Diálogos | Guatemala
80
archive,tag,tag-guatemala,tag-80,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Guatemala Tag

27 Jul Guatemala: It is NOT a “safe third country”

By Carlos A. Mendoza, Observatory on Violence *

It is true that Guatemala has managed to reduce its homicide rate in the last ten years by more than 50 percent. However, the country is still among the most violent places on Earth.

Recently, the agency of the United Nations Organization specialized on drugs and crime (UNODC), has published its compilation of homicide figures worldwide, being the most recent data from 2017.

Out of 204 countries for which UNODC has annual data, the average of homicide rates per 100 thousand inhabitants places Guatemala as the NINTH most violent country in the world, in the 21st century, so far.

TOP 10 of the most violent countries in the World, 2000-2017 (UNODC, 2019).

Source: Homicide Data Set 2019 at https://dataunodc.un.org/GSH_app

The TOP10 of the most violent countries in the world is the following: First El Salvador (average annual rate of 63) and second Honduras (59), both neighboring countries. Jamaica ranks third (47) and is followed by two South American countries: Venezuela (45) and Colombia (41). The sixth place corresponds to the Virgin Islands, territory under the jurisdiction of the United States of America in the Caribbean (38). There is a tie in seventh place between two African nations: South Africa and Lesotho (37). Then, Guatemala appears in the ninth place with an average annual rate of 35 homicides per 100 thousand inhabitants in the last 18 years of available data for international comparison, that is, from 2000 to 2017. In tenth position is Belize (32).

Guatemala, in fact, has moved positively in the world rankings. After an 85% increase in violence between 2000-2009, this negative trend not only did stop in 2010, but an uninterrupted decline began. It has also continued during the last two years 2018-2019, which were not accounted for in the UNODC’s report (2019).

Source: monthly data on homicides from the National Police (PNC).

Despite such an impressive decline in violence, which has also occurred in Honduras and El Salvador (with some disturbing ups and downs), Guatemala is still among the most violent countries in the world, in the middle of the most violent region, as reflected very well in the map prepared by UNODC.

Source: Map of homicide in countries worldwide https://dataunodc.un.org/GSH_app

Guatemala can NOT be considered a “safe third country” for those who escape violence from their own countries, awaiting asylum in the United States of America. Additionally, it is not a safe country under other socioeconomic, demographic or political criteria.

*Carlos A. Mendoza is a senior researcher at Diálogos, Guatemala City. @camendoza72

Read More

25 Jun Medición de violencia homicida en Guatemala: coincidencias y contradicciones entre las fuentes de datos

NOTAS METODOLÓGICAS No.1-2019 por Carlos A. Mendoza

En este número se abordan las diferencias más importantes en las mediciones de violencia homicida según las tres principales fuentes guatemaltecas: el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). El ejercicio comparativo se hace con los datos disponibles para los años 2017-2018.

Descargar PDF

Instituto Nacional de Estadística (INE)

El INE recopila y publica anualmente las estadísticas vitales del país: nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios.  En el caso de las defunciones, el INE utiliza la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10). Los siguientes códigos nos permiten identificar los casos de violencia homicida (causa externa de muerte, agresión):

Agresiones (X85–Y09)

X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas
X86 Agresión con sustancia corrosiva
X87 Agresión con plaguicidas
X88 Agresión con gases y vapores
X89 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas
X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas
X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación
X92 Agresión por ahogamiento y sumersión
X93 Agresión con disparo de arma corta
X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga
X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
X96 Agresión con material explosivo
X97 Agresión con humo, fuego y llamas
X98 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes
X99 Agresión con objeto cortante
Y00 Agresión con objeto romo o sin filo
Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado
Y02 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento
Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor
Y04 Agresión con fuerza corporal
Y05 Agresión sexual con fuerza corporal
Y06 Negligencia y abandono
Y07 Otros maltratos
Y08 Agresión por otros medios especificados
Y09 Agresión por medios no especificados

Con base a dichos códigos, se puede establecer que en el año 2017 hubo un total de 3,739 víctimas fatales de agresiones. De esas, 2,994 (79%), fueron muertes provocadas por “agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas” (X95). De las muertes por arma de fuego, el 88 por ciento fueron víctimas hombres y el restante 12 por ciento mujeres. El INE utiliza en su base de datos hasta tres dígitos para cada código, lo cual permite conocer con gran detalle particularidades del crimen. Por ejemplo, podemos saber que en 2017 hubo 219 casos de muertes por agresión con objeto cortante en un lugar no especificado (X999). Esto representó el 6% de todos los casos de muerte por agresión.

La base de datos de defunciones permite dimensionar las muertes por agresión en relación con el resto de las causas de muerte. Por ejemplo, en 2017 las agresiones representaron el 4.6% del total de causas (81,726 defunciones). Al mismo tiempo se pueden comparar con otras causas de muerte, como las neumonías que mataron a 6,840 personas, o los infartos que causaron 5,524 defunciones ese año. 

La serie histórica de las estadísticas vitales del INE está disponible desde 1986, en formato electrónico. Antes de la existencia del actual Registro Nacional de las Personas (RENAP), creado en 2005, las certificaciones de defunciones eran responsabilidad de los registros civiles de cada municipalidad, por lo que posiblemente la calidad del dato era menor en esa época. Lo cierto es que dichas estadísticas son comparables con los datos históricos de la Policía. Las estadísticas vitales correspondientes al 2018 aún no están disponibles.

Policía Nacional Civil (PNC)

La PNC registra los hechos delictivos que ocurren en todo el territorio nacional.  Los mismos incluyen seis grandes categorías: homicidios, lesiones, delitos contra el patrimonio, contra la libertad, extorsión y chantaje, y otros delitos. En el caso de homicidios, los datos agregados a nivel municipal están disponibles de manera electrónica desde el 2001. Se distinguen seis tipos de homicidios: por arma de fuego, por arma blanca, por arma contundente, por artefacto explosivo, por estrangulamiento, y por linchamiento.

La Policía no utiliza los códigos del CIE-10. Sin embargo, para los años en los cuales hay datos comparables, los registros policiales muestran siempre un mayor nivel de violencia homicida que los registros de defunciones por agresión de las estadísticas vitales. Por ejemplo, en 2017 la Policía reportó un total de 4,410 homicidios, en contraste con los 3, 739 del INE. Es una diferencia del 15%. ¿A qué se debe esto?

Sabemos que la PNC genera su dato en la escena del crimen. Mientras que las estadísticas vitales son la recopilación que hace el INE a partir de los informes de defunción. En estos se consignan los datos de la defunción, como lugar, fecha y hora, incluyéndose sus causas (hasta cuatro, de la A a la D), pero estas causas se refieren a “enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente”, según se establece en instrucciones del “Informe de Defunción”, documento a partir del cual se genera el “Certificado de Defunción”. También se aclara que las cuatro causas son llamadas “antecedentes” porque son “estados morbosos que produjeron la causa inmediata, mencionándose en último lugar la causa básica”.

