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13 Feb Tal para cual

El apretón de manos entre Jimmy Morales y Donald Trump no me sorprende para nada. No se trata únicamente de un agradecimiento público de los Estados Unidos a la diplomacia guatemalteca por seguirles el juego de trasladar la embajada hacia Jerusalén. Ambos presidentes se encuentran en medio de serías acusaciones que podrían poner un fin prematuro a su mandato. En el caso de Trump, además de las denuncias por acoso sexual, hay fuertes indicios del apoyo ruso durante las elecciones que lo llevaron al poder. Para Jimmy la pesadilla empezó con los casos de su hijo y su hermano, por las facturas falsas, y luego continuó con la solicitud de antejuicio para poder investigarlo por irregularidades en el financiamiento de su campaña. Aunque ambos candidatos no fueron tomados en serio al inicio de las contiendas electorales, finalmente alcanzaron la presidencia como auténticos outsiders de la política.

Tanto Trump como Jimmy se hicieron famosos gracias a la televisión, uno como el que despedía a todos los aprendices, y el otro como el comediante racista y sexista (aquí otra coincidencia). En ambos países se observan canales de televisión que los defienden a capa y espada, desinformando a la población. Es el caso de FOX News en los Estados Unidos y los canales de televisión abierta en Guatemala. No obstante, lo que realmente los vincula es el hecho que ambos están haciendo una férrea y descara interferencia en los procesos de investigación en su contra. Los dos están cometiendo un delito muy grave desde la posición que ostentan como Jefes de Estado: obstrucción de la justicia.

En mayo del 2017 Trump despidió al Director del FBI, James B. Comey, justo cuando avanzaba en las investigaciones sobre los vínculos de su campaña con los rusos. Fue tan evidente la interferencia que en junio Comey fue citado a declarar ante la Comisión de Inteligencia del Senado. Por eso, el mismo Departamento de Justicia inició una investigación especial, la cual está a cargo de Robert Mueller, nada más y nada menos que el antecesor de Comey al frente del FBI. Recientemente, ha salido a luz que Trump intentó despedir también a Mueller, pero no le fue posible porque uno de sus asesores le hizo entrar en razón, amenazando con renunciarle, pues las consecuencias serían desastrosas para la Administración. Hasta el momento Trump ha negado todos los cargos, simplemente alegando que las noticias son falsas, políticamente motivadas.

En Guatemala, Jimmy se ha aliado con otros poderosos actores políticos, como el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, y los diputados corruptos y muy posiblemente vinculados con el crimen organizado en el Congreso de la República, así como con empresarios ya acusados de participar en el tango de la corrupción y del financiamiento ilícito de las campañas, entre otros delitos graves. Y no se descarta que el presidente también tenga alianzas con los políticos ya en prisión preventiva, como los de La Línea, caso paradigmático del 2015 que sacó del poder a un presidente y a su vice presidenta. Esta amplia coalición pro-impunidad ha decidido obstruir la justicia, cueste lo que cueste pues, evidentemente, tienen mucho que perder.

Su primer golpe fue la declaración de persona non grata del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, a finales de agosto 2017. El presidente lo hizo con un video casero, estilo Rodrigo Rosenberg, por lo que no se descarta que personajes igual de siniestros le hayan apoyado en su producción. El segundo golpe fue en el Congreso de la República con los nefastos decretos legislativos para auto-recetarse impunidad. Afortunadamente, en el caso del presidente, la Corte de Constitucionalidad estuvo a la altura de las circunstancias, y en el segundo caso fueron los ciudadanos indignados por tanto descaro de los políticos corruptos quienes los hicieron dar marcha atrás. Sin embargo, la coalición del pacto de corruptos ha resultado ser bastante resiliente. Al punto que se ha fortalecido con los golpes. Lograron conformar una Junta Directiva del Congreso a su imagen y semejanza, y ahora el Ejecutivo, por medio de la Cancillería y la Presidencia, ha realizado una nueva ronda de cabildeo en Washington DC y Nueva York para intentar descabezar a la CICIG, lo antes posible, para luego enfilar sus fuerzas contra la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, quien está a pocos meses de dejar el cargo. Su objetivo final es que CICIG termine muy debilitada su mandato en 2019, sin la debida y necesaria colaboración por parte de la nueva cabeza del MP.

