hacer contrapeso a sus desmedidas ambiciones de enriquecimiento ilícito y poder.

Ambos presidentes saben que han perdido legitimidad. Trump incluso llegó al poder sin el favor del voto popular y cuenta con niveles de aceptación históricamente bajos. Por eso buscan sostenerse en fuentes tradicionales de legitimidad, en las pre-democráticas, como la religión. Quieren hacer creer a los ingenuos que ellos fueron ungidos, puestos como autoridad para cumplir con un plan divino. ¿El cumplimiento de la profecía de una Nueva Jerusalén? Por ello, los dos asisten a desayunos de oración nacional organizados por los líderes su base evangélica fundamentalista y neo-pentecostal, y su breve encuentro se da en ese particular contexto.

Ambos presidentes han demostrado que son incapaces para el cargo que se les encomendó, pero no se les despedirá por eso. Se irán porque han intentado, con cierto éxito, retrasar las investigaciones en su contra. Lo lamentable es que en el proceso han dañado a las instituciones nacionales con sus torpes decisiones. La diferencia es que en Guatemala nos costará mucho más, pues somos infinitamente más vulnerables a los destrozos de un mal gobierno. Y claro, esto también afectará directamente a los Estados Unidos con más inmigrantes, quienes seguramente pasarán por arriba o por debajo del famoso muro de Trump, en busca de un sueño, por cierto, cada vez más lejano.

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01 Nov ¿Es ideológica la lucha contra la corrupción en Guatemala?

Hay quienes argumentan que la lucha contra la corrupción en Guatemala es un asunto que únicamente interesa a las izquierdas, que realmente lo que quieren es llegar al poder por otros medios distintos a las elecciones, ya que en estas casi siempre pierden ante partidos de derechas que han gobernado el país desde que empezamos la transición hacia la democracia. El argumento es que se está judicializando la política, pues muchos de los casos investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tienen como acusados a prominentes políticos de los partidos tradicionales, de la vieja política. La mayoría de los casos recientes están relacionados, precisamente, con el delito de financiamiento ilícito de las campañas electorales.

Esta absurda historieta de cierta derecha con raíces en el añejo anti-comunismo del siglo XX no tiene fundamento alguno y, más bien, parece una politización de los casos judiciales. Toda persona razonable, tanto de derecha como de izquierda, se da cuenta que uno de los principales problemas de nuestro sistema político es la corrupción. Los casos evidenciados en 2015 por el MP y CICIG, que afectaron al entonces Presidente de la República y a su Vicepresidente, indignaron a toda la población. Un buen porcentaje de esta se movilizó en el mundo virtual de las redes sociales, mientras que otro nutrido grupo salió a las calles y plazas para protestar. No fue, como ahora quiere sugerir el Alcalde de la Ciudad de Guatemala, un golpe de estado blando. Los ciudadanos ejercieron su poder soberano y dijeron “¡Basta Ya!” a la elite política corrupta en el poder, y esto a su vez fortaleció la persecución contra los aún presuntos criminales. Lamentablemente, por la proximidad del evento electoral de ese año, no hubo tiempo de depurar a todos los políticos en el Congreso y en las corporaciones municipales. Ahora sufrimos las consecuencias de una asamblea legislativa infestada de corruptos que desean defender a toda costa su inmunidad para garantizarse la impunidad.

Hay una manera objetiva de demostrar que la lucha contra la corrupción no tiene color ideológico. Recientemente se liberaron los datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (conocido como LAPOP, por sus siglas en inglés), también reconocido como el Barómetro de las Américas, liderado por la Universidad de Vanderbilt. La encuesta más reciente en Guatemala fue realizada entre febrero y mayo del 2017, coordinada por ASIES y financiada por USAID. La misma nos puede dar algunas luces para responder a la pregunta con la que titulamos el artículo, pues se indagó específicamente sobre la participación ciudadana en las movilizaciones anti-corrupción del 2015.

Según dicha encuesta, cuando se les pregunta a los guatemaltecos ¿cuántos de los políticos en el país cree usted que están involucrados en corrupción?, más del 33 por ciento responden que “todos” están involucrado en corrupción, un 32 por ciento dicen que “más de la mitad”, 23 por ciento piensan que “la mitad” de ellos lo está, casi 9 por ciento cree que “menos de la mitad” están involucrados, y solamente un 2 por ciento del total de entrevistados dice que “ninguno” de los políticos de Guatemala está involucrado en actos de corrupción. No parece haber diferencias entre los entrevistados en áreas rurales o zonas urbanas respecto a esta severa descalificación hacia los políticos. Desde la perspectiva de género sí hay diferencias estadísticamente significativas. En el caso de las mujeres, con su innata habilidad para detectar a los mentirosos (según la psicología evolucionista), ellas tienden a desconfiar más de los políticos, pues hasta el 37 por ciento piensa que “todos” ellos están involucrados en corrupción (versus un 30 por ciento en las respuestas de los hombres encuestados; por otro lado, como sabemos, las mujeres están sub-representadas en los cargos de elección popular).

Lo más interesante es que LAPOP 2017 también preguntó en Guatemala lo siguiente: “¿Participó usted en las manifestaciones/protestas en el año 2015 en contra de la corrupción?” A lo cual el 16 por ciento de los entrevistados (N=1542) respondió que SÍ, siendo levemente mayor la participación en el área urbana (17 versus 15 por ciento en lo rural, lo cual implica que no hay diferencia estadísticamente significativa), lo que cuestiona la percepción muy difundida de que las protestas del 2015 fueron exclusivamente un fenómeno de área metropolitanas, con fácil acceso a Internet y otros medios alternativos de información, como la TV por cable y los periódicos. Lo que sí parece indicar la encuesta es que hubo una mayor participación de hombres que de mujeres (20 por ciento, sobre todo en el área urbana donde el porcentaje sube al 22 por ciento, versus el 13 por ciento en mujeres, tanto en lo rural como en lo urbano). Ahora, lo que queremos saber es si hubo alguna diferencia en nivel de participación respecto a la ideología de los encuestados.

LAPOP les pide a las personas que se ubiquen ellas mismas en el espectro izquierda-derecha, dándose una calificación de 1 a 10, donde 1 es muy a la izquierda y 10 muy a la derecha: “Según el sentido que tengan para usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político.” Para simplificar el análisis he agrupado las respuestas en cinco categorías: 1-2 izquierda, 3-4 centro-izquierda, 5-6 centro, 7-8 centro-derecha, y 9-10 derecha. Es alentador observar, en términos generales, una distribución normal según la auto-identificación de las personas, aunque los extremos parecieran estar sobre-representados (habrá que profundizar sobre esto y contrastarlo con encuestas anteriores), como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Pregunta LAPOP 2017. Auto-ubicación en el espectro ideológico.Fuente: elaboración propia con base a resultados de LAPOP 2017.