Ejemplo del Informe de Defunción

Fuente: INE (2014). República de Guatemala: estadísticas Vitales 2013, p. 60

Nótese arriba la instrucción para la casilla No. 30: “ESPECIFIQUE CÓMO FUE: Este apartado será para especificar la naturaleza de la muerte. Anote en dicha casilla el código de estas causas particulares. Estos datos no prejuzgan sobre la calificación del hecho que en definitiva hicieren los tribunales, es únicamente para fines estadísticos.”

Ejemplo del Certificado de Defunción que extiende el RENAP

Puede ocurrir, entonces, que dada la complejidad del concepto “causa” y aunque quien certifica o informa sobre la defunción pueda ser un médico, paramédico o una autoridad, siempre puede crear confusión el hecho que en la casilla No. 12 ya se estableció la causa inmediata de la muerte. Por lo tanto, la respuesta que se tendería a marcar para evitar mayores problemas, como seguimiento de una investigación criminal, sería la opción 9 de la casilla No. 30, es decir, naturaleza de la muerte “NO determinada”. De hecho, sólo en el 59 por ciento del total de defunciones de 2017 fue un médico quien firmó el informe, mientras que en el 40% de los casos se ignora quién lo hizo. Por ello, no sorprende que en el 42% del total de defunciones de ese año la causa haya sido “otras causas”. En ese porcentaje, seguramente, están incluidas las muertes no tomadas como homicidios, pero que sí lo fueron según la Policía. Esto también está relacionado con el hecho que solamente un 42% de los fallecidos tuvieron asistencia médica, mientras que el 49% no tuvo asistencia alguna a la hora de morir.   

Instituto Nacional de Ciencia Forenses (INACIF)

El INACIF fue creado en 2006. Su estadística es de procedimientos, por ello reporta el número de necropsias realizadas. Distingue dos tipos de causas de muerte: las “asociadas a hechos criminales -en investigación-” y las “asociadas a accidentes de tránsito, enfermedad común y sus complicaciones, intoxicaciones y causas en estudio”. Las comparables con los homicidios de PNC son las primeras, y se subdividen en las siguientes ocho categorías: 

  1. asfixia por compresión toraco abdominal
  2. asfixia por estrangulación
  3. asfixia por sofocación
  4. asfixia por sumersión
  5. asfixia por suspensión -ahorcadura-
  6. heridas producidas por arma blanca
  7. heridas producidas por proyectil de arma de fuego
  8. seccionamiento corporal (decapitación y/o desmembramiento) 

Por política interna, el INACIF no distingue entre homicidios, suicidios y accidentes cuando existe la posibilidad de que la muerte esté asociada a un hecho criminal. Aunque tampoco lo hace por no asistir a la escena del crimen, por lo que depende el Ministerio Público para conocer el contexto donde ocurrió el hecho violento. Por ello, incluye en su estadística casos que muy probablemente fueron suicidios, como los que clasifica en la categoría: “asfixia por suspensión -ahorcadura-”.

 En 2017, por ejemplo, el INACIF reportó un total de 423 de esos casos, mientras que la Policía registró 277 asfixias en general, consideradas como suicidio, y el INE reportó 218 muertes por “lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación” (código X70). En contraste, en las estadísticas vitales del INE sí se especifican las muertes debido a una “agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación” (código X91). En total, se reportaron 156 homicidios de este tipo. Si se suman los códigos X70 y X91 se llega a 374 muertes (88% del total INACIF para esa categoría). Adicionalmente, el código W76 se utiliza para “otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales” y las estadísticas vitales dan cuenta de 331 muertes de este tipo.  Por lo tanto, el INE reporta 705 casos totales por ahorcamiento, de lo cuales llegaron al INACIF únicamente el 60 por ciento. La siguiente tabla muestra las tres estadísticas relacionadas con muertes por asfixia por suspensión -ahorcadura-, en el año 2017. 

Comparación: casos de muerte debido a asfixia por suspensión -ahorcadura- en 2017 según fuentes

TIPOINACIF
necropsias
PNC
hechos delictivos
INE
CIE-10
Asfixia por suspensión *423

Homicidios**
221156
Suicidios***
277218
Accidentes

331
TOTAL423498705

* INACIF incluye homicidios, suicidios y accidentes (se califican como causas asociadas a hechos criminales). ** PNC en homicidios sólo tiene una categoría denominada “estrangulamiento”, sin distinguir entre los tipos de asfixia (por lo tanto, no se sabe con certeza si incluye o no los “homicidios por ahorcadura”). INACIF tiene otra categoría de estrangulamiento donde se sumarían otros 191 casos en 2017, que sería comparable con PNC. Es la única categoría en la cual la Policía no reporta ningún lesionado. *** PNC en suicidios sólo tiene categoría de “asfixia” sin especificar el tipo. Otras formas de suicidios son por arma blanca, por arma de fuego, por intoxicación (5 formas), por politraumatismo y por causa ignorada.

En la clasificación de causas de muerte, el INACIF utiliza el CIE-10 pero parece estar haciéndolo de manera errónea. Por ejemplo, en el informe de necropsias realizadas en 2017, da cuenta de un total de 5,384 cuya causa de muerte fue asociada a hechos criminales. De ellas, se reportaron 3,884 como muertes provocadas por heridas de proyectil de arma de fuego. Es decir que uno esperaría que las mismas fueran codificadas como X93-X95. Sin embargo, cuando se revisa el informe anual 2017 de “causa de muerte según grupo quinquenal de edad y sexo” se observa que a las muertes provocadas por “heridas producidas por proyectil de arma de fuego” se les asigna el código W34. Según el manual internacional, dicho código corresponde a “disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas”, pero el mismo se encuentra entre la subcategoría de accidentes, no de agresiones. Lo mismo ocurrió en el año 2018, cuando hubo un total de 3,487 muertes por arma de fuego codificadas como W34. Para 2017, el INE reportó un total de 730 muertes utilizando ese código (629 hombres y 101 mujeres).

En contraste, las 412 muertes provocadas por “heridas producidas por arma blanca” en 2018 sí fueron codificadas como X99, código que corresponde a la “agresión con objeto cortante” según el manual CIE-10. Para ese año la PNC reportó un total de 376 homicidios por arma de blanca. El INE aún no ha publicado las estadísticas vitales del 2018, pero en las del 2017 el INE reportó lo que se resume en la siguiente tabla y lo cual debe ser comparado con lo registrado por INACIF y PNC, esto es, 469 y 463, respectivamente:

código CIE-10HombreMujerTotal
X9908614
X991112
X994281644
X995617
X997011
X99819524
X99918534219
Total24764311

Fuente: INE, estadísticas vitales 2017.