En el caso de los Estados Unidos, la esperanza radica en las elecciones de medio término, que en noviembre 2018 podrían devolver el control del Congreso al partido Demócrata. Si esto ocurre, aumentarían grandemente las probabilidades de que Trump sea sometido a un juicio político que le retire de la Casa Blanca anticipadamente. En Guatemala, lo más probable es que tengamos que esperar hasta las elecciones del 2019 para votar, sin claras alternativas, por otro que se auto-proclame como “No corrupto, ni ladrón”. Ante la ausencia de verdaderos partidos políticos, y sin reformas de fondo a la ley electoral para que los propicie, volveremos a llenarnos de corruptos en todos los organismos del Estado, pero con el agravante de que ya no tendremos a la CICIG ni a Thelma Aldana para hacer contrapeso a sus desmedidas ambiciones de enriquecimiento ilícito y poder.

Ambos presidentes saben que han perdido legitimidad. Trump incluso llegó al poder sin el favor del voto popular y cuenta con niveles de aceptación históricamente bajos. Por eso buscan sostenerse en fuentes tradicionales de legitimidad, en las pre-democráticas, como la religión. Quieren hacer creer a los ingenuos que ellos fueron ungidos, puestos como autoridad para cumplir con un plan divino. ¿El cumplimiento de la profecía de una Nueva Jerusalén? Por ello, los dos asisten a desayunos de oración nacional organizados por los líderes su base evangélica fundamentalista y neo-pentecostal, y su breve encuentro se da en ese particular contexto.

Ambos presidentes han demostrado que son incapaces para el cargo que se les encomendó, pero no se les despedirá por eso. Se irán porque han intentado, con cierto éxito, retrasar las investigaciones en su contra. Lo lamentable es que en el proceso han dañado a las instituciones nacionales con sus torpes decisiones. La diferencia es que en Guatemala nos costará mucho más, pues somos infinitamente más vulnerables a los destrozos de un mal gobierno. Y claro, esto también afectará directamente a los Estados Unidos con más inmigrantes, quienes seguramente pasarán por arriba o por debajo del famoso muro de Trump, en busca de un sueño, por cierto, cada vez más lejano.

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01 Nov ¿Es ideológica la lucha contra la corrupción en Guatemala?

Hay quienes argumentan que la lucha contra la corrupción en Guatemala es un asunto que únicamente interesa a las izquierdas, que realmente lo que quieren es llegar al poder por otros medios distintos a las elecciones, ya que en estas casi siempre pierden ante partidos de derechas que han gobernado el país desde que empezamos la transición hacia la democracia. El argumento es que se está judicializando la política, pues muchos de los casos investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tienen como acusados a prominentes políticos de los partidos tradicionales, de la vieja política. La mayoría de los casos recientes están relacionados, precisamente, con el delito de financiamiento ilícito de las campañas electorales.

Esta absurda historieta de cierta derecha con raíces en el añejo anti-comunismo del siglo XX no tiene fundamento alguno y, más bien, parece una politización de los casos judiciales. Toda persona razonable, tanto de derecha como de izquierda, se da cuenta que uno de los principales problemas de nuestro sistema político es la corrupción. Los casos evidenciados en 2015 por el MP y CICIG, que afectaron al entonces Presidente de la República y a su Vicepresidente, indignaron a toda la población. Un buen porcentaje de esta se movilizó en el mundo virtual de las redes sociales, mientras que otro nutrido grupo salió a las calles y plazas para protestar. No fue, como ahora quiere sugerir el Alcalde de la Ciudad de Guatemala, un golpe de estado blando. Los ciudadanos ejercieron su poder soberano y dijeron “¡Basta Ya!” a la elite política corrupta en el poder, y esto a su vez fortaleció la persecución contra los aún presuntos criminales. Lamentablemente, por la proximidad del evento electoral de ese año, no hubo tiempo de depurar a todos los políticos en el Congreso y en las corporaciones municipales. Ahora sufrimos las consecuencias de una asamblea legislativa infestada de corruptos que desean defender a toda costa su inmunidad para garantizarse la impunidad.

Hay una manera objetiva de demostrar que la lucha contra la corrupción no tiene color ideológico. Recientemente se liberaron los datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (conocido como LAPOP, por sus siglas en inglés), también reconocido como el Barómetro de las Américas, liderado por la Universidad de Vanderbilt. La encuesta más reciente en Guatemala fue realizada entre febrero y mayo del 2017, coordinada por ASIES y financiada por USAID. La misma nos puede dar algunas luces para responder a la pregunta con la que titulamos el artículo, pues se indagó específicamente sobre la participación ciudadana en las movilizaciones anti-corrupción del 2015.

