Diálogos | política de drogas
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23 Oct Boletin Seguridad y Justicia No. 5: Narcoactividad en Guatemala

Las sustancias psicoactivas clasificadas como ilícitas -como la marihuana, la cocaína y la heroína- están sujetas a controles estrictos en las legislaciones nacionales de los países y en las tres convenciones internacionales vigentes, debido a que -bajo un modelo prohibicionista- son consideradas como peligrosas, altamente adictivas y porque su abuso genera un  grave impacto a nivel social, familiar e individual(1).

A diferencia del tabaco y el alcohol, que son drogas legales bajo modelos regulatorios,  las sustancias ilícitas depresoras, estimulantes o alucinógenas, sus precursores y equipos de producción están controlados por los Estados, y están prohibidas también en general la importación, manufactura, distribución e incluso -como en Guatemala- la posesión de tales sustancias para consumo personal con fines recreativos(2).

La narcoactividad describe todos aquellos comportamientos que están relacionados con el cultivo, manufactura, distribución, venta, posesión y consumo de drogas ilícitas.  

El tráfico, la distribución y la venta de sustancias ilegales son actividades que amenazan la institucionalidad pública, debido a que, al igual que para la comisión de otros delitos, se necesitan crear estructuras paralelas que permean las entidades públicas y privadas para facilitar tales acciones y además legitimar los fondos obtenidos con ellas (lavado de dinero). Guatemala, por su posición geográfica, es una vía utilizada para el tráfico ilícito de drogas, sobre todo de cocaína hacia Estados Unidos(3). Se estima que el 80 por ciento de la cocaína producida en Sudamérica pasa por el istmo centroamericano.

Con relación al consumo, datos del 2005, muestran que en Guatemala el uso de marihuana y cocaína son bajas comparadas con otros países del Continente(4). Lo cual parece que no ha variado en el tiempo. Por ejemplo, un reciente estudio evidenció  que el 7.5 por ciento de los jóvenes ha usado o experimentado con el cannabis; 4.4 por ciento con cocaína; 9.5 por ciento con inhalantes; 2.5 por ciento con crack; y 2.4 por ciento con MDMA (éxtasis) y otras drogas sintéticas(5). El Gobierno de Guatemala prácticamente no destina recursos públicos para conocer a mayor profundidad la realidad sobre el consumo de drogas, reguladas o prohibidas.  

En el marco que regula la narcoactividad en el país, (Ley contra la Narcoactividad, Decreto 48-92 del Congreso de la República) queda establecido que el Estado prohíbe y penaliza, parcial o totalmente, la producción, el tráfico, promoción, así como la posesión para el consumo de drogas. Se asume que el daño producido por la narcoactividad amerita una amplia y fuerte intervención del Estado para controlar, criminalizar y penalizar su producción, distribución y venta(6).

Las penas para estos delitos se distribuyen así:

Tabla 1. Delitos relacionados con la narcoactividad 

Dos aspectos clave destacan de esta Ley: i) la tipificación de la posesión para el consumo, comparado con otros países latinoamericanos en donde hay una tendencia despenalizadora o bien una reducción de las penas(7); y ii) la discrecionalidad que otorga a los jueces para aplicar las sanciones mínimas o máximas, a los cómplices y autores, en virtud de que no existen criterios expresos y predeterminados al respecto.

Las cifras de la narcoactividad en Guatemala

En el período 2009-2018 la mayor parte de las incautaciones de droga ha sido de cocaína (alrededor de 64 mil kg) seguido de metanfetaminas (28 mil kg). Entre 2016-2017 se registró la mayor incautación de cocaína, lo cual es un indicativo de que ha aumentado el tráfico en el país, debido a una mayor producción de esta sustancia en Sudamérica, y no necesariamente resultado de acciones más eficaces por parte de las autoridades(8).

Las estadísticas oficiales muestran que entre 2009-2018 se incautaron 4,605 millones de matas de amapola y 46.6 millones de matas de marihuana. 

Dentro de las estadísticas del sistema de seguridad y justicia sobresalen tres delitos relacionados con la narcoactividad: i) promoción o estímulo a la drogadicción; ii) posesión para el consumo; y iii) comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Durante el período 2009-2018, la PNC arrestó a un total de 25,502 personas por delitos relacionados con la narcoactividad. Alrededor de 89% fueron hombres.  En 2017 la tasa por cien mil hab. fue de 19

El sistema de justicia 

El delito de posesión para el consumo es el que cuenta con el mayor número de sindicados. El tráfico ilícito cuenta apenas con 42 personas sindicadas. El número anual de sindicados por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito no ha variado en los últimos 10 años. Al 31 de julio de 2018, los registros muestran un total de 1,825 personas sindicadas.