Caso comparativo: muertes por arma de fuego, 2017

Las muertes violentas por arma de fuego son de especial interés, porque representan 8 de cada 10 homicidios que ocurren en Guatemala. Para el año 2017, como ya se mencionó arriba, el INACIF reportó 3,884 necropsias en las cuales identificó como causa de muerte las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego (3 mil 404 de hombres y 479 de mujeres, más un caso de sexo indeterminado). Para ese mismo año, la PNC registró 3,431 homicidios por arma de fuego (3,008 de hombres y 423 de mujeres). Adicionalmente, la PNC reportó 40 suicidios por arma de fuego (36 hombres y 4 mujeres). Estas son las cifras que deben contrastarse con las estadísticas vitales del INE, de la siguiente manera:

Muertes debido a heridas por arma de fuego en 2017 según fuentes

TIPOINACIF
necropsias
PNC
hechos delictivos
INE
CIE-10
Necropsias*3,884

Homicidios**
3,0082,944
Suicidios***
4029
Accidentes****

730
Eventos de intención
no determinada*****


0
TOTAL3,8843,0483,703

* INACIF: necropsias cuyas causas podrían estar asociadas a hechos criminales. **INE: estadísticas vitales según códigos X93-X95 del CIE-10. ***INE: estadísticas vitales según códigos X72-X74 del CIE-10. ****INE: estadísticas vitales según códigos W32-W34 del CIE-10. *****INE: estadísticas vitales según códigos Y22-Y24 del CIE-10. Estos últimos son los casos en los cuales no se puede saber con certeza si fueron homicidios, suicidios o accidentes.  

Como puede observarse, la cifra de homicidios según la PNC y el INE es muy similar, pues la diferencia es de tan sólo 64 casos, es decir, un 2% respecto a la cifra de la PNC. Mientras que la cifra total del INE (homicidios + suicidios + accidentes) es más cercana a la reportada por el INACIF: 181 casos menos, es decir, casi un 5% -en contraste con PNC que difiere en 836 casos, es decir, un 22%-. Se puede verificar con datos del INE que esa diferencia entre PNC e INACIF se debe a que la Policía no actualiza su contabilidad de muertos y heridos en la escena del crimen. Muchos de los que fallecen en hospitales fueron registrados por INACIF al hacerles la necropsia que manda la ley, pero seguramente quedaron como heridos o lesionados en estadísticas policiales. Esto se puede ver en desagregación de la tabla de homicidios (X93-X95) del INE, a continuación: 

  Sitio de ocurrenciaHombreMujerTotal
Hospital público56575640
Hospital privado20222
Centro de salud16016
Seguro social801393
Vía pública650100750
Domicilio13624160
Otro15721178
Ignorado9531321,085
Total2,5773672,944

Fuente: INE, estadísticas vitales 2017.

En un análisis comparativo de ocho meses (enero-agosto de 2018) entre las cifras de la PNC y del INACIF, se logró determinar que la diferencia entre ambas fuentes se podía explicar fácilmente, hasta en un 90 por ciento, debido a las muertes que ocurrieron en los hospitales. De ello se concluye que una quinta parte (20%) de los heridos en la escena del crimen mueren con posterioridad. Eso hace que el número de homicidios, según la PNC, pueda incrementarse en hasta 25 por ciento, según la estadìstica del INACIF. Esta es la principal causa de la diferencia entre las tasas que se calculan para cada una de las fuentes.  

Conclusión

La comprensión del fenómeno de la violencia requiere mejorar la calidad de los datos, para así obtener información útil para el análisis. Este último es vital para mejorar las políticas públicas de prevención y para la reducción de la tasa de homicidios. Los registros administrativos deben ser acompañados de encuestas periódicas especializadas, como la de percepción y victimización. En este sentido, todos los investigadores sobre problemas de seguridad y justicia en Guatemala están a la espera de que el Ministerio de Gobernación publique los resultados y libere los datos de la primera encuesta nacional de percepción de la seguridad pública y victimización realizada recientemente -ENPEVI 2018-. 

Para lograr una adecuada homologación de los datos entre las diversas fuentes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe asumir el liderazgo por mandato legal. Uno de los primeros pasos es asumir el compromiso de utilizar los lineamientos del Protocolo de Bogotá para la mejora de la calidad de los datos sobre víctimas, victimarios y cada uno de los hechos de violencia homicida que ocurran en el país. Luego, se debe asumir la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos propuesta por las Naciones Unidas (UNODC) en 2015. Finalmente, todas las entidades deberían estar en la capacidad de utilizar correctamente los códigos del catálogo CIE-10 (publicado en 1998).

Descargar PDF

Read More

22 Abr Informe Anual sobre la Violencia Homicida en Guatemala, Año 2018

Resumen

Guatemala redujo nuevamente su tasa de homicidios durante el año 2018. Aunque las explicaciones de dicha reducción aún no están claras, y a pesar de la coyuntura política adversa debido a la crisis provocada por el mismo Gobierno y el Congreso en su afán por expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de esta manera frenar todo esfuerzo en la lucha contra la corrupción, lo cierto es que la tasa se encuentra en un mínimo histórico, según los datos de la Policía disponibles y comparables desde 1995. La violencia homicida se ha reducido en más de la mitad desde el punto máximo observado en agosto de 2009 cuando la tasa interanual llegó a 48 por cada 100 mil habitantes. El año 2018 se cerró con una tasa de 22.4 por 100 mil, la menor tasa registrada en los últimos 24 años. Los principales progresos se ubican claramente a favor de los grupos más vulnerables a este tipo de violencia: los hombres jóvenes, generalmente víctimas de heridas provocadas con arma de fuego. La tasa de muertes violentas por arma de fuego en 2018 descendió casi 12% respecto al año 2017. La tasa total de homicidios disminuyó en 14%.  

En el presente informe se revisan no sólo las tasas con las que se terminó el año, sino especialmente las tendencias interanuales que nos dan una mejor idea de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos en términos de la violencia homicida. El análisis se desagrega por sexo y edad de las víctimas, así como por el tipo de arma utilizada por los victimarios. También se comparan entre sí diversas fuentes para mostrar que hay consistencia entre las mismas a pesar de ser independientes y alimentar sus registros en momentos distintos (escena del crimen vs examen médico forense). Se confirma de igual manera la tendencia de la tasa de homicidios en contraste con la de lesionados o heridos por violencia. Se hace un breve recuento de los acontecido durante el año con base a la tendencia de corto plazo que generó una serie de alertas tempranas por parte del Observatorio de la Violencia de Diálogos. Finalmente, se revisa la geografía de la violencia a nivel departamental y municipal. Como en años anteriores, se observa que, aunque los niveles de violencia nacionales vayan a la baja se mantiene el patrón geográfico de la violencia homicida, distinguiéndose claramente dos zonas en el país: una extremadamente violenta y otra pacífica, ésta incluso bajo estándares internacionales (tasa anual de un dígito). En el anexo del informe (formato MS-Excel) se incluye el ranking con la respectiva tasa de los 340 municipios del país, desagregada por sexo de las víctimas, y se compara con lo registrado en 2017, clasificándolos por su tamaño poblacional.