Según dicha encuesta, cuando se les pregunta a los guatemaltecos ¿cuántos de los políticos en el país cree usted que están involucrados en corrupción?, más del 33 por ciento responden que “todos” están involucrado en corrupción, un 32 por ciento dicen que “más de la mitad”, 23 por ciento piensan que “la mitad” de ellos lo está, casi 9 por ciento cree que “menos de la mitad” están involucrados, y solamente un 2 por ciento del total de entrevistados dice que “ninguno” de los políticos de Guatemala está involucrado en actos de corrupción. No parece haber diferencias entre los entrevistados en áreas rurales o zonas urbanas respecto a esta severa descalificación hacia los políticos. Desde la perspectiva de género sí hay diferencias estadísticamente significativas. En el caso de las mujeres, con su innata habilidad para detectar a los mentirosos (según la psicología evolucionista), ellas tienden a desconfiar más de los políticos, pues hasta el 37 por ciento piensa que “todos” ellos están involucrados en corrupción (versus un 30 por ciento en las respuestas de los hombres encuestados; por otro lado, como sabemos, las mujeres están sub-representadas en los cargos de elección popular).

Lo más interesante es que LAPOP 2017 también preguntó en Guatemala lo siguiente: “¿Participó usted en las manifestaciones/protestas en el año 2015 en contra de la corrupción?” A lo cual el 16 por ciento de los entrevistados (N=1542) respondió que SÍ, siendo levemente mayor la participación en el área urbana (17 versus 15 por ciento en lo rural, lo cual implica que no hay diferencia estadísticamente significativa), lo que cuestiona la percepción muy difundida de que las protestas del 2015 fueron exclusivamente un fenómeno de área metropolitanas, con fácil acceso a Internet y otros medios alternativos de información, como la TV por cable y los periódicos. Lo que sí parece indicar la encuesta es que hubo una mayor participación de hombres que de mujeres (20 por ciento, sobre todo en el área urbana donde el porcentaje sube al 22 por ciento, versus el 13 por ciento en mujeres, tanto en lo rural como en lo urbano). Ahora, lo que queremos saber es si hubo alguna diferencia en nivel de participación respecto a la ideología de los encuestados.

LAPOP les pide a las personas que se ubiquen ellas mismas en el espectro izquierda-derecha, dándose una calificación de 1 a 10, donde 1 es muy a la izquierda y 10 muy a la derecha: “Según el sentido que tengan para usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político.” Para simplificar el análisis he agrupado las respuestas en cinco categorías: 1-2 izquierda, 3-4 centro-izquierda, 5-6 centro, 7-8 centro-derecha, y 9-10 derecha. Es alentador observar, en términos generales, una distribución normal según la auto-identificación de las personas, aunque los extremos parecieran estar sobre-representados (habrá que profundizar sobre esto y contrastarlo con encuestas anteriores), como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Pregunta LAPOP 2017. Auto-ubicación en el espectro ideológico.Fuente: elaboración propia con base a resultados de LAPOP 2017.

 

Al retomar las respuestas a la pregunta sobre cuántos políticos estarían involucrados en corrupción, son los moderados de derecha lo que no se atreven a generalizar, especialmente los hombres de centro-derecha (24 por ciento piensan que todos los políticos son corruptos), aunque sí se atreven a afirmar que más de la mitad por seguro lo son, es decir, la mayoría de los políticos han estado involucrados en actos de corrupción. Los que más generalizan son los de derecha, especialmente las mujeres de derecha (44 por ciento piensan que todos los políticos son corruptos).

Respecto a la pregunta de participación en las manifestaciones del 2015, definitivamente NO hay diferencia estadísticamente significativa entre las distintas ideologías. Los del centro participaron con similar intensidad (15 por ciento) y los dos extremos también (20 por ciento la izquierda versus 18 por ciento la derecha). Lo cual confirma que la indignación no fue afectada por la ideología del individuo. Estadísticamente hablando, fue el mismo nivel de participación en las plazas, sin importar dónde se ubican las personas en el amplio espectro ideológico, como se muestra en el siguiente gráfico. Nótese que se incluyeron trazos de intervalos de confianza (al 95%) en las respuestas positivas, para visualizar que las diferencias no son estadísticamente significativas, pues los mismos se traslapan entre sí.

