Diálogos | Policy Brief No. 1 El fracaso de las políticas de “mano dura” en el Triángulo Norte de Centro América
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27 Ago Policy Brief No. 1 El fracaso de las políticas de “mano dura” en el Triángulo Norte de Centro América

Las maras (1) poseen al menos cuatro características que las distinguen: un sentido de pertenencia al grupo, el uso de símbolos asociados con su grupo (tatuajes, rituales, grafiti, joyas, peinados), un área geográfica que declaran su territorio, y un comportamiento contrario a las normas sociales (2).  Dentro de las maras, existen diferentes tipos de membresía, la cual depende del nivel de inmersión o conexión del individuo en la mara. Así, por ejemplo, hay miembros centrales que regularmente muestran tendencias antisociales serias; y miembros periféricos, que se integran o colaboran de forma eventual con la mara buscando aceptación, reconocimiento y sentido de pertenencia a un grupo. Estos últimos, que son la mayoría de los integrantes, son quienes tienen mayores probabilidades de ser rehabilitados y de reinsertarse a la comunidad (3).

Los mareros son generalmente adolescentes y jóvenes, entre los 10 y 21 años. En su mayoría son hombres. Los adolescentes y jóvenes que integran las maras tienden a involucrarse en mayor medida en comportamientos delictivos, comparados con aquellos que no pertenecen a estas agrupaciones. El efecto de la mara en la probabilidad de que una persona se involucre en actividades ilícitas sobrepasa el impacto de tener amigos implicados en actos delictivos (4).

En la década de 1980, las pandillas juveniles se volvieron más agresivas, pero fue en los 90 cuando experimentaron una gran transformación. En los países del triángulo norte, los pandilleros se integraron a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, ambas originarias de los Estados Unidos de América, como producto de la deportación de sus miembros. Otros cambios incluyeron una estructura organizacional fija, el uso de referencias simbólicas más definidas y complejas, la institucionalización de la violencia hacia dentro y hacia fuera, los integrantes que sobrepasan los 30 años, un mayor número de mujeres, y el incremento en el uso y portación de armas de fuego (5). Estos cambios se dieron como resultado de i) la proliferación de armas de fuego; ii) el encarcelamiento masivo del que fueron objeto; y iii) los valores dominantes en la sociedad de dinero y éxito (6).

Las maras se involucran en actividades criminales por varias razones, entre ellas, obtener una ganancia económica, incrementar su reputación ante grupos similares, proteger su territorio, o expandir sus operaciones. Las maras que tienen un número alto de integrantes y más miembros adultos tienen mayores probabilidades de involucrarse en actividades criminales y relacionadas con drogas (7). La principal actividad económica de las maras, especialmente en el triángulo norte, es la extorsión, la cual dirigen generalmente a los empresarios del transporte. También se involucran en tráfico local de drogas, y sicariato.

Factores que propician la integración de las maras

Aunque no es posible predecir si un niño o adolescente se convertirá en marero, existen ciertos factores de riesgo que incrementan las probabilidades de que así sea. Si su ambiente no ofrece alternativas positivas, integrar una mara puede ofrecer esperanza de éxito en algún área o momento determinado de la vida.

Convertirse en miembro de una mara es el resultado de las relaciones sociales débiles con la familia, escuela, comunidad y sociedad, y  un ambiente de aprendizaje que fomenta y refuerza el comportamiento delictivo (8).  Esto sugiere que las personas que no desarrollan un sentido de compromiso con las estructuras sociales, formarán vínculos con otros que comparten los mismos valores.

Diversos estudios sobre las maras coinciden en señalar algunos factores que influyen en las probabilidades de convertirse en marero. Por ejemplo, tener dificultades para el aprendizaje resulta en un débil compromiso con la escuela, y esto eleva el riesgo de buscar la compañía de pares delincuentes. Aunado tanto a eventos negativos en la vida como a vivir en condiciones de pobreza, o en un hogar monoparental, se incrementan las probabilidades de percibir la integración a la mara como un beneficio (9). Estas condiciones a su vez son generadas por elementos de la sociedad, en que la persona está inmersa. La Tabla 1 muestra los factores que vuelve a los niños y adolescentes vulnerables a convertirse en miembros de una mara. La mayoría de las veces los factores individuales son producto del contexto y la comunidad.