 

Al retomar las respuestas a la pregunta sobre cuántos políticos estarían involucrados en corrupción, son los moderados de derecha lo que no se atreven a generalizar, especialmente los hombres de centro-derecha (24 por ciento piensan que todos los políticos son corruptos), aunque sí se atreven a afirmar que más de la mitad por seguro lo son, es decir, la mayoría de los políticos han estado involucrados en actos de corrupción. Los que más generalizan son los de derecha, especialmente las mujeres de derecha (44 por ciento piensan que todos los políticos son corruptos).

Respecto a la pregunta de participación en las manifestaciones del 2015, definitivamente NO hay diferencia estadísticamente significativa entre las distintas ideologías. Los del centro participaron con similar intensidad (15 por ciento) y los dos extremos también (20 por ciento la izquierda versus 18 por ciento la derecha). Lo cual confirma que la indignación no fue afectada por la ideología del individuo. Estadísticamente hablando, fue el mismo nivel de participación en las plazas, sin importar dónde se ubican las personas en el amplio espectro ideológico, como se muestra en el siguiente gráfico. Nótese que se incluyeron trazos de intervalos de confianza (al 95%) en las respuestas positivas, para visualizar que las diferencias no son estadísticamente significativas, pues los mismos se traslapan entre sí.

Gráfico 2.Fuente: Elaboración propia con base a resultados de LAPOP Guatemala 2017. Intervalos de confianza al 95%.

 

Si aceptamos que, en general, un 15 por ciento de la población adulta estuvo participando activamente en las protestas del 2015, estamos hablando de 1 millón 300 mil habitantes, aproximadamente. Este número es mayor al total de votos que obtuvo cualquiera de los dos partidos políticos que pasaron a segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2015 (UNE obtuvo un poco más de 967 mil, y FCN-Nación 1 millón 167 mil votos). Es decir que la cantidad de los ciudadanos que se movilizaron no era una cifra despreciable en términos políticos. De hecho, casi el 88 por ciento de los que fueron a protestar participaron también en las elecciones, ejerciendo su derecho al voto y a pesar de las consignas que surgieron en la misma plaza, en el sentido de que en esas condiciones no se querían elecciones. En el caso de los que no protestaron, la asistencia a las urnas fue significativamente menor: 74 por ciento (intervalo de confianza al 95% da una participación entre 71 y 76 por ciento de este grupo). Esto también sirve de sustento a una hipótesis de politización de los ciudadanos durante el 2015, especialmente de la clase media, que he expresado con anterioridad (en este mismo BLOG).

Del total que participó en las protestas anti-corrupción y también decidió ir a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 47 por ciento votó a favor de Jimmy Morales. Respecto a los votantes, el peso relativo de los que protestaron en 2015 es aún mayor, es decir, más del 21 por ciento de los votos emitidos. Por ello, bien harían los políticos en poner sus barbas en remojo. Al menos 1 de cada 5 electores son críticos y activos oponentes de la corrupción que perciben incrustada entre la élite política y sus contrapartes privadas. Si estos ciudadanos hastiados de la vieja política logran convencer, al menos a 2 de los otros 4 electores que no protestan, serán capaces de inclinar la balanza electoral a favor de quienes ellos perciban como líderes comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya no será suficiente autodefinirse como “Ni corrupto, ni ladrón” para ganar unas elecciones. Aunque ya sabemos que, por las mismas investigaciones de MP y CICIG sobre el modelo electoral tradicional y moribundo, el éxito no sólo es cuestión de marketing sino también de financiamientos ilícitos que tarde o temprano saldrán a la luz, al igual que el nombre de quienes facilitaron esos recursos. Son precisamente estos financistas, que buscan garantizar privilegios o negocios para sus intereses particulares manteniendo la opacidad en las campañas electorales, los que están queriendo enmarcar la lucha contra la corrupción como un asunto meramente ideológico. Sencillamente, no lo es.

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25 Sep ¿Está la derecha guatemalteca a la altura de las circunstancias?

Los conservadores, por definición, prefieren el statu quo. Por eso, todo aquello que suene a cambio les huele mal, lo ven con desconfianza. Y cuando perciben que el orden establecido se pone en duda, uno en el que ellos ya se encuentran tan bien acomodados, están dispuestos a tomar los riesgos que sean necesarios para su preservación.

¿Por qué hago una equivalencia casi automática entre conservadurismo y derecha política? Usemos la definición de la omnisapiente Wikipedia:

“Se conoce como derecha al segmento del espectro político que acepta las diferencias sociales como algo inevitable, natural o normal, frente a la izquierda que persigue la igualdad de la sociedad. No existe una definición estricta de derecha, aunque dadas un conjunto de dicotomías como el individualismo frente a colectivismo, confesionalidad frente a laicismo, propiedad privada frente a propiedad pública de ciertas actividades económicas, igualdad de oportunidades frente a igualdad de resultados, tradicionalismo frente a reformismo social, conservadurismo frente a progresismo, la derecha se decanta estadísticamente por las primeras componentes de cada una de ellas en mayor proporción que la izquierda.”

Guatemala se encuentra en una encrucijada: necesitamos cambiar de raíz el sistema político, es decir, el tipo de pseudo-democracia electoral que tenemos, basada en el financiamiento ilícito de campañas y en la corrupción de funcionarios públicos y agentes privados, o nos aferramos a una creencia según la cual las personas que ocupan la jefatura del Organismo Ejecutivo y las sillas de representantes en el Organismo Legislativo cuentan con la legitimidad del voto que, en realidad, ellos compraron con la ayuda de sus financistas, quienes en unos casos obtuvieron los recursos de manera ilegal, o siendo recursos bien ganados los entregaron de manera anónima o a cambio de la protección de sus intereses particulares o gremiales.

La coyuntura exige cambios institucionales muy puntuales y precisos. No podemos aspirar a hacer cambios estructurales en este momento. Por ejemplo, urge depurar el Congreso de la República para después modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos y de esta manera llegar a las elecciones del 2019 bajo nuevas condiciones. No se aconseja ahora convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con esta configuración del sistema de partidos políticos. Ya comprobamos que estos partidos son simplemente clubs de operadores políticos al servicio de los más poderosos, los que tienen más recursos para financiar el avance de sus intereses o la defensa de sus privilegios. Las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas tendrán que esperar una siguiente iteración.

