Diálogos | Del porqué los políticos se involucran en delitos de cuello blanco (segunda parte)
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04 Nov Del porqué los políticos se involucran en delitos de cuello blanco (segunda parte)

Además de motivaciones individuales, sobre las que traté anteriormente, los políticos pueden involucrarse en actividades delictivas por motivos externos, los cuales pueden ser mejor comprendidos a partir de tres modelos de la Criminología contemporánea, que presento en esta entrega.

1. La oportunidad. “Sin oportunidad no hay crimen[1]”.   La oportunidad es una combinación de circunstancias que favorece el comportamiento. En el caso del crimen de cuello blanco, la oportunidad surge cuando los individuos perciben que pueden conseguir grandes ganancias con poco esfuerzo y bajo riesgo. En muchos casos, porque existe una cultura institucional que tolera o promueve este tipo de crimen.  Los criminales de cuello blanco generalmente saben identificar situaciones que presentan este tipo de oportunidades y a las personas que pueden convertirse en sus cómplices.  El modelo de la oportunidad sugiere que la institución puede haber permitido e incluso fomentado este tipo de delito por no vigilar y reforzar el cumplimiento de las normas y de los procesos.

Por ejemplo, en las aduanas, aún los funcionarios de un nivel inferior disfrutan de poderes discrecionales, los cuales ejercen sin supervisión cuidadosa lo cual crea un ambiente propicio para la comisión de delitos. Dada la naturaleza del trabajo aduanero, se facilitan muchas formas de corrupción: desde sobornos para “agilizar” el paso por los controles migratorios hasta la defraudación en el monto, valor o tipo de mercancías que se declaran, el flujo de personas indocumentadas y los flujos financieros ilícitos.

La corrupción promovida o tolerada en las aduanas no solo afecta a Guatemala, sino a muchos otros países. Los flujos financieros ilícitos en Centroamérica (por contrabando, corrupción, actividades criminales y evasión de impuestos) entre 2003 y 2012 representaron USD 154.5 millardos, cifra mayor al PIB acumulado de la región[2].

En Guatemala, la defraudación aduanera concurre con la historia del país. A finales de los 90’s se desarticuló una red de contrabando denominada “La Red Moreno” y en 2015 fue nuevamente puesta en evidencia una estructura a la que se le denominó “La Línea” conformada por directores de aduanas, empleados de niveles inferiores (vistas de aduna) hasta personas ejerciendo altos puestos en el Gobierno.  Asimismo, basados en el consumo final de productos, Coyoy, García y Rayo estimaron que en 2012 el comercio ilícito representó 3.4% del PIB, esto es, GTQ 13.4 millardos; para 2014, esta cifra habría aumentado a GTQ 15.4 millardos. En el año 2005 también se descubrió una red que favorecía el tráfico ilegal de ciudadanos asiáticos, quienes pagaron USD 15,000.00 por obtener pasaportes falsos que luego usarían para viajar a Estados Unidos[3].

2. El control y balance de poder[4]. Este modelo propone que debe haber un balance entre el poder que ejerce un individuo y la responsabilidad, rendición de cuentas o control al que está sometido. Una persona con mucho poder pero pocos controles (o que puede escapar a ellos fácilmente) tiene mayor inclinación a involucrarse en comportamientos desviados que aquel cuyas actuaciones están sujetas al control institucional. Este modelo también supone un ambiente favorable al crimen, en cuanto a que debe existir la oportunidad de cometerlo, plasmada en la inefectividad de los mecanismos para exigir rendición de cuentas a las personas con autoridad, pero a diferencia del anterior, agrega un elemento clave que es el abuso del poder que se manifiesta ante la falta de control.

 Como ilustración, recordemos la captura en 2012 de Adolfo Vivar, entonces alcalde de Antigua Guatemala, acusado por el Ministerio Público de apropiarse de GTQ 2 millones, como producto de la sobrevaloración de proyectos, adjudicación a empresas constructoras inexistentes, y la creación de plazas fantasma[5]. En junio de 2015, el MP indicó que agregaría nuevos delitos, y que la cifra malversada excedería los GTQ 20 millones. Hablamos de un ambiente en que la comisión del delito de cuello blanco se ve favorecida y en dónde la persona con más poder, el Alcalde, asociado con el tesorero municipal y algunos concejales (cuyo rol debiera ser el de ejercer control sobre el presupuesto y las obras ediles) se coluden para desviar fondos de la comuna. Recientemente el ex Alcalde de Chinautla Arnoldo Medrano ha sido acusado también de apropiarse de GTQ 10 millones provenientes de la municipalidad a su cargo[6].

