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01 Nov ¿Es ideológica la lucha contra la corrupción en Guatemala?

Hay quienes argumentan que la lucha contra la corrupción en Guatemala es un asunto que únicamente interesa a las izquierdas, que realmente lo que quieren es llegar al poder por otros medios distintos a las elecciones, ya que en estas casi siempre pierden ante partidos de derechas que han gobernado el país desde que empezamos la transición hacia la democracia. El argumento es que se está judicializando la política, pues muchos de los casos investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tienen como acusados a prominentes políticos de los partidos tradicionales, de la vieja política. La mayoría de los casos recientes están relacionados, precisamente, con el delito de financiamiento ilícito de las campañas electorales.

Esta absurda historieta de cierta derecha con raíces en el añejo anti-comunismo del siglo XX no tiene fundamento alguno y, más bien, parece una politización de los casos judiciales. Toda persona razonable, tanto de derecha como de izquierda, se da cuenta que uno de los principales problemas de nuestro sistema político es la corrupción. Los casos evidenciados en 2015 por el MP y CICIG, que afectaron al entonces Presidente de la República y a su Vicepresidente, indignaron a toda la población. Un buen porcentaje de esta se movilizó en el mundo virtual de las redes sociales, mientras que otro nutrido grupo salió a las calles y plazas para protestar. No fue, como ahora quiere sugerir el Alcalde de la Ciudad de Guatemala, un golpe de estado blando. Los ciudadanos ejercieron su poder soberano y dijeron “¡Basta Ya!” a la elite política corrupta en el poder, y esto a su vez fortaleció la persecución contra los aún presuntos criminales. Lamentablemente, por la proximidad del evento electoral de ese año, no hubo tiempo de depurar a todos los políticos en el Congreso y en las corporaciones municipales. Ahora sufrimos las consecuencias de una asamblea legislativa infestada de corruptos que desean defender a toda costa su inmunidad para garantizarse la impunidad.

Hay una manera objetiva de demostrar que la lucha contra la corrupción no tiene color ideológico. Recientemente se liberaron los datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (conocido como LAPOP, por sus siglas en inglés), también reconocido como el Barómetro de las Américas, liderado por la Universidad de Vanderbilt. La encuesta más reciente en Guatemala fue realizada entre febrero y mayo del 2017, coordinada por ASIES y financiada por USAID. La misma nos puede dar algunas luces para responder a la pregunta con la que titulamos el artículo, pues se indagó específicamente sobre la participación ciudadana en las movilizaciones anti-corrupción del 2015.

Según dicha encuesta, cuando se les pregunta a los guatemaltecos ¿cuántos de los políticos en el país cree usted que están involucrados en corrupción?, más del 33 por ciento responden que “todos” están involucrado en corrupción, un 32 por ciento dicen que “más de la mitad”, 23 por ciento piensan que “la mitad” de ellos lo está, casi 9 por ciento cree que “menos de la mitad” están involucrados, y solamente un 2 por ciento del total de entrevistados dice que “ninguno” de los políticos de Guatemala está involucrado en actos de corrupción. No parece haber diferencias entre los entrevistados en áreas rurales o zonas urbanas respecto a esta severa descalificación hacia los políticos. Desde la perspectiva de género sí hay diferencias estadísticamente significativas. En el caso de las mujeres, con su innata habilidad para detectar a los mentirosos (según la psicología evolucionista), ellas tienden a desconfiar más de los políticos, pues hasta el 37 por ciento piensa que “todos” ellos están involucrados en corrupción (versus un 30 por ciento en las respuestas de los hombres encuestados; por otro lado, como sabemos, las mujeres están sub-representadas en los cargos de elección popular).

Lo más interesante es que LAPOP 2017 también preguntó en Guatemala lo siguiente: “¿Participó usted en las manifestaciones/protestas en el año 2015 en contra de la corrupción?” A lo cual el 16 por ciento de los entrevistados (N=1542) respondió que SÍ, siendo levemente mayor la participación en el área urbana (17 versus 15 por ciento en lo rural, lo cual implica que no hay diferencia estadísticamente significativa), lo que cuestiona la percepción muy difundida de que las protestas del 2015 fueron exclusivamente un fenómeno de área metropolitanas, con fácil acceso a Internet y otros medios alternativos de información, como la TV por cable y los periódicos. Lo que sí parece indicar la encuesta es que hubo una mayor participación de hombres que de mujeres (20 por ciento, sobre todo en el área urbana donde el porcentaje sube al 22 por ciento, versus el 13 por ciento en mujeres, tanto en lo rural como en lo urbano). Ahora, lo que queremos saber es si hubo alguna diferencia en nivel de participación respecto a la ideología de los encuestados.

