Diálogos | Violencia Homicida
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Violencia Homicida

03 Feb Aumento de la violencia y fortalecimiento de las pandillas: efectos (in)esperados de la Iniciativa No. 5692

Por Evelyn Espinoza y Carlos Mendoza, Diálogos

En Guatemala no hay claridad sobre la cantidad de personas que integran las pandillas (El Barrio 18) o maras (La Mara Salvatrucha, MS-13). Se habla de miles de integrantes, pero es imposible determinar con precisión dicha cifra. Los expertos regionales tienden a coincidir con que la cantidad de pandilleros/mareros en Guatemala, una vez ajustada por el tamaño poblacional de cada país, es menor a la de Honduras o El Salvador.[1]

También resulta complejo determinar el peso relativo que la violencia ejercida por las pandillas o maras tiene sobre la cantidad anual de homicidios registrados anualmente por la Policía Nacional Civil (PNC). La calidad de los registros es muy deficiente, especialmente cuando se trata de especificar el perfil de las víctimas y victimarios, o el móvil del crimen. Esto debido a la gran cantidad de casos sobre los cuales la PNC no tiene ninguna hipótesis, lo cual impacta en los altos niveles de impunidad -muy escasos sospechosos detenidos por homicidio-. Sin embargo, sí se puede hacer alguna aproximación con los datos disponibles en los reportes policiales.

Tabla 1. Cantidad y porcentaje de homicidios relacionados con pandillas según PNC, 2016-2019.

Móvil del crimen – Año 2016 2017 2018 2019*
Rivalidad entre pandillas (a) 167 177 296 215
Relación con pandillas (b) 8 12 109 281
Subtotal (a+b) 175 189 405 496
Víctimas de extorsión 101 59 64 140
Otros móviles 1687 1514 1349 1974
Móvil ignorado 2546 2648 2063 968
Total homicidios 4509 4410 3881 3578
Peso relativo        
Rivalidad o relación con pandillas (a+b) 4% 4% 10% 14%
Víctimas de extorsión 2% 1% 2% 4%
Otros móviles 37% 34% 35% 55%
Móvil ignorado 56% 60% 53% 27%
Total (porcentaje) 100 100 100 100

Fuente: Base de Vida, PNC (2016-2019). *Año 2019, sorprende que 36% de los casos se tipificaron como “venganza personal” (categoría residual). En año 2018, esa categoría fue el 21% del total. En año 2017, 19%. Y en año 2016, 23%.

Nótese que en los últimos dos años de la administración del gobierno de Jimmy Morales aumentó la importancia relativa de los homicidios relacionados con pandillas o maras. En los dos primeros años no superó el 4%, mientras que en 2018 subió a 10% y al 14% en 2019. El porcentaje de víctimas de extorsión también aumentó, de hecho se duplicó en el último año. Al respecto, hay que recordar que no todas las denuncias de extorsiones identifican como autores a las pandillas/maras. El Ministerio Público (MP) estima que hasta dos terceras partes del total son de imitadores.   

Tomando en consideración lo anterior, uno de los supuestos de la iniciativa de ley (No. 5692) propuesta recientemente por el presidente Alejandro Giammattei al Congreso de la República está escasamente respaldado por la evidencia: los pandilleros/mareros no son los principales responsables de la violencia homicida en Guatemala. Los mismos registros de la Policía sugieren que hasta un 20% de los homicidios pueden atribuirse a “venganzas personales”, es decir, que éstos se enmarcan en conflictos interpersonales donde la víctima conocía previamente al victimario.

La propuesta del Organismo Ejecutivo crea un nuevo delito en el Código Penal guatemalteco denominado “terrorismo con fines de desorden público social.”[2]  El artículo propuesto dice lo siguiente:

“Artículo 391BIS. TERRORISMO CON FINES DE DESORDEN PÚBLICO SOCIAL. Quien con el propósito de transgredir la paz social o el orden público del Estado, se organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología, ejecutare actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente contra la salud pública o la seguridad ciudadana, realice acciones intimidatorias o de coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y jurídicas, comercio o servicios públicos, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos.

Igual sanción corresponderá a quienes promuevan, financien o se beneficien directamente de las actividades que realicen estos grupos criminales. La pena se aumentará en una tercera parte a los jefes, cabecillas, líderes o dirigentes de estos grupos criminales. A los condenados por la comisión de este delito, no podrá concedérseles rebaja de la pena, por ninguna causa.”

En la exposición de motivos, el Organismo Ejecutivo argumenta que “no existe legislación eficaz para combatir y erradicar” a las pandillas o maras, obviando de esta manera que ya existe la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006) que ha demostrado ser bastante efectiva para desarticular a las organizaciones criminales. Por otro lado, argumentan que los índices de criminalidad permanecen altos, minimizando entonces el impresionante descenso, de más del 50 por ciento, en la tasa de homicidios durante los últimos diez años. Además, asumen equivocadamente que el fin último o propósito de las pandillas o maras es provocar “desorden público”, lo cual implica desconocer la naturaleza y la evolución reciente de dichas organizaciones, que se caracterizan actualmente por sus fines económicos por medios ilícitos, incluyendo el uso instrumental de la violencia.[3]

Para contribuir al debate nacional sobre dicha iniciativa de ley, que podría tener graves efectos no deseados, desde el Observatorio Regional de la Violencia de Diálogos, ponemos a consideración lo siguiente:

  • Naturaleza de las pandillas o maras.

