Diálogos | seguridad y justicia
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23 Oct Boletin Seguridad y Justicia No. 5: Narcoactividad en Guatemala

Las sustancias psicoactivas clasificadas como ilícitas -como la marihuana, la cocaína y la heroína- están sujetas a controles estrictos en las legislaciones nacionales de los países y en las tres convenciones internacionales vigentes, debido a que -bajo un modelo prohibicionista- son consideradas como peligrosas, altamente adictivas y porque su abuso genera un  grave impacto a nivel social, familiar e individual(1).

A diferencia del tabaco y el alcohol, que son drogas legales bajo modelos regulatorios,  las sustancias ilícitas depresoras, estimulantes o alucinógenas, sus precursores y equipos de producción están controlados por los Estados, y están prohibidas también en general la importación, manufactura, distribución e incluso -como en Guatemala- la posesión de tales sustancias para consumo personal con fines recreativos(2).

La narcoactividad describe todos aquellos comportamientos que están relacionados con el cultivo, manufactura, distribución, venta, posesión y consumo de drogas ilícitas.  

El tráfico, la distribución y la venta de sustancias ilegales son actividades que amenazan la institucionalidad pública, debido a que, al igual que para la comisión de otros delitos, se necesitan crear estructuras paralelas que permean las entidades públicas y privadas para facilitar tales acciones y además legitimar los fondos obtenidos con ellas (lavado de dinero). Guatemala, por su posición geográfica, es una vía utilizada para el tráfico ilícito de drogas, sobre todo de cocaína hacia Estados Unidos(3). Se estima que el 80 por ciento de la cocaína producida en Sudamérica pasa por el istmo centroamericano.

Con relación al consumo, datos del 2005, muestran que en Guatemala el uso de marihuana y cocaína son bajas comparadas con otros países del Continente(4). Lo cual parece que no ha variado en el tiempo. Por ejemplo, un reciente estudio evidenció  que el 7.5 por ciento de los jóvenes ha usado o experimentado con el cannabis; 4.4 por ciento con cocaína; 9.5 por ciento con inhalantes; 2.5 por ciento con crack; y 2.4 por ciento con MDMA (éxtasis) y otras drogas sintéticas(5). El Gobierno de Guatemala prácticamente no destina recursos públicos para conocer a mayor profundidad la realidad sobre el consumo de drogas, reguladas o prohibidas.  

En el marco que regula la narcoactividad en el país, (Ley contra la Narcoactividad, Decreto 48-92 del Congreso de la República) queda establecido que el Estado prohíbe y penaliza, parcial o totalmente, la producción, el tráfico, promoción, así como la posesión para el consumo de drogas. Se asume que el daño producido por la narcoactividad amerita una amplia y fuerte intervención del Estado para controlar, criminalizar y penalizar su producción, distribución y venta(6).

Las penas para estos delitos se distribuyen así:

Tabla 1. Delitos relacionados con la narcoactividad 

Dos aspectos clave destacan de esta Ley: i) la tipificación de la posesión para el consumo, comparado con otros países latinoamericanos en donde hay una tendencia despenalizadora o bien una reducción de las penas(7); y ii) la discrecionalidad que otorga a los jueces para aplicar las sanciones mínimas o máximas, a los cómplices y autores, en virtud de que no existen criterios expresos y predeterminados al respecto.

Las cifras de la narcoactividad en Guatemala

En el período 2009-2018 la mayor parte de las incautaciones de droga ha sido de cocaína (alrededor de 64 mil kg) seguido de metanfetaminas (28 mil kg). Entre 2016-2017 se registró la mayor incautación de cocaína, lo cual es un indicativo de que ha aumentado el tráfico en el país, debido a una mayor producción de esta sustancia en Sudamérica, y no necesariamente resultado de acciones más eficaces por parte de las autoridades(8).

Las estadísticas oficiales muestran que entre 2009-2018 se incautaron 4,605 millones de matas de amapola y 46.6 millones de matas de marihuana. 