Gráfico 2.Fuente: Elaboración propia con base a resultados de LAPOP Guatemala 2017. Intervalos de confianza al 95%.

 

Si aceptamos que, en general, un 15 por ciento de la población adulta estuvo participando activamente en las protestas del 2015, estamos hablando de 1 millón 300 mil habitantes, aproximadamente. Este número es mayor al total de votos que obtuvo cualquiera de los dos partidos políticos que pasaron a segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2015 (UNE obtuvo un poco más de 967 mil, y FCN-Nación 1 millón 167 mil votos). Es decir que la cantidad de los ciudadanos que se movilizaron no era una cifra despreciable en términos políticos. De hecho, casi el 88 por ciento de los que fueron a protestar participaron también en las elecciones, ejerciendo su derecho al voto y a pesar de las consignas que surgieron en la misma plaza, en el sentido de que en esas condiciones no se querían elecciones. En el caso de los que no protestaron, la asistencia a las urnas fue significativamente menor: 74 por ciento (intervalo de confianza al 95% da una participación entre 71 y 76 por ciento de este grupo). Esto también sirve de sustento a una hipótesis de politización de los ciudadanos durante el 2015, especialmente de la clase media, que he expresado con anterioridad (en este mismo BLOG).

Del total que participó en las protestas anti-corrupción y también decidió ir a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 47 por ciento votó a favor de Jimmy Morales. Respecto a los votantes, el peso relativo de los que protestaron en 2015 es aún mayor, es decir, más del 21 por ciento de los votos emitidos. Por ello, bien harían los políticos en poner sus barbas en remojo. Al menos 1 de cada 5 electores son críticos y activos oponentes de la corrupción que perciben incrustada entre la élite política y sus contrapartes privadas. Si estos ciudadanos hastiados de la vieja política logran convencer, al menos a 2 de los otros 4 electores que no protestan, serán capaces de inclinar la balanza electoral a favor de quienes ellos perciban como líderes comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya no será suficiente autodefinirse como “Ni corrupto, ni ladrón” para ganar unas elecciones. Aunque ya sabemos que, por las mismas investigaciones de MP y CICIG sobre el modelo electoral tradicional y moribundo, el éxito no sólo es cuestión de marketing sino también de financiamientos ilícitos que tarde o temprano saldrán a la luz, al igual que el nombre de quienes facilitaron esos recursos. Son precisamente estos financistas, que buscan garantizar privilegios o negocios para sus intereses particulares manteniendo la opacidad en las campañas electorales, los que están queriendo enmarcar la lucha contra la corrupción como un asunto meramente ideológico. Sencillamente, no lo es.

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04 Nov Del porqué los políticos se involucran en delitos de cuello blanco (segunda parte)

Además de motivaciones individuales, sobre las que traté anteriormente, los políticos pueden involucrarse en actividades delictivas por motivos externos, los cuales pueden ser mejor comprendidos a partir de tres modelos de la Criminología contemporánea, que presento en esta entrega.

1. La oportunidad. “Sin oportunidad no hay crimen[1]”.   La oportunidad es una combinación de circunstancias que favorece el comportamiento. En el caso del crimen de cuello blanco, la oportunidad surge cuando los individuos perciben que pueden conseguir grandes ganancias con poco esfuerzo y bajo riesgo. En muchos casos, porque existe una cultura institucional que tolera o promueve este tipo de crimen.  Los criminales de cuello blanco generalmente saben identificar situaciones que presentan este tipo de oportunidades y a las personas que pueden convertirse en sus cómplices.  El modelo de la oportunidad sugiere que la institución puede haber permitido e incluso fomentado este tipo de delito por no vigilar y reforzar el cumplimiento de las normas y de los procesos.

Por ejemplo, en las aduanas, aún los funcionarios de un nivel inferior disfrutan de poderes discrecionales, los cuales ejercen sin supervisión cuidadosa lo cual crea un ambiente propicio para la comisión de delitos. Dada la naturaleza del trabajo aduanero, se facilitan muchas formas de corrupción: desde sobornos para “agilizar” el paso por los controles migratorios hasta la defraudación en el monto, valor o tipo de mercancías que se declaran, el flujo de personas indocumentadas y los flujos financieros ilícitos.