3. Status y poder[7]. Los grupos dominantes dentro de la sociedad utilizan las leyes y las fuerzas del orden para proteger sus intereses. El sistema de justicia funciona para proteger a la clase dominante quienes se aseguran que la promulgación de leyes conserve y promueva sus intereses. En corto, la clase dominante define qué comportamientos son criminalizados y cuáles no[8]. De ahí que la legislación sobre los delitos de cuello blanco sea escasa y débil, y exista una normativa fuerte para los delitos comunes. Como bien dijo Benito Juárez “Para todos, justicia; para los amigos, favor y justicia…”

El crimen de cuello blanco se manifiesta entonces como producto de la oportunidad que provee el ambiente a través de los débiles controles, la escasa supervisión, y la ausencia de normas que regulen y sancionen el comportamiento ético de los funcionarios y empresarios. A ello se suma las bajas probabilidades de que una vez detectado el delito se lleve a juicio a los culpables y que se emita una sentencia condenatoria. En algunos casos cuando los delincuentes de cuello blanco han recibido condenas ha sido porque ya no ostentan poder o cuando los defensores no hicieron un trabajo brillante. Así también van a prisiones que generalmente tienen mejores condiciones que las que albergan a los delincuentes comunes. Todos estos aspectos influyen en la decisión de involucrarse en el crimen de cuello de blanco.

Por ejemplo,  el Diputado Rubén Darío Morales quien fungió como Presidente del Congreso de la República en 2007  fue acusado del delito de concusión por haber autorizado el depósito de Q.16 millones del presupuesto del Congreso en la Bolsa de Mercado de Futuros –MDF- por el cual recibió una comisión de Q. 300 mil[9]. Este delito (que califica como crimen de cuello blanco) es penado, de acuerdo con el Código Penal, con prisión de dos a seis años y una multa que va de cinco a veinticinco mil quetzales. Nada mal para alguien que recibió la cantidad antes citada! En 2010 también fue imputado el diputado Eduardo Meyer por el desvío de Q.82.7 millones del Organismo Legislativo a MDF. Por este delito el diputado recibió una condena de 3 años. En ese entonces la diputada Delia Back, opinó ante los medios lo siguiente: “Entonces no robemos 80 millones, robémonos siquiera unos 500 millones porque ya sabemos que allá adentro lo podemos arreglar”, y agregó “además de eso, él va a estar en la cárcel con todas las comodidades”[10].

¿Cómo prevenir que los criminales de cuello blanco sigan haciendo de las suyas?

Guatemala posee varias entidades autónomas, con antecedentes de abusos y corrupción. Escudadas tras el estandarte de su autonomía, generan oportunidades para abusar de los recursos del estado, con discrecionalidad y sin rendición de cuentas. Esto debe cambiar.

Consideremos que el crimen de cuello blanco es un fenómeno multicausal, por tanto es necesario que las medidas de prevención  integren tanto factores internos como externos.  Reducir la oportunidad, que no significa únicamente aumentar los controles (cámaras, guardias)  sino también que se descentralicen las responsabilidades, se trabaje en los valores y normas institucionales, y se construya una autoestima institucional. Con ello se incrementa el riesgo y se minimiza el beneficio de involucrarse en este crimen.

Es importante también que la ciudadanía tome un rol activo en la fiscalización de los funcionarios del Estado, demande transparencia y promueva, a través del legislativo, las leyes necesarias para regular el crimen de cuello blanco. Esto va desde los controles para la detección, así como la promulgación de una Ley que contenga sanciones acordes al delito cometido.

Por último, los empresarios y ciudadanía en general deben ser sensibilizados en el tema. Esto implica que deben recibir formación sobre las leyes existentes (que también contienen castigos para ellos), además de mecanismos que les permitan denunciar cuando se presentan situaciones en qué los funcionarios públicos les exijan o pidan dinero o mercancía a cambio de facilitar los procesos.


 

[1] Benson y Simpson, 2009.  White Collar Crime: an opportunity perspective. New York: Routledge, p.76

[2] Kar y Spanjers, 2014

[3] http://www.s21.com.gt/nacionales/2010/03/04/trafico-asiaticos-no-nuevo

[4] Teoría desarrollada por Charles R. Tittle presentada en su libro Control Balance: toward a general theory of deviance (1995)

[5] http://www.prensalibre.com/sacatepequez/Capturan-alcalde-tesorero-Antigua-Guatemala-0-773322754

[6] http://lahora.gt/capturan-a-arnoldo-medrano-alcalde-de-chinautla-por-lavado-de-dinero/

[7] La teoría del conflicto sugiere que los delitos de cuello blanco son una función del conflicto existen en la sociedad (Siegel, 2011)

[8] Petrocelli et al., 2003; Siegel, 2011

[9] http://www.todanoticia.com/33506/guatemala-proceso-contra-ruben-dario/

[10] http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/caso-mdf-pese-condena-temen-que-q828-millones-no-seran-recuperados

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Evelyn Espinoza
eespinoza@dialogos.org.gt

Doctora en Sociología por las Universidad de Texas A&M, con especialización en Criminología y Psicología Social. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el estudio de la violencia y el delito. Actualmente se desempeña como Investigadora Senior para el Observatorio de la Violencia en Guatemala. Fue parte del equipo formulador de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito y de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. Diseñó el sistema de indicadores para la evaluación de las Políticas Públicas relacionadas con la prevención de la violencia y la conflictividad social, y fue coordinadora técnica de la Encuesta Nacional de Clima y Violencia Escolar en Guatemala. Ha brindado también asesoría a diversas organizaciones sociales y agencias de cooperación internacional en el desarrollo de estrategias, y sistematización de experiencias exitosas en prevención de la violencia secundaria y terciaria desde y hacia la juventud. Cuenta con varias publicaciones en el tema de violencia a nivel nacional e internacional.

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