El número de acusados durante este período fue de 5,837. Sólo una tercera parte de los sindicados fueron formalmente acusados (47% corresponden a casos de posesión para el consumo; 41% a promoción o estímulo a la drogadicción, y 12% a comercio, tráfico y almacenamiento ilícito).

Entre 2009-2018, el Instituto de Defensa Pública Penal -IDPP- ha prestado servicios de defensa por estos tres delitos a un total de 15,736 personas (64% de los casos son por posesión para el consumo), en su mayoría, hombres (92%). Alrededor del 9% son adolescentes. El mayor número de defendidos de este período se registró durante el período 2016-2017.

El Organismo Judicial -OJ- ha emitido un total de 1,541 sentencias condenatorias entre 2009-2018, para los delitos de i) comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; ii) posesión para el consumo, y iii) promoción o estímulo a la drogadicción. El Gráfico 6 muestra el descenso a partir de 2013 en la emisión de sentencias, y un incremento a partir de 2018.

Durante 2018, los departamentos de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Sololá y Quetzaltenango tienen las tasas más altas de personas detenidas por los delitos de narcoactividad (promoción o estímulo, posesión para el consumo, y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito).

Las incautaciones de amapola durante 2009-2018 se han realizado en San Marcos, pues es el departamento del país en el que se concentra dicha producción. En el caso de la mariguana, la mayor parte de las incautaciones  ha ocurrido en San Marcos, Huehuetenango, Petén, y Chiquimula.  Mientras que el decomiso de cocaína ha estado focalizado en los departamentos de Guatemala, Escuintla, e Izabal, y en menor grado en Petén, Alta Verapaz y Zacapa.

Los territorios en donde operan los traficantes de drogas incluyen Izabal, Alta Verapaz, Petén, Zacapa, y San Marcos(9).

Avances y desafíos en la prevención y reducción de la narcoactividad en Guatemala

Guatemala es un puente para el paso de drogas hacia los Estados Unidos(10). Además, en el país se cultiva amapola para producir heroína en México y marihuana para el consumo local. Como resultado de estas actividades, han proliferado redes criminales, pandillas y narcotraficantes, principalmente en algunos departamentos del país que suelen ser foco de la narcoactividad.

Uno de los cambios legales más significativos de los últimos años contra el crimen relacionado a las drogas ilícitas fue la emisión de la Ley de Extinción de Dominio (Decreto 55-2010) en la cual se establece la extinción de bienes adquiridos con recursos provenientes de actividades relacionadas con la narcoactividad y otros ilícitos. 

En el período analizado, 2009-2018, se observa que los esfuerzos del Estado se han concentrado en vigilar y castigar el delito de posesión de drogas para el consumo, el eslabón más débil de la cadena de narcoactividad, sin atacar sus causas de fondo, provocando que el sistema de seguridad y justicia destine una alta cantidad de recursos a este tema.

La persecución contra quienes se dedican a la producción, el comercio y tráfico ilícito de drogas ha estado orientada a las actividades de erradicación manual de matas de amapola y  marihuana, y a las incautaciones de cocaína y del dinero ligado a esta actividad. 

Durante 2010-2012, últimos años de la administración de Álvaro Colom, se realizó una depuración en las fuerzas policiales, especialmente el personal de las comisarías de Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango, quienes estaban sindicados de tener vínculos con los Zetas(11).  Pese a este proceso de depuración, el involucramiento de elementos de la policía en actividades relacionadas con la narcoactividad aún prevalece(12).

El gobierno de Otto Pérez Molina intentó, a través de la conformación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas (Acuerdo Gubernativo 396-2013), formular propuestas de políticas públicas enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y orientadas a la reducción de la oferta y la demanda, entendiendo el problema como uno de salud pública(13). Este esfuerzo, sin embargo, no llegó a concretarse debido a la coyuntura política de 2015, en el cual la pareja presidencial, sindicada de corrupción,  fue sustituida en el cargo.