Mientras que la izquierda más radical desea cambios estructurales, incluso en la matriz económica del país; los de la derecha conservadora precisamente temen que cualquier cambio, por pequeño que éste sea, se constituya en el primer paso hacia una transformación no sólo política sino también económica. Eso es lo que les da terror. Por ello, utilizan el imaginario del caos venezolano para contagiar de su miedo a los más incautos. Pero, como además son poco ilustrados, no entienden el proceso por medio del cual un populista de izquierda como Chávez tuvo la oportunidad de ascender entre el electorado de Venezuela. El chavismo es, en gran medida, el resultado de la incapacidad de las élites venezolanas para reconstituir su fallido sistema de partidos políticos.

No me extrañaría nada que en Guatemala pueda surgir con éxito un populista, pero de derecha. Ya hay varios precandidatos que juegan a ello con sus ofertas preelectorales de pena de muerte y limpieza social. Sería una Venezuela con signo ideológico distinto, pero igual de autoritaria y represiva. Es esto lo que no visualizan los auto-denominados “conservadores pragmáticos” que invitan al diálogo con un Gobierno y un Congreso con cero legitimidad y credibilidad. Además, quieren que los interlocutores de sociedad civil sean los mismos que hace 20 años firmaron la paz (y ahora algunos hasta están dispuestos a hacer la guerra). Parece que no se dan por enterados de la irrupción de nuevos actores políticos legítimos quienes, sin los miedos heredados del conflicto armado, se han puesto a construir una sociedad distinta a la que sus padres les dejaron.

Ese es el principal problema que veo en la derecha guatemalteca de hoy: no entienden que no entienden. En sus organizaciones académicas, empresariales, tanques de pensamiento, y partidos políticos no ha habido un recambio generacional. Siguen al frente las mismas figuras de hace 20 años. No hace falta mencionarlas, todos las pueden identificar. Esto explica que las ideas no evolucionen al ritmo esperado. Sus creencias ideológicas siguen siendo las mismas, incluyendo sus prejuicios hacia los demás actores sociales. Entonces, lidiar con nuevos actores les aterra. Ellos no visten con traje y corbata, ven el mundo de manera diferente, y proponen soluciones que necesariamente afectan el statu quo. Tampoco usan estrategias de los revolucionarios de los 70s y 80s, pues son pacifistas y son creativos con la protesta (convocan a los artistas, tocan tambores con ritmo bailable, no en son de guerra, y regalan flores a los policías). Entre ellos hay hípsters, humanistas seculares, dateros, veganos, y quienes reivindican orgullosamente la diversidad sexual. Estas sub-culturas de la postmodernidad que llegan a Guatemala gracias al globalismo y al cosmopolitanismo dejan totalmente desconcertados a los conservadores guatemaltecos, que por más que viajen a los EE.UU. o Europa, y hayan aprendido a manejar un teléfono inteligente, siguen con modelos mentales compartidos heredados del siglo XIX. La importancia que para ellos siguen teniendo las creencias religiosas en su cosmovisión es un claro indicador de esto último.

El otro serio problema que tienen los conservadores de la derecha guatemalteca es su tribalismo. Para ellos, el Nosotros versus los Otros es realmente irreconciliable. Si son católicos cachurecos ven de enemigos a los evangélicos y peor aún a los no-creyentes. Si son fans del Real Madrid ven como archi-enemigos a los que siguen al FC Barcelona. Y, por supuesto, si asumen su identidad de derecha ven en los militantes de izquierda al mismísimo satanás. Por eso, son ellos los primeros en querer determinar quién tiene o no legitimidad para sentarse en la mesa de un eventual diálogo ciudadano. No se quieren sentar a dialogar con la chusma, con los resentidos sociales, con los ateos, con los homosexuales y las lesbianas, con los pobres campesinos, con los indios; sólo con aquellos a los que pueden hacer bailar al ritmo de sus chequeras, a quienes responden a sus intereses corporativos, que son precisamente los que traicionaron al pueblo y su creencia en la democracia. Por ello, se quedarán solos. Cuando se vean al espejo y reconozcan que el miedo los paralizó, será demasiado tarde. Dejaron pasar una oportunidad de cambio que también los beneficiaría a ellos.

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20 Sep Usemos el miedo a nuestro favor

Los humanos, como toda especie animal, nacemos con el instinto del miedo. Es una emoción clave para la supervivencia, por ello estamos programados para sentir miedo ante situaciones de peligro. Hay, al menos, tres tipos de reacciones cuando experimentamos miedo. Podemos paralizarnos, salir corriendo o pelear.

La parálisis ocurre en situaciones en las cuales es mejor pasar desapercibidos. Muchos animales utilizan el camuflaje para ello. De esta manera el depredador les puede pasar a su lado, pero no los detecta. Es un estado momentáneo, para luego salir volando y ponerse a salvo. En los humanos ese camuflaje se da a través del discurso. Cuando hacemos algo incorrecto, por ejemplo, y luego no queremos asumir las consecuencias del error o de la transgresión tendemos a mentir. Fingimos demencia.

Huir de las situaciones de peligro suele ser lo más común. El miedo nos aconseja irnos lo más lejos y rápido posible cuando no hay condiciones para salir bien librados de un enfrentamiento. A veces, le llamamos a esto cobardía, un término con fuerte connotación negativa porque en las sociedades humanas generalmente los peligros comunes sólo se pueden enfrentar colectivamente. Entonces, es necesario castigar, al menos moralmente, a quien no está dispuesto a luchar solidariamente con los demás miembros de su tribu.

El miedo también nos impulsa a tomar riesgos. Hay situaciones límite en las cuales la inmovilidad es contraproducente, pues nos hace aún más vulnerables. En otros casos, el escapar es imposible, o eventualmente nos alcanzarán y cuando lo hagan estaremos tan agotados que no podremos defendernos. Así que ese instinto de supervivencia llamado miedo, que algunos suelen ver con desprecio, sí nos puede aconsejar enfrentarnos a la amenaza.

Algunos opinan que en 2015 perdimos el miedo a salir a las calles y protestar. En realidad, lo que ocurrió fue que aprendimos a canalizar el miedo de otra manera. Nos dimos cuenta que no hacer algo al respecto de la cínica y descarada corrupción sólo empeora las cosas, porque durante mucho tiempo dejamos la política en manos de los inmorales e inescrupulosos. Vimos con claridad que huir hacia nuestros espacios de confort es totalmente improcedente, evadiendo así la responsabilidad de informarnos bien de lo que ocurre (como el avestruz que metiendo la cabeza en la arena cree que está segura). Los más vulnerables generalmente son los que primero sufren las consecuencias de nuestra indiferencia. Sin embargo, eventualmente el fracaso como sociedad nos alcanzará a todos y también nos destruirá.

