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23 Oct Boletin Seguridad y Justicia No. 5: Narcoactividad en Guatemala

Las sustancias psicoactivas clasificadas como ilícitas -como la marihuana, la cocaína y la heroína- están sujetas a controles estrictos en las legislaciones nacionales de los países y en las tres convenciones internacionales vigentes, debido a que -bajo un modelo prohibicionista- son consideradas como peligrosas, altamente adictivas y porque su abuso genera un  grave impacto a nivel social, familiar e individual(1).

A diferencia del tabaco y el alcohol, que son drogas legales bajo modelos regulatorios,  las sustancias ilícitas depresoras, estimulantes o alucinógenas, sus precursores y equipos de producción están controlados por los Estados, y están prohibidas también en general la importación, manufactura, distribución e incluso -como en Guatemala- la posesión de tales sustancias para consumo personal con fines recreativos(2).

La narcoactividad describe todos aquellos comportamientos que están relacionados con el cultivo, manufactura, distribución, venta, posesión y consumo de drogas ilícitas.  

El tráfico, la distribución y la venta de sustancias ilegales son actividades que amenazan la institucionalidad pública, debido a que, al igual que para la comisión de otros delitos, se necesitan crear estructuras paralelas que permean las entidades públicas y privadas para facilitar tales acciones y además legitimar los fondos obtenidos con ellas (lavado de dinero). Guatemala, por su posición geográfica, es una vía utilizada para el tráfico ilícito de drogas, sobre todo de cocaína hacia Estados Unidos(3). Se estima que el 80 por ciento de la cocaína producida en Sudamérica pasa por el istmo centroamericano.

Con relación al consumo, datos del 2005, muestran que en Guatemala el uso de marihuana y cocaína son bajas comparadas con otros países del Continente(4). Lo cual parece que no ha variado en el tiempo. Por ejemplo, un reciente estudio evidenció  que el 7.5 por ciento de los jóvenes ha usado o experimentado con el cannabis; 4.4 por ciento con cocaína; 9.5 por ciento con inhalantes; 2.5 por ciento con crack; y 2.4 por ciento con MDMA (éxtasis) y otras drogas sintéticas(5). El Gobierno de Guatemala prácticamente no destina recursos públicos para conocer a mayor profundidad la realidad sobre el consumo de drogas, reguladas o prohibidas.  

En el marco que regula la narcoactividad en el país, (Ley contra la Narcoactividad, Decreto 48-92 del Congreso de la República) queda establecido que el Estado prohíbe y penaliza, parcial o totalmente, la producción, el tráfico, promoción, así como la posesión para el consumo de drogas. Se asume que el daño producido por la narcoactividad amerita una amplia y fuerte intervención del Estado para controlar, criminalizar y penalizar su producción, distribución y venta(6).

Las penas para estos delitos se distribuyen así:

Tabla 1. Delitos relacionados con la narcoactividad 

Dos aspectos clave destacan de esta Ley: i) la tipificación de la posesión para el consumo, comparado con otros países latinoamericanos en donde hay una tendencia despenalizadora o bien una reducción de las penas(7); y ii) la discrecionalidad que otorga a los jueces para aplicar las sanciones mínimas o máximas, a los cómplices y autores, en virtud de que no existen criterios expresos y predeterminados al respecto.

Las cifras de la narcoactividad en Guatemala

En el período 2009-2018 la mayor parte de las incautaciones de droga ha sido de cocaína (alrededor de 64 mil kg) seguido de metanfetaminas (28 mil kg). Entre 2016-2017 se registró la mayor incautación de cocaína, lo cual es un indicativo de que ha aumentado el tráfico en el país, debido a una mayor producción de esta sustancia en Sudamérica, y no necesariamente resultado de acciones más eficaces por parte de las autoridades(8).

Las estadísticas oficiales muestran que entre 2009-2018 se incautaron 4,605 millones de matas de amapola y 46.6 millones de matas de marihuana. 