La corrupción promovida o tolerada en las aduanas no solo afecta a Guatemala, sino a muchos otros países. Los flujos financieros ilícitos en Centroamérica (por contrabando, corrupción, actividades criminales y evasión de impuestos) entre 2003 y 2012 representaron USD 154.5 millardos, cifra mayor al PIB acumulado de la región[2].

En Guatemala, la defraudación aduanera concurre con la historia del país. A finales de los 90’s se desarticuló una red de contrabando denominada “La Red Moreno” y en 2015 fue nuevamente puesta en evidencia una estructura a la que se le denominó “La Línea” conformada por directores de aduanas, empleados de niveles inferiores (vistas de aduna) hasta personas ejerciendo altos puestos en el Gobierno.  Asimismo, basados en el consumo final de productos, Coyoy, García y Rayo estimaron que en 2012 el comercio ilícito representó 3.4% del PIB, esto es, GTQ 13.4 millardos; para 2014, esta cifra habría aumentado a GTQ 15.4 millardos. En el año 2005 también se descubrió una red que favorecía el tráfico ilegal de ciudadanos asiáticos, quienes pagaron USD 15,000.00 por obtener pasaportes falsos que luego usarían para viajar a Estados Unidos[3].

2. El control y balance de poder[4]. Este modelo propone que debe haber un balance entre el poder que ejerce un individuo y la responsabilidad, rendición de cuentas o control al que está sometido. Una persona con mucho poder pero pocos controles (o que puede escapar a ellos fácilmente) tiene mayor inclinación a involucrarse en comportamientos desviados que aquel cuyas actuaciones están sujetas al control institucional. Este modelo también supone un ambiente favorable al crimen, en cuanto a que debe existir la oportunidad de cometerlo, plasmada en la inefectividad de los mecanismos para exigir rendición de cuentas a las personas con autoridad, pero a diferencia del anterior, agrega un elemento clave que es el abuso del poder que se manifiesta ante la falta de control.

 Como ilustración, recordemos la captura en 2012 de Adolfo Vivar, entonces alcalde de Antigua Guatemala, acusado por el Ministerio Público de apropiarse de GTQ 2 millones, como producto de la sobrevaloración de proyectos, adjudicación a empresas constructoras inexistentes, y la creación de plazas fantasma[5]. En junio de 2015, el MP indicó que agregaría nuevos delitos, y que la cifra malversada excedería los GTQ 20 millones. Hablamos de un ambiente en que la comisión del delito de cuello blanco se ve favorecida y en dónde la persona con más poder, el Alcalde, asociado con el tesorero municipal y algunos concejales (cuyo rol debiera ser el de ejercer control sobre el presupuesto y las obras ediles) se coluden para desviar fondos de la comuna. Recientemente el ex Alcalde de Chinautla Arnoldo Medrano ha sido acusado también de apropiarse de GTQ 10 millones provenientes de la municipalidad a su cargo[6].

3. Status y poder[7]. Los grupos dominantes dentro de la sociedad utilizan las leyes y las fuerzas del orden para proteger sus intereses. El sistema de justicia funciona para proteger a la clase dominante quienes se aseguran que la promulgación de leyes conserve y promueva sus intereses. En corto, la clase dominante define qué comportamientos son criminalizados y cuáles no[8]. De ahí que la legislación sobre los delitos de cuello blanco sea escasa y débil, y exista una normativa fuerte para los delitos comunes. Como bien dijo Benito Juárez “Para todos, justicia; para los amigos, favor y justicia…”

El crimen de cuello blanco se manifiesta entonces como producto de la oportunidad que provee el ambiente a través de los débiles controles, la escasa supervisión, y la ausencia de normas que regulen y sancionen el comportamiento ético de los funcionarios y empresarios. A ello se suma las bajas probabilidades de que una vez detectado el delito se lleve a juicio a los culpables y que se emita una sentencia condenatoria. En algunos casos cuando los delincuentes de cuello blanco han recibido condenas ha sido porque ya no ostentan poder o cuando los defensores no hicieron un trabajo brillante. Así también van a prisiones que generalmente tienen mejores condiciones que las que albergan a los delincuentes comunes. Todos estos aspectos influyen en la decisión de involucrarse en el crimen de cuello de blanco.

