Diálogos | Seguridad Ciudadana: principales desafíos de la oferta electoral
17433
post-template-default,single,single-post,postid-17433,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Seguridad Ciudadana: principales desafíos de la oferta electoral

22 Jun Seguridad Ciudadana: principales desafíos de la oferta electoral

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento[1].
Durante la última década, la violencia homicida ha descendido de manera sostenida después de alcanzar en el año 2008 su punto más alto con 46 muertes por cien mil habitantes.  Actualmente, la tasa se ubica en 22 por 100 mil habitantes; sin embargo, la percepción sobre la inseguridad continúa en la mayoría de la población.

     En el período 2008 a 2016, los enfoques utilizados para garantizar la seguridad de la población han variado. Por ejemplo, durante la administración de Álvaro Colom (2008-2012) se dio énfasis a los programas de prevención social y situacional de la violencia y el delito, con algunas intervenciones en el ámbito del narcotráfico; durante el gobierno de Otto Pérez, se diseñó la Política Pública Nacional de Prevención y el Delito 2014-2024, y la Política de Reforma Penitenciaria y se enfocaron los esfuerzos en la incautación de armas de fuego; en el período actual 2016-2020 Jimmy Morales planteó como metas específicas la reducción de la tasa de homicidios y la tasa de delitos contra la propiedad. En este período las acciones han estado enfocadas en la desarticulación de las bandas dedicadas a la extorsión y la incautación de armas de fuego. Durante este período se diseñaron la i) Política Criminal, ii) la Política de Seguridad, y iii) la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito.

Guatemala elegirá nuevas autoridades en 2019. De acuerdo con una encuesta realizada por Prensa Libre en marzo del presente año; el tema de seguridad ciudadana continúa siendo una de las principales preocupaciones, entre el 41%, entre la población.

¿Forma parte la seguridad ciudadana de la oferta política? ¿Tienen los ciudadanos opciones para escoger? ¿Es la seguridad ciudadana un elemento de los planes de gobierno? ¿Se toman en cuenta los instrumentos de Política pública en materia de prevención y seguridad?


Para responder a estas interrogantes, revisamos los planes de gobierno de los 14 partidos que llegaron a presentar uno.[1]
Como primer paso, utilizamos los ejes de prevención propuestos en la Política y Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito; la Política Criminal Democrática, la Política Nacional de Seguridad; y la Política de Reforma Penitenciaria. Estos instrumentos se encuentran vigentes y proveen el marco político además del modelo conceptual e interpretativo, de abordaje de la prevención y la seguridad ciudadana.

Dentro de los planes de gobierno, la seguridad es uno de los ejes contemplados. Sin embargo, las acciones relacionadas con los instrumentos de política pública vigentes son escasas. Es evidente también que la mayoría de los partidos políticos carecen de una visión acerca de la seguridad ciudadana; las causas y efectos de la violencia, el delito, y consecuentemente, su forma de abordarla.

Tabla 1. Políticas Públicas relacionadas con la seguridad ciudadana

La oferta electoral entre los partidos que lideran la intención de voto es bastante similar, cabe mencionar que los que están muy abajo en las encuestas (e.g. Encuentro por Guatemala, Libre) tienen propuestas más concretas que incluyen no sólo el fortalecimiento del Ministerio de Gobernación sino la prevención de la violencia y el delito.

Como segundo paso, evaluamos las medidas propuestas en términos de la cantidad de la evidencia disponible. Al mismo tiempo, estimamos el impacto potencial que las mismas tendrían en la seguridad ciudadana. Algunas de las medidas cuentan con evidencia empírica que les respalda, por ejemplo, la rehabilitación de privados de libertad; la creación de cárceles de alta seguridad, y la dignificación de la carrera penitenciaria; la organización comunitaria, la recuperación de espacios públicos, y las oportunidades de mejora económica; implementar el modelo de Policía Comunitaria, dignificar y profesionalizar a la PNC.