Dentro de las estadísticas del sistema de seguridad y justicia sobresalen tres delitos relacionados con la narcoactividad: i) promoción o estímulo a la drogadicción; ii) posesión para el consumo; y iii) comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Durante el período 2009-2018, la PNC arrestó a un total de 25,502 personas por delitos relacionados con la narcoactividad. Alrededor de 89% fueron hombres.  En 2017 la tasa por cien mil hab. fue de 19

El sistema de justicia 

El delito de posesión para el consumo es el que cuenta con el mayor número de sindicados. El tráfico ilícito cuenta apenas con 42 personas sindicadas. El número anual de sindicados por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito no ha variado en los últimos 10 años. Al 31 de julio de 2018, los registros muestran un total de 1,825 personas sindicadas.

El número de acusados durante este período fue de 5,837. Sólo una tercera parte de los sindicados fueron formalmente acusados (47% corresponden a casos de posesión para el consumo; 41% a promoción o estímulo a la drogadicción, y 12% a comercio, tráfico y almacenamiento ilícito).

Entre 2009-2018, el Instituto de Defensa Pública Penal -IDPP- ha prestado servicios de defensa por estos tres delitos a un total de 15,736 personas (64% de los casos son por posesión para el consumo), en su mayoría, hombres (92%). Alrededor del 9% son adolescentes. El mayor número de defendidos de este período se registró durante el período 2016-2017.

El Organismo Judicial -OJ- ha emitido un total de 1,541 sentencias condenatorias entre 2009-2018, para los delitos de i) comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; ii) posesión para el consumo, y iii) promoción o estímulo a la drogadicción. El Gráfico 6 muestra el descenso a partir de 2013 en la emisión de sentencias, y un incremento a partir de 2018.

Durante 2018, los departamentos de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Sololá y Quetzaltenango tienen las tasas más altas de personas detenidas por los delitos de narcoactividad (promoción o estímulo, posesión para el consumo, y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito).

Las incautaciones de amapola durante 2009-2018 se han realizado en San Marcos, pues es el departamento del país en el que se concentra dicha producción. En el caso de la mariguana, la mayor parte de las incautaciones  ha ocurrido en San Marcos, Huehuetenango, Petén, y Chiquimula.  Mientras que el decomiso de cocaína ha estado focalizado en los departamentos de Guatemala, Escuintla, e Izabal, y en menor grado en Petén, Alta Verapaz y Zacapa.

Los territorios en donde operan los traficantes de drogas incluyen Izabal, Alta Verapaz, Petén, Zacapa, y San Marcos(9).

Avances y desafíos en la prevención y reducción de la narcoactividad en Guatemala

Guatemala es un puente para el paso de drogas hacia los Estados Unidos(10). Además, en el país se cultiva amapola para producir heroína en México y marihuana para el consumo local. Como resultado de estas actividades, han proliferado redes criminales, pandillas y narcotraficantes, principalmente en algunos departamentos del país que suelen ser foco de la narcoactividad.

Uno de los cambios legales más significativos de los últimos años contra el crimen relacionado a las drogas ilícitas fue la emisión de la Ley de Extinción de Dominio (Decreto 55-2010) en la cual se establece la extinción de bienes adquiridos con recursos provenientes de actividades relacionadas con la narcoactividad y otros ilícitos. 

En el período analizado, 2009-2018, se observa que los esfuerzos del Estado se han concentrado en vigilar y castigar el delito de posesión de drogas para el consumo, el eslabón más débil de la cadena de narcoactividad, sin atacar sus causas de fondo, provocando que el sistema de seguridad y justicia destine una alta cantidad de recursos a este tema.

La persecución contra quienes se dedican a la producción, el comercio y tráfico ilícito de drogas ha estado orientada a las actividades de erradicación manual de matas de amapola y  marihuana, y a las incautaciones de cocaína y del dinero ligado a esta actividad. 

Durante 2010-2012, últimos años de la administración de Álvaro Colom, se realizó una depuración en las fuerzas policiales, especialmente el personal de las comisarías de Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango, quienes estaban sindicados de tener vínculos con los Zetas(11).  Pese a este proceso de depuración, el involucramiento de elementos de la policía en actividades relacionadas con la narcoactividad aún prevalece(12).

