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04 Nov Del porqué los políticos se involucran en delitos de cuello blanco (segunda parte)

Además de motivaciones individuales, sobre las que traté anteriormente, los políticos pueden involucrarse en actividades delictivas por motivos externos, los cuales pueden ser mejor comprendidos a partir de tres modelos de la Criminología contemporánea, que presento en esta entrega.

1. La oportunidad. “Sin oportunidad no hay crimen[1]”.   La oportunidad es una combinación de circunstancias que favorece el comportamiento. En el caso del crimen de cuello blanco, la oportunidad surge cuando los individuos perciben que pueden conseguir grandes ganancias con poco esfuerzo y bajo riesgo. En muchos casos, porque existe una cultura institucional que tolera o promueve este tipo de crimen.  Los criminales de cuello blanco generalmente saben identificar situaciones que presentan este tipo de oportunidades y a las personas que pueden convertirse en sus cómplices.  El modelo de la oportunidad sugiere que la institución puede haber permitido e incluso fomentado este tipo de delito por no vigilar y reforzar el cumplimiento de las normas y de los procesos.

Por ejemplo, en las aduanas, aún los funcionarios de un nivel inferior disfrutan de poderes discrecionales, los cuales ejercen sin supervisión cuidadosa lo cual crea un ambiente propicio para la comisión de delitos. Dada la naturaleza del trabajo aduanero, se facilitan muchas formas de corrupción: desde sobornos para “agilizar” el paso por los controles migratorios hasta la defraudación en el monto, valor o tipo de mercancías que se declaran, el flujo de personas indocumentadas y los flujos financieros ilícitos.

La corrupción promovida o tolerada en las aduanas no solo afecta a Guatemala, sino a muchos otros países. Los flujos financieros ilícitos en Centroamérica (por contrabando, corrupción, actividades criminales y evasión de impuestos) entre 2003 y 2012 representaron USD 154.5 millardos, cifra mayor al PIB acumulado de la región[2].

En Guatemala, la defraudación aduanera concurre con la historia del país. A finales de los 90’s se desarticuló una red de contrabando denominada “La Red Moreno” y en 2015 fue nuevamente puesta en evidencia una estructura a la que se le denominó “La Línea” conformada por directores de aduanas, empleados de niveles inferiores (vistas de aduna) hasta personas ejerciendo altos puestos en el Gobierno.  Asimismo, basados en el consumo final de productos, Coyoy, García y Rayo estimaron que en 2012 el comercio ilícito representó 3.4% del PIB, esto es, GTQ 13.4 millardos; para 2014, esta cifra habría aumentado a GTQ 15.4 millardos. En el año 2005 también se descubrió una red que favorecía el tráfico ilegal de ciudadanos asiáticos, quienes pagaron USD 15,000.00 por obtener pasaportes falsos que luego usarían para viajar a Estados Unidos[3].

2. El control y balance de poder[4]. Este modelo propone que debe haber un balance entre el poder que ejerce un individuo y la responsabilidad, rendición de cuentas o control al que está sometido. Una persona con mucho poder pero pocos controles (o que puede escapar a ellos fácilmente) tiene mayor inclinación a involucrarse en comportamientos desviados que aquel cuyas actuaciones están sujetas al control institucional. Este modelo también supone un ambiente favorable al crimen, en cuanto a que debe existir la oportunidad de cometerlo, plasmada en la inefectividad de los mecanismos para exigir rendición de cuentas a las personas con autoridad, pero a diferencia del anterior, agrega un elemento clave que es el abuso del poder que se manifiesta ante la falta de control.

 Como ilustración, recordemos la captura en 2012 de Adolfo Vivar, entonces alcalde de Antigua Guatemala, acusado por el Ministerio Público de apropiarse de GTQ 2 millones, como producto de la sobrevaloración de proyectos, adjudicación a empresas constructoras inexistentes, y la creación de plazas fantasma[5]. En junio de 2015, el MP indicó que agregaría nuevos delitos, y que la cifra malversada excedería los GTQ 20 millones. Hablamos de un ambiente en que la comisión del delito de cuello blanco se ve favorecida y en dónde la persona con más poder, el Alcalde, asociado con el tesorero municipal y algunos concejales (cuyo rol debiera ser el de ejercer control sobre el presupuesto y las obras ediles) se coluden para desviar fondos de la comuna. Recientemente el ex Alcalde de Chinautla Arnoldo Medrano ha sido acusado también de apropiarse de GTQ 10 millones provenientes de la municipalidad a su cargo[6].