Tabla 1. Factores de riesgo

No todas las variables identificadas afectan de igual manera a las personas. Hay factores de riesgo que incrementan la probabilidad de convertirse en marero. Generalmente, los mareros tienen más de un factor de riesgo, debido a la interconexión que existe entre estos últimos.

Combatiendo la actividad de las maras: enfoque y resultados

Los entusiastas de la prevención señalan que prevenir el comportamiento delictivo es fácil y que esa debería ser la meta. Otros piensan que la prevención no es posible y deberían priorizarse las medidas encaminadas a la disuasión. Prevenir el crimen es posible, pero no es una tarea fácil, y los resultados sólo son observables en el mediano y largo plazo. Las políticas represivas ofrecen resultados en el corto plazo, pero son efímeros y, generalmente, contraproducentes, ya que terminan por promover la cohesión entre los miembros de las maras, e incrementando los niveles de violencia.

Como lo muestra el Gráfico 1, los países del triángulo norte han optado por las políticas de “mano dura” para desmotivar la integración de las maras, criminalizando este tipo de asociación, y aplicando sanciones duras a sus miembros, sin proveer medios alternativos a los adolescentes y jóvenes, y dejando fuera los factores de riesgo que propician el involucramiento en estos grupos.

Honduras,  primero en 2002 y luego en 2014, endureció las leyes para combatir la actividad de las maras, especialmente la Mara Salvatrucha y la del Barrio 18, estableciendo sentencias de entre 20 y 30 años para sus miembros, y 50 años para los líderes.  Estas medidas les permitieron fortalecerse y, desde la cárcel, expandieron sus actividades delictivas, sobre todo, las extorsiones. Para ello reclutaron un mayor número de miembros, especialmente menores de edad, para quienes las penas establecidas eran reducidas (10). Ni el crimen ni la delincuencia se redujeron.

En 2003, en El Salvador, esta política resultó en el encarcelamiento de 11,000. Los mareros se unieron en contra de las acciones represivas. El gobierno reformó algunas de sus estrategias por otro tipo de enfoques. Entre 2012-2013 pactó con las maras con el fin de disminuir el número de homicidios a cambio de trasladar a los mareros a prisiones de mínima seguridad. Pese a que se manifestó una disminución en la violencia homicida de El Salvador en este lapso, la actividad delictiva (extorsiones, tráfico local de drogas) no disminuyó. El pactar con las maras les dio legitimidad mientras que debilitó la posición del Estado.

En 2003, Guatemala implementó el Plan Escoba (11), orientado a i) incautar armas de fuego auténticas y hechizas; ii) procurar el desarme total de las pandillas; iii) desorganizar a las pandillas y limitar su campo de acción; iv) impedir el vandalismo de grupos pandilleros; v) prevenir la comisión de delitos por parte de grupos de pandillas, y vi) prevenir el tráfico de drogas por parte de las pandillas. En el Plan se considera pandillero a los jóvenes entre 14-25 años dedicados al vandalismo, drogadicción, robo, violación, homicidios, extorsión. Las acciones estaban dirigidas específicamente hacia los miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

En 2017, pese al demostrado fracaso de este tipo de políticas en los países vecinos, en el Congreso se negocia  la iniciativa de Ley 5266 para criminalizar a los integrantes de las maras y pandillas, con penas de 2 a 8 años de prisión, considerando únicamente los efectos de éstas para la sociedad, y dejando de lado los factores que propician su existencia.