El gobierno de Otto Pérez Molina intentó, a través de la conformación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas (Acuerdo Gubernativo 396-2013), formular propuestas de políticas públicas enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y orientadas a la reducción de la oferta y la demanda, entendiendo el problema como uno de salud pública(13). Este esfuerzo, sin embargo, no llegó a concretarse debido a la coyuntura política de 2015, en el cual la pareja presidencial, sindicada de corrupción,  fue sustituida en el cargo.

La administración de Jimmy Morales se ha enfocado en la tarea de incautación de las drogas que transitan por el país y en la erradicación de amapola y marihuana que se siembra en algunos municipios de San Marcos, Petén, y Totonicapán entre otros.  El estado de sitio en algunos municipios influyó para que en 2017 se incautara una alta cantidad de matas de amapola. Como dato novedoso, en mayo de 2018, la PNC localizó una plantación de coca y un laboratorio para procesarla.

En el combate de la narcoactividad, que es sin duda un fenómeno global y regional, el país continúa ofreciendo las condiciones necesarias para este tipo de actividades ilícitas: impunidad, instituciones de seguridad débiles (Guatemala depende de las capacitaciones y equipo que le brinda el Gobierno de los Estados Unidos por medio de sus agencias especializadas, como INL y la DEA, por sus siglas en inglés)(14), además de personas motivadas a involucrarse en este y otras actividades delictivas, incluyendo aquellas que facilitan la narcoactividad.

Implicaciones para la política pública

Guatemala necesita repensar las políticas de drogas en su conjunto. El enfoque prohibicionista, focalizado en contrarrestar el consumo, el cultivo, la producción, y el tráfico ilícito, hegemónico hasta ahora, no parece estar rindiendo los resultados esperados(15).

A partir de ello se recomienda:

1. Privilegiar un enfoque de salud pública. La evidencia muestra que criminalizar el consumo tiene un impacto alto en el sistema de seguridad y justicia (fuerza policial, hacinamiento en centros carcelarios), sin llegar a impactar en el tráfico y promoción de las drogas. Un enfoque de salud pública, permitiría destinar recursos a la prevención, tratamiento,  rehabilitación, y reinserción social, pero sobre todo descriminalizar el consumo, y tratar a los usuarios de drogas como víctimas y no como criminales.

  2. Establecer nuevos y mejores indicadores para medir el éxito contra las drogas.  La erradicación  de amapola ya sea medida por hectáreas o matas, no debe considerarse una medida del éxito contra el narcotráfico, sobre todo, porque no se erradica sino únicamente se arrancan las matas o se quema la cosecha. Es mejor medir la incautación de marihuana, amapola, cocaína y otras sustancias(16).

El número de personas detenidas por posesión para el consumo tampoco evidencian, por sí mismo, el problema de las drogas en el país.  Es necesario contar con indicadores que muestren la tasa de consumo y la tasa de atención en los servicios de salud pública, entre otros.

También es importante llevar un control sobre la desarticulación de grupos criminales relacionados con la narcoactividad; los homicidios relacionados con la narcoactividad; la transformación de los territorios en donde prevalecen los cultivos; y la inversión del Estado para la prevención y el combate del narcotráfico.

3. Revisar el marco legal vigente. Las penas deben ser proporcionales al delito. Actualmente el sistema de seguridad y justicia destina la mayoría de recursos en la lucha contra las drogas, a perseguir el delito por posesión para el consumo, provocando hacinamiento en las cárceles y saturando los servicios de persecución penal, defensa pública y demás órganos jurisdiccionales.

La persecución penal debería estar orientada a la desarticulación de los narcos, y de las redes que facilitan el tránsito y producción en el país, y no hacia los usuarios de drogas. La despenalización del consumo y el uso de sanciones que estén orientadas a disuadir y evitar la reincidencia (multas y/o tratamiento para la rehabilitación, por ejemplo) pueden tener un mejor efecto en los usuarios, y reducir los delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. 

Asimismo, es importante retomar la recomendación de la Comisión de  reformar el artículo 47 de la Ley contra la narcoactividad, que permita incluir dentro de los beneficiarios de la extinción de dominio, a las instituciones que desarrollan acciones de prevención y rehabilitación(17).