Precisamente porque tenemos mucho que perder, el miedo nos hace tomar riesgos que no asumiríamos para obtener algo a lo que aspiramos, por muy valioso que eso sea. En el momento histórico en el cual nos encontramos los guatemaltecos no podemos darnos el lujo de quedarnos inmóviles o de salir huyendo. Es el momento de exigir en la Plaza que no se tiren por la borda los avances que hemos logrado en términos del fortalecimiento del sistema de justicia, por ejemplo, y su consecuente efecto positivo en la reducción de la violencia homicida. Los enemigos de la decencia, tanto los corruptos del sector público como del privado, quieren que retrocedamos o simplemente que permanezcamos ausentes. Pero esas actitudes no sólo pondrían en riesgo nuestro presente, sino también nuestro futuro.

Siempre cuento que en el 2015 los primeros en llegar a las manifestaciones eran mi mamá y mi papá, quienes a sus más de 70 años de edad me decían que pasaron su vida siendo indiferentes a la política, ocupados en trabajar para sacar adelante a su familia, sin darse cuenta que esa indiferencia tendría consecuencias tan graves para sus nietos. Es por eso que ellos y miles de personas ahora se movilizan como una colectividad que sabe que su bienestar y el de sus descendientes está en juego. También es cierto que en el contexto del conflicto armado interno que les tocó vivir a mis padres era extremadamente peligroso participar en la política. El Estado contrainsurgente aplicó estrategias para causar terror del que paraliza, del que calla. Pocos se atrevían a siquiera expresar libremente su pensamiento, pues podían ser tachados de enemigos y convertirse en objetivos de la represión arbitraria. En mi familia paterna, la víctima más sobresaliente de la represión fue Bernardo Lemus Mendoza, destacado economista e intelectual de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundador del Hotel Posada del Quetzal en la Baja Verapaz, quien fue asesinado en 1981.

Hoy lo que me da miedo es el denominado “conservadurismo pragmático” que llama al inmovilismo y, en el mejor de los casos, al reformismo gradual. Los conservadores, por definición, prefieren el statu quo. No obstante, el miedo sí los moviliza cuando ven en riesgo sus privilegios, es decir, cuando el orden establecido al cual ellos están tan acostumbrados se pone en duda. Esto explica en gran medida la movida independentista de los criollos en 1821. Parecieran no entender que es su preciada estabilidad, así como los conceptos de Estado de Derecho y certeza jurídica, lo que precisamente dañaron los corruptos que hoy ocupan el Congreso de la República. Por eso, de estos últimos no queremos disculpas, sino renuncias. No se los pedimos con cortesía, simplemente se los exigimos.

Por otro lado, me temo que la conspiración de la semana pasada a favor de la impunidad no fue únicamente responsabilidad de los 107 innombrables y el presidente. Sinceramente, no me extrañaría confirmar que algunos de los conspiradores fueron empresarios adinerados, tradicionales y emergentes, que financiaron campañas electorales utilizando el anonimato. Seguramente están incluidos entre los que ahora llaman a la calma, a la inacción, pues se atrevieron a apoyar solapadamente a los corruptos del Congreso que buscaron la impunidad a toda costa, la propia y la de sus patrocinadores. Ahora, ante el miedo que les provoca el escarnio social y el ostracismo, prefieren el camuflaje del discurso bien intencionado por preservar la institucionalidad. Esperamos que sus colegas de las cámaras empresariales los identifiquen y los expongan ante la opinión pública. Si ellos quedan sin castigo, aunque sea reputacional, volverán pronto a las viejas prácticas de comprar corruptos para proteger sus intereses particulares en la legislatura.

Es tiempo de transformar el sistema político y eso requiere no sólo del uso de la razón, sino también de la reorientación de nuestras emociones. No se trata de suprimir el miedo, es cuestión de reconocerlo y orientarlo. Esa es la definición de los valientes: quienes se atreven a la acción a pesar del temor que sienten. Qué no nos reclamen nuestros hijos el que “pudiendo haber hecho tanto nos atrevimos a tan poco”.

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08 May Guatemala: una sociedad en desconfianza

La sociedad guatemalteca afronta un problema endémico de violencia que repercute en nuestras actitudes y comportamientos sociales. La ciudad se encuentra repleta de agentes de seguridad privada, guardaespaldas, autos polarizados y condominios cerrados, protegidos por garitas de seguridad y alambre espigado. El ciudadano se somete a un encierro físico, en parte como un antídoto a la ansiedad que genera la amenaza de la violencia, pero el encierro también se produce en el ámbito social: nos organizamos en pequeños nichos de personas afines, donde se compensa la inseguridad, pero al mismo tiempo se perpetúa el rechazo hacia el “desconocido”.

El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), una encuestadora regional, mide la confianza interpersonal mediante la pregunta: ¿diría que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable? La media en todos los países en la región centroamericana se encuentra dentro de las posiciones moderadas (algo, poco). El caso guatemalteco muestra una particularidad en sus polos extremos, además, donde por un lado tiene el porcentaje más bajo en el rubro “muy confiable” y por otro, tiene el segundo porcentaje más alto de “nada confiable”.

El diagnóstico no aplica para todos los guatemaltecos, sin embargo, por lo que es importante diferenciar cuáles son las distintas realidades del país – un viaje al interior inmediatamente nos muestra otra realidad con otros mecanismos de cooperación y relaciones sociales, por ejemplo – y examinar qué conduce a que las relaciones sociales alimenten la confianza o la desconfianza.

¿Quiénes desconfían?

La desconfianza es un fenómeno urbano. Los encuestados ubicados en el sector rural superan por más del doble a los habitantes urbanos en el rubro de “muy confiable”. Los mismo sucede en el sentido contrario, la población urbana se encuentra más propensa a catalogar al conciudadano como “nada confiable”. Estos resultados coinciden con el informe de violencia que ha señalado la marcada diferencia en tasas de violencia homicida entre urbano-rural.