Las pandillas han evolucionado a partir de grupos de adolescentes con actividades callejeras en las esquinas de sus barrios, posiblemente contrarias a las normas sociales, pero no necesariamente criminales, a convertirse en parte del crimen organizado. Esto se evidencia por las transformaciones en su forma de funcionar, ahora más estructurada, y por las actividades a las que se dedican, que han pasado a ser claramente delictivas. Hoy día, cuando hablamos de pandillas o maras, ciertamente, hablamos de grupos que son capaces de ejercer violencia, reclaman y controlan territorios, y se financian por medio de extorsiones a pequeños negocios. Sin embargo, no existe evidencia para argumentar que se trata de organizaciones terroristas, tal y como se entiende dicho término a nivel internacional.[4]

  • Implicaciones del uso de la etiqueta “terroristas”.

Ser integrante de una pandilla implica un estatus social, es una identidad, requiere una membresía, como puede ser la de pertenencia a un club social o deportivo. Esta pertenencia no puede ser considerada como un delito en sí misma. Con la iniciativa No. 5692 que pretende etiquetar como “terroristas” a los miembros de las pandillas o maras, se les obliga a asumir una identidad nueva, mucho más beligerante y peligrosa, relacionada con extremismos y radicalización; a la vez que se les otorga un estatus más sobresaliente del que ahora tienen dentro de sus comunidades y en la sociedad en general. Es decir, se les da más importancia de la que realmente tienen. A partir de esto, puede esperarse que asuman esa nueva identidad y, en efecto, puedan realizar actividades consideradas como terroristas. Por otro lado, también se les otorga un estatus legal que no poseían y que les hace acreedores a consideraciones especiales dentro del derecho penal internacional, entre otras razones, debido a los abusos que ya se han dado por parte de políticas antiterroristas alrededor del mundo.[5]

  • Implicaciones de los modelos de “mano dura” en la región.

Los modelos de “mano dura” implementados a inicios del presente siglo intentaron criminalizar a las maras, aplicando sanciones severas a sus miembros por el simple hecho de su membresía, o por sus señales de identidad (tatuajes o lenguaje de señas), sin proveerles mecanismos de salida. El encarcelamiento masivo les obligó a, y facilitó el, ampliar su base operativa en las calles, a la vez que fomentó un mayor sentido de identidad que favoreció el reclutamiento en las prisiones y la permanencia de sus miembros, por necesidad de supervivencia en un medio hostil. Fue también después de la primera ola de legislación de “mano dura”, entre 2001-2006, que el delito de extorsión empezó a formar parte de los delitos más frecuentemente reportados a las autoridades del sistema de justicia. Muchos imitadores se aprovecharon del temor generado por las pandillas, de tal manera que la victimización aumentó y la percepción de inseguridad también. Además, se registró un sostenido aumento en la tendencia de violencia homicida en los tres países del Norte de Centroamérica.

  • Implicaciones de la encarcelación como única alternativa.

La legislación guatemalteca no contempla la prisión de por vida, ni la pena de muerte. Esto significa que, eventualmente, los pandilleros que guardan prisión deberán salir libres. Por tal razón, el encarcelamiento no puede ser la única opción. La cárcel debe ser el medio para inhabilitar las acciones delictivas, pero también para ofrecer opciones de rehabilitación a quienes deseen hacerlo. En este sentido, es necesario pensar en alternativas innovadoras, acudiendo a la evidencia disponible en otros países. Por ejemplo, salvando las diferencias, debe aprenderse algunas lecciones del caso ecuatoriano, donde el Estado legalizó a las pandillas desde 2007 (programa de inclusión social) para controlar a sus miembros, a cambio de alternativas culturales y económicas, lo cual favoreció el descenso tanto en la tasa de homicidios como en otros indicadores de criminalidad (BID, 2018).[6]

Reconociendo la importancia de implementar medidas que contrarresten la actividad de las maras y pandillas en el país, es importante considerar los siguientes aspectos:

  • Generar información útil para la toma de decisiones bien informadas y efectivas sobre el problema de las pandillas. Diversas entidades del Ministerio de Gobernación, como la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), poseen datos muy valiosos sobre las dinámicas juveniles en las zonas urbanas densamente pobladas y con población en riesgo de ser reclutadas por las pandillas. La política pública debe estar basada en evidencia y, por lo tanto, esta información junto con la de unidades especializadas de la Policía y el Ministerio Público debería ser procesada para comprender mejor el fenómeno y procurar medidas efectivas.  
  • Ofrecer opciones de salida de la pandilla o mara. Las propuestas reactivas del Estado ante las acciones criminales de las pandillas deben ir acompañadas de opciones para la salida de sus miembros. Existen algunos programas que han dado resultados positivos para pandilleros privados de libertad, por ejemplo, en Texas a través del Proceso de Renuncia y Disociación de Pandillas (GRAD), aquellos pandilleros que están dispuestos a renunciar a su afiliación pueden participar en un proceso formativo de nueve meses que los prepara para una vida basada en el respeto a las normas sociales.[7] En este sentido, es necesario que el Estado cuente con datos e información que permita conocer mejor el fenómeno de las pandillas y buscarle soluciones, siempre basados en la evidencia sobre los programas que funcionan, y los que no funcionan.
  • Prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de las pandillas o maras. La fuerza de las pandillas depende de la cantidad de miembros que son capaces de reclutar. Una de las primeras opciones de prevención consiste, precisamente, en limitar esta capacidad. Para ello, por ejemplo, podría existir dentro de la UPCV un Observatorio Nacional sobre los factores de riesgo que facilitan el ingreso a la pandilla.[8]  De esta manera, se podrán brindar de forma oportuna y focalizada las alternativas de educación, recreación, cultura y seguridad a la niñez y adolescencia en riesgo; y anular así la capacidad de reclutamiento que tienen desde las prisiones los pandilleros privados de libertad.
  • Evitar el uso del encarcelamiento masivo de pandilleros. La evidencia disponible en Honduras y El Salvador indica que esta política de “mano dura” contra el crimen resulta contraproducente porque facilita el reclutamiento de más pandilleros dentro de las prisiones, y fomenta un mayor nivel de extorsiones y homicidios ordenados desde las mismas cárceles. En todo caso, reformas legales como el aumento de las penas o la tipificación de nuevos delitos deben ir acompañadas de importantes reformas al sistema penitenciario para que el Estado tenga el efectivo control de los centros de detención, y se procure una verdadera rehabilitación de los privados de libertad para su futura reinserción a la sociedad.