4. Implementar programas de prevención en tres áreas: i) cultivo; ii) tráfico y iii) consumo. El cultivo de amapola es una actividad que retribuye económicamente a las personas que se dedican a ella. La estrategia de erradicación debe ir acompañada de la implementación de programas alternativos para el trabajo y subsistencia orientados a mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Ello implica involucrar a los gobiernos locales y líderes de las comunidades(18).

Para prevenir el tráfico ilícito de drogas es importante mejorar los controles en las fronteras para evitar el paso de drogas, pero también de armas y personas; brindar oportunidades de empleo, educación e inclusión social para los jóvenes; y, focalizar los recursos en la persecución de aquellos involucrados en el tránsito y promoción del uso de drogas.

El énfasis en la prevención del consumo de drogas debe ser durante la adolescencia. La evidencia señala que es en este grupo de edad en donde existe mayor riesgo.  Las campañas de información, el involucramiento de los padres de familia, la escuela y la comunidad son aspectos clave. El Estado debe garantizar los servicios necesarios para la rehabilitación y reinserción social, basado en un enfoque de reducción de daños y atención a  la salud de quienes consumen y abusan de las drogas.

Es necesario que la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, asuma su rol de diseñar e implementar las políticas públicas de prevención de los delitos de narcoactividad, basados en la evidencia disponible.

Finalmente, la prevención -que no la guerra o el combate- se puede lograr sin exacerbar la violencia, si se enfoca en desmantelar las estructuras de corrupción del Estado y en limitar el espacio para el lavado de activos y capitales.

 

Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

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Notas al pie

1     OMS, 2004. Neurociencia del uso y dependencia de sustancias psicoactivas.
2  Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Psicotrópicos, 1988.
3   UNODC, 2017. World Drug Report 2017.
4      CICAD, 2011
Encuesta Nacional sobre Uso, Abuso y Prevalencia del Consumo de Drogas en el Nivel Medio de Educación, 2016
6 Informe de la Comisión para Reforma Política de las drogas, 2015
 Ibídem
8   INCSR,2017
9    Espach et al., 2014
10    Se estima que cada año se introducen de contrabando 1.000 toneladas de cocaína en todo el país (INL, 2017:173)
11     https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/06/27/estructuras-del-crimen-organizado-necesitan-agentes-del-estado-operar-segun-experto.html
12    http://www.salanegra.elfaro.net/es/201409/cronicas/15874/Las-lecciones-que-nos-dej%C3%B3-la-masacre-de-Salcaj%C3%A1.htm
13    Acuerdo publicado en el Diario de Centroamérica el 1 de octubre de 2013, pp. 2-3
14     Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) y Drug Enforcement Administration (DEA)
15 OEA, 2013
16   El cannabis no es considerado nocivo como otras drogas,  en los EE.UU. es legal su consumo recreativo y para uso médico
17   Comisión para la Reforma Política de la Drogas, 2014: 84
18   De acuerdo con Espinoza (2017) la implementación exitosa de programas alternativos deber ser estudiada con mayor detalle, pues en algunos países se ha producido un desplazamiento y el surgimiento de nuevas áreas de cultivo.