Añadiendo a esto, existe una distinción en el género de los encuestados. Aunque la relación no es igual de fuerte que el fenómeno de urbanización, se puede afirmar que las mujeres están más inclinadas a desconfiar que confiar en sus pares.  La mujer se encuentra más propensa a afirmar “nada confiable” con un 61%, mientras el hombre lo hace con un 39%. Nuevamente, los resultados no resultan sorprendentes considerando que la mujer se encuentra más vulnerable a distintos actos de agresión, que van más allá de cifras de violencia homicida.

 

La educación de los encuestados parece marcar una relación débil: Quienes no completaron ningún grado educativo muestran un grado mayor de confianza, mientras que para el resto no existe una clara relación entre grado de escolaridad y la propensión a confiar en sus conciudadanos.

 

Además de la confianza, el capital social también consiste en contar con normas efectivas y redes sociales que faciliten la acción colectiva y el desarrollo de la vida del grupo. Como demostró este ejercicio, también es importante recalcar que toda actitud y comportamiento social no puede ser reducido a una generalización abstracta y se debe considerar el contexto en que ocurre. Para empezar, la confianza hacia el conciudadano parece ser más fuerte en poblaciones rurales, entre hombres, y en segmentos poblacionales sin educación formal. En cambio, la confianza es débil en poblaciones urbanas y mujeres. Ante todo, el factor de urbanización mostró la distinción más grande.

Las ciudades – y complejos urbanos – son los centros de actividades económicas, sociales y políticas del país, pero es justo en ellas donde existe menos confianza interpersonal. Esto no parece ser nada nuevo: la sociología apunta a que, entre más grande es la ciudad, más impersonales son la relaciones entre sus habitantes, una situación que exige que los individuos dejen de recurrir a lazos étnico-familiares y les sustituyan por lazos más indirectos, mediadas por instituciones formales e informales. No obstante, no debería existir una gran brecha entre ambos tipos de círculo social como en el caso guatemalteco. Y un nivel de desconfianza saludable debería mantenerse a niveles moderados, a manera de precaución, más que en el ámbito de los absolutos (nada confiable).

Trasladando este análisis a la arena política, la falta de confianza es un fenómeno que afecta nuestra participación política y se traduce al conflicto entre visiones políticas, económicas y culturales. Pero a pesar de la creación de nuevos espacios y la movilización de nuevos actores que hemos visto desde el despertar ciudadano del 2015, la desconfianza sigue marcando la arena política. Las discusiones sobre las reformas constitucionales han generado fricciones entre distintos actores, no sólo en el plano discursivo sino a través de actos violentos, como el que ocurrió el pasado viernes en el palco del congreso. Además, las redes sociales han traído consigo nuevas formas de anonimato que se utilizan para difamar y desprestigiar proponentes de ciertas posturas, o polarizar las discusiones sobre temas puntuales, a través del uso de perfiles falsos y la desinformación. La nueva política debe hacerle frente a estos desafíos porque más allá de los cambios estructurales que se intenten plantear por medio de reformas, también requerimos nuevas maneras de relacionarnos los unos con los otros: la confianza es después de todo una percepción moldeable y evolutiva.

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20 Abr La politización de la clase media urbana guatemalteca

La clase media urbana guatemalteca se politizó a raíz de los escándalos de corrupción que surgieron a la luz pública en 2015. Pero al contrario de la carga de valor negativa que tiene la politización, este es un desarrollo bienvenido y necesario para el país: dejamos por un lado la apatía y falta de interés. Ahora, lo que toca es adoptar una visión pragmática y basada en evidencias para que nuestras exigencias políticas vayan orientadas por mejor camino.

Hace dos años estalló en Guatemala el escándalo de corrupción al más alto nivel político, que condujo a la renuncia y procesamiento judicial de los entonces presidente y vicepresidenta. Actualmente, ambos guardan prisión en espera de un largo y escabroso camino, quizá de años, por diversos negocios corruptos que se les atribuyen desde su posición de poder. Todo ello, sin embargo, no ocurrió simplemente por la decidida y valiente investigación del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Fue también posible gracias a la participación de los ciudadanos, quienes dejaron la comodidad de las redes sociales y se pusieron de pie para ir a protestar durante varios fines de semana contra los corruptos y a favor de la justicia.

El accionar de los fiscales especializados en la lucha contra la impunidad y la corrupción se vio reforzado por el activismo en las calles y en el Internet. A su vez, cada golpe que el sistema de justicia asestaba a los corruptos – los llamados “jueves de CICIG” – daba ánimos a las decenas de miles de personas que cada sábado se congregaban para manifestar su descontento contra el sistema político. Sistema que evidentemente estaba siendo alimentado no sólo por el tradicional clientelismo electoral, sino también por miles de millones de Quetzales fruto de los negocios de políticos corruptos y sus contrapartes privadas. Después del informe de la CICIG sobre el sistema de partidos políticos, incluso se llegó a cuestionar en ciertos círculos la legitimidad de las elecciones que estaban a la vuelta de la esquina. Entre encendidos debates públicos sobre la necesidad de un “gobierno de transición” y la consigna de “bajo estas condiciones, no queremos elecciones” se fue forjando un saludable espíritu crítico de participación ciudadana. Así dejamos de ser idiotas.

En efecto, 2015 fue el año en que los guatemaltecos finalmente dimos la batalla contra la casta política corrupta de este país y contra nuestra propia apatía hacia todo lo que sentíamos tufo político. Durante muchos años habíamos estado en situación de letargo, como aquellos llamados idiotas en la polis griega, a quienes se les criticaba – con razón – porque no se interesaban por la vida política de su comunidad.

Pero lo que eran apenas rumores de corrupción se convirtieron en casos concretos de persecución penal, que llegaron hasta lo más alto de jerarquía política. Y reaccionamos oportunamente brindando un apoyo popular y una fuerza mediática invaluables para el sistema de justicia. Así dejamos de ser idiotas.

No obstante, liberar de la corrupción a las instituciones del sector público, es tan sólo el comienzo de un largo proceso de refundación del Estado. Ahora exigimos a los políticos no ser corruptos, ni ladrones, pero eso es apenas fijar un mínimo ético requerido para administrar la cosa pública. También debemos exigir capacidad técnica y política, visión de largo plazo, liderazgo constructivo y mucha sensibilidad social, entre otras características del funcionario público idóneo. Y poco logramos si contamos con personas probas y capaces, pero no les brindamos instituciones fuertes, con recursos financieros y legales para hacer cumplir la ley sin privilegio alguno.

Construir instituciones que prevalezcan en el tiempo, y que sean lo suficientemente sólidas para no depender de personas específicas, requiere de nuestra politización. No sólo de des-idiotizarnos.