La administración de Jimmy Morales se ha enfocado en la tarea de incautación de las drogas que transitan por el país y en la erradicación de amapola y marihuana que se siembra en algunos municipios de San Marcos, Petén, y Totonicapán entre otros.  El estado de sitio en algunos municipios influyó para que en 2017 se incautara una alta cantidad de matas de amapola. Como dato novedoso, en mayo de 2018, la PNC localizó una plantación de coca y un laboratorio para procesarla.

En el combate de la narcoactividad, que es sin duda un fenómeno global y regional, el país continúa ofreciendo las condiciones necesarias para este tipo de actividades ilícitas: impunidad, instituciones de seguridad débiles (Guatemala depende de las capacitaciones y equipo que le brinda el Gobierno de los Estados Unidos por medio de sus agencias especializadas, como INL y la DEA, por sus siglas en inglés)(14), además de personas motivadas a involucrarse en este y otras actividades delictivas, incluyendo aquellas que facilitan la narcoactividad.

Implicaciones para la política pública

Guatemala necesita repensar las políticas de drogas en su conjunto. El enfoque prohibicionista, focalizado en contrarrestar el consumo, el cultivo, la producción, y el tráfico ilícito, hegemónico hasta ahora, no parece estar rindiendo los resultados esperados(15).

A partir de ello se recomienda:

1. Privilegiar un enfoque de salud pública. La evidencia muestra que criminalizar el consumo tiene un impacto alto en el sistema de seguridad y justicia (fuerza policial, hacinamiento en centros carcelarios), sin llegar a impactar en el tráfico y promoción de las drogas. Un enfoque de salud pública, permitiría destinar recursos a la prevención, tratamiento,  rehabilitación, y reinserción social, pero sobre todo descriminalizar el consumo, y tratar a los usuarios de drogas como víctimas y no como criminales.

  2. Establecer nuevos y mejores indicadores para medir el éxito contra las drogas.  La erradicación  de amapola ya sea medida por hectáreas o matas, no debe considerarse una medida del éxito contra el narcotráfico, sobre todo, porque no se erradica sino únicamente se arrancan las matas o se quema la cosecha. Es mejor medir la incautación de marihuana, amapola, cocaína y otras sustancias(16).

El número de personas detenidas por posesión para el consumo tampoco evidencian, por sí mismo, el problema de las drogas en el país.  Es necesario contar con indicadores que muestren la tasa de consumo y la tasa de atención en los servicios de salud pública, entre otros.

También es importante llevar un control sobre la desarticulación de grupos criminales relacionados con la narcoactividad; los homicidios relacionados con la narcoactividad; la transformación de los territorios en donde prevalecen los cultivos; y la inversión del Estado para la prevención y el combate del narcotráfico.

3. Revisar el marco legal vigente. Las penas deben ser proporcionales al delito. Actualmente el sistema de seguridad y justicia destina la mayoría de recursos en la lucha contra las drogas, a perseguir el delito por posesión para el consumo, provocando hacinamiento en las cárceles y saturando los servicios de persecución penal, defensa pública y demás órganos jurisdiccionales.

La persecución penal debería estar orientada a la desarticulación de los narcos, y de las redes que facilitan el tránsito y producción en el país, y no hacia los usuarios de drogas. La despenalización del consumo y el uso de sanciones que estén orientadas a disuadir y evitar la reincidencia (multas y/o tratamiento para la rehabilitación, por ejemplo) pueden tener un mejor efecto en los usuarios, y reducir los delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. 

Asimismo, es importante retomar la recomendación de la Comisión de  reformar el artículo 47 de la Ley contra la narcoactividad, que permita incluir dentro de los beneficiarios de la extinción de dominio, a las instituciones que desarrollan acciones de prevención y rehabilitación(17).

4. Implementar programas de prevención en tres áreas: i) cultivo; ii) tráfico y iii) consumo. El cultivo de amapola es una actividad que retribuye económicamente a las personas que se dedican a ella. La estrategia de erradicación debe ir acompañada de la implementación de programas alternativos para el trabajo y subsistencia orientados a mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Ello implica involucrar a los gobiernos locales y líderes de las comunidades(18).

Para prevenir el tráfico ilícito de drogas es importante mejorar los controles en las fronteras para evitar el paso de drogas, pero también de armas y personas; brindar oportunidades de empleo, educación e inclusión social para los jóvenes; y, focalizar los recursos en la persecución de aquellos involucrados en el tránsito y promoción del uso de drogas.

