Diálogos | violencia e inseguridad
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22 Abr Informe Anual sobre la Violencia Homicida en Guatemala, Año 2018

Resumen

Guatemala redujo nuevamente su tasa de homicidios durante el año 2018. Aunque las explicaciones de dicha reducción aún no están claras, y a pesar de la coyuntura política adversa debido a la crisis provocada por el mismo Gobierno y el Congreso en su afán por expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de esta manera frenar todo esfuerzo en la lucha contra la corrupción, lo cierto es que la tasa se encuentra en un mínimo histórico, según los datos de la Policía disponibles y comparables desde 1995. La violencia homicida se ha reducido en más de la mitad desde el punto máximo observado en agosto de 2009 cuando la tasa interanual llegó a 48 por cada 100 mil habitantes. El año 2018 se cerró con una tasa de 22.4 por 100 mil, la menor tasa registrada en los últimos 24 años. Los principales progresos se ubican claramente a favor de los grupos más vulnerables a este tipo de violencia: los hombres jóvenes, generalmente víctimas de heridas provocadas con arma de fuego. La tasa de muertes violentas por arma de fuego en 2018 descendió casi 12% respecto al año 2017. La tasa total de homicidios disminuyó en 14%.  

En el presente informe se revisan no sólo las tasas con las que se terminó el año, sino especialmente las tendencias interanuales que nos dan una mejor idea de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos en términos de la violencia homicida. El análisis se desagrega por sexo y edad de las víctimas, así como por el tipo de arma utilizada por los victimarios. También se comparan entre sí diversas fuentes para mostrar que hay consistencia entre las mismas a pesar de ser independientes y alimentar sus registros en momentos distintos (escena del crimen vs examen médico forense). Se confirma de igual manera la tendencia de la tasa de homicidios en contraste con la de lesionados o heridos por violencia. Se hace un breve recuento de los acontecido durante el año con base a la tendencia de corto plazo que generó una serie de alertas tempranas por parte del Observatorio de la Violencia de Diálogos. Finalmente, se revisa la geografía de la violencia a nivel departamental y municipal. Como en años anteriores, se observa que, aunque los niveles de violencia nacionales vayan a la baja se mantiene el patrón geográfico de la violencia homicida, distinguiéndose claramente dos zonas en el país: una extremadamente violenta y otra pacífica, ésta incluso bajo estándares internacionales (tasa anual de un dígito). En el anexo del informe (formato MS-Excel) se incluye el ranking con la respectiva tasa de los 340 municipios del país, desagregada por sexo de las víctimas, y se compara con lo registrado en 2017, clasificándolos por su tamaño poblacional.

Contenido

Introducción: informe 2018

Variación anual y tendencias: 10 años de datos
Tasa anual por sexo de las víctimas, 2018
Tasa anual según la edad de las víctimas, 2018
Tasa por tipo de arma utilizada por los victimarios
Tasa anual de heridos o lesionados por violencia, 2018
Tendencia en el corto plazo: altibajos durante 2018
Geografía de la violencia homicida, 2018

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29 Sep ¿Dónde nos encontramos ocho meses después del cambio en MINGOB?

El Observatorio de Violencia de la Asociación Civil DIÁLOGOS evaluó el desempeño del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, durante sus primeros ocho meses al frente de la cartera del interior: “El indicador de corto plazo de la violencia homicida en Guatemala muestra estancamiento, pues después de dos notorios ciclos de aumentos y descensos en el número de necropsias relacionadas con hechos criminales, la cifra se encuentra al mismo nivel en el que estaba cuando asumió el cargo,” indicó Carlos Mendoza, coordinador del Observatorio.

Mendoza explicó que el descenso más notorio del período Degenhart, en realidad, es atribuible a la intervención que hizo el anterior ministro, Francisco Rivas, pues “la principal hipótesis de la reducción de la violencia observada en febrero de 2018 se relaciona con las intervenciones realizadas en prisiones durante enero del mismo año, para quitar el acceso a las telecomunicaciones a los privados de libertad”. Esta hipótesis supone que muchos de los asesinatos son ordenados desde dentro de las mismas prisiones. Los sicarios recibirían instrucciones de los líderes de las pandillas, por ejemplo, en casos relacionados con extorsión. “No obstante, se necesitan más datos para poder verificar tal extremo,” advirtió Mendoza.