Esto implica la participación en política partidista, por más que nos provoque todavía un poco de asco. La democracia liberal se construye desde la creación de proyectos políticos y la militancia en partidos políticos, no sólo activismo en redes sociales o en protestas populares. Esta participación, a su vez, debe ser informada, crítica del sistema mismo, pero sobre todo debería ser autocrítica.

 

Ahora exigimos a los políticos no ser corruptos, ni ladrones, pero eso es apenas fijar un mínimo ético requerido para administrar la cosa pública. También debemos exigir capacidad técnica y política, visión de largo plazo, liderazgo constructivo y mucha sensibilidad social.

 

Todos tenemos ideologías, pero esta participación no puede basarse en creencias políticas que no permiten ser cuestionadas. Toda idea es susceptible de escrutinio y la historia del siglo recién pasado nos demuestra que incluso ideologías bien intencionadas terminaron siendo un fracaso económico y social. Por ello, en la actualidad, el enfoque pragmático se impone a la hora de discutir políticas públicas concretas. ¿Qué es lo que ha demostrado ser eficaz para resolver cierto problema? ¿Entre las propuestas eficaces cuál resulta ser la más eficiente? Es decir, la evidencia y el método científico aplicado al proceso de toma de decisiones y a la solución de problemas sociales; informa y aconseja a las políticas públicas. Este pragmatismo, por supuesto, no elimina los grandes ideales de libertad, prosperidad, equidad y justicia. Pero sí nos ayudará a romper nuestra deferencia a la participación del ciudadano en política.

Debemos reconocer positivamente a quienes se involucran, sean de izquierda o derecha del espectro ideológico. Dar más peso al pragmatismo por encima de las etiquetas sin fundamento. El punto de partida ya no es más o menos Estado, más o menos mercado, como recetas apriorísticas, sino qué funciona y qué nos ayuda a resolver problemas de acción de colectiva. En ese sentido, los partidos podrán diferenciarse por matices entre fines y los medios para alcanzarlos, pero los problemas a resolver – pobreza, desigualdad, violencia, contaminación ambiental, entre otros – estarán mejor definidos por los datos.

 

En la actualidad, el enfoque pragmático se impone a la hora de discutir políticas públicas concretas. ¿Qué es lo que ha demostrado ser eficaz para resolver cierto problema? ¿Entre las propuestas eficaces cuál resulta ser la más eficiente? Es decir, la evidencia y el método científico aplicado al proceso de toma de decisiones y a la solución de problemas sociales.

 

La politización del guatemalteco nos puede llevar por buen camino si va acompañada del enfoque científico (o pragmático) de la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que nos afectan a todos. Si, por el contrario, la politización va acompañada de una ideologización fundamentalista, según la cual Nosotros estamos en lo correcto y los Otros están siempre equivocados, entonces nos espera más polarización, como la que vivieron nuestros padres durante el conflicto armado interno y la que se atreve a negar la realidad, como hacen los neopopulistas de izquierda (el chavismo en Venezuela, por ejemplo) o de derecha (el trumpismo en EEUU).

Así que no basta con dejar de ser idiotas. Es necesario también dejar de ser ignorantes sobre los avances en las ciencias y dejar de lado los dogmas y prejuicios políticos o religiosos. El dato y la evidencia deben alimentar nuestras aspiraciones morales por una sociedad más próspera y justa.

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Foto obtenida de la página de JusticiaYa

17 Abr ¿QUO VADIS DERECHA? Una esperanza diestra para Guatemala

Si la derecha se detiene el país se detiene. Guatemala es una sociedad profundamente conservadora y es por eso que sin una derecha comprometida a cambiar el sistema la reforma será incompleta. Estamos ante la oportunidad política más importante de nuestra historia democrática. La renovación de élites que abre la persecución penal de caciques de toda la vida tiene dimensiones poco comparables en Latinoamérica. Los espacios vacíos que dejará todo este proceso para 2019 estarán ahí para ser tomados por quienes tengan la inteligencia y la voluntad.

Si el proceso de CICIG sigue como hasta ahora (y todo lo que sabemos nos dice que seguirá), las alianzas de corrupción que sostuvieron el régimen durante años se verán cada vez más debilitadas. Actores del Ejecutivo (prácticamente todo el gabinete anterior está en reclusión o en busca y captura), Legislativo (más de una quinta parte de diputados antejuiciados) y Judicial (con la reestructuración de fuerzas dentro de la Corte Suprema de Justicia) se han visto afectados por procesos judiciales. Los vínculos basados en intereses monetarios se destruyen con facilidad y eso se ha visto claramente en distintos movimientos tácticos en los últimos dos años. Todo el que no sienta una gran alegría por esta situación debe revisar profundamente sus intenciones e ideas.

En medio de todo esto la derecha parece estar esperando, atenta a ver qué pasa sin parecer entender que la única manera de que pase algo es hacer y no aguardar sentado. Ningún proyecto político liberal-conservador y con credibilidad reformista se ve en el horizonte y esto es especialmente grave.

La izquierda no ha demostrado en las últimas décadas tener la legitimidad, la claridad, o la capacidad de movilizar voto y elaborar un discurso ilusionante y esa realidad no va a modificarse debido al supuesto apoyo de CICIG o Embajada. En principio, por tanto, la antorcha reformista tiene más posibilidades de llegar a puerto de la mano de liberales y conservadores que de la mano de las distintas facciones progresistas. Y aun así, la derecha no se proyecta en esta coyuntura como agente de cambio sino como un ente paralizado y en el peor de los casos como enemigo de las reformas.

Se escuchan mensajes vociferantes de una derecha retrograda. De una derecha que no quiere avanzar. O somos capaces de separarnos contundentemente de estas ideas y personajes, o fallaremos a la sociedad guatemalteca. Quien en esta coyuntura haga esfuerzos para preservar el estatus quo es un enemigo político.

En la derecha hay nuevas voces y buenas ideas para mejorar la vida de todos. Sin embargo las instituciones e individuos que se adscriben al liberal-conservadurismo parecen callados en el debate público actual. Eso hace que gritos radicales y en algunos casos indeseables se escuchen con mayor fuerza y sea fácil pensar que son más representativos de lo que son, circunstancia que la izquierda no desaprovecha para meter a todo el espectro en el saco de la impunidad. Yo no les culpo, bien jugado… los torpes somos nosotros.

