Diálogos | La ley de competencia y la falacia del Nirvana
Ley de Competencia, Falacia de Nirvana
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28 May La ley de competencia y la falacia del Nirvana

Existe una tendencia entre algunos analistas de políticas públicas a comparar una imperfecta situación real con una alternativa idealizada o utópica.  Siempre suenan las voces que comparan la imperfecta situación actual con la política pública ideal llevada a la práctica por el gobierno ideal. El economista Harold Demsetz, en su trabajo de 1969 titulado “Information and Efficiency: Another Viewpoint”, bautizó esta actitud como la “falacia del Nirvana”.

En estos días el Congreso de la República se apresura a aprobar la ley de competencia más por obligación que por convicción. O, quizás, peor aún, más por obligación que por comprensión. Y es que efectivamente por obligaciones que adquiere el Estado de Guatemala por la suscripción de algunos instrumentos internacionales existe una presión para aprobar dicha normativa además del corolario de “somos el único país de la región que no tiene una ley de competencia”.

Fuera del lúgubre y escaso debate que existe en el parlamento sobre esta normativa, muchos analistas de políticas públicas argumentan que esta ley es urgente para garantizar la competencia y los mercados eficientes en nuestro país. Suelen argumentar que actualmente en el país existen monopolios y prácticas anticompetitivas que dañan el proceso de mercado y no permiten una eficiente asignación de los recursos y dan lugar a rentas excesivas.

Creo que están en lo cierto. Hay muchísimas situaciones “anticompetitivas” y “monopólicas” que afectan la asignación eficiente de recursos. Pero hay dos reflexiones que deben hacerse al respecto.

En primer lugar, muchas de esas prácticas ocurren como consecuencia de regulaciones gubernamentales que sobre el papel pretenden normar la prestación de un bien o servicio pero que en la práctica se vuelven una barrera “anticompetitiva”. Unos ejemplos ilustrarán mejor el punto.

Tomemos el caso de los medicamentos. Previo a comercializar un medicamento deben cumplirse los registros respectivos con la autoridad estatal. El sector carece de dinamismo como consecuencia de la vergonzosa e inoperante burocracia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.   Registrar una sola versión de un medicamento puede tomar casi un año. O peor aún, cambiar el diseño de la caja del medicamento (no la sustancia) puede tardar otra eternidad. Obviamente los resultados están a la vista, el mercado es ineficiente y los precios de los medicamentos altos. Cortesía del Estado.

Tomemos un segundo ejemplo. La intermediación de bienes se ve sumamente lesionada por las inoperantes aduanas que anulan los beneficios de las bajas tasas arancelarias de las que goza el país. Para efectos prácticos, los trámites aduaneros son tan ineficientes, tan lentos y tan imprevisibles que la importación de bienes se ha vuelto un negocio de alto riesgo. Basta con echar un vistazo el GlobalEnabling Trade Report del Foro Económico Mundial para dar cuenta de la penosa situación de nuestras aduanas y del enorme daño que causan a los importadores y por lo tanto a la eficiente asignación de recursos.

La inoperancia de las aduanas afecta la eficiente asignación de los recursos puesto que reduce la movilidad de los bienes transables. De esa cuenta, arbitrar productos que son más baratos en otra plaza comercial resulta sumamente gravoso. Aunque la tasa arancelaria sea baja, la prima por el riesgo de incurrir en un proceso de importación termina anulando las ventajas comparativas.

“Acá entramos a la falacia del Nirvana. si comparamos la situación actual en la cual las prácticas anticompetitivas que se nos puedan ocurrir afectan la eficiente asignación de recursos versus una situación en la cual una autoridad que se asumirá como omnisciente, altruista y no corrupta corrija dicha situación, no cabe duda que necesitamos una ley de competencia”

 

Podríamos extendernos en los ejemplos. Pero para efectos prácticos ambos casos son útiles para mi punto principal: la ley de competencia no tiene por objeto mejorar la situación de las aduanas ni hacer menos gravoso el proceso burocrático para el registro de medicamentos. De modo que el sector de medicamentos y el de bienes importados seguirán siendo tan escasamente dinámicos y escasamente competitivos incluso si se aprueba dicha normativa. La ley tiene otro propósito.

Pasemos al segundo punto. Hay prácticas que pueden comprometer el proceso competitivo del mercado y que no son consecuencia directa de la regulación a la que aludí en el punto anterior. Pero acá entramos a la falacia del Nirvana. Si comparamos la situación actual en la cual las prácticas “anticompetitivas” que se nos puedan ocurrir afectan la eficiente asignación de recursos versus una situación en la cual una autoridad que se asumirá como omnisciente, altruista y no corrupta corrija dicha situación, no cabe duda que necesitamos una ley de competencia.

Sin embargo, si comparamos la actual situación (sin duda imperfecta) en la cual hay prácticas “anticompetitivas” con la iniciativa de ley que aprobaría el Congreso (con una pobre discusión) en la cual el control del proceso de competencia estará a cargo de una Superintendencia de Competencia con un directorio designado por el presidente, Congreso y Corte Suprema de Justicia, quizás nuestra impresión sea distinta.

Si pensamos que un órgano político y “capturable” (término ad-hoc para la coyuntura actual) como la Superintendencia de Competencia es la solución para lograr un mercado competitivo, la situación parece muy distinta. Corresponde comparar dos situaciones institucionales imperfectas, ambas con sus lados oscuros y sus desventajas.

“Nuestro juicio no debe ser si “una” ley de competencia es necesaria. Nuestro juicio debe ser sobre “esa” ley de competencia que conoce el Congreso”

 

No se trata de caer en el cinismo o en la justificación del status quo. Pero la realidad es que la debilidad institucional que permea en el Estado es un hecho dado. También es un hecho dado que la ley de competencia y la autoridad de competencia son las que están en la iniciativa que hoy pretende aprobar el Congreso. Nuestro juicio no debe ser si “una” ley de competencia es necesaria. Nuestro juicio debe ser sobre “esa” ley de competencia que conoce el Congreso.

El problema más grande de la normativa que hoy discute el Congreso es el defectuoso diseño institucional de la Superintendencia de la Competencia. Con el esquema propuesto lo que podemos esperar es que dicha institución se convierta en el futuro nido de casos de corrupción por la forma tan frágil de nombrar a sus miembros, por el poder discrecional que se les otorga y por la ausencia de mecanismos de control y fiscalización.

Por eso concluyo lo siguiente: tenemos dos opciones: el estado actual de competencia mercantil (con sus fallos) o la superintendencia de competencia (mal diseñada y capturable) que la ley de competencia pretende crear. Dos escenarios imperfectos. Usted elija cuál considera que representa menores costos sociales por sus resultados esperados. Yo creo que esta ley de competencia que discute el Congreso no supone una situación preferible al estado actual de las cosas. Tengamos un debate abierto pero evitemos caer en la falacia del Nirvana.

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Edgar Ortiz
eortiz@ufm.edu

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (UFM Guatemala) y Master en economía (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid). Profesor en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Francisco Marroquín.

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