Contenido

Introducción: informe 2018

Variación anual y tendencias: 10 años de datos
Tasa anual por sexo de las víctimas, 2018
Tasa anual según la edad de las víctimas, 2018
Tasa por tipo de arma utilizada por los victimarios
Tasa anual de heridos o lesionados por violencia, 2018
Tendencia en el corto plazo: altibajos durante 2018
Geografía de la violencia homicida, 2018

Read More

22 Abr Introducción: Informe 2018

El año 2018 concluyó en Guatemala con un total de 3,881 homicidios según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC). Para una población estimada de 17,302,084 habitantes por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) a mediados de ese mismo año, la tasa calculada es de 22.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Este nivel de violencia homicida acerca al país a la tasa latinoamericana de 22.3 observada en 2016, según la recopilación hecha por InsightCrime, e incluso se sitúa por debajo de la tasa preliminarmente reportada para 2018 por la misma fuente: 24 homicidios por cada 100 mil latinoamericanos.[1]

La región latinoamericana es una de las más violentas del planeta. De hecho, en la más reciente actualización de datos (2012) para el Estudio Global sobre Homicidios de las Naciones Unidas, Centroamérica aparecía como la subregión más violenta, con una tasa de 40 por 100 mil habitantes, es decir, 10 puntos de tasa por arriba de África del Sur.[2] No obstante, para el año 2018 los países más problemáticos en ese sentido, Guatemala, Honduras y El Salvador han mostrado una tendencia a la baja, llegando a una tasa conjunta de 33 por 100 mil. El Salvador terminó con una tasa de 51 por 100 mil y Honduras con una de 41 por 100 mil según los registros de sus respectivas policías.   

Tendencias de tasas interanuales (12 meses) del Triángulo Norte de Centroamérica

Si utilizamos la cantidad de necropsias reportadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en 2018, las que son clasificadas como muertes por “causas asociadas a hechos criminales – en investigación-”, el numerador sería 4,914 muertes violentas y, por lo tanto, la tasa subiría a 28.4 por 100 mil.[3] Sin embargo, lo importante es que ambas tasas continúan mostrando un descenso, el cual desde diciembre 2009 ya acumula una variación favorable de 43% según INACIF y del 51% según PNC. Es decir que Guatemala concluye su noveno año consecutivo de descenso en cuanto a violencia homicida. Dicho descenso ha sido en términos relativos, expresado el indicador como tasa ajustada por la población, pues en 2013 sí hubo un ascenso en cifras absolutas, el cual fue compensado por el crecimiento poblacional estimado para ese año por el INE. Este informe fue elaborado por Carlos Mendoza, gracias al generoso financiamiento de la Open Society Foundations -OSF.


[1] Fuente: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-los-homicidios-en-2018/ Contrastar con los datos del Monitor de Homicidios del Instituto Igarapé, especialmente para el caso de Venezuela en https://homicide.igarape.org.br/

[2] Fuente: datos de UNODC disponibles para descarga en el Internet en http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/dataportal/PublicationReports2017_1a.xlsx

[3] No obstante, debe recordarse que dicho indicador no excluye muertes accidentales con arma de fuego o suicidios por ahorcadura, por ejemplo. Ciertamente, el INACIF sí toma en cuenta a las personas heridas violentamente que murieron con posterioridad en los centros de atención médica, cifra que equivale a un 24% del total de homicidios registrados por PNC y a un 22% del total de heridos también contabilizados por PNC. Sin embargo, las muertes por ahorcadura que podrían ser suicidios representarían hasta un 10% del total de las muertes reportadas por el INACIF.

Read More

22 Abr Variación anual y tendencias: 10 años de datos

En promedio desde 2010, según la Policía, cada año se ha logrado bajar la tasa de violencia homicida en un 7.7% respecto al año previo. Según el INACIF, el cambio anual promedio ha sido 6.1%, pero siempre hacia la baja. Por ello, reconociéndose la independencia entre ambas fuentes, se puede tener bastante certeza sobre un noveno año consecutivo de descenso en cuanto a violencia homicida en Guatemala. La reducción de 2018 se muestra como una de las mayores en términos de cifras absolutas y como la mayor en términos porcentuales, para ambas fuentes.

Variación interanual en cifras y tasas de homicidios y necropsias, 2009-2018.

Variación anual en cifra absoluta de homicidios y de necropsias
Cambio porcentual interanual en ambas tasas: homicidios y necropsias

Fuente: elaboración propia utilizando datos de necropsias del INACIF y homicidios de PNC.   

La correlación entre los datos de INACIF y PNC es bastante alta y estadísticamente significativa, como se puede apreciar en los siguientes gráficos de tendencia. La tendencia trimestral nos muestra que, si bien es cierto que en el largo plazo se continúa el descenso, el recorrido ha sido tortuoso, con muchos altibajos que aún deben ser mejor comprendidos.

Tendencias de largo y mediano plazo de las tasas de homicidio, 2009-2018.

Tendencias de INACIF y la PNC para el largo plazo (interanual de 12 meses acumulados)
Tendencia trimestral (3 meses acumulados)

 Fuente: elaboración propia utilizando datos de INACIF y de PNC.

Read More

22 Abr Tasa anual por sexo de las víctimas, 2018

La violencia homicida en Guatemala afecta de manera desproporcionada a los hombres. En el año 2018, por cada mujer que fue víctima de este tipo de violencia hubo 6 hombres que también lo fueron, aunque esa relación ha disminuido porque en los años 2008-2012 la misma era de 1 a 8. Según registros de la PNC, en 2018 hubo 569 homicidios de mujeres para una población femenina de 8,836,562 (INE, al 30 de junio de 2018), es decir, una tasa de 6.4 homicidios por cada 100 mil mujeres. En contraste, la PNC reportó un total de 3,312 homicidios de hombres para una población masculina de 8,465,522, por lo que la tasa fue de 39.1 homicidios por cada 100 mil hombres.[1]

Respecto al año previo, la tasa de homicidios de mujeres descendió 6.3%, mientras que la tasa para hombres se redujo en 15.3%. Por ello, la tasa conjunta bajó un 14%. Con relación a la tasa máxima observada de violencia homicida contra las mujeres (de 10.4 por 100 mil entre agosto y octubre de 2009), el indicador ya ha descendido un 35%, mientras que en el caso de los hombres el descenso ha sido del 54% (máximo de 87.4 por 100 mil se registró en julio de 2009).  Es este acelerado descenso en la tasa de violencia contra los hombres el que, por su peso relativo, más influye en el descenso en la tasa nacional. Cuando se ve sólo la tendencia de violencia contra las mujeres se aprecian los altibajos en los últimos 10 años.