3. Status y poder[7]. Los grupos dominantes dentro de la sociedad utilizan las leyes y las fuerzas del orden para proteger sus intereses. El sistema de justicia funciona para proteger a la clase dominante quienes se aseguran que la promulgación de leyes conserve y promueva sus intereses. En corto, la clase dominante define qué comportamientos son criminalizados y cuáles no[8]. De ahí que la legislación sobre los delitos de cuello blanco sea escasa y débil, y exista una normativa fuerte para los delitos comunes. Como bien dijo Benito Juárez “Para todos, justicia; para los amigos, favor y justicia…”

El crimen de cuello blanco se manifiesta entonces como producto de la oportunidad que provee el ambiente a través de los débiles controles, la escasa supervisión, y la ausencia de normas que regulen y sancionen el comportamiento ético de los funcionarios y empresarios. A ello se suma las bajas probabilidades de que una vez detectado el delito se lleve a juicio a los culpables y que se emita una sentencia condenatoria. En algunos casos cuando los delincuentes de cuello blanco han recibido condenas ha sido porque ya no ostentan poder o cuando los defensores no hicieron un trabajo brillante. Así también van a prisiones que generalmente tienen mejores condiciones que las que albergan a los delincuentes comunes. Todos estos aspectos influyen en la decisión de involucrarse en el crimen de cuello de blanco.

Por ejemplo,  el Diputado Rubén Darío Morales quien fungió como Presidente del Congreso de la República en 2007  fue acusado del delito de concusión por haber autorizado el depósito de Q.16 millones del presupuesto del Congreso en la Bolsa de Mercado de Futuros –MDF- por el cual recibió una comisión de Q. 300 mil[9]. Este delito (que califica como crimen de cuello blanco) es penado, de acuerdo con el Código Penal, con prisión de dos a seis años y una multa que va de cinco a veinticinco mil quetzales. Nada mal para alguien que recibió la cantidad antes citada! En 2010 también fue imputado el diputado Eduardo Meyer por el desvío de Q.82.7 millones del Organismo Legislativo a MDF. Por este delito el diputado recibió una condena de 3 años. En ese entonces la diputada Delia Back, opinó ante los medios lo siguiente: “Entonces no robemos 80 millones, robémonos siquiera unos 500 millones porque ya sabemos que allá adentro lo podemos arreglar”, y agregó “además de eso, él va a estar en la cárcel con todas las comodidades”[10].

¿Cómo prevenir que los criminales de cuello blanco sigan haciendo de las suyas?

Guatemala posee varias entidades autónomas, con antecedentes de abusos y corrupción. Escudadas tras el estandarte de su autonomía, generan oportunidades para abusar de los recursos del estado, con discrecionalidad y sin rendición de cuentas. Esto debe cambiar.

Consideremos que el crimen de cuello blanco es un fenómeno multicausal, por tanto es necesario que las medidas de prevención  integren tanto factores internos como externos.  Reducir la oportunidad, que no significa únicamente aumentar los controles (cámaras, guardias)  sino también que se descentralicen las responsabilidades, se trabaje en los valores y normas institucionales, y se construya una autoestima institucional. Con ello se incrementa el riesgo y se minimiza el beneficio de involucrarse en este crimen.

Es importante también que la ciudadanía tome un rol activo en la fiscalización de los funcionarios del Estado, demande transparencia y promueva, a través del legislativo, las leyes necesarias para regular el crimen de cuello blanco. Esto va desde los controles para la detección, así como la promulgación de una Ley que contenga sanciones acordes al delito cometido.

Por último, los empresarios y ciudadanía en general deben ser sensibilizados en el tema. Esto implica que deben recibir formación sobre las leyes existentes (que también contienen castigos para ellos), además de mecanismos que les permitan denunciar cuando se presentan situaciones en qué los funcionarios públicos les exijan o pidan dinero o mercancía a cambio de facilitar los procesos.


 

[1] Benson y Simpson, 2009.  White Collar Crime: an opportunity perspective. New York: Routledge, p.76

[2] Kar y Spanjers, 2014

[3] http://www.s21.com.gt/nacionales/2010/03/04/trafico-asiaticos-no-nuevo

[4] Teoría desarrollada por Charles R. Tittle presentada en su libro Control Balance: toward a general theory of deviance (1995)

[5] http://www.prensalibre.com/sacatepequez/Capturan-alcalde-tesorero-Antigua-Guatemala-0-773322754

[6] http://lahora.gt/capturan-a-arnoldo-medrano-alcalde-de-chinautla-por-lavado-de-dinero/

[7] La teoría del conflicto sugiere que los delitos de cuello blanco son una función del conflicto existen en la sociedad (Siegel, 2011)

[8] Petrocelli et al., 2003; Siegel, 2011

[9] http://www.todanoticia.com/33506/guatemala-proceso-contra-ruben-dario/

[10] http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/caso-mdf-pese-condena-temen-que-q828-millones-no-seran-recuperados

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06 Oct Del por qué los políticos se involucran en actos delictivos (PARTE I)

Ningún político debería asumir que cometer crímenes de cuello blanco es señal de astucia, inteligencia o habilidad, sino un acto de traición en un país con necesidades sociales tan urgentes.