[1] Por ejemplo, ver entrevista a Robert Brenneman, realizada por Carlos Mendoza. Disponible video AQUÍ.  

[2] Iniciativa que dispone aprobar reforma al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Reforma el Artículo 391 Bis. Terrorismo con fines de desorden público. Disponible en Internet: https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5644

[3] Para un análisis desde la perspectiva legal, sugerimos leer el documento elaborado por el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS).

[4] Ver discusión sobre definición de terrorismo de ONUDD aquí: https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-4/key-issues/defining-terrorism.html

[5] Ver documento de OACNUDH aquí: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32SP.pdf

[6] BID, 2018. Inclusión social desde abajo. Las pandillas callejeras y sus posibles efectos en la reducción de la tasa de homicidios en el Ecuador.

[7] Ver GRAD en Internet https://www.tdcj.texas.gov/divisions/cid/stgmo_GRAD.html

[8] En el caso de los EE. UU. ver https://www.nationalgangcenter.gov/

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27 Jul NO somos país seguro

Por Carlos A. Mendoza, Observatorio de la Violencia

Si bien es cierto que Guatemala ha logrado disminuir su tasa de homicidios en los últimos diez años, en más del 50 por ciento, seguimos ubicados entre los países más violentos del planeta.

Recientemente, la agencia de la Organización de la Naciones Unidas especializada en temas de drogas y delitos (ONUDD por sus siglas en español, o UNODC en inglés) ha publicado su recopilación de las cifras de violencia homicida a nivel mundial, siendo el dato más reciente el correspondiente al año 2017.

De 204 países para los cuales se cuenta con datos anuales del siglo XXI, con distintos niveles de confiabilidad (muy escasa calidad en el caso de África), el promedio anual de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ubica a Guatemala como el NOVENO país más violento del mundo.

La lista es encabezada por nuestros países vecinos: El Salvador (tasa promedio anual de 63) y Honduras (59). Jamaica ocupa el tercer puesto (47) y le siguen dos países sudamericanos: Venezuela (45) y Colombia (41). El sexto puesto corresponde a las Islas Vírgenes, territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América en el Caribe (38). Hay un empate en el séptimo puesto entre dos naciones africanas: Sudáfrica y Lesoto (37). Guatemala aparece, entonces, en el noveno puesto con una tasa promedio anual de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes en los últimos 18 años disponibles para comparación internacional, esto es, del 2000 al 2017. En la décima posición está Belice (32).

TOP10. Ranking de países más violentos del planeta, 2000-2017.

Fuente: elaboración propia a partir de Homicide Data Set 2019 disponibles en https://dataunodc.un.org/GSH_app

Guatemala, de hecho, ha descendido positivamente en el ranking mundial, porque después del aumento de violencia del 85% entre 2000-2009 no sólo se logró detener dicha tendencia, sino que se emprendió el descenso casi ininterrumpido entre 2010-2017, el cual ha prevalecido durante los últimos dos años 2018-2019, los cuales no se ven reflejados en el informe de la ONUDD (2019).

Guatemala: Tendencia de Largo Plazo de la Violencia Homicida, 2000-2019.

Fuente: elaboración propia a partir de datos mensuales de la Policía Nacional Civil (PNC).

A pesar del impresionante descenso, que también se ha dado en Honduras y El Salvador (con mayores altibajos), Guatemala todavía se encuentra entre los países más violentos del mundo, en medio de la región más violenta, como se refleja muy bien en el mapa elaborado por ONUDD.  

Mapa mundial de Violencia Homicida en 2017, ONUDD (2019).

Fuente: Map of homicide in countries worldwide https://dataunodc.un.org/GSH_app

En conclusión, Guatemala NO puede considerarse como un “tercer país seguro” para que quienes escapan de la violencia de sus respectivos países, en espera de asilo en los Estados Unidos de América. Tampoco lo somos bajo otros criterios socioeconómicos, demográficos o políticos.  