Tendencia interanual de las tasas de homicidio de hombres y mujeres, 2009-2018.

Tendencias de 12 meses, por sexo de la víctima 2008-2018
Tendencia de tasa homicidios de mujeres, 2009-2018. Línea roja es promedio móvil.

Fuente: elaboración propia utilizando datos de PNC.


[1] Lamentablemente, los registros de la Policía sólo reportan consistentemente el sexo y la edad de las víctimas, el lugar donde se encontró el cadáver y el tipo de arma utilizada por su victimario, por lo que se conoce muy poco sobre el perfil de las víctimas. Un dato interesante que se obtiene de las Estadísticas Vitales del INE (2017), otra fuente independiente de PNC y del INACIF porque se generan a partir de los certificados de defunción, es que el 75% de las víctimas fatales son solteras, y esa proporción se mantiene tanto para hombres como para mujeres. Adicionalmente, se puede saber que más del 36% de las víctimas sólo contaban con educación primaria y el 17% no tenían educación. El 31% contaba con alguna educación secundaria. Menos del 2% de las víctimas tenían educación universitaria. Se desconocía el nivel de educación del restante 14%. Por otro lado, para el 80% de las víctimas es posible determinar su pertenencia étnica: 9% mayas, 68% ladinos o mestizos, y el 3% restante de otros grupos étnicos. Esto último confirma lo que la geografía de la violencia sugiere más adelante: entre la población indígena las tasas son de un dígito, mientras que entre la población ladina son de dos dígitos y por arriba de la tasa nacional. Esto muestra importancia de la variable étnico-cultural.     

Read More

21 Abr Tasa anual según la edad de las víctimas, 2018

Por los rangos de edad quinquenal de las víctimas, la violencia registrada en 2018 también disminuyó respecto al año 2017. Hubo algunas excepciones notables, como la tasa de hombres entre 70-74 años, o la de mujeres entre 50-54 años de edad. Sin embargo, lo más relevante por su peso relativo fue el descenso en la tasa para los grupos que han sido los más vulnerables ante la violencia homicida: los hombres jóvenes, de 15 a 34 años de edad. Son precisamente estos jóvenes los que están en mayor riesgo de ser víctimas de la violencia homicida según lo demuestra la evidencia a nivel mundial, no únicamente para Guatemala. La tasa de homicidios se eleva dramáticamente con la llegada de la adolescencia y luego va descendiendo conforme avanza la edad. Durante 2018, también descendió la tasa para los hombres en rangos de edad de 35 a 54 años. En estos ocho rangos de edad quinquenales hubo una disminución conjunta de 432 homicidios, es decir, un 10% menos que el total de homicidios reportados en 2017 (un 82% del descenso total del año 2018). En total hubo 505 homicidios menos de hombres (-13%) y 24 menos de mujeres (-4%). Pero el dato sobresaliente es el de 116 homicidios menos para los hombres entre 15-19 años, es decir, un descenso del 21% respecto al año 2017.[1]

Tasa de homicidios por rangos de edad y sexo de la víctima, 2017 vs 2018.

Tasas de 2017
Tasas de 2018

Fuente: elaboración propia utilizando datos de PNC y proyecciones de población del INE.


[1] Como era de esperarse, según las Estadísticas Vitales del INE (2017) que pueden utilizarse como una muestra representativa, el 99% de este grupo etario entre 15-19 años estaba aún soltero. Para casi el 50% de este grupo de víctimas se desconocía su nivel de escolaridad. Un 13% no tenía educación alguna, 17% sí tenía educación primaria y hasta un 22% poseía alguna educación secundaria. El 73% de los homicidios de esta población joven ocurrieron en el área urbana. Pero según la Policía, en 2017, sólo un 57% de los homicidios ocurrieron en área urbana para este rango de edad. Nótese que para el total de homicidios la PNC reportó que sólo el 42% tuvieron lugar en áreas urbanas durante 2017, y para 2018 el porcentaje descendió al 38%. Sin embargo, en 2017 para el INE, el 62% del total de homicidios ocurrió en áreas urbanas. Por lo tanto, debe revisarse la definición o distinción de área urbana y rural que utiliza la Policía, o habrá que actualizar las categorías según el Censo de Población y Vivienda realizado en 2018, cuando éste sea finalmente publicado.   

Read More

21 Abr Tasa por tipo de arma utilizada por los victimarios

De cada 100 homicidios registrados en 2018, 80 se cometieron con arma de fuego y 10 por medio de arma blanca, 5 con arma contundente y los 5 restantes por estrangulamiento.[1] Por ello, las tendencias más importantes a seguir son las de homicidios por arma de fuego y arma blanca. Ambas muestran una tendencia a la baja desde sus respectivos máximos: 40.2 por 100 mil habitantes (julio 2009) y 5.7 por 100 mil (julio 2006). La violencia homicida con arma de fuego ha descendido 55%, mientras que la violencia con arma blanca ha caído 62% desde entonces. Respecto al año 2017, la tasa de muertes por heridas provocadas con proyectil de arma de fuego se redujo en casi 12%, mientras que la tasa de muertes por heridas provocadas por arma punzocortante cayó en 20%.

Tendencia interanual de las tasas de homicidio por tipo de arma, 2000-2018.

Fuente: elaboración propia utilizando datos y clasificación de PNC.

Cuando las muertes por arma de fuego se desagregan por el sexo de la víctima, se observa que el 88% de las víctimas fueron hombres, mientras que el 12% mujeres. En el caso de las armas blancas, los porcentajes fueron 81% y 19%, respectivamente. La agresión fatal por medio de un golpe con un arma contundente (piedra, palo o similar) se distribuye 80% para hombres y 20% para mujeres. Donde sí se observa un cambio importante es en las muertes por estrangulamiento, pues en este caso el porcentaje de víctimas hombres desciende al 63%, mientras que las víctimas mujeres suben al 37%. Adicionalmente, este tipo de muerte, donde hay un contacto físico directo entre la víctima y el victimario, representa el 12% del total de los homicidios de mujeres, mientras que únicamente da cuenta del 4% de los homicidios de hombres. En contraste, las armas de fuego dan cuenta del 82% de las muertes de hombres y un 68% de las muertes de mujeres.


[1] Las muertes por linchamiento representan menos del 1% del total de muertes anuales. Hubo un total de 8 homicidios a manos de turbas en el año 2018, según la PNC. En este caso, todas las víctimas fueron hombres.