El énfasis en la prevención del consumo de drogas debe ser durante la adolescencia. La evidencia señala que es en este grupo de edad en donde existe mayor riesgo.  Las campañas de información, el involucramiento de los padres de familia, la escuela y la comunidad son aspectos clave. El Estado debe garantizar los servicios necesarios para la rehabilitación y reinserción social, basado en un enfoque de reducción de daños y atención a  la salud de quienes consumen y abusan de las drogas.

Es necesario que la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, asuma su rol de diseñar e implementar las políticas públicas de prevención de los delitos de narcoactividad, basados en la evidencia disponible.

Finalmente, la prevención -que no la guerra o el combate- se puede lograr sin exacerbar la violencia, si se enfoca en desmantelar las estructuras de corrupción del Estado y en limitar el espacio para el lavado de activos y capitales.

 

Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

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Notas al pie

1     OMS, 2004. Neurociencia del uso y dependencia de sustancias psicoactivas.
2  Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Psicotrópicos, 1988.
3   UNODC, 2017. World Drug Report 2017.
4      CICAD, 2011
Encuesta Nacional sobre Uso, Abuso y Prevalencia del Consumo de Drogas en el Nivel Medio de Educación, 2016
6 Informe de la Comisión para Reforma Política de las drogas, 2015
 Ibídem
8   INCSR,2017
9    Espach et al., 2014
10    Se estima que cada año se introducen de contrabando 1.000 toneladas de cocaína en todo el país (INL, 2017:173)
11     https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/06/27/estructuras-del-crimen-organizado-necesitan-agentes-del-estado-operar-segun-experto.html
12    http://www.salanegra.elfaro.net/es/201409/cronicas/15874/Las-lecciones-que-nos-dej%C3%B3-la-masacre-de-Salcaj%C3%A1.htm
13    Acuerdo publicado en el Diario de Centroamérica el 1 de octubre de 2013, pp. 2-3
14     Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) y Drug Enforcement Administration (DEA)
15 OEA, 2013
16   El cannabis no es considerado nocivo como otras drogas,  en los EE.UU. es legal su consumo recreativo y para uso médico
17   Comisión para la Reforma Política de la Drogas, 2014: 84
18   De acuerdo con Espinoza (2017) la implementación exitosa de programas alternativos deber ser estudiada con mayor detalle, pues en algunos países se ha producido un desplazamiento y el surgimiento de nuevas áreas de cultivo.

Referencias consultadas

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2011). Informe del uso de drogas en las Américas 2011.  Washington: OEA
Comisión para Reforma Política de las drogas (2015). Informe analítico sobre el problema de las drogas en Guatemala. Documento inédito. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/…/Guatemala.pdf
Decreto 48-92 del Congreso de la República Ley contra la Narcoactividad. Guatemala
Espach, Ralph et al (2011). Organizaciones criminales y tráfico ilícito en las comunidades fronterizas de Guatemala. Alexandria: Center for Naval Analyses.
International Narcotics Control Strategy Report. (2017)  Drug and chemical control, Vol. 1.  United States Department of State
Encuesta nacional sobre uso, abuso y prevalencia del consumo de drogas del nivel medio de educación. Guatemala: [s.n.]; 2014.
Espinoza, C. (2017) La amapola es un billete maldito. Publicado en Plaza Pública https://www.plazapublica.com.gt/content/la-amapola-es-un-billete-maldito
Flom, H. (2018). Política, policía y violencia: La regulación del Narcotráfico en el Cono Sur. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 04(01).
Garay, L.; De León, I. & Salcedo, E. (2010). Guatemala, México y Colombia: Los retos de la expansión del narcotráfico en el nuevo milenio. Método Working Papers, (65).
Organización de Estados Americanos. (2013) El informe de drogas de la Organización de Estados Americanos: 16 meses de debates y consensos. Washington: OEA
Organización de Naciones Unidas. (1988). Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Psicotrópicos.  Viena: ONU
Organización Mundial de la Salud. ( 2004). Neurociencia del uso y dependencia de sustancias psicoactivas. [Neurosciences: Use and Dependence of Psychoactive Substances]. Genebra: WHO.
Rosen, J. & Zepeda, R. (2015). La guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdida. Revista Reflexiones, 94(1).
United Nations Office on Drugs and Crime,. (2017) World Drug Report 2017 .  Viena: UNODC
Villegas, C. (2014). La economía ilícita del narcotráfico en centroamérica. Análisis del mercado de la cocaína y las respuestas políticas de los estados. Anuario de Estudios Centroamericanos, 40.