LAPOP les pide a las personas que se ubiquen ellas mismas en el espectro izquierda-derecha, dándose una calificación de 1 a 10, donde 1 es muy a la izquierda y 10 muy a la derecha: “Según el sentido que tengan para usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político.” Para simplificar el análisis he agrupado las respuestas en cinco categorías: 1-2 izquierda, 3-4 centro-izquierda, 5-6 centro, 7-8 centro-derecha, y 9-10 derecha. Es alentador observar, en términos generales, una distribución normal según la auto-identificación de las personas, aunque los extremos parecieran estar sobre-representados (habrá que profundizar sobre esto y contrastarlo con encuestas anteriores), como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Pregunta LAPOP 2017. Auto-ubicación en el espectro ideológico.Fuente: elaboración propia con base a resultados de LAPOP 2017.

 

Al retomar las respuestas a la pregunta sobre cuántos políticos estarían involucrados en corrupción, son los moderados de derecha lo que no se atreven a generalizar, especialmente los hombres de centro-derecha (24 por ciento piensan que todos los políticos son corruptos), aunque sí se atreven a afirmar que más de la mitad por seguro lo son, es decir, la mayoría de los políticos han estado involucrados en actos de corrupción. Los que más generalizan son los de derecha, especialmente las mujeres de derecha (44 por ciento piensan que todos los políticos son corruptos).

Respecto a la pregunta de participación en las manifestaciones del 2015, definitivamente NO hay diferencia estadísticamente significativa entre las distintas ideologías. Los del centro participaron con similar intensidad (15 por ciento) y los dos extremos también (20 por ciento la izquierda versus 18 por ciento la derecha). Lo cual confirma que la indignación no fue afectada por la ideología del individuo. Estadísticamente hablando, fue el mismo nivel de participación en las plazas, sin importar dónde se ubican las personas en el amplio espectro ideológico, como se muestra en el siguiente gráfico. Nótese que se incluyeron trazos de intervalos de confianza (al 95%) en las respuestas positivas, para visualizar que las diferencias no son estadísticamente significativas, pues los mismos se traslapan entre sí.

Gráfico 2.Fuente: Elaboración propia con base a resultados de LAPOP Guatemala 2017. Intervalos de confianza al 95%.

 

Si aceptamos que, en general, un 15 por ciento de la población adulta estuvo participando activamente en las protestas del 2015, estamos hablando de 1 millón 300 mil habitantes, aproximadamente. Este número es mayor al total de votos que obtuvo cualquiera de los dos partidos políticos que pasaron a segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2015 (UNE obtuvo un poco más de 967 mil, y FCN-Nación 1 millón 167 mil votos). Es decir que la cantidad de los ciudadanos que se movilizaron no era una cifra despreciable en términos políticos. De hecho, casi el 88 por ciento de los que fueron a protestar participaron también en las elecciones, ejerciendo su derecho al voto y a pesar de las consignas que surgieron en la misma plaza, en el sentido de que en esas condiciones no se querían elecciones. En el caso de los que no protestaron, la asistencia a las urnas fue significativamente menor: 74 por ciento (intervalo de confianza al 95% da una participación entre 71 y 76 por ciento de este grupo). Esto también sirve de sustento a una hipótesis de politización de los ciudadanos durante el 2015, especialmente de la clase media, que he expresado con anterioridad (en este mismo BLOG).

Del total que participó en las protestas anti-corrupción y también decidió ir a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 47 por ciento votó a favor de Jimmy Morales. Respecto a los votantes, el peso relativo de los que protestaron en 2015 es aún mayor, es decir, más del 21 por ciento de los votos emitidos. Por ello, bien harían los políticos en poner sus barbas en remojo. Al menos 1 de cada 5 electores son críticos y activos oponentes de la corrupción que perciben incrustada entre la élite política y sus contrapartes privadas. Si estos ciudadanos hastiados de la vieja política logran convencer, al menos a 2 de los otros 4 electores que no protestan, serán capaces de inclinar la balanza electoral a favor de quienes ellos perciban como líderes comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya no será suficiente autodefinirse como “Ni corrupto, ni ladrón” para ganar unas elecciones. Aunque ya sabemos que, por las mismas investigaciones de MP y CICIG sobre el modelo electoral tradicional y moribundo, el éxito no sólo es cuestión de marketing sino también de financiamientos ilícitos que tarde o temprano saldrán a la luz, al igual que el nombre de quienes facilitaron esos recursos. Son precisamente estos financistas, que buscan garantizar privilegios o negocios para sus intereses particulares manteniendo la opacidad en las campañas electorales, los que están queriendo enmarcar la lucha contra la corrupción como un asunto meramente ideológico. Sencillamente, no lo es.