Read More

29 Sep ¿Dónde nos encontramos ocho meses después del cambio en MINGOB?

El Observatorio de Violencia de la Asociación Civil DIÁLOGOS evaluó el desempeño del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, durante sus primeros ocho meses al frente de la cartera del interior: “El indicador de corto plazo de la violencia homicida en Guatemala muestra estancamiento, pues después de dos notorios ciclos de aumentos y descensos en el número de necropsias relacionadas con hechos criminales, la cifra se encuentra al mismo nivel en el que estaba cuando asumió el cargo,” indicó Carlos Mendoza, coordinador del Observatorio.

Mendoza explicó que el descenso más notorio del período Degenhart, en realidad, es atribuible a la intervención que hizo el anterior ministro, Francisco Rivas, pues “la principal hipótesis de la reducción de la violencia observada en febrero de 2018 se relaciona con las intervenciones realizadas en prisiones durante enero del mismo año, para quitar el acceso a las telecomunicaciones a los privados de libertad”. Esta hipótesis supone que muchos de los asesinatos son ordenados desde dentro de las mismas prisiones. Los sicarios recibirían instrucciones de los líderes de las pandillas, por ejemplo, en casos relacionados con extorsión. “No obstante, se necesitan más datos para poder verificar tal extremo,” advirtió Mendoza.

Mendoza también afirmó que “al 19 de septiembre de 2018, utilizándose los datos diarios del INACIF, el indicador de corto plazo que muestra lo ocurrido en los últimos 30 días revela que el nivel de violencia es de 422 necropsias en promedio, mientras que cuando asumió Degenhart era de 421 necropsias (en casos de muertes posiblemente relacionadas con hechos criminales, en investigación, según aclara el INACIF), por lo que podemos concluir que en ocho meses no han dado resultados positivos las políticas de seguridad ciudadana implementadas por el actual ministro”.

La anterior cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), encabezada por Nery Ramos, había dejado el indicador de corto plazo en su nivel más bajo desde que se tienen registros (338 necropsias), mientras que al 19 de septiembre se registró un total de 423 necropsias, es decir, en un nivel 25 por ciento arriba. Si tomamos el promedio de 30 días de este indicador (lo que suaviza la tendencia), el cambio sigue siendo negativo, es decir, la violencia aumentó 7 por ciento respecto del punto mínimo.

En el largo plazo, la tasa interanual al 31 de agosto de 2018 llegó a 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, según los registros de la PNC. Este indicador, que acumula datos de los últimos 12 meses, no contradice la alerta temprana que se emite con la tendencia de corto plazo, pues el efecto negativo se verá con cierto rezago. Respecto a septiembre de 2017, otro punto de referencia, la violencia de largo plazo sí ha disminuido hasta un 13 por ciento, pero la magnitud del descenso podría erosionarse si el indicador de corto plazo continúa mostrando estancamiento. El Ministerio de Gobernación debe evaluar tanto sus prioridades como las acciones o políticas de seguridad ciudadana y para prevención de la violencia para ajustarlas en función de una mejoría sostenida en ambos indicadores.

Read More

06 Mar COMUNICADO: En 2017 se redujo violencia homicida, pero se incrementó muerte de mujeres

El informe anual de la organización civil Diálogos, que evaluó las cifras de la violencia homicida en Guatemala, durante el 2017, da cuenta que se registraron 110 muertes menos en comparación con el 2016.

El año 2017, cerró con una tasa de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, 4,410 muertes violentas, -110 menos que en el año anterior-, donde se registró 4,520, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

A pesar de tendencia a la baja en la tasa de muertes violentas a nivel nacional, que se han mantenido en los últimos ocho años, hay un comportamiento variable en cada uno de los 22 departamentos. En nueve de ellos aumentó la violencia, pero disminuyó en 12, mientras que en Sololá no varió.

Los cinco departamentos más violentos del país en 2017 ordenados por su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: Zacapa (61), Chiquimula (57), Escuintla (53), Guatemala (52), e Izabal (44).

Mientras que los más pacíficos, con un dígito de tasa de violencia homicida fueron: Totonicapán (3), Quiché (3), Sololá (4), Alta Verapaz (6), y Huehuetenango (6).

De los 4,410 homicidios del 2017, 593 víctimas fueron mujeres, 20 más que en el 2016, lo que representa una tasa de 7 por cada cien mil mujeres, mientras que los homicidios de hombres registraron 3,816 muertes equivalente a una tasa de 46 por cada cien mil hombres.

Homicidios de Mujeres

  • En 2017, tres cuartas partes de los homicidios de mujeres ocurrieron en seis departamentos: Guatemala (46%), Escuintla (10%), Chiquimula (5%), Izabal (4%), Petén (4%) y Zacapa (4%).
  • A nivel municipal, el año anterior la violencia homicida contra las mujeres muestra una concentración: Guatemala (105); Villa Nueva (60); Mixco (31); Escuintla (17); Puerto Barrios (12) Puerto de San José (11); Tiquisate (10); Esquipulas (10), y Morales, Izabal (10).

Pese a que la violencia homicida ha mostrado un descenso sostenido en los últimos años, es importante implementar acciones en los municipios en donde la tendencia se ha mantenido o incrementado. En el caso de las mujeres no refleja una reducción significativa en los últimos años, comparado con los hombres.

Es importante que las autoridades a cargo de la seguridad ciudadana desarrollen acciones de prevención en los municipios con altos índices de violencia homicida.

 

Autores del informe:  Evelyn Espinoza y Carlos Mendoza, con la asistencia de María Alejandra Menaldo y Sergio Zapeta. 

Diálogos agradece el apoyo financiero de Open Society Foundations (OSF) para la realización del informe.

Read More

20 Abr La politización de la clase media urbana guatemalteca

La clase media urbana guatemalteca se politizó a raíz de los escándalos de corrupción que surgieron a la luz pública en 2015. Pero al contrario de la carga de valor negativa que tiene la politización, este es un desarrollo bienvenido y necesario para el país: dejamos por un lado la apatía y falta de interés. Ahora, lo que toca es adoptar una visión pragmática y basada en evidencias para que nuestras exigencias políticas vayan orientadas por mejor camino.

Hace dos años estalló en Guatemala el escándalo de corrupción al más alto nivel político, que condujo a la renuncia y procesamiento judicial de los entonces presidente y vicepresidenta. Actualmente, ambos guardan prisión en espera de un largo y escabroso camino, quizá de años, por diversos negocios corruptos que se les atribuyen desde su posición de poder. Todo ello, sin embargo, no ocurrió simplemente por la decidida y valiente investigación del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Fue también posible gracias a la participación de los ciudadanos, quienes dejaron la comodidad de las redes sociales y se pusieron de pie para ir a protestar durante varios fines de semana contra los corruptos y a favor de la justicia.