Dentro de las estadísticas del sistema de seguridad y justicia sobresalen tres delitos relacionados con la narcoactividad: i) promoción o estímulo a la drogadicción; ii) posesión para el consumo; y iii) comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Durante el período 2009-2018, la PNC arrestó a un total de 25,502 personas por delitos relacionados con la narcoactividad. Alrededor de 89% fueron hombres.  En 2017 la tasa por cien mil hab. fue de 19

El sistema de justicia 

El delito de posesión para el consumo es el que cuenta con el mayor número de sindicados. El tráfico ilícito cuenta apenas con 42 personas sindicadas. El número anual de sindicados por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito no ha variado en los últimos 10 años. Al 31 de julio de 2018, los registros muestran un total de 1,825 personas sindicadas.

El número de acusados durante este período fue de 5,837. Sólo una tercera parte de los sindicados fueron formalmente acusados (47% corresponden a casos de posesión para el consumo; 41% a promoción o estímulo a la drogadicción, y 12% a comercio, tráfico y almacenamiento ilícito).

Entre 2009-2018, el Instituto de Defensa Pública Penal -IDPP- ha prestado servicios de defensa por estos tres delitos a un total de 15,736 personas (64% de los casos son por posesión para el consumo), en su mayoría, hombres (92%). Alrededor del 9% son adolescentes. El mayor número de defendidos de este período se registró durante el período 2016-2017.

El Organismo Judicial -OJ- ha emitido un total de 1,541 sentencias condenatorias entre 2009-2018, para los delitos de i) comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; ii) posesión para el consumo, y iii) promoción o estímulo a la drogadicción. El Gráfico 6 muestra el descenso a partir de 2013 en la emisión de sentencias, y un incremento a partir de 2018.

Durante 2018, los departamentos de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Sololá y Quetzaltenango tienen las tasas más altas de personas detenidas por los delitos de narcoactividad (promoción o estímulo, posesión para el consumo, y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito).

Las incautaciones de amapola durante 2009-2018 se han realizado en San Marcos, pues es el departamento del país en el que se concentra dicha producción. En el caso de la mariguana, la mayor parte de las incautaciones  ha ocurrido en San Marcos, Huehuetenango, Petén, y Chiquimula.  Mientras que el decomiso de cocaína ha estado focalizado en los departamentos de Guatemala, Escuintla, e Izabal, y en menor grado en Petén, Alta Verapaz y Zacapa.

Los territorios en donde operan los traficantes de drogas incluyen Izabal, Alta Verapaz, Petén, Zacapa, y San Marcos(9).

Avances y desafíos en la prevención y reducción de la narcoactividad en Guatemala

Guatemala es un puente para el paso de drogas hacia los Estados Unidos(10). Además, en el país se cultiva amapola para producir heroína en México y marihuana para el consumo local. Como resultado de estas actividades, han proliferado redes criminales, pandillas y narcotraficantes, principalmente en algunos departamentos del país que suelen ser foco de la narcoactividad.

Uno de los cambios legales más significativos de los últimos años contra el crimen relacionado a las drogas ilícitas fue la emisión de la Ley de Extinción de Dominio (Decreto 55-2010) en la cual se establece la extinción de bienes adquiridos con recursos provenientes de actividades relacionadas con la narcoactividad y otros ilícitos. 

En el período analizado, 2009-2018, se observa que los esfuerzos del Estado se han concentrado en vigilar y castigar el delito de posesión de drogas para el consumo, el eslabón más débil de la cadena de narcoactividad, sin atacar sus causas de fondo, provocando que el sistema de seguridad y justicia destine una alta cantidad de recursos a este tema.

La persecución contra quienes se dedican a la producción, el comercio y tráfico ilícito de drogas ha estado orientada a las actividades de erradicación manual de matas de amapola y  marihuana, y a las incautaciones de cocaína y del dinero ligado a esta actividad. 