Mendoza también afirmó que “al 19 de septiembre de 2018, utilizándose los datos diarios del INACIF, el indicador de corto plazo que muestra lo ocurrido en los últimos 30 días revela que el nivel de violencia es de 422 necropsias en promedio, mientras que cuando asumió Degenhart era de 421 necropsias (en casos de muertes posiblemente relacionadas con hechos criminales, en investigación, según aclara el INACIF), por lo que podemos concluir que en ocho meses no han dado resultados positivos las políticas de seguridad ciudadana implementadas por el actual ministro”.

La anterior cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), encabezada por Nery Ramos, había dejado el indicador de corto plazo en su nivel más bajo desde que se tienen registros (338 necropsias), mientras que al 19 de septiembre se registró un total de 423 necropsias, es decir, en un nivel 25 por ciento arriba. Si tomamos el promedio de 30 días de este indicador (lo que suaviza la tendencia), el cambio sigue siendo negativo, es decir, la violencia aumentó 7 por ciento respecto del punto mínimo.

En el largo plazo, la tasa interanual al 31 de agosto de 2018 llegó a 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, según los registros de la PNC. Este indicador, que acumula datos de los últimos 12 meses, no contradice la alerta temprana que se emite con la tendencia de corto plazo, pues el efecto negativo se verá con cierto rezago. Respecto a septiembre de 2017, otro punto de referencia, la violencia de largo plazo sí ha disminuido hasta un 13 por ciento, pero la magnitud del descenso podría erosionarse si el indicador de corto plazo continúa mostrando estancamiento. El Ministerio de Gobernación debe evaluar tanto sus prioridades como las acciones o políticas de seguridad ciudadana y para prevención de la violencia para ajustarlas en función de una mejoría sostenida en ambos indicadores.

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23 Ene Violencia Homicida Aumentó en el Área Metropolitana de Guatemala durante 2016

La violencia homicida en el país disminuyó por séptimo año consecutivo en 2016. De hecho, la tasa de homicidios se redujo hasta en 15 por ciento respecto al 2015, si no tomamos en cuenta lo que ocurrió en el departamento de Guatemala, donde aumentó la tasa en nueve por ciento. Ello porque el área metropolitana, compuesta por varios municipios del mismo departamento, mostró una tendencia en sentido contrario a la nacional. ¿Qué pasó? Intentaremos dar algunas pistas por medio del análisis de los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil (PNC) para los años recientes.

Para no entrar en la discusión de cuáles municipios conforman el área metropolitana, examinaré todos los municipios del departamento. Cada quien puede sumar o restar según su definición del área metropolitana que prefiera. Lo que sí debemos adelantar es que habrá disputas sobre la población que se usa como denominador, pues las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) no varían mucho de un año al otro, especialmente para el caso del municipio de Guatemala. Además, los alcaldes siempre argumentan que durante el día circulan muchas más personas que las estimadas por el INE para el número de quienes son realmente vecinas del municipio y sobre el cual se estiman las tasas por cada 100 mil habitantes. Posiblemente tienen la razón, pero ellos no han presentado cifras alternativas bien fundamentadas, sólo estimaciones muy gruesas que tampoco nos permiten entender esos flujos de entrada y salida. Deberemos esperar el Censo de Población 2017 para salir de dudas.

En el departamento de Guatemala vive aproximadamente el 21 por ciento de la población del país, según el INE, pero entre 2001-2016 en dicho departamento ocurrió el 38 por ciento de todos los homicidios registrados por la PNC. Para ser más precisos, sólo en el municipio de Guatemala ocurre casi la mitad de los homicidios del departamento del mismo nombre, es decir, el 19 por ciento del total nacional, pero sólo un millón de persona viven allí, esto es, el seis por ciento de la población. La Municipalidad de Guatemala, no obstante, ha estimado que durante la semana laboral circulan unos tres millones de personas en la Ciudad Capital. Si aplicamos dicho número como denominador para estimar la tasa de homicidios, ésta sería un tercio de lo que más adelante indicaremos. Lo importante aquí es comprender que lo que pasa en el área metropolitana afecta en gran medida el nivel de violencia nacional. A continuación, las tasas anuales del municipio y el departamento de Guatemala, en comparación con las del país. Esto es importante para visualizar lo que para algunos es una contradicción, es decir, que baje la violencia en el país, pero suba en el área metropolitana. Sí es posible. Eso es precisamente lo que sucedió en 2016.

GRAFICO 1. Tasa Anual de Violencia Homicida: País, Departamento y Municipio de Guatemala, 2015-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros PNC y proyecciones INE.