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22 Abr Informe Anual sobre la Violencia Homicida en Guatemala, Año 2018

Resumen

Guatemala redujo nuevamente su tasa de homicidios durante el año 2018. Aunque las explicaciones de dicha reducción aún no están claras, y a pesar de la coyuntura política adversa debido a la crisis provocada por el mismo Gobierno y el Congreso en su afán por expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de esta manera frenar todo esfuerzo en la lucha contra la corrupción, lo cierto es que la tasa se encuentra en un mínimo histórico, según los datos de la Policía disponibles y comparables desde 1995. La violencia homicida se ha reducido en más de la mitad desde el punto máximo observado en agosto de 2009 cuando la tasa interanual llegó a 48 por cada 100 mil habitantes. El año 2018 se cerró con una tasa de 22.4 por 100 mil, la menor tasa registrada en los últimos 24 años. Los principales progresos se ubican claramente a favor de los grupos más vulnerables a este tipo de violencia: los hombres jóvenes, generalmente víctimas de heridas provocadas con arma de fuego. La tasa de muertes violentas por arma de fuego en 2018 descendió casi 12% respecto al año 2017. La tasa total de homicidios disminuyó en 14%.  

En el presente informe se revisan no sólo las tasas con las que se terminó el año, sino especialmente las tendencias interanuales que nos dan una mejor idea de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos en términos de la violencia homicida. El análisis se desagrega por sexo y edad de las víctimas, así como por el tipo de arma utilizada por los victimarios. También se comparan entre sí diversas fuentes para mostrar que hay consistencia entre las mismas a pesar de ser independientes y alimentar sus registros en momentos distintos (escena del crimen vs examen médico forense). Se confirma de igual manera la tendencia de la tasa de homicidios en contraste con la de lesionados o heridos por violencia. Se hace un breve recuento de los acontecido durante el año con base a la tendencia de corto plazo que generó una serie de alertas tempranas por parte del Observatorio de la Violencia de Diálogos. Finalmente, se revisa la geografía de la violencia a nivel departamental y municipal. Como en años anteriores, se observa que, aunque los niveles de violencia nacionales vayan a la baja se mantiene el patrón geográfico de la violencia homicida, distinguiéndose claramente dos zonas en el país: una extremadamente violenta y otra pacífica, ésta incluso bajo estándares internacionales (tasa anual de un dígito). En el anexo del informe (formato MS-Excel) se incluye el ranking con la respectiva tasa de los 340 municipios del país, desagregada por sexo de las víctimas, y se compara con lo registrado en 2017, clasificándolos por su tamaño poblacional.

Contenido

Introducción: informe 2018

Variación anual y tendencias: 10 años de datos
Tasa anual por sexo de las víctimas, 2018
Tasa anual según la edad de las víctimas, 2018
Tasa por tipo de arma utilizada por los victimarios
Tasa anual de heridos o lesionados por violencia, 2018
Tendencia en el corto plazo: altibajos durante 2018
Geografía de la violencia homicida, 2018

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22 Abr Introducción: Informe 2018

El año 2018 concluyó en Guatemala con un total de 3,881 homicidios según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC). Para una población estimada de 17,302,084 habitantes por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) a mediados de ese mismo año, la tasa calculada es de 22.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Este nivel de violencia homicida acerca al país a la tasa latinoamericana de 22.3 observada en 2016, según la recopilación hecha por InsightCrime, e incluso se sitúa por debajo de la tasa preliminarmente reportada para 2018 por la misma fuente: 24 homicidios por cada 100 mil latinoamericanos.[1]

La región latinoamericana es una de las más violentas del planeta. De hecho, en la más reciente actualización de datos (2012) para el Estudio Global sobre Homicidios de las Naciones Unidas, Centroamérica aparecía como la subregión más violenta, con una tasa de 40 por 100 mil habitantes, es decir, 10 puntos de tasa por arriba de África del Sur.[2] No obstante, para el año 2018 los países más problemáticos en ese sentido, Guatemala, Honduras y El Salvador han mostrado una tendencia a la baja, llegando a una tasa conjunta de 33 por 100 mil. El Salvador terminó con una tasa de 51 por 100 mil y Honduras con una de 41 por 100 mil según los registros de sus respectivas policías.   

Tendencias de tasas interanuales (12 meses) del Triángulo Norte de Centroamérica

Si utilizamos la cantidad de necropsias reportadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en 2018, las que son clasificadas como muertes por “causas asociadas a hechos criminales – en investigación-”, el numerador sería 4,914 muertes violentas y, por lo tanto, la tasa subiría a 28.4 por 100 mil.[3] Sin embargo, lo importante es que ambas tasas continúan mostrando un descenso, el cual desde diciembre 2009 ya acumula una variación favorable de 43% según INACIF y del 51% según PNC. Es decir que Guatemala concluye su noveno año consecutivo de descenso en cuanto a violencia homicida. Dicho descenso ha sido en términos relativos, expresado el indicador como tasa ajustada por la población, pues en 2013 sí hubo un ascenso en cifras absolutas, el cual fue compensado por el crecimiento poblacional estimado para ese año por el INE. Este informe fue elaborado por Carlos Mendoza, gracias al generoso financiamiento de la Open Society Foundations -OSF.


[1] Fuente: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-los-homicidios-en-2018/ Contrastar con los datos del Monitor de Homicidios del Instituto Igarapé, especialmente para el caso de Venezuela en https://homicide.igarape.org.br/

[2] Fuente: datos de UNODC disponibles para descarga en el Internet en http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/dataportal/PublicationReports2017_1a.xlsx

[3] No obstante, debe recordarse que dicho indicador no excluye muertes accidentales con arma de fuego o suicidios por ahorcadura, por ejemplo. Ciertamente, el INACIF sí toma en cuenta a las personas heridas violentamente que murieron con posterioridad en los centros de atención médica, cifra que equivale a un 24% del total de homicidios registrados por PNC y a un 22% del total de heridos también contabilizados por PNC. Sin embargo, las muertes por ahorcadura que podrían ser suicidios representarían hasta un 10% del total de las muertes reportadas por el INACIF.