En el 2014 el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se declaró culpable de conspirar para blanquear dinero ante un tribunal federal de Nueva York, en Estados Unidos. Más recientemente, el expresidente Pérez Molina, la exvicepresidenta Baldetti, algunos exministros de Estado, diputados al Congreso, han sido  acusados de haber conspirado y abusado del ejercicio de la función pública para el enriquecimiento propio. 

Los políticos muchas veces toman el riesgo de defraudar la confianza del público y cometer actos contrarios a la ley porque consideran que éstos quedarán impunes, sea por una tipificación deficiente del acto delictivo; o porque los respalda una organización que facilita el crimen y reduce las posibilidades de que el delito sea percibido, investigado o vinculado al ofensor. Los crímenes cometidos por políticos se distinguen del crimen en general porque se utiliza el poder y autoridad otorgados en beneficio propio (individual o de partidos políticos), opuesto al beneficio público. Los criminólogos han definido estas acciones como “crimen de cuello blanco” y estudios recientes proponen un concepto más exacto: “crimen de cuello blanco en la política”.

En Guatemala, recientemente, una combinación de factores extraordinarios, como la acción de CICIG, la indignación ciudadana y la coyuntura electoral, ha llevado a varios ex-funcionarios a enfrentar la justicia como ciudadanos comunes. Estos casos son la punta del iceberg de los “crímenes de cuello blanco” en el país, y nos ilustran la amplia red de tentáculos criminales que facilita la comisión de delitos y que intenta mantenerlos impunes, en los tres poderes del Estado y una red de empresas que se benefician.

¿Por qué los políticos deciden involucrarse en actividades criminales? Los motivos pueden ser de origen interno (individuales) y externo (institucionales, sociales). En este artículo me enfocaré en las motivaciones internas que señalan tres teorías criminológicas para explicar este comportamiento.

En primer lugar, la elección racional . Como individuos tenemos la capacidad de sopesar el riesgo versus el beneficio de nuestras acciones. Los políticos, en general, están en posiciones privilegiadas que les permiten planificar sus acciones, disimular las actividades ilícitas, y sobre todo neutralizar o retardar (dado la inmunidad conferida por el cargo) la persecución civil o penal. Es más, saben que si la ley los persigue pueden no recibir un castigo. Siendo así, resulta por demás tentador para la mayoría abusar de sus puestos para obtener una ganancia personal, ya sea económica o política.

Tomemos como ejemplo el caso del diputado Gudy Rivera quien ha sido denunciado por tratar de influir en la decisión de la magistrada Escobar para obtener un amparo que permitía en ese momento que Baldetti continuara como Secretaria General del Partido Patriota. Diez meses después de realizada la denuncia, la CSJ nombró a un juez pesquisidor para establecer si ocurrió el delito de tráfico de influencias. El diputado fue reelecto para el siguiente período, y su situación legal es aún incierta.

Segundo, el autocontrol . La capacidad de autorregulación está relacionada con saber diferir las gratificaciones, esforzarse por alcanzar las metas, la prudencia, el altruismo, y el análisis de riesgos (éste último relacionado con la elección racional). Los políticos con características de impulsividad, egocentrismo, y escaso análisis de riesgos, cometen “crímenes de cuello blanco”, que de forma más rápida a lo convencional, les permiten obtener beneficios o ventajas individuales, para su carrera, o su partido.

El caso del ex-presidente Alfonso Portillo quien admitió haber recibido un soborno de $ 2,5 millones por parte del gobierno de Taiwán para seguir reconociendo diplomáticamente a la nación asiática, nos ilustra que su decisión pudo haber obedecido al impulso de aceptar una cantidad de dinero que le permitiría mejorar su estilo de vida, aun corriendo el riesgo de ser perseguido penalmente y condenado socialmente por ello.

Tercero. Los políticos, como todo ser humano, necesitan justificar ante sí mismos sus acciones. Es por ello que previo o posteriormente a involucrarse en actividades criminales utilizan técnicas de neutralización. Para mantener una identidad de ciudadano respetable, el criminal de “cuello blanco” tiene que ajustar los estándares de normalidad a través de los cuales la sociedad juzgará su comportamiento. La justificación es vital para comprender cómo un individuo de alto estatus social y que se ajusta a las normas sociales, se involucra en comportamientos criminales, porqué ésta es no sólo la excusa para explicar el comportamiento sino una parte integral de la motivación individual para cometer el delito.