El factor común entre estas políticas era el creciente despliegue de fuerzas militares para capturar a los mareros, lo que llevó a una creciente confrontación no solo entre grupos de mareros rivales, sino también entre maras y fuerzas de seguridad del Estado.  Como se observa en el Gráfico 2, el resultado en los tres países fue el mismo: las tasas de homicidio no descendieron como se esperaba,. Por otro lado  el número de mareros ha aumentado (12): en Guatemala en 2004 se reportaba alrededor de 8 mil mareros. Para 2016, la cifra se ubicaba en 15 mil miembros de las maras; en Honduras en el año 2000 el número de mareros rondaba los 31 mil, para el año 2016 se habla de alrededor de 60 mil; en El Salvador, en 2007 eran 10,500, mientras que para 2014 se estimaba que había alrededor de 32 mil mareros activos.

Implicaciones para la política pública

Aunque las políticas de “mano dura” pueden generar una sensación de seguridad a los ciudadanos, resultan inefectivas para combatir la afiliación a las maras, pues refuerza los lazos emocionales y el sentido de pertenencia entre sus miembros. La prevención es la clave. Para ello deben establecerse medidas enfocadas en prevenir que los niños y adolescentes se sientan atraídos por la actividad de las maras, y estrategias de salida para quienes ya se encuentran involucrados. Esto sin dejar de lado que el Estado  no debe por un instante declinar su compromiso con la seguridad ciudadana, y eso pasa por mostrar cero tolerancia con el control de territorios, negocios y reclutamiento de integrantes, realizados por las maras. Lo cual debe hacerse con apego a la legislación vigente, sin abusos ni violaciones a los derechos humanos, pero con firmeza y sentido de la prioridad.

Con base en lo anterior, se proponen 4 medidas específicas:

Prevenir que los niños y adolescentes se involucren maras

Considerando que el reclutamiento inicia a la edad de 10 años, las políticas de prevención deben tener como objetivo una población mucho más joven que el típico marero. Las principales causas para integrar una mara que los jóvenes reportan son: un sistema familiar débil, amigos involucrados en actividades delictivas, un vecindario con altas tasas de delincuencia, búsqueda de protección, poder, respeto, y ganancia monetaria. Los programas de prevención deberían abordar estos factores para minimizar el riesgo. Los esfuerzos deben centrarse en fortalecer a las familias de los niños y adolescentes en riesgo, sobre todo aquellas monoparentales y que residen en ambientes propicios para el crimen. Se trata de reemplazar las funciones que las maras cumplen para las diferentes partes interesadas. El Estado, además, debe ampliar la oferta educativa en estas áreas, así como la prestación de servicios de salud, nutrición, deporte, cultura, seguridad, y la implementación de programas que promuevan la cohesión social.

Diseñar estrategias de salida para los mareros 

Es importante que el Estado genere oportunidades de desarrollo de capacidades técnicas y laborales orientadas específicamente para los adolescentes y jóvenes que estén dispuestos a abandonar las maras. Mientras éstas ofrezcan oportunidades de ingreso económico y estatus social a sus miembros, es más difícil que elijan abandonar el grupo. A nivel individual debe trabajarse una estrategia específica que permita restaurar su autoestima, el diseño de un plan de vida, y la superación de sus adicciones. Es necesario también tener en cuenta que muchas veces quienes abandonan estos grupos están sujetos a amenazas de muerte por los líderes de las maras, y son objeto de estigmatización tanto por la población en general como por las fuerzas de seguridad en particular. En tal virtud, las estrategias deben contener medidas encaminadas a reducir esta vulnerabilidad.

Fortalecer el sistema penitenciario

Como señala la evidencia, el encarcelamiento masivo de los mareros, les da la oportunidad de fortalecer su organización, estrategias de reclutamiento y extorsiones. Esto es viable por la porosidad de los centros carcelarios, en donde es común la posesión de teléfonos móviles que facilitan la comunicación con el exterior. A ello se suma las pésimas condiciones de infraestructura, falta de programas de rehabilitación, y el ambiente criminogénico de las prisiones, provoca una lucha de poder que resulta en el comportamiento violento de los privados de libertad tanto hacia adentro como hacia afuera. Los mareros que no formen parte de programas de rehabilitación deben ser recluidos en prisiones de máxima seguridad, con limitada comunicación con el exterior, para evitar que sigan delinquiendo y reclutando nuevos miembros.