 

 

 

 

 

 

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11 Jul ¡No más prohibicionismo! Oportunidades para la reforma de la política de drogas en Guatemala tras la UNGASS 2016

“Ambas iniciativas representan, por tanto, oportunidades cruciales para que nuestro país pueda no sólo modernizar su política de drogas y encaminarla por la senda de los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo, tomando en consideración los resultados de la UNGASS 2016, sino también para atender aquellas prioridades y necesidades que convengan a los intereses de nuestro país y de nuestra sociedad, los cuales no se limitan al tema de seguridad y justicia penal”.

 

En la literatura de políticas públicas se distingue usualmente entre tres diferentes tipos de agendas que coexisten y se entrecruzan en la esfera pública, a saber: 1) La agenda pública, que se define por el conjunto de temas que más le interesan a los actores sociales y a la ciudadanía en general, buscando posicionarlos ante los actores políticos y gubernamentales; 2) La agenda política, que se constituye por el conjunto de temas prioritarios que interesan a los actores políticos que tienen las facultades, los recursos y el poder para promoverlos o echarlos a andar; y 3) La agenda gubernamental, que se define a su vez por el conjunto de temas prioritarios para un Gobierno determinado que busca implementarlos a lo largo de su mandato. Es sabido también que las posibilidades de éxito de un tema particular para ser objeto de una política pública se incrementan en la medida en que atraviesa o forma parte transversalmente de las tres agendas referidas, siendo clave en términos comparativos su inserción específica en la agenda gubernamental.

Así, a manera de ejemplo, hoy en día el tema de los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales) es un tema de la agenda pública en Guatemala, pero no forma parte de la agenda política ni mucho menos de la agenda gubernamental. Y lo mismo puede decirse de otros temas, en mi opinión de enorme relevancia y urgencia, como el del embarazo (violación sexual) de niñas y adolescentes o la reforma del sistema penitenciario -que, por supuesto, no se limita a la construcción de nuevos centros de privación de libertad, tal como anunciaron semanas atrás las autoridades del Ministerio de Gobernación. Fuera de los actores sociales que reivindican actualmente estos temas mencionados, y que se movilizan y presionan políticamente para su abordaje a través de las instituciones del régimen democrático-representativo que establece nuestra Constitución Política, me parece que -lamentablemente- ningún actor político relevante ni el Gobierno mismo los considera hoy en día como prioritarios.

Por otra parte, a la luz de la recientemente lanzada Política General de Gobierno 2016-2020, puede afirmarse que otros temas particulares como el del gobierno abierto y transparente, la disminución de la desnutrición crónica y la prevención de la violencia, sí se encuentran actualmente dentro de las tres agendas referidas y ya no sólo en la agenda pública y en la agenda política; por ello mismo, dado el enorme apoyo político y de recursos materiales y financieros que es previsible que se otorgue a dichos temas, se espera que los resultados e impactos de las políticas públicas que se implementen a este respecto sean valiosos y positivos.

Pues bien, en esta línea, cabe señalar que durante los últimos cuatro años ha crecido y se ha renovado en buena medida la importancia del problema de las drogas en la esfera pública no sólo de Guatemala sino también de otros países del hemisferio americano, yendo ahora más allá de lo que se había venido haciendo tradicionalmente al respecto, es decir, concibiéndose su abordaje bajo un enfoque que va más allá de las usuales estrategias punitivas de inteligencia, investigación criminal, interdicción, persecución penal y cárcel.

O para decirlo de otra manera: el problema de las drogas ha dejado de ser ya solamente un tema de la agenda pública (un tema que le interesaba sólo a los actores sociales: principalmente a la academia, a la sociedad civil y a los usuarios de drogas) para ser también ahora en muchísimos países de la región un tema de la agenda política (un tema prioritario para algunos partidos políticos y bancadas legislativas) así como, en un número menor pero igualmente relevante de países, un tema de la agenda gubernamental (un tema prioritario para determinados Gobiernos como, por ejemplo, los de Colombia, México y Estados Unidos de América, pero también más recientemente de los de Uruguay, Chile y Canadá, entre otros).