“Se escuchan mensajes vociferantes de una derecha retrograda. De una derecha que no quiere avanzar. O somos capaces de separarnos contundentemente de estas ideas y personajes, o fallaremos a la sociedad guatemalteca. Quien en esta coyuntura haga esfuerzos para preservar el estatus quo es un enemigo político”

 

El miedo al cambio es normal, la incertidumbre es un sentimiento humano comprensible. La posibilidad de que el resultado de este proceso sea negativo y que la renovación institucional traiga consigo algo peor no es irracional. Innegable como es, mucho más miedo debería infundirnos no hacer nada, no aprovechar la posibilidad de reformar. Las consecuencias de seguir con este sistema solo favorece a unos cuantos individuos (ni siquiera a sus redes clientelares que en muchos casos se quedan con las migajas) que deben ser apartados del eje central de la política del país. Los espacios vacíos que dejan los golpes de CICIG van a ser llenados por otros actores y el hecho de que en un país profundamente conservador como este no haya nueva élite liberal-conservadora sería un desastre y el costo de la inacción terrible.

2015 fue un año extraordinario también en cuanto a vislumbrar nuevas vías de acción política: una nueva forma de ganar elecciones se nos mostró. La capacidad de hacer llegar información a una cada vez mayor parte de la población de características incrementalmente urbanas a bajo costo abre la posibilidad para una nueva estrategia política, basada no en la movilización de redes clientelares sino en la elaboración de programas y mensajes. El hecho de que todo aconteciera en año electoral y que se vieran afectados profundamente los resultados dio a la sociedad guatemalteca la poderosa sensación de que su descontento servía para algo.

¿Qué otra opción queda que no sea la del reformismo? El sistema político guatemalteco ha sido un proyecto con muchas más sombras que luces, verdaderamente indefendible. Poco representativo, corrupto, clientelar e ineficiente. Es difícil encontrar algo positivo del mismo sin aparentar al menos defender el estatus quo. Las consecuencias han sido un bajo desempeño económico, la persistencia de malas condiciones para la mayor parte de la población y una buena dosis de inseguridad ciudadana que afecta a todos.

Es preocupante ver como en el momento más ilusionante de la historia política de Guatemala algunos han optado por el silencio, la parálisis, el miedo o, en el peor de los casos, el ataque directo a CICIG. Una cosa es aceptar a la Comisión como un ente infalible, que claramente no es, y otra impugnar todo el proceso porque ciertas actitudes sean cuestionables. Claro que podemos criticar lo que se ha hecho pero no a través de atacar a la figura del Comisionado o utilizar argumentos nacionalistas de injerencia extranjera cuando nos conviene. Dudar es siempre sano pero liberales y conservadores han fallado al proponer una alternativa de peso, hemos fallado a la hora de argumentar. En algunos casos la reacción ha sido tan virulenta que hemos llegado incluso a antagonizar a CICIG y a la Embajada de EEUU, aliados clave en estos procesos de modernización.

Es imposible saber qué harán las fuerzas políticas tradicionales o cual será el éxito que tendrá esta renovación pero según avanzan los años y nos acercamos a las elecciones de 2019 los bandos quedan cada vez más claros. En términos generales las opciones políticas se verán obligadas a posicionarse o en el lado de los que quieren cambiar fundamentalmente este sistema o el de los que prefieren que el mismo no se altere demasiado. Quedar por falta de determinación o por resistencia al cambio en el bando de los que optan por lo malo conocido es por un lado una falla moral censurable y por otro un error estratégico fatal.

 

“Es preocupante ver como en el momento más ilusionante de la historia política de Guatemala algunos han optado por el silencio, la parálisis, el miedo o, en el peor de los casos, el ataque directo a CICIG”

 

No existen todavía programas coherentes desde la derecha guatemalteca. Ver las iniciativas presentadas por varias instituciones asociadas a la libre empresa es ver un chirmol de deseos particulares sin una orientación de largo plazo. Si algo debiera ser la (nueva) política es estratégica y no el cúmulo de jugadas tácticas que, salvo en muy particulares excepciones ha sido los últimos veinte años. Perder el enfoque de largo plazo significa perder a largo plazo.

Promover reformas es, además de un imperativo estratégico, una obligación moral. Los que creemos en una sociedad abierta, de libre mercado, que fomente la creación de riqueza y la libertad individual en seguridad debemos ir más allá de la negación. Buena parte de los mensajes que le llegan a la ciudadanía de parte de las instituciones que se vinculan con nuestras ideas es un gran NO. Hemos dejado que otros lleven la iniciativa y eso nos hace ver reactivos de manera constante y por momentos radicales y poco compasivos.

Y vaya que podemos aportar. La generación de riqueza es el factor fundamental para la reducción de la pobreza. Son muchas las ideas que pueden servir para sustituir la corrupción como motor del sistema. Sin pretender agotar el tema, ni presentar soluciones como definitivas, ciertas ideas pudieran ponerse sobre la mesa y ser la base de una agenda política hasta ahora inexistente en Guatemala.

La derecha ni es ni debe ser unitaria. Existen muchas corrientes, en algunos casos contradictorias entre sí pero que tienen ejes comunes. Estos pueden y deben ser discutidos y consensuados pero nada pasará si no se crean las plataformas necesarias para facilitar este tipo de conversaciones. Toca por tanto comenzar uno o varios proyectos políticos que sirvan de canalización de todo esto. Hay espacio para liberales, conservadores y libertarios siempre que estén comprometidos con la renovación del sistema. Hay espacio para políticas estratégicas y pensadas desde la derecha. El llamado es, en todo caso, a discutir estas ideas no a casarnos con alguna de ellas.

La derecha reformista guatemalteca ha tenido que padecer el sistema. Ha tenido también, lamentablemente, que convivir con él, así como la izquierda, por muchos baños de pureza que a veces se dé. Encontrar una nueva forma de relacionarse con el mundo político es necesario para el éxito del país. Hay esperanza pero solo desde la acción valiente. El futuro no valdrá mucho si nos quedamos como meros espectadores de lo que está pasando y sobre todo (incierto como es) de lo que va a pasar.

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07 Mar La corrupción y la política pública: ¿Dónde queda el desarrollo humano?

Desde hace cuatro décadas, el economista Amartya Sen ha señalado la importancia de las capacidades humanas en el bienestar social. Su trabajo ha sido de tal importancia, que no sólo se ha convertido en un referente académico de la noción de desarrollo, sino que ha contribuido a la construcción del modelo multilateral del desarrollo desde las Naciones Unidas (PNUD), siendo a su vez, una inspiración a la política pública de diferentes países alrededor del mundo. En su libro Elección Colectiva y Bienestar Social (1976), Sen plantea que la libertad humana está relacionada con las posibilidades del ser humano de desarrollar el potencial de sus capacidades. En este sentido, la visión humanista del desarrollo de Sen enmarca en la emancipación del individuo de la ignorancia, el hambre, la enfermedad entre otros. Y así, la cúspide de la libertad humana es el elemento medular del avance social.