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22 Abr Variación anual y tendencias: 10 años de datos

En promedio desde 2010, según la Policía, cada año se ha logrado bajar la tasa de violencia homicida en un 7.7% respecto al año previo. Según el INACIF, el cambio anual promedio ha sido 6.1%, pero siempre hacia la baja. Por ello, reconociéndose la independencia entre ambas fuentes, se puede tener bastante certeza sobre un noveno año consecutivo de descenso en cuanto a violencia homicida en Guatemala. La reducción de 2018 se muestra como una de las mayores en términos de cifras absolutas y como la mayor en términos porcentuales, para ambas fuentes.

Variación interanual en cifras y tasas de homicidios y necropsias, 2009-2018.

Variación anual en cifra absoluta de homicidios y de necropsias
Cambio porcentual interanual en ambas tasas: homicidios y necropsias

Fuente: elaboración propia utilizando datos de necropsias del INACIF y homicidios de PNC.   

La correlación entre los datos de INACIF y PNC es bastante alta y estadísticamente significativa, como se puede apreciar en los siguientes gráficos de tendencia. La tendencia trimestral nos muestra que, si bien es cierto que en el largo plazo se continúa el descenso, el recorrido ha sido tortuoso, con muchos altibajos que aún deben ser mejor comprendidos.

Tendencias de largo y mediano plazo de las tasas de homicidio, 2009-2018.

Tendencias de INACIF y la PNC para el largo plazo (interanual de 12 meses acumulados)
Tendencia trimestral (3 meses acumulados)

 Fuente: elaboración propia utilizando datos de INACIF y de PNC.

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22 Abr Tasa anual por sexo de las víctimas, 2018

La violencia homicida en Guatemala afecta de manera desproporcionada a los hombres. En el año 2018, por cada mujer que fue víctima de este tipo de violencia hubo 6 hombres que también lo fueron, aunque esa relación ha disminuido porque en los años 2008-2012 la misma era de 1 a 8. Según registros de la PNC, en 2018 hubo 569 homicidios de mujeres para una población femenina de 8,836,562 (INE, al 30 de junio de 2018), es decir, una tasa de 6.4 homicidios por cada 100 mil mujeres. En contraste, la PNC reportó un total de 3,312 homicidios de hombres para una población masculina de 8,465,522, por lo que la tasa fue de 39.1 homicidios por cada 100 mil hombres.[1]

Respecto al año previo, la tasa de homicidios de mujeres descendió 6.3%, mientras que la tasa para hombres se redujo en 15.3%. Por ello, la tasa conjunta bajó un 14%. Con relación a la tasa máxima observada de violencia homicida contra las mujeres (de 10.4 por 100 mil entre agosto y octubre de 2009), el indicador ya ha descendido un 35%, mientras que en el caso de los hombres el descenso ha sido del 54% (máximo de 87.4 por 100 mil se registró en julio de 2009).  Es este acelerado descenso en la tasa de violencia contra los hombres el que, por su peso relativo, más influye en el descenso en la tasa nacional. Cuando se ve sólo la tendencia de violencia contra las mujeres se aprecian los altibajos en los últimos 10 años.

Tendencia interanual de las tasas de homicidio de hombres y mujeres, 2009-2018.

Tendencias de 12 meses, por sexo de la víctima 2008-2018
Tendencia de tasa homicidios de mujeres, 2009-2018. Línea roja es promedio móvil.

Fuente: elaboración propia utilizando datos de PNC.


[1] Lamentablemente, los registros de la Policía sólo reportan consistentemente el sexo y la edad de las víctimas, el lugar donde se encontró el cadáver y el tipo de arma utilizada por su victimario, por lo que se conoce muy poco sobre el perfil de las víctimas. Un dato interesante que se obtiene de las Estadísticas Vitales del INE (2017), otra fuente independiente de PNC y del INACIF porque se generan a partir de los certificados de defunción, es que el 75% de las víctimas fatales son solteras, y esa proporción se mantiene tanto para hombres como para mujeres. Adicionalmente, se puede saber que más del 36% de las víctimas sólo contaban con educación primaria y el 17% no tenían educación. El 31% contaba con alguna educación secundaria. Menos del 2% de las víctimas tenían educación universitaria. Se desconocía el nivel de educación del restante 14%. Por otro lado, para el 80% de las víctimas es posible determinar su pertenencia étnica: 9% mayas, 68% ladinos o mestizos, y el 3% restante de otros grupos étnicos. Esto último confirma lo que la geografía de la violencia sugiere más adelante: entre la población indígena las tasas son de un dígito, mientras que entre la población ladina son de dos dígitos y por arriba de la tasa nacional. Esto muestra importancia de la variable étnico-cultural.     