Durante 2010-2012, últimos años de la administración de Álvaro Colom, se realizó una depuración en las fuerzas policiales, especialmente el personal de las comisarías de Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango, quienes estaban sindicados de tener vínculos con los Zetas(11).  Pese a este proceso de depuración, el involucramiento de elementos de la policía en actividades relacionadas con la narcoactividad aún prevalece(12).

El gobierno de Otto Pérez Molina intentó, a través de la conformación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas (Acuerdo Gubernativo 396-2013), formular propuestas de políticas públicas enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y orientadas a la reducción de la oferta y la demanda, entendiendo el problema como uno de salud pública(13). Este esfuerzo, sin embargo, no llegó a concretarse debido a la coyuntura política de 2015, en el cual la pareja presidencial, sindicada de corrupción,  fue sustituida en el cargo.

La administración de Jimmy Morales se ha enfocado en la tarea de incautación de las drogas que transitan por el país y en la erradicación de amapola y marihuana que se siembra en algunos municipios de San Marcos, Petén, y Totonicapán entre otros.  El estado de sitio en algunos municipios influyó para que en 2017 se incautara una alta cantidad de matas de amapola. Como dato novedoso, en mayo de 2018, la PNC localizó una plantación de coca y un laboratorio para procesarla.

En el combate de la narcoactividad, que es sin duda un fenómeno global y regional, el país continúa ofreciendo las condiciones necesarias para este tipo de actividades ilícitas: impunidad, instituciones de seguridad débiles (Guatemala depende de las capacitaciones y equipo que le brinda el Gobierno de los Estados Unidos por medio de sus agencias especializadas, como INL y la DEA, por sus siglas en inglés)(14), además de personas motivadas a involucrarse en este y otras actividades delictivas, incluyendo aquellas que facilitan la narcoactividad.

Implicaciones para la política pública

Guatemala necesita repensar las políticas de drogas en su conjunto. El enfoque prohibicionista, focalizado en contrarrestar el consumo, el cultivo, la producción, y el tráfico ilícito, hegemónico hasta ahora, no parece estar rindiendo los resultados esperados(15).

A partir de ello se recomienda:

1. Privilegiar un enfoque de salud pública. La evidencia muestra que criminalizar el consumo tiene un impacto alto en el sistema de seguridad y justicia (fuerza policial, hacinamiento en centros carcelarios), sin llegar a impactar en el tráfico y promoción de las drogas. Un enfoque de salud pública, permitiría destinar recursos a la prevención, tratamiento,  rehabilitación, y reinserción social, pero sobre todo descriminalizar el consumo, y tratar a los usuarios de drogas como víctimas y no como criminales.

  2. Establecer nuevos y mejores indicadores para medir el éxito contra las drogas.  La erradicación  de amapola ya sea medida por hectáreas o matas, no debe considerarse una medida del éxito contra el narcotráfico, sobre todo, porque no se erradica sino únicamente se arrancan las matas o se quema la cosecha. Es mejor medir la incautación de marihuana, amapola, cocaína y otras sustancias(16).

El número de personas detenidas por posesión para el consumo tampoco evidencian, por sí mismo, el problema de las drogas en el país.  Es necesario contar con indicadores que muestren la tasa de consumo y la tasa de atención en los servicios de salud pública, entre otros.

También es importante llevar un control sobre la desarticulación de grupos criminales relacionados con la narcoactividad; los homicidios relacionados con la narcoactividad; la transformación de los territorios en donde prevalecen los cultivos; y la inversión del Estado para la prevención y el combate del narcotráfico.

3. Revisar el marco legal vigente. Las penas deben ser proporcionales al delito. Actualmente el sistema de seguridad y justicia destina la mayoría de recursos en la lucha contra las drogas, a perseguir el delito por posesión para el consumo, provocando hacinamiento en las cárceles y saturando los servicios de persecución penal, defensa pública y demás órganos jurisdiccionales.