Por ejemplo,  el Diputado Rubén Darío Morales quien fungió como Presidente del Congreso de la República en 2007  fue acusado del delito de concusión por haber autorizado el depósito de Q.16 millones del presupuesto del Congreso en la Bolsa de Mercado de Futuros –MDF- por el cual recibió una comisión de Q. 300 mil[9]. Este delito (que califica como crimen de cuello blanco) es penado, de acuerdo con el Código Penal, con prisión de dos a seis años y una multa que va de cinco a veinticinco mil quetzales. Nada mal para alguien que recibió la cantidad antes citada! En 2010 también fue imputado el diputado Eduardo Meyer por el desvío de Q.82.7 millones del Organismo Legislativo a MDF. Por este delito el diputado recibió una condena de 3 años. En ese entonces la diputada Delia Back, opinó ante los medios lo siguiente: “Entonces no robemos 80 millones, robémonos siquiera unos 500 millones porque ya sabemos que allá adentro lo podemos arreglar”, y agregó “además de eso, él va a estar en la cárcel con todas las comodidades”[10].

¿Cómo prevenir que los criminales de cuello blanco sigan haciendo de las suyas?

Guatemala posee varias entidades autónomas, con antecedentes de abusos y corrupción. Escudadas tras el estandarte de su autonomía, generan oportunidades para abusar de los recursos del estado, con discrecionalidad y sin rendición de cuentas. Esto debe cambiar.

Consideremos que el crimen de cuello blanco es un fenómeno multicausal, por tanto es necesario que las medidas de prevención  integren tanto factores internos como externos.  Reducir la oportunidad, que no significa únicamente aumentar los controles (cámaras, guardias)  sino también que se descentralicen las responsabilidades, se trabaje en los valores y normas institucionales, y se construya una autoestima institucional. Con ello se incrementa el riesgo y se minimiza el beneficio de involucrarse en este crimen.

Es importante también que la ciudadanía tome un rol activo en la fiscalización de los funcionarios del Estado, demande transparencia y promueva, a través del legislativo, las leyes necesarias para regular el crimen de cuello blanco. Esto va desde los controles para la detección, así como la promulgación de una Ley que contenga sanciones acordes al delito cometido.

Por último, los empresarios y ciudadanía en general deben ser sensibilizados en el tema. Esto implica que deben recibir formación sobre las leyes existentes (que también contienen castigos para ellos), además de mecanismos que les permitan denunciar cuando se presentan situaciones en qué los funcionarios públicos les exijan o pidan dinero o mercancía a cambio de facilitar los procesos.


 

[1] Benson y Simpson, 2009.  White Collar Crime: an opportunity perspective. New York: Routledge, p.76

[2] Kar y Spanjers, 2014

[3] http://www.s21.com.gt/nacionales/2010/03/04/trafico-asiaticos-no-nuevo

[4] Teoría desarrollada por Charles R. Tittle presentada en su libro Control Balance: toward a general theory of deviance (1995)

[5] http://www.prensalibre.com/sacatepequez/Capturan-alcalde-tesorero-Antigua-Guatemala-0-773322754

[6] http://lahora.gt/capturan-a-arnoldo-medrano-alcalde-de-chinautla-por-lavado-de-dinero/

[7] La teoría del conflicto sugiere que los delitos de cuello blanco son una función del conflicto existen en la sociedad (Siegel, 2011)

[8] Petrocelli et al., 2003; Siegel, 2011

[9] http://www.todanoticia.com/33506/guatemala-proceso-contra-ruben-dario/

[10] http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/caso-mdf-pese-condena-temen-que-q828-millones-no-seran-recuperados

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06 Oct Del por qué los políticos se involucran en actos delictivos (PARTE I)

Ningún político debería asumir que cometer crímenes de cuello blanco es señal de astucia, inteligencia o habilidad, sino un acto de traición en un país con necesidades sociales tan urgentes.

En el 2014 el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se declaró culpable de conspirar para blanquear dinero ante un tribunal federal de Nueva York, en Estados Unidos. Más recientemente, el expresidente Pérez Molina, la exvicepresidenta Baldetti, algunos exministros de Estado, diputados al Congreso, han sido  acusados de haber conspirado y abusado del ejercicio de la función pública para el enriquecimiento propio. 