¿Cómo se explica este amplio y renovado interés de actores sociales, políticos y gubernamentales sobre el problema de las drogas, al menos en el hemisferio americano? En mi opinión, obedece a la clara necesidad y urgencia de contar con una nueva política de drogas a nivel global/regional que supere el claro fracaso en cuanto a resultados alcanzados y daños sociales no intencionados que ha ocasionado el denominado régimen o modelo prohibicionista del problema de las drogas, el cual ha imperado durante más de un siglo en nuestro planeta desde la primera conferencia internacional sobre drogas sostenida en Shanghái en 1909, pero que en el contexto de la Guerra Fría fue lanzado de nuevo en su versión reloaded de “Guerra contra las Drogas” durante el mandato del Presidente Richard Nixon (1969-1974) en los Estados Unidos de América.

Para una muestra puntual de los magros resultados alcanzados a través del régimen prohibicionista vigente a nivel global, puede consultarse por ejemplo el recientemente publicado Informe Mundial sobre las Drogas 2015, en el que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (mejor conocida por sus siglas en español: ONUDD) reconoce expresamente que “Según los datos más recientes, en lo que respecta a la producción y el consumo de drogas y las consecuencias que este tiene para la salud, la situación no ha cambiado mucho en términos generales”, añadiendo además que “en realidad el consumo de drogas ilícitas se ha mantenido estable”, que “la gran mayoría de los consumidores de drogas problemáticos siguen sin tener acceso a tratamiento” y que ha aumentado globalmente el cultivo de la adormidera y de la producción de opio, “que ha alcanzado niveles sin precedentes”.

De este modo, queda claro que el régimen prohibicionista no puede fundamentar en absoluto su vigencia en supuestos “buenos resultados” alcanzados a través de sus diferentes y tradicionales estrategias punitivas, pues a la luz de la evidencia empírica existente la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas, si no han aumentado de manera general, siguen al menos permaneciendo estables a nivel global, sin ninguna reducción notable y constante a través del tiempo. Las estrategias del régimen prohibicionista, sin ninguna duda, no han sido suficientes ni eficaces para abordar las raíces y efectos de un problema global, complejo, multicausal y multidimensional como el de las drogas, por lo que se requiere con toda claridad de nuevas estrategias y nuevos enfoques que posibiliten alternativas distintas de abordaje y solución.

En realidad, hay mucha tela que cortar en cuanto al análisis de las distintas razones -principalmente de corte geopolítico y también relacionadas con las diversas y poderosas industrias que emergen del régimen prohibicionista- por las que potencias como Rusia y China, pese a aquella evidencia que deslegitima al régimen prohibicionista, continúan oponiéndose férreamente a una reforma amplia o al abandono del mismo, pero sin duda que el argumento de “buenos resultados” se ha vuelto ya claramente falaz e inútil. Por otra parte, en cuanto a los graves daños sociales no intencionados del prohibicionismo, pero graves daños al fin, que se han originado directamente sobre las sociedades, las comunidades y las personas de carne y hueso, pueden verse -por ejemplo, entre otras fuentes relevantes- los diferentes informes, historias y datos que han sido sistematizados y elaborados, entre otras, en la página web Count The Costs of the War on Drugs.

Justo por el fracaso evidente del régimen prohibicionista, algunos Estados de nuestro hemisferio -entre los cuales se encontró Guatemala, junto a Colombia y México- solicitaron hacia finales del año 2012 al Secretario General de la ONU la convocatoria urgente a un proceso de diálogo y debate internacional sobre el problema mundial de las drogas, sin esperar hasta el año 2019 para la revisión programada de la Declaración Política y del Plan de Acción que rigen actualmente la cooperación internacional en la materia. Tal solicitud, cabe señalar, fue acogida y operativizada posteriormente a través de la Comisión de Estupefacientes de la ONU mediante el proceso preparatorio de la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016 (mejor conocida como UNGASS 2016), la cual se desarrolló efectivamente durante los días 19 al 21 de abril de 2016.

En este orden de ideas, cabe destacar expresamente que el documento de resultados “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”, que fue aprobado tras arduas negociaciones por los Estados Miembros de la ONU en la UNGASS 2016, aunque no llegó a rechazar abiertamente el régimen prohibicionista como lo demandaban numerosos actores sociales, académicos y no gubernamentales, sí estableció algunos puntos claves para la reforma gradual del régimen y para el futuro inmediato de las políticas regionales y nacionales en clave democrática y progresista, entre ellos varios que conviene referir aquí de manera particular:

  • Que el abordaje del problema de las drogas, tanto en lo relativo a la reducción de la oferta como a la reducción de la demanda, se realice de plena conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de las personas;
  • Que los esfuerzos encaminados a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y abordar eficazmente el problema mundial de las drogas son complementarios y se refuerzan mutuamente;
  • Que los tres tratados de fiscalización internacional de drogas ofrecen a los Estados partes la flexibilidad suficiente para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades.