La persecución penal debería estar orientada a la desarticulación de los narcos, y de las redes que facilitan el tránsito y producción en el país, y no hacia los usuarios de drogas. La despenalización del consumo y el uso de sanciones que estén orientadas a disuadir y evitar la reincidencia (multas y/o tratamiento para la rehabilitación, por ejemplo) pueden tener un mejor efecto en los usuarios, y reducir los delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. 

Asimismo, es importante retomar la recomendación de la Comisión de  reformar el artículo 47 de la Ley contra la narcoactividad, que permita incluir dentro de los beneficiarios de la extinción de dominio, a las instituciones que desarrollan acciones de prevención y rehabilitación(17).

4. Implementar programas de prevención en tres áreas: i) cultivo; ii) tráfico y iii) consumo. El cultivo de amapola es una actividad que retribuye económicamente a las personas que se dedican a ella. La estrategia de erradicación debe ir acompañada de la implementación de programas alternativos para el trabajo y subsistencia orientados a mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Ello implica involucrar a los gobiernos locales y líderes de las comunidades(18).

Para prevenir el tráfico ilícito de drogas es importante mejorar los controles en las fronteras para evitar el paso de drogas, pero también de armas y personas; brindar oportunidades de empleo, educación e inclusión social para los jóvenes; y, focalizar los recursos en la persecución de aquellos involucrados en el tránsito y promoción del uso de drogas.

El énfasis en la prevención del consumo de drogas debe ser durante la adolescencia. La evidencia señala que es en este grupo de edad en donde existe mayor riesgo.  Las campañas de información, el involucramiento de los padres de familia, la escuela y la comunidad son aspectos clave. El Estado debe garantizar los servicios necesarios para la rehabilitación y reinserción social, basado en un enfoque de reducción de daños y atención a  la salud de quienes consumen y abusan de las drogas.

Es necesario que la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, asuma su rol de diseñar e implementar las políticas públicas de prevención de los delitos de narcoactividad, basados en la evidencia disponible.

Finalmente, la prevención -que no la guerra o el combate- se puede lograr sin exacerbar la violencia, si se enfoca en desmantelar las estructuras de corrupción del Estado y en limitar el espacio para el lavado de activos y capitales.

 

Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo de Open Society Foundations -OSF-

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Notas al pie

1     OMS, 2004. Neurociencia del uso y dependencia de sustancias psicoactivas.
2  Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Psicotrópicos, 1988.
3   UNODC, 2017. World Drug Report 2017.
4      CICAD, 2011
Encuesta Nacional sobre Uso, Abuso y Prevalencia del Consumo de Drogas en el Nivel Medio de Educación, 2016
6 Informe de la Comisión para Reforma Política de las drogas, 2015
 Ibídem
8   INCSR,2017
9    Espach et al., 2014
10    Se estima que cada año se introducen de contrabando 1.000 toneladas de cocaína en todo el país (INL, 2017:173)
11     https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/06/27/estructuras-del-crimen-organizado-necesitan-agentes-del-estado-operar-segun-experto.html
12    http://www.salanegra.elfaro.net/es/201409/cronicas/15874/Las-lecciones-que-nos-dej%C3%B3-la-masacre-de-Salcaj%C3%A1.htm
13    Acuerdo publicado en el Diario de Centroamérica el 1 de octubre de 2013, pp. 2-3
14     Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) y Drug Enforcement Administration (DEA)
15 OEA, 2013
16   El cannabis no es considerado nocivo como otras drogas,  en los EE.UU. es legal su consumo recreativo y para uso médico
17   Comisión para la Reforma Política de la Drogas, 2014: 84
18   De acuerdo con Espinoza (2017) la implementación exitosa de programas alternativos deber ser estudiada con mayor detalle, pues en algunos países se ha producido un desplazamiento y el surgimiento de nuevas áreas de cultivo.