Referencias consultadas

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2011). Informe del uso de drogas en las Américas 2011.  Washington: OEA
Comisión para Reforma Política de las drogas (2015). Informe analítico sobre el problema de las drogas en Guatemala. Documento inédito. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/…/Guatemala.pdf
Decreto 48-92 del Congreso de la República Ley contra la Narcoactividad. Guatemala
Espach, Ralph et al (2011). Organizaciones criminales y tráfico ilícito en las comunidades fronterizas de Guatemala. Alexandria: Center for Naval Analyses.
International Narcotics Control Strategy Report. (2017)  Drug and chemical control, Vol. 1.  United States Department of State
Encuesta nacional sobre uso, abuso y prevalencia del consumo de drogas del nivel medio de educación. Guatemala: [s.n.]; 2014.
Espinoza, C. (2017) La amapola es un billete maldito. Publicado en Plaza Pública https://www.plazapublica.com.gt/content/la-amapola-es-un-billete-maldito
Flom, H. (2018). Política, policía y violencia: La regulación del Narcotráfico en el Cono Sur. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 04(01).
Garay, L.; De León, I. & Salcedo, E. (2010). Guatemala, México y Colombia: Los retos de la expansión del narcotráfico en el nuevo milenio. Método Working Papers, (65).
Organización de Estados Americanos. (2013) El informe de drogas de la Organización de Estados Americanos: 16 meses de debates y consensos. Washington: OEA
Organización de Naciones Unidas. (1988). Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Psicotrópicos.  Viena: ONU
Organización Mundial de la Salud. ( 2004). Neurociencia del uso y dependencia de sustancias psicoactivas. [Neurosciences: Use and Dependence of Psychoactive Substances]. Genebra: WHO.
Rosen, J. & Zepeda, R. (2015). La guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdida. Revista Reflexiones, 94(1).
United Nations Office on Drugs and Crime,. (2017) World Drug Report 2017 .  Viena: UNODC
Villegas, C. (2014). La economía ilícita del narcotráfico en centroamérica. Análisis del mercado de la cocaína y las respuestas políticas de los estados. Anuario de Estudios Centroamericanos, 40.

 

 

 

 

 

 

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05 Abr Recomendaciones para una política de drogas enfocada en la salud pública

Dentro de dos semanas, el 19 de abril próximo, dará inicio en Nueva York la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema de las drogas –UNGASS 2016. Allí se debatirá entre los Estados miembros el paradigma prohibicionista prevaleciente, el cual se examinó críticamente en Guatemala por parte de la Comisión Nacional creada para la Reforma de la Política de Drogas –ver documento de diagnóstico (septiembre 2014). No obstante, debido a la crisis política que vivimos en 2015, el trabajo de la Comisión fue interrumpido en espera de mejores condiciones para retomar el debate con diversos actores de la sociedad civil sobre las políticas públicas y las leyes relacionadas con la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas.

Entre las preocupaciones insuficientemente discutidas en Guatemala destaca el problema de salud pública que representa el consumo de drogas tanto para el Estado como para la sociedad. Aunque no todos los consumidores de drogas ilícitas son problemáticos, es decir, víctimas de una dependencia que no les permite llevar una vida funcional, el Estado de Guatemala prácticamente no brinda la atención necesaria para los que sí lo son, pues sólo cuenta con un centro ambulatorio y de bajo presupuesto –ni siquiera sabemos con certeza las cifras del consumo entre la población. Las respuestas privadas al problema son poco alentadoras, pues generalmente carecen de un sustento científico y médico que ayude efectivamente a los pacientes a recuperar su funcionalidad. El Ministerio de Salud Pública apenas tiene una mínima capacidad para controlar a los centros privados de atención, donde incluso podrían estar ocurriendo violaciones a los derechos humanos de los pacientes, al privárseles de libertad en contra de su voluntad. Tampoco existen en Guatemala programas preventivos efectivos, ni mucho menos una práctica que minimice los daños colaterales del uso de drogas. Por ejemplo, en los países desarrollados está muy difundida la provisión de jeringas nuevas para evitar el contagio de VIH-SIDA o hepatitis C entre los consumidores de heroína, que suelen compartir jeringas usadas y así difundir esas otras graves enfermedades que ponen en riesgo a más personas.

Por otro lado, el enfoque de salud pública requiere dejar de concebir a los consumidores de drogas como delincuentes a ser encarcelados, y llama a considerar la despenalización del consumo. En muchos países las cárceles se llenan de consumidores que no han cometido ningún crimen violento, pero ya privados de libertad sí pueden ser víctimas de peligrosos criminales y eventualmente pueden empezar a consumir otro tipo de drogas mucho más dañinas para su salud. Según registros del Sistema Penitenciario, en Guatemala no hay tantas personas presas como en otros países por este tipo de delitos, pero sí hay mucho más mujeres que hombres que entran a prisión por el delito de “posesión para el consumo” y reciben una pena totalmente desproporcionada. Esto representa un costo innecesario para el Estado, para el individuo y para la sociedad. Además, es bien sabido que entre las malas prácticas policiales aún se encuentra la implantación de evidencia falsa, generalmente bolsitas con alguna droga, para capturar a supuestos criminales a quienes no se les ha podido detener con evidencia sólida. Este método reprobable también se ha prestado para conseguir el pago de sobornos en puestos de registro. Adicionalmente, los jueces no poseen criterios claros en la ley para distinguir a un simple consumidor de un distribuidor minorista, o de un narcotraficante, lo cual puede conducir a que los primeros puedan pasar años en prisión por algo que en ciertos Estados de la Unión Americana ya ni es considerado como un delito, tal es el caso de la marihuana para su consumo recreativo en Washington, Colorado, Oregón, Alaska y en el mismo Distrito de Columbia, la capital federal.