De este modo, el documento de resultados de la UNGASS 2016 estableció expresamente la conexión necesaria que los Estados deben promover y garantizar entre la política de drogas y los derechos humanos, así como entre la política de drogas y el desarrollo sostenible, fijando además el principio de flexibilidad suficiente como una base para que, sin perjuicio de la cooperación internacional, cada Estado pueda definir su política nacional de drogas con arreglo a sus propias prioridades y necesidades, incorporando todos aquellos enfoques y estrategias que se consideren relevantes.

En mi opinión, gracias a este principio de flexibilidad suficiente reconocido semanas atrás por los Estados miembros de la ONU, el modelo prevaleciente de una política de “talla única” para todos (prohibicionista: orientada esencialmente hacia la reducción de la oferta y enfocada en la justicia penal y la seguridad) pierde así fundamento y, con el tiempo, cederá el lugar progresivamente a un régimen pluralista de políticas de drogas en el cual coexistirán diferentes modelos y estrategias de drogas, algunas de ellas todavía ligadas estrechamente a la visión prohibicionista (especialmente en los países asiáticos y africanos), pero otras orientadas ahora de manera primordial -sin abandonar las estrategias punitivas, aunque ya no limitándose u otorgando un lugar jerárquico a éstas- a un enfoque de salud pública, desarrollo y derechos humanos, bajo el cual estrategias que hasta ahora han sido empleadas en pocos países y con bajo perfil -como la reducción de daños-  adquieran mayor relevancia y bajo el cual puedan adoptarse también estrategias prometedoras, como la regulación con fines medicinales de algunas sustancias (como ocurre ya en numerosos países de América y Europa), y estrategias incipientes, pero que parecen avanzar por la senda correcta a la luz de la evidencia recabada hasta ahora, como la regulación con fines recreativos de la marihuana (como ocurre en Uruguay y algunos estados de los Estados Unidos de América).

En esta línea, es conocida ya con cierta amplitud la iniciativa para la regulación de la marihuana con fines medicinales y recreativos que presentó algunos meses atrás el Diputado Álvaro Velásquez en el Congreso de la República, iniciativa que se encuentra actualmente en trámite para el dictamen correspondiente y su ulterior discusión por los legisladores. Menos conocida, pero igualmente importante y en consonancia con el discurso pronunciado en la UNGASS 2016 por el Presidente Jimmy Morales, es la decisión tomada a finales de mayo de este año en sesión ordinaria por la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (CCATID) de elaborar una nueva Política nacional de drogas que supere las deficiencias notorias de la vigente Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas y que, a la vez, actualice sus lineamientos estratégicos y objetivos a la luz de los resultados del debate internacional sostenido en el proceso de la UNGASS 2016 y en otros foros regionales.

En mi opinión, estos dos sucesos recientes muestran con claridad que el problema de drogas ha dejado de ser ya solamente un tema de la agenda pública y se ha insertado dentro de la agenda política y gubernamental de Guatemala. Esto no es baladí, tomando en cuenta que tradicionalmente -podemos afirmar que al menos desde la década de los setenta, con la emergencia de la “Guerra contra las Drogas”- y tal como lo hizo ver en su momento la extinta Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas, esta política ha tenido una importancia secundaria en la agenda política y gubernamental y, en esa medida, ha estado orientada predominantemente a satisfacer intereses externos más que los propios intereses nacionales. Ambas iniciativas representan, por tanto, oportunidades cruciales para que nuestro país pueda no sólo modernizar su política de drogas y encaminarla por la senda de los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo, tomando en consideración los resultados de la UNGASS 2016, sino también para atender aquellas prioridades y necesidades que convengan a los intereses de nuestro país y de nuestra sociedad, los cuales no se limitan al tema de seguridad y justicia penal.

Queda por ver, claro está, la evolución que sigan ambas iniciativas durante los próximos meses para saber si la política de drogas asegurará su permanencia, y en tal caso en qué sentido y con qué apoyos, dentro de la agenda política y gubernamental. En una próxima entrega, desde la perspectiva de las Políticas Públicas y de la política de drogas en particular, analizaré críticamente cada una de estas iniciativas y los desafíos de distinto nivel y orden que representa concretarlas como políticas públicas.

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