Referencias consultadas

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2011). Informe del uso de drogas en las Américas 2011.  Washington: OEA
Comisión para Reforma Política de las drogas (2015). Informe analítico sobre el problema de las drogas en Guatemala. Documento inédito. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/…/Guatemala.pdf
Decreto 48-92 del Congreso de la República Ley contra la Narcoactividad. Guatemala
Espach, Ralph et al (2011). Organizaciones criminales y tráfico ilícito en las comunidades fronterizas de Guatemala. Alexandria: Center for Naval Analyses.
International Narcotics Control Strategy Report. (2017)  Drug and chemical control, Vol. 1.  United States Department of State
Encuesta nacional sobre uso, abuso y prevalencia del consumo de drogas del nivel medio de educación. Guatemala: [s.n.]; 2014.
Espinoza, C. (2017) La amapola es un billete maldito. Publicado en Plaza Pública https://www.plazapublica.com.gt/content/la-amapola-es-un-billete-maldito
Flom, H. (2018). Política, policía y violencia: La regulación del Narcotráfico en el Cono Sur. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 04(01).
Garay, L.; De León, I. & Salcedo, E. (2010). Guatemala, México y Colombia: Los retos de la expansión del narcotráfico en el nuevo milenio. Método Working Papers, (65).
Organización de Estados Americanos. (2013) El informe de drogas de la Organización de Estados Americanos: 16 meses de debates y consensos. Washington: OEA
Organización de Naciones Unidas. (1988). Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y Psicotrópicos.  Viena: ONU
Organización Mundial de la Salud. ( 2004). Neurociencia del uso y dependencia de sustancias psicoactivas. [Neurosciences: Use and Dependence of Psychoactive Substances]. Genebra: WHO.
Rosen, J. & Zepeda, R. (2015). La guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdida. Revista Reflexiones, 94(1).
United Nations Office on Drugs and Crime,. (2017) World Drug Report 2017 .  Viena: UNODC
Villegas, C. (2014). La economía ilícita del narcotráfico en centroamérica. Análisis del mercado de la cocaína y las respuestas políticas de los estados. Anuario de Estudios Centroamericanos, 40.

 

 

 

 

 

 

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11 Nov ¿Es una buena idea la de un impuesto extraordinario, temporal y específico para financiar la lucha contra la impunidad?

Sí lo es. ¿Por qué?

Guatemala continúa siendo uno de los países más violentos e inseguros del planeta. Aunque hemos mejorado en los últimos seis años, terminaremos el 2015 con una tasa de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta realidad nos perjudica a todos, incluso a los guatemaltecos de más altos ingresos y con mayor riqueza, que se ven obligados a gastar en su protección personal y la de sus negocios. También afecta negativamente la actividad económica, especialmente desincentivando las nuevas inversiones, debido a los elevados costos que impone un clima de negocios incierto por falta de seguridad y justicia, y por las altas probabilidades de ser víctima del secuestro o la extorsión, entre otros delitos graves contra la integridad personal y la propiedad.

El Estado guatemalteco es uno de los más débiles de América Latina, visto desde varias perspectivas. Una de ellas: sus escasos recursos financieros para invertir en servicios públicos esenciales como educación y salud primarias, y en infraestructura productiva. Tampoco tiene recursos suficientes para un cuerpo de Policía fuerte, moderno y eficiente. Las condiciones en las que trabajan los agentes de Policía son deplorables y tienen bajos salarios que los hacen vulnerables a los sobornos. Se ha comprobado, incluso, que estructuras policiales terminan trabajando al servicio del crimen organizado o se convierten en bandas criminales. En este sentido, se debe continuar con la depuración y profesionalización de la Policía Nacional Civil (PNC), avanzando en su reforma. Todo ello requiere de recursos financieros que el Estado no posee, especialmente en medio de esta crisis fiscal que afecta a todas las entidades públicas, como en el dramático caso del sector salud, también debilitado por los altos costos de atención a las víctimas de la violencia armada.