En este sentido, vale la pena resumir las principales recomendaciones de la comisión conjunta entre The Johns Hopkins y The Lancet (publicadas el 24 de marzo 2016, Public health and international drug policy) y las cuales están basadas en la evidencia científica disponible:

  1. Despenalizar lo que en la actualidad se consideran delitos, convirtiéndolos en faltas menores por el uso, la posesión y la venta en pequeñas cantidades de drogas, cuando no hay violencia de por medio, al mismo tiempo que se fortalecen las respuestas de salud pública y se generan alternativas a la sanción penal.
  2. Reducir la violencia y los daños ocasionados por la represión estatal, lo que incluye mantener al margen a los militares de la persecución del narcotráfico. Las fuerzas de seguridad civiles deben enfocarse en perseguir a los grupos criminales más violentos.
  3. Asegurar el acceso a servicios que reducen los daños por el uso de drogas, como espacios seguros y supervisados, especialmente en prisiones y centros de detención preventiva.
  4. Asegurar la disponibilidad de centros de atención para quienes sufren dependencia a las drogas, con tratamientos basados en las ciencias médicas y que sean respetuosos de los derechos humanos del paciente, lo que implica eliminar la detención contra su voluntad y cualquier otro abuso en nombre de un supuesto tratamiento.
  5. Garantizar el acceso a drogas controladas, como las utilizadas contra el dolor en cuidados paliativos de pacientes con cáncer en fase avanzada, estableciéndose instancias multisectoriales que contribuyan a determinar los niveles de existencia necesarios anualmente.
  6. Reducir el impacto negativo de las políticas de drogas en las mujeres y sus familias, minimizando especialmente el encarcelamiento de mujeres que no cometieron algún crimen violento.
  7. El control de cultivos ilícitos también debe de tomar en cuenta los criterios de salud, por lo que deben detenerse todos los programas que incluyan la aspersión aérea de herbicidas tóxicos. El desarrollo alternativo debe considerarse como parte de las estrategias que, además, deben ser implementadas en consulta con las comunidades afectadas.
  8. Los Estados deben favorecer la inclusión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la determinación del nivel de peligrosidad de cada droga, lo cual debe informar las políticas. Los Estados también deben enviar en sus delegaciones a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena a funcionarios de salud pública (y no sólo a diplomáticos y funcionarios de seguridad).
  9. Los avances generados por las políticas de drogas deben medirse con indicadores de salud, desarrollo y derechos humanos. Tanto la OMS como el PNUD deben contribuir en su formulación. Por ejemplo, este último ya ha propuesto algunos indicadores como el grado de acceso a tratamiento, frecuencia de muertes por sobredosis, y nivel de acceso a programas sociales para usuarios de drogas. Toda política pública debe ser monitoreada y evaluada, midiéndose también su impacto en los grupos más vulnerables, como niños y jóvenes, mujeres y personas en situación de pobreza.
  10. Es necesario aplicar el método científico para evaluar cualquier avance hacia mercados de drogas regulados. En el corto plazo es políticamente poco probable que se regulen las drogas controladas por las Convenciones Internacionales, aunque el daño que causan los mercados criminales y otras consecuencias nocivas del paradigma prohibicionista ya han movido a ciertos países en esa dirección, como es el caso del cannabis en el Uruguay.

Foto: tomada del Global Drug Policy Observatory de TNI http://cannabishistory.tni.org/

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