Los políticos muchas veces toman el riesgo de defraudar la confianza del público y cometer actos contrarios a la ley porque consideran que éstos quedarán impunes, sea por una tipificación deficiente del acto delictivo; o porque los respalda una organización que facilita el crimen y reduce las posibilidades de que el delito sea percibido, investigado o vinculado al ofensor. Los crímenes cometidos por políticos se distinguen del crimen en general porque se utiliza el poder y autoridad otorgados en beneficio propio (individual o de partidos políticos), opuesto al beneficio público. Los criminólogos han definido estas acciones como “crimen de cuello blanco” y estudios recientes proponen un concepto más exacto: “crimen de cuello blanco en la política”.

En Guatemala, recientemente, una combinación de factores extraordinarios, como la acción de CICIG, la indignación ciudadana y la coyuntura electoral, ha llevado a varios ex-funcionarios a enfrentar la justicia como ciudadanos comunes. Estos casos son la punta del iceberg de los “crímenes de cuello blanco” en el país, y nos ilustran la amplia red de tentáculos criminales que facilita la comisión de delitos y que intenta mantenerlos impunes, en los tres poderes del Estado y una red de empresas que se benefician.

¿Por qué los políticos deciden involucrarse en actividades criminales? Los motivos pueden ser de origen interno (individuales) y externo (institucionales, sociales). En este artículo me enfocaré en las motivaciones internas que señalan tres teorías criminológicas para explicar este comportamiento.

En primer lugar, la elección racional . Como individuos tenemos la capacidad de sopesar el riesgo versus el beneficio de nuestras acciones. Los políticos, en general, están en posiciones privilegiadas que les permiten planificar sus acciones, disimular las actividades ilícitas, y sobre todo neutralizar o retardar (dado la inmunidad conferida por el cargo) la persecución civil o penal. Es más, saben que si la ley los persigue pueden no recibir un castigo. Siendo así, resulta por demás tentador para la mayoría abusar de sus puestos para obtener una ganancia personal, ya sea económica o política.

Tomemos como ejemplo el caso del diputado Gudy Rivera quien ha sido denunciado por tratar de influir en la decisión de la magistrada Escobar para obtener un amparo que permitía en ese momento que Baldetti continuara como Secretaria General del Partido Patriota. Diez meses después de realizada la denuncia, la CSJ nombró a un juez pesquisidor para establecer si ocurrió el delito de tráfico de influencias. El diputado fue reelecto para el siguiente período, y su situación legal es aún incierta.

Segundo, el autocontrol . La capacidad de autorregulación está relacionada con saber diferir las gratificaciones, esforzarse por alcanzar las metas, la prudencia, el altruismo, y el análisis de riesgos (éste último relacionado con la elección racional). Los políticos con características de impulsividad, egocentrismo, y escaso análisis de riesgos, cometen “crímenes de cuello blanco”, que de forma más rápida a lo convencional, les permiten obtener beneficios o ventajas individuales, para su carrera, o su partido.

El caso del ex-presidente Alfonso Portillo quien admitió haber recibido un soborno de $ 2,5 millones por parte del gobierno de Taiwán para seguir reconociendo diplomáticamente a la nación asiática, nos ilustra que su decisión pudo haber obedecido al impulso de aceptar una cantidad de dinero que le permitiría mejorar su estilo de vida, aun corriendo el riesgo de ser perseguido penalmente y condenado socialmente por ello.

Tercero. Los políticos, como todo ser humano, necesitan justificar ante sí mismos sus acciones. Es por ello que previo o posteriormente a involucrarse en actividades criminales utilizan técnicas de neutralización. Para mantener una identidad de ciudadano respetable, el criminal de “cuello blanco” tiene que ajustar los estándares de normalidad a través de los cuales la sociedad juzgará su comportamiento. La justificación es vital para comprender cómo un individuo de alto estatus social y que se ajusta a las normas sociales, se involucra en comportamientos criminales, porqué ésta es no sólo la excusa para explicar el comportamiento sino una parte integral de la motivación individual para cometer el delito.

Algunas de las técnicas de neutralización comúnmente utilizadas por los delincuentes de “cuello blanco”, enfatizan en la normalidad y aceptabilidad del comportamiento (“todos lo hacen”). Esto es especialmente cierto cuando entre los políticos, se espera trabajen en beneficio propio y no en favor de la sociedad por la que fueron electos. En estos casos el criminal de “cuello blanco” tratará de mostrar que la ofensa no es un indicador de su verdadera personalidad, sino el resultado del cargo que ocupa.