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21 Abr Tasa anual según la edad de las víctimas, 2018

Por los rangos de edad quinquenal de las víctimas, la violencia registrada en 2018 también disminuyó respecto al año 2017. Hubo algunas excepciones notables, como la tasa de hombres entre 70-74 años, o la de mujeres entre 50-54 años de edad. Sin embargo, lo más relevante por su peso relativo fue el descenso en la tasa para los grupos que han sido los más vulnerables ante la violencia homicida: los hombres jóvenes, de 15 a 34 años de edad. Son precisamente estos jóvenes los que están en mayor riesgo de ser víctimas de la violencia homicida según lo demuestra la evidencia a nivel mundial, no únicamente para Guatemala. La tasa de homicidios se eleva dramáticamente con la llegada de la adolescencia y luego va descendiendo conforme avanza la edad. Durante 2018, también descendió la tasa para los hombres en rangos de edad de 35 a 54 años. En estos ocho rangos de edad quinquenales hubo una disminución conjunta de 432 homicidios, es decir, un 10% menos que el total de homicidios reportados en 2017 (un 82% del descenso total del año 2018). En total hubo 505 homicidios menos de hombres (-13%) y 24 menos de mujeres (-4%). Pero el dato sobresaliente es el de 116 homicidios menos para los hombres entre 15-19 años, es decir, un descenso del 21% respecto al año 2017.[1]

Tasa de homicidios por rangos de edad y sexo de la víctima, 2017 vs 2018.

Tasas de 2017
Tasas de 2018

Fuente: elaboración propia utilizando datos de PNC y proyecciones de población del INE.


[1] Como era de esperarse, según las Estadísticas Vitales del INE (2017) que pueden utilizarse como una muestra representativa, el 99% de este grupo etario entre 15-19 años estaba aún soltero. Para casi el 50% de este grupo de víctimas se desconocía su nivel de escolaridad. Un 13% no tenía educación alguna, 17% sí tenía educación primaria y hasta un 22% poseía alguna educación secundaria. El 73% de los homicidios de esta población joven ocurrieron en el área urbana. Pero según la Policía, en 2017, sólo un 57% de los homicidios ocurrieron en área urbana para este rango de edad. Nótese que para el total de homicidios la PNC reportó que sólo el 42% tuvieron lugar en áreas urbanas durante 2017, y para 2018 el porcentaje descendió al 38%. Sin embargo, en 2017 para el INE, el 62% del total de homicidios ocurrió en áreas urbanas. Por lo tanto, debe revisarse la definición o distinción de área urbana y rural que utiliza la Policía, o habrá que actualizar las categorías según el Censo de Población y Vivienda realizado en 2018, cuando éste sea finalmente publicado.   

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21 Abr Tasa por tipo de arma utilizada por los victimarios

De cada 100 homicidios registrados en 2018, 80 se cometieron con arma de fuego y 10 por medio de arma blanca, 5 con arma contundente y los 5 restantes por estrangulamiento.[1] Por ello, las tendencias más importantes a seguir son las de homicidios por arma de fuego y arma blanca. Ambas muestran una tendencia a la baja desde sus respectivos máximos: 40.2 por 100 mil habitantes (julio 2009) y 5.7 por 100 mil (julio 2006). La violencia homicida con arma de fuego ha descendido 55%, mientras que la violencia con arma blanca ha caído 62% desde entonces. Respecto al año 2017, la tasa de muertes por heridas provocadas con proyectil de arma de fuego se redujo en casi 12%, mientras que la tasa de muertes por heridas provocadas por arma punzocortante cayó en 20%.

Tendencia interanual de las tasas de homicidio por tipo de arma, 2000-2018.

Fuente: elaboración propia utilizando datos y clasificación de PNC.

Cuando las muertes por arma de fuego se desagregan por el sexo de la víctima, se observa que el 88% de las víctimas fueron hombres, mientras que el 12% mujeres. En el caso de las armas blancas, los porcentajes fueron 81% y 19%, respectivamente. La agresión fatal por medio de un golpe con un arma contundente (piedra, palo o similar) se distribuye 80% para hombres y 20% para mujeres. Donde sí se observa un cambio importante es en las muertes por estrangulamiento, pues en este caso el porcentaje de víctimas hombres desciende al 63%, mientras que las víctimas mujeres suben al 37%. Adicionalmente, este tipo de muerte, donde hay un contacto físico directo entre la víctima y el victimario, representa el 12% del total de los homicidios de mujeres, mientras que únicamente da cuenta del 4% de los homicidios de hombres. En contraste, las armas de fuego dan cuenta del 82% de las muertes de hombres y un 68% de las muertes de mujeres.


[1] Las muertes por linchamiento representan menos del 1% del total de muertes anuales. Hubo un total de 8 homicidios a manos de turbas en el año 2018, según la PNC. En este caso, todas las víctimas fueron hombres.

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21 Abr Tasa anual de heridos o lesionados por violencia, 2018

En otros países, la tasa de violencia homicida disminuye por el hecho de contar con una mejor respuesta para las emergencias. Atender rápidamente a los heridos puede salvarles la vida. Por ello, a veces, se cuestiona si en Guatemala también ha bajado la tasa de heridos. Esto se puede verificar con los datos que también contabiliza la Policía en la escena del crimen.[1]

En 2017, la PNC registró un total de 5,228 lesionados por violencia, mientras que en 2018 la cifra descendió a 4,246. Es decir que hubo una disminución del 19% de un año al otro, en términos absolutos. La tasa por 100 mil habitantes pasó de 30.9 a 24.6, es decir, una reducción del 20%. La tendencia de largo plazo hacia la baja en términos de heridos por violencia es consistente con la de homicidios (PNC) y es muy similar a la tendencia de necropsias relacionadas con violencia que reporta el INACIF. El comportamiento del indicador de heridos por violencia (o lesionados), según el sexo de la víctima, también es muy similar a la tendencia observada para los homicidios.