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11 Nov ¿Es una buena idea la de un impuesto extraordinario, temporal y específico para financiar la lucha contra la impunidad?

Sí lo es. ¿Por qué?

Guatemala continúa siendo uno de los países más violentos e inseguros del planeta. Aunque hemos mejorado en los últimos seis años, terminaremos el 2015 con una tasa de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta realidad nos perjudica a todos, incluso a los guatemaltecos de más altos ingresos y con mayor riqueza, que se ven obligados a gastar en su protección personal y la de sus negocios. También afecta negativamente la actividad económica, especialmente desincentivando las nuevas inversiones, debido a los elevados costos que impone un clima de negocios incierto por falta de seguridad y justicia, y por las altas probabilidades de ser víctima del secuestro o la extorsión, entre otros delitos graves contra la integridad personal y la propiedad.

El Estado guatemalteco es uno de los más débiles de América Latina, visto desde varias perspectivas. Una de ellas: sus escasos recursos financieros para invertir en servicios públicos esenciales como educación y salud primarias, y en infraestructura productiva. Tampoco tiene recursos suficientes para un cuerpo de Policía fuerte, moderno y eficiente. Las condiciones en las que trabajan los agentes de Policía son deplorables y tienen bajos salarios que los hacen vulnerables a los sobornos. Se ha comprobado, incluso, que estructuras policiales terminan trabajando al servicio del crimen organizado o se convierten en bandas criminales. En este sentido, se debe continuar con la depuración y profesionalización de la Policía Nacional Civil (PNC), avanzando en su reforma. Todo ello requiere de recursos financieros que el Estado no posee, especialmente en medio de esta crisis fiscal que afecta a todas las entidades públicas, como en el dramático caso del sector salud, también debilitado por los altos costos de atención a las víctimas de la violencia armada.

El Sistema de Justicia está compuesto por otros eslabones fundamentales para continuar la lucha contra la impunidad en el país. El Ministerio Público (MP) ha dado muestras indiscutibles de solvencia moral, y de una mayor eficiencia en la desarticulación de bandas criminales y en los avances bien fundamentados de los casos judicializados contra la defraudación aduanera, que tienen en prisión preventiva a un ex Presidente de la República y a su compañera en la Vicepresidencia. Así que en estos momentos es importante premiar al MP con más recursos para poder afrontar los cientos de miles de denuncias por diversos delitos que recibe anualmente, entre ellos, más de 5 mil homicidios, que se suman a los miles de casos de años recientes y que no han podido ser investigados de manera que se castigue a los responsables. Sólo en la última administración de Gobierno se acumularon unos 20 mil casos más de muertes violentas sin resolver. No obstante, con sus recursos limitados, el MP ha logrado disminuir el indicador de impunidad. Así que la falta confianza o eficiencia no son un argumento válido para negarle más recursos.

De la misma manera, el Organismo Judicial (OJ), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Sistema Penitenciario y demás entidades del sector justicia, requieren recursos financieros para atraer a los mejores recursos humanos del país y para modernizarse en su administración, así como en el uso de la ciencia y la tecnología. Alcanzar una sociedad pacífica y segura tiene un costo financiero que todos debemos contribuir a cubrir. Hasta el ideólogo más libertario estará de acuerdo en que el Estado tiene un papel fundamental como proveedor de orden, seguridad y justicia. Sin estas tres características, el mercado no puede funcionar bien en una sociedad. Estado y mercado se necesitan el uno al otro para florecer, pues las transacciones deben ser libres y voluntarias, de lo contrario no hay intercambio que beneficie a ambas partes y la economía se destruye.

Según una Fundación financiada por el mismo sector privado organizado (FUNDESA 2013), la población y las empresas gastan anualmente el equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para protegerse de la violencia, el crimen organizado y la delincuencia común. El sector productivo desvía recursos propios para pagar agentes de empresas privadas de seguridad, cámaras de vigilancia, vehículos blindados, cercas y alambradas, y otra gran cantidad de mecanismos en defensa de las vidas de sus trabajadores o de sus clientes, así como para la protección de sus activos, servicios y productos. Aunque no existe una encuesta de victimización al sector privado, sabemos por las noticias que muchas empresas que tienen camiones ruteros para distribuir sus mercaderías son víctimas constantes de la extorsión. No pueden entrar a ciertos barrios del Área Metropolitana si no pagan. Varios choferes y escoltas han sido muertos por los extorsionistas al negarse a pagar.