El Sistema de Justicia está compuesto por otros eslabones fundamentales para continuar la lucha contra la impunidad en el país. El Ministerio Público (MP) ha dado muestras indiscutibles de solvencia moral, y de una mayor eficiencia en la desarticulación de bandas criminales y en los avances bien fundamentados de los casos judicializados contra la defraudación aduanera, que tienen en prisión preventiva a un ex Presidente de la República y a su compañera en la Vicepresidencia. Así que en estos momentos es importante premiar al MP con más recursos para poder afrontar los cientos de miles de denuncias por diversos delitos que recibe anualmente, entre ellos, más de 5 mil homicidios, que se suman a los miles de casos de años recientes y que no han podido ser investigados de manera que se castigue a los responsables. Sólo en la última administración de Gobierno se acumularon unos 20 mil casos más de muertes violentas sin resolver. No obstante, con sus recursos limitados, el MP ha logrado disminuir el indicador de impunidad. Así que la falta confianza o eficiencia no son un argumento válido para negarle más recursos.

De la misma manera, el Organismo Judicial (OJ), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Sistema Penitenciario y demás entidades del sector justicia, requieren recursos financieros para atraer a los mejores recursos humanos del país y para modernizarse en su administración, así como en el uso de la ciencia y la tecnología. Alcanzar una sociedad pacífica y segura tiene un costo financiero que todos debemos contribuir a cubrir. Hasta el ideólogo más libertario estará de acuerdo en que el Estado tiene un papel fundamental como proveedor de orden, seguridad y justicia. Sin estas tres características, el mercado no puede funcionar bien en una sociedad. Estado y mercado se necesitan el uno al otro para florecer, pues las transacciones deben ser libres y voluntarias, de lo contrario no hay intercambio que beneficie a ambas partes y la economía se destruye.

Según una Fundación financiada por el mismo sector privado organizado (FUNDESA 2013), la población y las empresas gastan anualmente el equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para protegerse de la violencia, el crimen organizado y la delincuencia común. El sector productivo desvía recursos propios para pagar agentes de empresas privadas de seguridad, cámaras de vigilancia, vehículos blindados, cercas y alambradas, y otra gran cantidad de mecanismos en defensa de las vidas de sus trabajadores o de sus clientes, así como para la protección de sus activos, servicios y productos. Aunque no existe una encuesta de victimización al sector privado, sabemos por las noticias que muchas empresas que tienen camiones ruteros para distribuir sus mercaderías son víctimas constantes de la extorsión. No pueden entrar a ciertos barrios del Área Metropolitana si no pagan. Varios choferes y escoltas han sido muertos por los extorsionistas al negarse a pagar.

Además del costo en vidas humanas y pérdidas para los negocios, el problema de las extorsiones refleja muy bien la debilidad estructural del Estado guatemalteco. En ciertos barrios o colonias, la burocracia estatal, la fuerza pública, no retiene el monopolio en el uso legítimo de la violencia. Por lo tanto, tampoco es capaz de mantener el monopolio sobre la extracción legítima de los recursos de la población (los impuestos). En ese sentido, hablamos de territorios en disputa con el Estado, para el control y explotación de la población que allí habita. Esto es algo que ninguna sociedad civilizada se puede dar el lujo de permitir, porque es un claro retroceso hacia el caos social, que se refleja muy bien en los altos niveles de violencia e impunidad de los que somos víctimas. No hay economía, ni negocio legítimo que pueda ser viable en esos contextos. Sólo florecen los negocios al margen de la ley, precisamente los que se especializan en el uso de la fuerza y el engaño como modus operandi.