Tendencia interanual de las tasas de homicidio y lesionados, 2009-2018.


Tasas de homicidios y lesionados de la PNC y de necropsias del INACIF

Tendencias de lesionados PNC, desagregados por el sexo de las víctimas

 Fuente: elaboración propia utilizando datos de PNC e INACIF.


[1] La Policía contabiliza los heridos, pero no actualiza sus registros dando el debido seguimiento a las víctimas, para ver si no mueren posteriormente debido al hecho de violencia. Esto explica, en parte, la diferencia sistemática entre las cifras del INACIF y la PNC. Como se ilustró antes, utilizándose una muestra representativa de ocho meses de datos del INACIF, hasta una quinta parte de los heridos podría fallecer anualmente en los centros de atención hospitalarios debido a la gravedad de sus heridas. Debe evaluarse cuántas vidas podrían salvarse anualmente si mejoraran los tiempos de respuesta de bomberos y ambulancias que atienden las emergencias, y cuántas vidas no se perderían si los hospitales públicos, a donde llega la mayoría de estas, estuvieran mejor equipados para atenderles. Según las Estadísticas Vitales del INE (2017), únicamente el 25% de las víctimas recibió atención médica. Por ello, el 21% murieron en hospitales públicos y el 3% en el seguro social. El 1% falleció en hospitales privados. No se tienen a la mano estadísticas hospitalarias de quienes fueron atendidos y sí sobrevivieron.  

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21 Abr Tendencia en el corto plazo: altibajos durante 2018

Si bien es cierto que en 2018 se logró el mayor descenso en la tasa de homicidios en los últimos 9 años -un 14% menos-, también es cierto que se podría haber disminuido aún más si no se hubiesen dado dos ascensos prolongados durante el año. El indicador de la tendencia de corto plazo (necropsias diarias del INACIF acumuladas en 30 días) había logrado llegar a un mínimo histórico el 21 de febrero de 2018, pero cinco días después, el recién nombrado Ministro de Gobernación (MINGOB, Enrique Degenhart, quien asumió el 26 de enero de 2018) decidió relevar a la cúpula de la Policía responsable de semejante éxito. A partir de ese momento, la violencia subió 32% en los próximos 70 días. Después de un mes de descenso, nuevamente se detectó una tendencia al alza que duró 90 días, aunque la magnitud del cambio fue la misma. Luego hubo otro mes de descenso y el año concluyó con un indicador de corto plazo prácticamente igual al registrado cuando se inició el año. Es decir que lo ganado durante el año (3 descensos) fue compensado por las pérdidas (3 incrementos -el primero fue al inicio del año, justo antes del cambio en la dirección del MINGOB-).[1] No obstante, durante los 365 días del año se estuvo básicamente por debajo de la tendencia de corto plazo de 2017. Por eso el resultado positivo cuando se comparan los dos años entre sí. Este análisis se suele realizar con datos del INACIF, por la oportuna disponibilidad de estos, pero se sostiene con datos diarios de la PNC que se obtuvieron con posterioridad, debido a la alta correlación entre ambas fuentes.

Tendencia de corto plazo INACIF y PNC, 2017 vs 2018.


Tendencia de INACIF 2017 vs 2018

Tendencias de INACIF vs PNC, 2017-2018

 Fuente: elaboración propia utilizando datos de INACIF y de PNC.


[1] El ascenso de violencia que duró 90 días se detuvo unos días antes que el entonces viceministro de seguridad, Kamilo Rivera, fuera acusado por su supuesto involucramiento en ejecuciones extrajudiciales del pasado (2005). Desde el 29 de octubre de 2018 el exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia. El MINGOB nombró a un nuevo viceministro hasta el 28 de noviembre de 2018. Durante esos días 30 días sin autoridad a cargo del viceministerio de seguridad, el indicador de corto plazo de la violencia homicida descendió de 433 a 378 necropsias, es decir, un 15% menos. Esto plantea interesantes preguntas sobre la vinculación entre las acciones y las omisiones por parte de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana y el comportamiento de los indicadores de violencia homicida, ya sean estos de corto o largo plazo.

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21 Abr Geografía de la violencia homicida, 2018

Cuando examinamos los 22 departamentos de la República de Guatemala, desagregando datos por sexo de las víctimas, encontramos que en tres de ellos la tasa de violencia homicida contra las mujeres es mayor de 10 por 100 mil (Guatemala, Jalapa e Izabal, aunque Zacapa está justo en 10), mientras que, para el caso de los hombres, sólo hay cuatro departamentos donde la tasa no supera los dos dígitos (Quiché, Totonicapán, Sololá y Huehuetenango).

Fuente: elaboración propia con base a datos de PNC.  

No obstante, cuando vemos dónde subió la violencia homicida de un año al otro, concluimos que en el caso de las mujeres aumentó en 10 de los 22 departamentos, mientras que en el caso de los hombres sólo aumentó en 4 de los 22.

Nota: color rojo es donde subió la tasa en 2018. Fuente: elaboración propia con base a datos de PNC.  

Cuando bajamos al nivel municipal podemos ver con mayor precisión dónde se ubican las tasas de violencia homicida más altas, usando ahora como referencia la tasa nacional para mujeres (6.4 por 100 mil) y hombres (39.1 por 100 mil), respectivamente.

Nota: en ambos mapas se usa como otro punto de quiebre la tasa de 10 por 100 mil, para distinguir municipios pacíficos de violentos. En el caso de las mujeres se usó también la tasa nacional conjunta (22.4) y en el caso de los hombres la máxima tasa departamental observada (107). Fuente: elaboración propia con datos de PNC.