Además del costo en vidas humanas y pérdidas para los negocios, el problema de las extorsiones refleja muy bien la debilidad estructural del Estado guatemalteco. En ciertos barrios o colonias, la burocracia estatal, la fuerza pública, no retiene el monopolio en el uso legítimo de la violencia. Por lo tanto, tampoco es capaz de mantener el monopolio sobre la extracción legítima de los recursos de la población (los impuestos). En ese sentido, hablamos de territorios en disputa con el Estado, para el control y explotación de la población que allí habita. Esto es algo que ninguna sociedad civilizada se puede dar el lujo de permitir, porque es un claro retroceso hacia el caos social, que se refleja muy bien en los altos niveles de violencia e impunidad de los que somos víctimas. No hay economía, ni negocio legítimo que pueda ser viable en esos contextos. Sólo florecen los negocios al margen de la ley, precisamente los que se especializan en el uso de la fuerza y el engaño como modus operandi.

Desde abril 2015, la sociedad civil organizada y no organizada, ha participado en un esfuerzo sostenido, tanto en las calles y plazas como en los juzgados y otros espacios de influencia (medios de comunicación y redes sociales), para depurar la casta política y sacar de puestos públicos a los corruptos. Ahora se está empezando a capturar y procesar a los empresarios corruptores, pero esto es un proceso que toma tiempo, investigación, inteligencia, equipos de expertos y profesionales, recursos tecnológicos, y todo termina en la disponibilidad de recursos económicos para financiarlos. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha jugado un papel importante en todo esto, apoyando al MP en sus labores, pero la CICIG es un esfuerzo temporal financiado por la cooperación internacional. Sus capacidades técnicas deben ser transferidas al MP y somos los mismos guatemaltecos los responsables de financiar el esfuerzo de largo plazo.

Aún no existe una propuesta técnica específica que deberá ser discutida por la nueva legislatura para su eventual aprobación. Simplemente se han mencionado experiencias en otros países, como la de Colombia, donde el gurú del sector privado más conservador de este país, Álvaro Uribe, implementó un impuesto al patrimonio de las personas ricas (con más de US$1.5 millones declarados como riqueza). Sin embargo, en Guatemala no se cuenta con declaraciones patrimoniales que permitan hacer viable este mismo criterio. A lo mejor habría que empezar por allí, pero el argumento en contra será, precisamente, que en un país como Guatemala es peligroso dar a conocer el patrimonio porque uno se puede volver víctima de los extorsionistas o secuestradores aunque, en realidad, pareciera que le temen más al fisco.

De esta manera, en el sector privado tradicional y agremiado pareciera que cada quien prefiere pagar por su cuenta su seguridad, generándose una pérdida social neta. Todos estamos peor en esa situación. Si por el contrario, lográramos superar el problema de la acción colectiva y contribuyéramos dando dos puntos adicionales del PIB al sector público para que éste se encargue de la seguridad y la justicia para todos, entonces estaríamos en una mejor situación social, como nación. Pero también a nivel individual y de las empresas, porque esos dos puntos del PIB les permitirían ahorrar los otros dos puntos que ya gastan, y que luego podrían invertirse en actividades más productivas que generarían más empleos y también más riqueza para todos. Entraríamos así en el círculo virtuoso al que todos aspiramos, pero primero debemos romper el círculo vicioso existente por algún lado. Lo peor que podemos hacer es apostarle al statu quo.

Es cierto que necesitamos una reforma fiscal integral, pero la misma no se logrará en el corto plazo. También es correcto exigir a la nueva administración de Gobierno metas claras y verificables, así como planes viables para alcanzarlas. Pero la coyuntura política le es favorable para este tipo de impuesto, pues el nuevo Gobierno goza de la credibilidad y de la legitimidad de las urnas para negociar exitosamente en el Congreso un impuesto de esta naturaleza. Podrían diseñarse, por otro lado, mecanismos novedosos para fiscalizar el uso de estos recursos específicos, incluyéndose la obligatoriedad de hacer evaluaciones técnicas de las políticas públicas implementadas para así medir su efectividad y retroalimentar al sistema, para no persistir con modelos de prevención de la violencia, por ejemplo, que no funcionan y sólo provocan desperdicio de recursos.

Es el momento de pasar del discurso a la práctica en la lucha contra la impunidad y la corrupción en este país, como bien lo indicó el Comisionado Iván Velásquez. Eso pasa por el fortalecimiento financiero del Estado. No hay dudas al respecto. Por lo tanto, hay que dejar de un lado las creencias ideológica que a priori descartan cualquier impuesto, y también hay que olvidarse por un momento de los intereses gremiales que no necesariamente coinciden con los intereses de toda la nación. Debe hacerse una propuesta que técnicamente sea viable, que minimice las distorsiones a la economía, y que demuestre que el análisis de costo-beneficio es favorable en términos sociales. Una vez definida y discutida, el Congreso y el Presidente deben blindarse ante cualquier poder de veto supra-político. El futuro está en juego. Merecemos vivir en paz y con seguridad.

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