De acuerdo con Sen, cada persona posee una combinación particular de preeminencias que si son cultivadas conducirán en conjunto al máximo aprovechamiento de las potencialidades humanas, y por tanto, la expansión del conocimiento y florecimiento de grandes progresos humanos: aquel diestro en la pintura logrará con color bellos lienzos armonizar, el gran maestro podrá capturar la belleza de la música en cada nota, el inquieto por la ciencia logrará avances en todos los campos del saber, el  atleta logrará con cada zancada romper las barreras temporales de las marcas y el arquitecto dará estética a cada espacio.

La visión holística del desarrollo humano de Sen se materializa en la planeación y ejecución de la política pública. En la cual, la participación del Estado juega un rol fundamental en garantizar a todos ocuparse del impulso de sus capacidades. Es así como, la provisión de bienes públicos como educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia entre otros; permiten superar la inequidad por disparidades en el ingreso y otras fallas de la economía de mercado en pro del bienestar general. En este escenario, los ciudadanos generan valores de apropiación e identidad que a su vez puede conducir a un conjunto de valores sociales de esfuerzo personal aunado a la prioridad del bien colectivo sobre el particular.

Sin embargo, surge una dinámica que pervierte los objetivos de la intervención del Estado: la corrupción. Un sistema corrupto es el resultado de fallas al interior de la sociedad en la jerarquía del bienestar general sobre el individual. Lo que no entienden aquellos que participan de esta actividad, es el impacto del perjuicio producido, pues, la corrupción es un germen que horada las libertades humanas al imposibilitar el debido curso de la ejecución de la política pública. Así, el que roba la riqueza nacional no solamente está apropiándose del dinero de los contribuyentes, sino también está despojando a un niño de encontrar un promisorio futuro mediante su educación, la dignidad a un paciente que busca la cura de su enfermedad y le arrebata a toda la sociedad en su conjunto la posibilidad del avance en todas sus dimensiones.

“Sin embargo, surge una dinámica que pervierte los objetivos de la intervención del Estado: la corrupción. Un sistema corrupto es el resultado de fallas al interior de la sociedad en la jerarquía del bienestar general sobre el individual”

En Colombia la corrupción ha sido una práctica continua que combinada con el conflicto armado interno ha constituido medio siglo de atrasos en el desarrollo humano de los colombianos. En esta oportunidad, quiero llamar la atención sobre dos escándalos de corrupción. El primero, fue conocido como Agro Ingreso Seguro (2009) por el nombre del programa del gobierno en el que se generó la corrupción; éste programa tenía como objetivo disminuir la desigualdad en el campo por medio de subsidios a la actividad agrícola para campesinos con pequeñas extensiones de tierra. En este caso fue encontrado como principal responsable el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, pues el programa terminó favoreciendo a grandes terratenientes en el Magdalena y Valle del Cauca que fraccionaron sus grandes territorios para cobrar subsidios por pequeñas parcelas. Arias fue declarado culpable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 3 de julio de 2014 por los delitos de peculado y firma irregular de contratos. Actualmente es pedido en extradición al gobierno norteamericano debido a que desde el fallo se encuentra en dicho país.

Al parecer, no era claro para los que participaron en los desvíos del subsidio Agro Ingreso Seguro que Colombia es un país con una alta concentración de la propiedad de la tierra, que históricamente ha evadido la discusión de una reforma agrícola que propicie la equidad. Además, que los mayores rigores de la violencia los han sido sufrido las poblaciones de las zonas rurales. Y que, por tanto, los colombianos en el campo no avizoran el concepto de desarrollo porque ni siquiera se les han garantizado los derechos humanos. Estas condiciones, al parecer fueron invisibles a los ojos del exministro a pesar de sus altos niveles de estudios en economía y de los hacendados que participaron de los subsidios.

El segundo caso que llama la atención involucra a la firma de ingeniería brasilera Odebrecht, foco de un escándalo de corrupción global consistente en sobornos a funcionarios públicos en diferentes países del mundo con el fin de obtener beneficios en la adjudicación de licitaciones en su mayoría de obras públicas. Las actividades de esta firma, fueron puestas a la luz pública por parte del gobierno norteamericano, pero enseguida puso en la mira a los contratos de esta empresa en proyectos en Latinoamérica.

En Guatemala, el entramado caso de Odebrecht surgió en la cúpula del Partido Patriota, cuando en el 2012 se aprueba con urgencia nacional el préstamo de 384 millones de dólares para la construcción de la carretera de Escuintla a México por la empresa brasileña. A pesar de la evidente invisibilidad del proyecto no se ha generado ninguna sentencia. El portavoz de dicha iniciativa, entonces ministro de Comunicaciones Ajejandro Sinibaldi se encuentra prófugo de la justicia por otro caso de corrupción. El escándalo se queda sin resolver, demostrando la complicidad de distintos sectores y niveles de gobierno.

Al igual que en Guatemala, las actividades de Odebrecht en Colombia están relacionadas con proyectos de infraestructura, en este caso la construcción de la Ruta del Sol. Dicha obra busca conectar Río de Oro-Aguaclara-Gamarra y la integración de los municipios de la región del Catatumbo una región que históricamente ha contado con escasa presencia del Estado debido a ubicación de grupos insurgentes para beneficiar directamente a una población de 220 mil habitantes. Actualmente se encuentra paralizada debido a este escándalo.

Como en ambos países, la empresa Odebrecht pagó a lo largo y ancho de la región sobornos en México por 10.5 millones de dólares, 92 en República Dominicana, 19 en Guatemala, 59 en Panamá, 11 en Colombia, 33.5 en Ecuador, 29 en Perú 29 y 35 en Argentina según reportes de CNN en español. El resultado de este galimatías es casi un continente que pagó contratos con sobreprecios por obras que en su mayoría se encuentran paralizadas y en un nivel mínimo de avance.

En suma, como lo ilustran los casos mencionados, la corrupción resulta un obstáculo entre la materialización de la política pública como mecanismo de la promoción del desarrollo humano. Sin embargo, será un fenómeno persistente mientras no exista un cambio en la escala de valores sociales en el cual se entienda que las libertades humanas como las define Sen representan un nivel considerablemente mayor de riqueza que los escasos beneficios de un puñado de monedas a beneficio personal.

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