Tabla 2. Oferta para la seguridad ciudadana según nivel de evidencia disponible a su favor y su relación con las Políticas Públicas

Fuente: elaboración propia

El nivel de impacto de estas medidas, si se implementarán todas en su conjunto, sería moderado. Es importante comprender que la violencia es un fenómeno multicausal que requiere un enfoque integral que va más allá de las condiciones del sistema penitenciario, el modelo policial, la prevención, o el fortalecimiento institucional. Hace falta una visión integral de seguridad ciudadana que involucre también al sector de justicia. Las medidas que proponen los candidatos o partidos políticos son dispersas y no están orientadas al alcance de metas concretas que, en nuestro caso, deberían ser la reducción de la violencia homicida y las extorsiones, dos de los delitos que más resiente y afectan a la ciudadanía.  Es evidente también que no se contemplan medidas efectivas para el combate a los delitos relacionados con la narcoactividad y las pandillas.

Los delitos relacionados con la narcoactividad representan una amenaza para la gobernabilidad del Estado porque los territorios son generalmente dominados por los narcotraficantes. También hay un alto número de privados de libertad por estos delitos, sobre todo los relacionados con la posesión y venta al menudeo de drogas.

Las pandillas, por su parte, han monopolizado el delito de extorsiones. Éste último es uno de los fenómenos que mayor temor infunde en los ciudadanos. Además, genera un alto número de homicidios, sobre todo en el sector de la micro y mediana empresa.

Entre las medidas que tienen menos respaldo empírico se menciona el uso de fuerzas combinadas (Ejército y PNC). Se ha discutido mucho acerca del Ejército y su labor en cuanto a seguridad ciudadana. La conclusión general ha sido que los soldados no están capacitados para relacionarse con la población, y que, además, la Ley no les permite realizar aprehensiones a ciudadanos, a menos que éstos sean sorprendidos de forma infraganti.

Todos los planes de gobierno, que fueron examinados, incluyen un eje de seguridad ciudadana. Este es un aspecto positivo, ya que —al igual que la salud y educación— el tema de seguridad ha pasado a ser un elemento central en la oferta de los partidos políticos. Sin embargo, la mayoría de estos planes ignora las políticas públicas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y el delito, y carecen de un marco conceptual, teórico y contextual que guíe el abordaje de la violencia en el país.

La segunda vuelta entre los dos contendientes que, dicho sea de paso, difieren muy poco en cuanto a sus propuestas de seguridad ciudadana, presenta una oportunidad útil para que la ciudadanía y la sociedad civil organizada exijamos un plan integral y una hoja de ruta para la disminución y prevención de la violencia y el delito.


[1] UNE, VAMOS, Humanistas, MLP, Creo, Winaq, Encuentro por Guatemala, Libre, Semilla, Prosperidad, VIVA, TODOS, URNG, y CONVERGENCIA

[1]  PNUD, 2013

Print Friendly
Evelyn Espinoza
eespinoza@dialogos.org.gt

Doctora en Sociología por las Universidad de Texas A&M, con especialización en Criminología y Psicología Social. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el estudio de la violencia y el delito. Actualmente se desempeña como Investigadora Senior para el Observatorio de la Violencia en Guatemala. Fue parte del equipo formulador de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito y de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. Diseñó el sistema de indicadores para la evaluación de las Políticas Públicas relacionadas con la prevención de la violencia y la conflictividad social, y fue coordinadora técnica de la Encuesta Nacional de Clima y Violencia Escolar en Guatemala. Ha brindado también asesoría a diversas organizaciones sociales y agencias de cooperación internacional en el desarrollo de estrategias, y sistematización de experiencias exitosas en prevención de la violencia secundaria y terciaria desde y hacia la juventud. Cuenta con varias publicaciones en el tema de violencia a nivel nacional e internacional.

No Comments

Leave a Reply

Watch Dragon ball super