Desde abril 2015, la sociedad civil organizada y no organizada, ha participado en un esfuerzo sostenido, tanto en las calles y plazas como en los juzgados y otros espacios de influencia (medios de comunicación y redes sociales), para depurar la casta política y sacar de puestos públicos a los corruptos. Ahora se está empezando a capturar y procesar a los empresarios corruptores, pero esto es un proceso que toma tiempo, investigación, inteligencia, equipos de expertos y profesionales, recursos tecnológicos, y todo termina en la disponibilidad de recursos económicos para financiarlos. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha jugado un papel importante en todo esto, apoyando al MP en sus labores, pero la CICIG es un esfuerzo temporal financiado por la cooperación internacional. Sus capacidades técnicas deben ser transferidas al MP y somos los mismos guatemaltecos los responsables de financiar el esfuerzo de largo plazo.

Aún no existe una propuesta técnica específica que deberá ser discutida por la nueva legislatura para su eventual aprobación. Simplemente se han mencionado experiencias en otros países, como la de Colombia, donde el gurú del sector privado más conservador de este país, Álvaro Uribe, implementó un impuesto al patrimonio de las personas ricas (con más de US$1.5 millones declarados como riqueza). Sin embargo, en Guatemala no se cuenta con declaraciones patrimoniales que permitan hacer viable este mismo criterio. A lo mejor habría que empezar por allí, pero el argumento en contra será, precisamente, que en un país como Guatemala es peligroso dar a conocer el patrimonio porque uno se puede volver víctima de los extorsionistas o secuestradores aunque, en realidad, pareciera que le temen más al fisco.

De esta manera, en el sector privado tradicional y agremiado pareciera que cada quien prefiere pagar por su cuenta su seguridad, generándose una pérdida social neta. Todos estamos peor en esa situación. Si por el contrario, lográramos superar el problema de la acción colectiva y contribuyéramos dando dos puntos adicionales del PIB al sector público para que éste se encargue de la seguridad y la justicia para todos, entonces estaríamos en una mejor situación social, como nación. Pero también a nivel individual y de las empresas, porque esos dos puntos del PIB les permitirían ahorrar los otros dos puntos que ya gastan, y que luego podrían invertirse en actividades más productivas que generarían más empleos y también más riqueza para todos. Entraríamos así en el círculo virtuoso al que todos aspiramos, pero primero debemos romper el círculo vicioso existente por algún lado. Lo peor que podemos hacer es apostarle al statu quo.

Es cierto que necesitamos una reforma fiscal integral, pero la misma no se logrará en el corto plazo. También es correcto exigir a la nueva administración de Gobierno metas claras y verificables, así como planes viables para alcanzarlas. Pero la coyuntura política le es favorable para este tipo de impuesto, pues el nuevo Gobierno goza de la credibilidad y de la legitimidad de las urnas para negociar exitosamente en el Congreso un impuesto de esta naturaleza. Podrían diseñarse, por otro lado, mecanismos novedosos para fiscalizar el uso de estos recursos específicos, incluyéndose la obligatoriedad de hacer evaluaciones técnicas de las políticas públicas implementadas para así medir su efectividad y retroalimentar al sistema, para no persistir con modelos de prevención de la violencia, por ejemplo, que no funcionan y sólo provocan desperdicio de recursos.

Es el momento de pasar del discurso a la práctica en la lucha contra la impunidad y la corrupción en este país, como bien lo indicó el Comisionado Iván Velásquez. Eso pasa por el fortalecimiento financiero del Estado. No hay dudas al respecto. Por lo tanto, hay que dejar de un lado las creencias ideológica que a priori descartan cualquier impuesto, y también hay que olvidarse por un momento de los intereses gremiales que no necesariamente coinciden con los intereses de toda la nación. Debe hacerse una propuesta que técnicamente sea viable, que minimice las distorsiones a la economía, y que demuestre que el análisis de costo-beneficio es favorable en términos sociales. Una vez definida y discutida, el Congreso y el Presidente deben blindarse ante cualquier poder de veto supra-político. El futuro está en juego. Merecemos vivir en paz y con seguridad.

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