Asimismo, los criminales de “cuello blanco” tienden a negar el daño de su delito. Es decir, creen que sus acciones no dañaron a nadie (crímenes sin víctimas, opuesto a la delincuencia común) y que por lo tanto no han cometido ningún crimen. También, tratan de transferir su responsabilidad a otros. Por ejemplo, “no hay corrupto sin corruptor”, y por lo tanto todos deben ser condenados (socialmente) por igual. Cuando son perseguidos por la justicia, señalan que se les ataca por razones políticas que no tienen relación con el delito cometido.

Recordemos cómo el ex-presidente Otto Pérez, quien desde que fue identificado como cabecilla de “la Línea” enfatizó que para que ésta existiera forzosamente tenía que haber quien la utilizara (“La Línea 2”) y pidió que también los empresarios fueran señalados e investigados. Así también, declaró que la motivación de la persecución penal de la que es objeto tiene razones políticas y no necesariamente legales. Y ¿Qué decir de Edgar Barquín, quien junto a dirigentes de LIDER señalaron que al tratar de sindicarlo por el delito de lavado de dinero y vincularlo con “Chico Dólar” se estaba judicializando la política? 

¿Cómo hacemos para evitar que el crimen de cuello blanco en la política continúe?

Aumentar los costos/consecuencias. Cuando el Estado y la sociedad miran para otro lado o responden con aparente indiferencia a los crímenes de cuello blanco, quienes se sienten tentados a violar la ley tienen mayor motivación para hacerlo. Por ello debe existir una auditoría social permanente y un sistema de justicia que aplica con celeridad la ley para que todos aquellos funcionarios sindicados y encontrados culpables reciban condenas ejemplares, acordes al delito cometido.

Fortalecer las competencias de los funcionarios. Al momento de asumir el cargo todos los funcionarios deben someterse a un entrenamiento sobre diversas maneras de abordar las situaciones de incurrir en comportamientos criminales a las que están expuestos por el cargo que ostentan. Al hacer parte de sus atribuciones, la remoción de formas de crimen organizado y advertirle que podrían intentar cooptarles, los funcionarios estarían en mejor condición de controlar su comportamiento frente a las amenazas e invitaciones a delinquir y a evitar justificar ese comportamiento.

Condenar socialmente este tipo de comportamiento. El crimen de cuello blanco explota la posición de estatus y traiciona la confianza del público. Pero muchas veces la norma legal y la norma moral no están alineadas. Existe una comprensión a nivel de población de que el político se enriquece ilícitamente y que ello no se puede evitar. La movilización ciudadana debe servir para sancionar moralmente el saqueo de las arcas fiscales, el desmantelamiento de la administración pública y el desprestigio de la política y el servicio civil. Ningún político debería asumir que cometer crímenes de cuello blanco es señal de astucia, inteligencia o habilidad, sino un acto de traición en un país con necesidades sociales tan urgentes. La prensa investigativa, la sociedad civil, los colegios profesionales y los centros de investigación deben actuar como observatorios, centros de denuncia, y medios de divulgación de los actos anómalos.

Finalizo señalando lo evidente. El “crimen de cuello blanco” no es una consecuencia automática de las motivaciones internas aquí expuestas. Existen también factores externos que lo potencian. Éstos serán expuestos en mi próximo artículo.


Notas:
  • A Edwin Sutherland se le atribuye la introducción del concepto de crimen de cuello blanco en el siglo pasado; sin embargo es Friederich, D. quien define el crímen de cuello blanco en la política (2009:147) en inglés political white crime.
  • La teoría de la Elección Racional fue desarrollada por Cornish y Clarke (1986). Algunos estudios que han establecido la relación entre la elección racional y el crimen de cuello blanco: Raymond Paternoster y Sally Simpson (1993, 1996) Weisburd, Waring, y Chayet (2001).
  • La Teoría General del Crimen, basada en el autocontrol del individuo fue desarrollada por Gotfredson y Hirschi (1990). Entre los estudios que han establecido la relación entre autocontrol y el crimen de cuello blanco están: Hirschi y Gotfredson (1989); Piquero, Exum, y Simpson (2005).
  • Las técnicas de neutralización fueron porpuestas por Sykes y Matza (1959). Scotl y Sloan (2009); y Haugh (2014) han realizado estudios sobre el uso de técnicas de neutralización y el crimen de cuello blanco.
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