El accionar de los fiscales especializados en la lucha contra la impunidad y la corrupción se vio reforzado por el activismo en las calles y en el Internet. A su vez, cada golpe que el sistema de justicia asestaba a los corruptos – los llamados “jueves de CICIG” – daba ánimos a las decenas de miles de personas que cada sábado se congregaban para manifestar su descontento contra el sistema político. Sistema que evidentemente estaba siendo alimentado no sólo por el tradicional clientelismo electoral, sino también por miles de millones de Quetzales fruto de los negocios de políticos corruptos y sus contrapartes privadas. Después del informe de la CICIG sobre el sistema de partidos políticos, incluso se llegó a cuestionar en ciertos círculos la legitimidad de las elecciones que estaban a la vuelta de la esquina. Entre encendidos debates públicos sobre la necesidad de un “gobierno de transición” y la consigna de “bajo estas condiciones, no queremos elecciones” se fue forjando un saludable espíritu crítico de participación ciudadana. Así dejamos de ser idiotas.

En efecto, 2015 fue el año en que los guatemaltecos finalmente dimos la batalla contra la casta política corrupta de este país y contra nuestra propia apatía hacia todo lo que sentíamos tufo político. Durante muchos años habíamos estado en situación de letargo, como aquellos llamados idiotas en la polis griega, a quienes se les criticaba – con razón – porque no se interesaban por la vida política de su comunidad.

Pero lo que eran apenas rumores de corrupción se convirtieron en casos concretos de persecución penal, que llegaron hasta lo más alto de jerarquía política. Y reaccionamos oportunamente brindando un apoyo popular y una fuerza mediática invaluables para el sistema de justicia. Así dejamos de ser idiotas.

No obstante, liberar de la corrupción a las instituciones del sector público, es tan sólo el comienzo de un largo proceso de refundación del Estado. Ahora exigimos a los políticos no ser corruptos, ni ladrones, pero eso es apenas fijar un mínimo ético requerido para administrar la cosa pública. También debemos exigir capacidad técnica y política, visión de largo plazo, liderazgo constructivo y mucha sensibilidad social, entre otras características del funcionario público idóneo. Y poco logramos si contamos con personas probas y capaces, pero no les brindamos instituciones fuertes, con recursos financieros y legales para hacer cumplir la ley sin privilegio alguno.

Construir instituciones que prevalezcan en el tiempo, y que sean lo suficientemente sólidas para no depender de personas específicas, requiere de nuestra politización. No sólo de des-idiotizarnos.

Esto implica la participación en política partidista, por más que nos provoque todavía un poco de asco. La democracia liberal se construye desde la creación de proyectos políticos y la militancia en partidos políticos, no sólo activismo en redes sociales o en protestas populares. Esta participación, a su vez, debe ser informada, crítica del sistema mismo, pero sobre todo debería ser autocrítica.

 

Ahora exigimos a los políticos no ser corruptos, ni ladrones, pero eso es apenas fijar un mínimo ético requerido para administrar la cosa pública. También debemos exigir capacidad técnica y política, visión de largo plazo, liderazgo constructivo y mucha sensibilidad social.

 

Todos tenemos ideologías, pero esta participación no puede basarse en creencias políticas que no permiten ser cuestionadas. Toda idea es susceptible de escrutinio y la historia del siglo recién pasado nos demuestra que incluso ideologías bien intencionadas terminaron siendo un fracaso económico y social. Por ello, en la actualidad, el enfoque pragmático se impone a la hora de discutir políticas públicas concretas. ¿Qué es lo que ha demostrado ser eficaz para resolver cierto problema? ¿Entre las propuestas eficaces cuál resulta ser la más eficiente? Es decir, la evidencia y el método científico aplicado al proceso de toma de decisiones y a la solución de problemas sociales; informa y aconseja a las políticas públicas. Este pragmatismo, por supuesto, no elimina los grandes ideales de libertad, prosperidad, equidad y justicia. Pero sí nos ayudará a romper nuestra deferencia a la participación del ciudadano en política.

Debemos reconocer positivamente a quienes se involucran, sean de izquierda o derecha del espectro ideológico. Dar más peso al pragmatismo por encima de las etiquetas sin fundamento. El punto de partida ya no es más o menos Estado, más o menos mercado, como recetas apriorísticas, sino qué funciona y qué nos ayuda a resolver problemas de acción de colectiva. En ese sentido, los partidos podrán diferenciarse por matices entre fines y los medios para alcanzarlos, pero los problemas a resolver – pobreza, desigualdad, violencia, contaminación ambiental, entre otros – estarán mejor definidos por los datos.

 

En la actualidad, el enfoque pragmático se impone a la hora de discutir políticas públicas concretas. ¿Qué es lo que ha demostrado ser eficaz para resolver cierto problema? ¿Entre las propuestas eficaces cuál resulta ser la más eficiente? Es decir, la evidencia y el método científico aplicado al proceso de toma de decisiones y a la solución de problemas sociales.

 

La politización del guatemalteco nos puede llevar por buen camino si va acompañada del enfoque científico (o pragmático) de la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que nos afectan a todos. Si, por el contrario, la politización va acompañada de una ideologización fundamentalista, según la cual Nosotros estamos en lo correcto y los Otros están siempre equivocados, entonces nos espera más polarización, como la que vivieron nuestros padres durante el conflicto armado interno y la que se atreve a negar la realidad, como hacen los neopopulistas de izquierda (el chavismo en Venezuela, por ejemplo) o de derecha (el trumpismo en EEUU).

Así que no basta con dejar de ser idiotas. Es necesario también dejar de ser ignorantes sobre los avances en las ciencias y dejar de lado los dogmas y prejuicios políticos o religiosos. El dato y la evidencia deben alimentar nuestras aspiraciones morales por una sociedad más próspera y justa.

Read More

29 Mar Recaudación fiscal para el desarrollo social

Guatemala es un país con altos niveles de pobreza y desigualdad. Sus ingresos por recaudación equivalen a aproximadamente un 12% del producto interno bruto – muy por debajo del promedio latinoamericano de 23% y aún más del promedio de 34% en países desarrollados. El gasto de país en salud, educación y seguridad social es, por consiguiente, un bajo 8% del PIB. Aunado a una mala gestión de recursos y corrupción enraizada en las instituciones públicas, esto apunta a la necesidad de analizar las áreas de mejora de la política fiscal y de recaudación del país, a fines de asegurar el financiamiento y buena gestión de recursos para asegurar un impacto en el desarrollo. En este artículo analizamos los más grandes obstáculos para asegurar la financiación del gasto en Guatemala.

El financiamiento de la seguridad social en Guatemala

De acuerdo con un reporte del Fondo Monetario Internacional, la política fiscal guatemalteca ha sido estable y hasta prudente durante los últimos 20 años. Este desempeño macroeconómico, sin embargo, no refleja en su totalidad la ineficacia en la recaudación tributaria y el financiamiento de programas de inversión pública en el país.