Algunas de las técnicas de neutralización comúnmente utilizadas por los delincuentes de “cuello blanco”, enfatizan en la normalidad y aceptabilidad del comportamiento (“todos lo hacen”). Esto es especialmente cierto cuando entre los políticos, se espera trabajen en beneficio propio y no en favor de la sociedad por la que fueron electos. En estos casos el criminal de “cuello blanco” tratará de mostrar que la ofensa no es un indicador de su verdadera personalidad, sino el resultado del cargo que ocupa.

Asimismo, los criminales de “cuello blanco” tienden a negar el daño de su delito. Es decir, creen que sus acciones no dañaron a nadie (crímenes sin víctimas, opuesto a la delincuencia común) y que por lo tanto no han cometido ningún crimen. También, tratan de transferir su responsabilidad a otros. Por ejemplo, “no hay corrupto sin corruptor”, y por lo tanto todos deben ser condenados (socialmente) por igual. Cuando son perseguidos por la justicia, señalan que se les ataca por razones políticas que no tienen relación con el delito cometido.

Recordemos cómo el ex-presidente Otto Pérez, quien desde que fue identificado como cabecilla de “la Línea” enfatizó que para que ésta existiera forzosamente tenía que haber quien la utilizara (“La Línea 2”) y pidió que también los empresarios fueran señalados e investigados. Así también, declaró que la motivación de la persecución penal de la que es objeto tiene razones políticas y no necesariamente legales. Y ¿Qué decir de Edgar Barquín, quien junto a dirigentes de LIDER señalaron que al tratar de sindicarlo por el delito de lavado de dinero y vincularlo con “Chico Dólar” se estaba judicializando la política? 

¿Cómo hacemos para evitar que el crimen de cuello blanco en la política continúe?

Aumentar los costos/consecuencias. Cuando el Estado y la sociedad miran para otro lado o responden con aparente indiferencia a los crímenes de cuello blanco, quienes se sienten tentados a violar la ley tienen mayor motivación para hacerlo. Por ello debe existir una auditoría social permanente y un sistema de justicia que aplica con celeridad la ley para que todos aquellos funcionarios sindicados y encontrados culpables reciban condenas ejemplares, acordes al delito cometido.

Fortalecer las competencias de los funcionarios. Al momento de asumir el cargo todos los funcionarios deben someterse a un entrenamiento sobre diversas maneras de abordar las situaciones de incurrir en comportamientos criminales a las que están expuestos por el cargo que ostentan. Al hacer parte de sus atribuciones, la remoción de formas de crimen organizado y advertirle que podrían intentar cooptarles, los funcionarios estarían en mejor condición de controlar su comportamiento frente a las amenazas e invitaciones a delinquir y a evitar justificar ese comportamiento.

Condenar socialmente este tipo de comportamiento. El crimen de cuello blanco explota la posición de estatus y traiciona la confianza del público. Pero muchas veces la norma legal y la norma moral no están alineadas. Existe una comprensión a nivel de población de que el político se enriquece ilícitamente y que ello no se puede evitar. La movilización ciudadana debe servir para sancionar moralmente el saqueo de las arcas fiscales, el desmantelamiento de la administración pública y el desprestigio de la política y el servicio civil. Ningún político debería asumir que cometer crímenes de cuello blanco es señal de astucia, inteligencia o habilidad, sino un acto de traición en un país con necesidades sociales tan urgentes. La prensa investigativa, la sociedad civil, los colegios profesionales y los centros de investigación deben actuar como observatorios, centros de denuncia, y medios de divulgación de los actos anómalos.

Finalizo señalando lo evidente. El “crimen de cuello blanco” no es una consecuencia automática de las motivaciones internas aquí expuestas. Existen también factores externos que lo potencian. Éstos serán expuestos en mi próximo artículo.


Notas:
  • A Edwin Sutherland se le atribuye la introducción del concepto de crimen de cuello blanco en el siglo pasado; sin embargo es Friederich, D. quien define el crímen de cuello blanco en la política (2009:147) en inglés political white crime.
  • La teoría de la Elección Racional fue desarrollada por Cornish y Clarke (1986). Algunos estudios que han establecido la relación entre la elección racional y el crimen de cuello blanco: Raymond Paternoster y Sally Simpson (1993, 1996) Weisburd, Waring, y Chayet (2001).
  • La Teoría General del Crimen, basada en el autocontrol del individuo fue desarrollada por Gotfredson y Hirschi (1990). Entre los estudios que han establecido la relación entre autocontrol y el crimen de cuello blanco están: Hirschi y Gotfredson (1989); Piquero, Exum, y Simpson (2005).
  • Las técnicas de neutralización fueron porpuestas por Sykes y Matza (1959). Scotl y Sloan (2009); y Haugh (2014) han realizado estudios sobre el uso de técnicas de neutralización y el crimen de cuello blanco.
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