Implementar un plan para contrarrestar y prevenir las extorsiones

La principal fuente de ingreso de las maras son las extorsiones que cobran de forma regular a empresarios de transporte y a propietarios de negocios. Para contrarrestar la existencia de las maras, deben implementarse acciones en esta área. Esto conlleva la puesta en marcha de un plan interinstitucional del sector seguridad y justicia, que permita la pronta identificación y detención de los transgresores, pero también una ágil emisión de las sentencias (condenatorias o absolutorias). La celeridad en la aplicación de la justicia es un factor clave para desmotivar el comportamiento delictivo. Igualmente, el sistema bancario debe constituirse en un aliado para notificar a las autoridades de transacciones sospechosas de sus cuentahabientes. La lucha contra este delito debe ir acompañada de una estrategia de recuperación de territorios por parte del Estado, que incluya medidas para la prevención de la violencia y el delito.

En conclusión,  es imperativo que los niños y adolescentes sean comprendidos como la base de un futuro sin maras, en un marco de oportunidades y un proyecto de vida que se vea tangible y concreto, de corto plazo. Vagabundear, delinquir para sobrevivir, son rasgos de una marginalidad que puede cambiar como un compromiso compartido entre las comunidades, las empresas y las instituciones públicas.

Notas al pie

(1) En la literatura y marco jurídico especializado se utiliza de forma intercambiable los términos “maras” y “pandillas” en este documento abordamos específicamente a las Maras, entendiendo que son la evolución de las pandillas a una organización con las características aquí defnidas.

(2)  Curry y Decker, 1998

(3)  Schroeder, Giordano, y Cernkovich, 2007; Meng et al. 2011; Pyrooz y Decker, 2011

(4)    Battin-Pearson et al., 1998; Finn-Aage et al. 2001

(5)  Simi, Smith, y Reeser, 2008; Gutierrez, 2010

(6) Hagedorn, 1998; Beidi y Krohn, 2016

(7)  Barnes, Beaver, y Miller, 2010

(8)  Thornberry, 1987

(9)  Thornberry et al., 2003

 (10) Insight Crime, 2015

(11) Rodríguez y Pérez, 2005

(12)  No existen datos oficiales sobre el número de mareros en los países del Triángulo Norte. Las cifras  aquí presentadas son estimaciones que están publicadas en distintos estudios. Ver: Ranum, C. 2007; Murcia, W. 2015; Insight Crime, 2015

Disponible en pdf

 

Referencias

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Ward, C. y Copper, A. (2007) Gangs and child safety. Policy Paper. 148-161


Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

 

Créditos

Autora: Evelyn Espinoza

Apoyo Técnico:   Alejandra Menaldo, Carlos Mendoza

Edición: Enrique Naveda

Se autoriza la reproducción, distribución y cita textual sin fines lucrativos y dando crédito de autoría y propiedad intelectual
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Evelyn Espinoza
eespinoza@dialogos.org.gt

Doctora en Sociología por las Universidad de Texas A&M, con especialización en Criminología y Psicología Social. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el estudio de la violencia y el delito. Actualmente se desempeña como Investigadora Senior para el Observatorio de la Violencia en Guatemala. Fue parte del equipo formulador de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito y de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. Diseñó el sistema de indicadores para la evaluación de las Políticas Públicas relacionadas con la prevención de la violencia y la conflictividad social, y fue coordinadora técnica de la Encuesta Nacional de Clima y Violencia Escolar en Guatemala. Ha brindado también asesoría a diversas organizaciones sociales y agencias de cooperación internacional en el desarrollo de estrategias, y sistematización de experiencias exitosas en prevención de la violencia secundaria y terciaria desde y hacia la juventud. Cuenta con varias publicaciones en el tema de violencia a nivel nacional e internacional.

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