Dado que explica hasta el 80% de todos los homicidios, es importante visualizar dónde ocurre la violencia armada, tanto la que deja víctimas fatales (3,100 muertes) como la que deja una similar cantidad de personas heridas (2,665 lesionados).

Nota: en estos mapas se utiliza como punto de quiebre la tasa nacional conjunta (ambos sexos): 17.9 para homicidios y 15.4 para lesionados por proyectiles de arma de fuego. Fuente: elaboración propia con datos PNC.

Como todos los años para los cuales contamos con datos municipales, se observa con claridad que es en el corredor de municipios que conecta el Mar Caribe con el Océano Pacífico, en la zona oriental del país, donde se encuentran las tasas más altas para ambos sexos, especialmente cuando se visualizan sólo aquellas víctimas heridas o muertas con arma de fuego. También es eso cierto en el norteño departamento del Petén. Mientras tanto, en los municipios del Altiplano Occidental se encuentran los lugares más pacíficos, incluso bajo estándares internacionales, es decir, con tasas menores a 10 por cada 100 mil habitantes. Las excepciones suelen ser municipios ubicados en los pasos fronterizos con México, en el sur de San Marcos y en Huehuetenango. Adicionalmente, en el occidente guatemalteco todos los años se registran al menos unos 70 municipios con cero homicidios. De hecho, en 2018 fueron 79 municipios, mientras que en 2017 eran 76 los totalmente pacíficos (43 de estos lo fueron ambos años). En el oriente, el único municipio que logró esa proeza en 2018 fue San Juan Tecuaco, en el departamento de Santa Rosa (ni siquiera tuvo heridos por arma de fuego).  

En el anexo del presente informe anual (formato MS-Excel) se presenta el ranking de la violencia homicida, en el cual se ordenan los municipios según su tasa anual correspondiente al 2018, en comparación con lo ocurrido en 2017, y son agrupados de acuerdo con su tamaño poblacional. Se incluyen las cantidades anuales de homicidios, tanto de hombres como de mujeres, las respectivas poblaciones proyectadas por el INE, y las tasas calculadas. Para replicar el análisis de este informe se sugiere descargar los datos mensuales que el Observatorio de la Violencia de Diálogos libera en su sitio web: www.dialogos.org.gt

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29 Sep ¿Dónde nos encontramos ocho meses después del cambio en MINGOB?

El Observatorio de Violencia de la Asociación Civil DIÁLOGOS evaluó el desempeño del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, durante sus primeros ocho meses al frente de la cartera del interior: “El indicador de corto plazo de la violencia homicida en Guatemala muestra estancamiento, pues después de dos notorios ciclos de aumentos y descensos en el número de necropsias relacionadas con hechos criminales, la cifra se encuentra al mismo nivel en el que estaba cuando asumió el cargo,” indicó Carlos Mendoza, coordinador del Observatorio.

Mendoza explicó que el descenso más notorio del período Degenhart, en realidad, es atribuible a la intervención que hizo el anterior ministro, Francisco Rivas, pues “la principal hipótesis de la reducción de la violencia observada en febrero de 2018 se relaciona con las intervenciones realizadas en prisiones durante enero del mismo año, para quitar el acceso a las telecomunicaciones a los privados de libertad”. Esta hipótesis supone que muchos de los asesinatos son ordenados desde dentro de las mismas prisiones. Los sicarios recibirían instrucciones de los líderes de las pandillas, por ejemplo, en casos relacionados con extorsión. “No obstante, se necesitan más datos para poder verificar tal extremo,” advirtió Mendoza.

Mendoza también afirmó que “al 19 de septiembre de 2018, utilizándose los datos diarios del INACIF, el indicador de corto plazo que muestra lo ocurrido en los últimos 30 días revela que el nivel de violencia es de 422 necropsias en promedio, mientras que cuando asumió Degenhart era de 421 necropsias (en casos de muertes posiblemente relacionadas con hechos criminales, en investigación, según aclara el INACIF), por lo que podemos concluir que en ocho meses no han dado resultados positivos las políticas de seguridad ciudadana implementadas por el actual ministro”.

La anterior cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), encabezada por Nery Ramos, había dejado el indicador de corto plazo en su nivel más bajo desde que se tienen registros (338 necropsias), mientras que al 19 de septiembre se registró un total de 423 necropsias, es decir, en un nivel 25 por ciento arriba. Si tomamos el promedio de 30 días de este indicador (lo que suaviza la tendencia), el cambio sigue siendo negativo, es decir, la violencia aumentó 7 por ciento respecto del punto mínimo.

En el largo plazo, la tasa interanual al 31 de agosto de 2018 llegó a 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, según los registros de la PNC. Este indicador, que acumula datos de los últimos 12 meses, no contradice la alerta temprana que se emite con la tendencia de corto plazo, pues el efecto negativo se verá con cierto rezago. Respecto a septiembre de 2017, otro punto de referencia, la violencia de largo plazo sí ha disminuido hasta un 13 por ciento, pero la magnitud del descenso podría erosionarse si el indicador de corto plazo continúa mostrando estancamiento. El Ministerio de Gobernación debe evaluar tanto sus prioridades como las acciones o políticas de seguridad ciudadana y para prevención de la violencia para ajustarlas en función de una mejoría sostenida en ambos indicadores.

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