El gasto público de cualquier país se alimenta, en gran parte, de la capacidad del Estado para recaudar impuestos – en Guatemala, esta tarea está a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de acuerdo a datos del Ministerio de Finanzas, el 77.1% del total de ingresos públicos proceden de la recaudación tributaria, pero el país es uno de los que menos ingresos percibe en el mundo en relación al tamaño de su economía, con una recaudación de aproximadamente el 12.3% del PIB anual a través de impuestos.

La informalidad es uno de los principales problemas. Solamente el 25% de la población económicamente activa (PEA) paga impuestos y un 67.9% de la misma se encuentra en el sector informal. Esto apunta a que el problema no es tanto la falta de empleos como lo es la falta de inclusión del sector productivo en la formalidad. Y esto resulta en que apenas un 54.1% de la recaudación es destinado a programas sociales en educación, salud, pensiones, programas de asistencia social y de vivienda y programas de seguridad alimentaria, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Este gasto es equivalente a aproximadamente 7.5% del PIB, pero debemos considerar también los esfuerzos recientes por recortar la ejecución presupuestaria para fines de balance financiero. Para mantener la deuda pública y el balance fiscal dentro de rangos manejables después de la crisis política durante la presidencia del 2015, se redujo el déficit fiscal en 1.5 por ciento del PIB, consolidando una tendencia hacia la reducción del gasto público, continua desde hace 5 años.

En un contexto de escasa inversión pública – la seguridad social recibe una inversión de apenas 1.2% del PIB, mientras educación recibe 3.5%, vivienda 2% y salud 1.4% –, es importante definir espacios de mejora en la recaudación. ¿Cómo podemos asegurar que existan fuentes sostenibles de financiamiento?

Países considerados en la gráfica A (15): Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Perú, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Venezuela. En la OCDE también se incluyen a Chile y México.

Pagar por el desarrollo: El caso de Bolivia

La evidencia de programas que invierten en el capital humano y en protección social demuestra un alto impacto en la reducción de pobreza y desigualdad económica e incluso en la eliminación de pobreza extrema. Existen varios casos de éxito en países de ingresos bajos y medios que han podido abrir espacio fiscal de formas innovadoras para aumentar el gasto público para el desarrollo social. Bolivia, por ejemplo, introdujo un impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) en el 2003 y para el 2006 el gobierno finalmente retomó el control mayoritario sobre el manejo y extracción del gas natural. Las regalías estatales en este sector equivalen actualmente al 80%, lo cual incrementó el ingreso estatal de $1.55 millardos de dólares en el 2006 a $2.7 millardos en el 2008 a $6 millardos en el 2014.

Aparte de un aumento general en el gasto público social, dos programas sociales clave pudieron financiarse puramente del 32% de los ingresos del IDH: la pensión de vejez universal (llamada Renta Dignidad) y la transferencia en dinero condicionada para niños que acuden a escuelas públicas (Bono Juancito Pinto).

Renta Dignidad es un programa de protección social no contributiva (no se necesita contribuir a este programa a través de impuestos sobre el ingreso personal) y provee de un ingreso social universal a todas las personas por encima de 60 años que no cuentan con ningún otro tipo de ingreso por pensiones – un 75% de esta renta se paga a personas con algún otro tipo de pensión.

El Bono escolar, por su parte, ha beneficiado a 1.6 millones de niños, al mismo tiempo que ha incidido en reducción de trabajo infantil y mayores niveles de escolaridad. Esta estrategia fiscal innovadora ha sido debidamente acompañada por una iniciativa de transparencia fiscal que exige que se publiquen los ingresos y transferencias relacionados con este impuesto. A su vez, diferentes grupos de la sociedad civil monitorean y observan los movimientos de las compañías mineras estatales, restaurando así la moral colectiva en torno al uso adecuado del gasto público.

Guatemala también cuenta con un prolífero sector minero. En el 2015, sin embargo, el entonces presidente Otto Pérez Molina aprobó el aumento del 1% al 10% del impuesto sobre la renta a las mineras transnacionales, únicamente para que la medida fuera declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad. En agosto del 2016, el actual presidente Jimmy Morales reintrodujo la iniciativa como parte de una serie de cambios a la ley de Minería, pero está por verse si es aceptada. Esta estrategia fiscal no puede ignorar medidas apropiadas de gobernanza a otros factores de extrema importancia, como el impacto económico-social en las comunidades donde se lleva a cabo la extracción de minerales, y el impacto ecológico. Sin embargo, no debemos rechazar la oportunidad para discutir formatos más eficientes de generación de ingresos y para emitir políticas públicas integrales, que nos permitan garantizar la sostenibilidad del gasto social.

Solidaridad financiera: Políticas fiscales para el desarrollo

Esquemas de impuestos específicos exitosos no deben ir en desmedro de que el gasto público se financie a través de una recaudación y manejo de las arcas públicas más transparente y eficiente de forma integral. Parte de esto implica reducir la discrecionalidad de los funcionarios y cerrar los espacios a la corrupción, pero el énfasis principal debe ir en alinear la totalidad de la política fiscal con los principios de solidaridad financiera, equivalencia financiera colectiva, y equidad intergeneracional.

Fuente: Presupuesto ciudadano 2016. Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Esto significa que los ingresos deben basarse en la capacidad de pago del individuo, y que se traduce, generalmente, en impuestos sobre la renta como porcentajes fijos, que aseguren que los sectores más pudientes contribuyan más que los de menores ingresos. En la realidad, sin embargo, es el Impuesto al Valor Agregado que contribuye con 46% del total recaudado – el presidente habría propuesto elevar este impuesto de carácter regresivo en 2016 – y el Impuesto sobre la Renta aporta apenas un 34% del total recaudado.

Peor aún, a pesar de los grandes esfuerzos de la SAT por reducir la evasión de impuestos y facilitar los trámites en aduanas para combatir el contrabando, sectores económicos como el agropecuario están tratando de eximirse de pagar los impuestos del IVA, ISR y derechos arancelarios y cambiarlos por el pago de un impuesto único del 1% sobre la venta bruta. Con esta medida, el Estado dejaría de percibir Q 1,156 millones anuales, reduciendo así el gasto público y demostrando la falta de cultura tributaria en el país y la aceptación de una cultura de evasión y reticencia a la fiscalización. Pero también contribuyendo a un atraso en materia fiscal con un impacto negativo mucho mayor en la población más vulnerable de Guatemala. Esta medida perpetuaría la informalidad, un sector principalmente compuesto por individuos que viven debajo del salario mínimo, al mismo tiempo que incrementaría la desigualdad económica y acentuaría la injusticia tributaria.

¿Podemos romper la discusión actual de coyuntura y tomar la oportunidad para acordar un pacto fiscal que nos ayude a avanzar hacia el desarrollo? El revuelo que ha creado la iniciativa de amnistía fiscal puede ser una oportunidad para renovar por completo la política del país.

Read More

Watch Dragon ball super