Es fundamental notar que el aumento de un año no significa que la tendencia de largo plazo se haya revertido para el área metropolitana. La tasa de 71 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2016 está muy por debajo de las tasas de tres dígitos observadas entre 2003-2011.

Por ser los municipios más poblados, iniciaremos la revisión de las tasas en Guatemala, Villa Nueva y Mixco. En los dos primeros subió la violencia, 16 y 25 por ciento más, respectivamente; mientras que disminuyó en el último (20 por ciento menos). Es importante notar que, en los últimos 16 años, la Ciudad Capital ha sido el municipio más violento del departamento, con una tasa anual promedio de 98 homicidios por cada 100 mil habitantes. En contraste, el menos violento ha sido Chuarrancho, con una tasa anual promedio de 12 por 100 mil, incluyendo seis años con CERO homicidios. Nótese en el siguiente gráfico que Villa Nueva es el municipio que actualmente tiene más del doble de violencia que la registrada a principios del siglo veintiuno. Tanto Guatemala como Mixco están actualmente por debajo de dato registrado por la PNC para 2001.

GRAFICO 2. Tasa Anual de Violencia Homicida: Municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, 2001-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros PNC y proyecciones INE.

Municipio de Guatemala: el más problemático en 2016

Mientras que en el resto del departamento de Guatemala la violencia subió siete por ciento en cifras absolutas (64 muertes adicionales, esto es, sin incluir la Ciudad), en el municipio del mismo nombre subió 16 por ciento, con 95 muertes más respecto al 2015. Aquí, la tasa pasó de 61 a 71 homicidios por cada 100 mil habitantes. El aumento se concentró en tres zonas de la Ciudad Capital: zona 7 (46 más), zona 18 (31 más) y zona 6 (30 más). Dicho incremento fue compensado, en parte, por disminuciones en zonas 5 (19 menos), 8 (10 menos), 21 (9 menos) y 4 (8 menos).

GRAFICO 3. Zonas de la Ciudad de Guatemala: variación en número de homicidios, 2015-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros PNC y proyecciones INE.

En 2016, el 85 por ciento de los homicidios en el municipio de Guatemala fueron cometidos con arma de fuego, y este método para ejercer violencia aumentó en 14 por ciento respecto al año 2015 en la ciudad. Aunque son menos frecuentes otros métodos, también se incrementaron las muertes por golpes con arma contundente y por estrangulamiento, 25 y 136 por ciento, respectivamente en números absolutos. De los 95 homicidios adicionales registrados en la Ciudad de Guatemala por la PNC, 90 fueron hombres y 5 mujeres.

Villa Nueva: el que no logra retomar nivel del 2001

Este municipio subió su tasa de 40 a 51 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir un 25 por ciento de incremento. En números absolutos la diferencia fue de 64 muertes más (28 por ciento). A pesar de ser parte del área metropolitana, hacia el sur, Villa Nueva no se comporta como lo han hecho Guatemala y Mixco (ver nuevamente gráfico 2), que ya alcanzaron el nivel mínimo registrado en 2001. Por el contrario, el municipio muestra más del doble de la violencia registrada en ese mismo año, como ya lo anticipamos arriba. El 86 por ciento de los homicidios se cometieron con arma de fuego en 2016, aumentando en 19 por ciento el número de las víctimas fatales respecto al 2015. Especialmente notorio fue el incremento en homicidios realizados con arma blanca: 130 por ciento (13 casos más). De los 64 homicidios adicionales en Villa Nueva, 57 fueron hombres y 7 mujeres.

Mixco: el que sí logró bajar la violencia en 2016

El municipio de Mixco sí logró disminuir la violencia homicida el año recién pasado, pues descendió de una tasa de 43 a una de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, una reducción de casi el 20 por ciento. La clave fue el descenso en muertes provocadas por heridas con arma de fuego, pues se registraron 50 menos respecto al 2015, es decir, una reducción del 29 por ciento. Hubo 35 hombres y 6 mujeres menos en el conteo final de la PNC para este municipio, uno situado al occidente de la Ciudad Capital y plenamente integrado al área metropolitana.
El siguiente gráfico muestra las variaciones porcentuales en tasa y en números absolutos de cada municipio del departamento de Guatemala.

GRAFICO 4. Municipios del Departamento de Guatemala: variación porcentual en tasa y en número absoluto de homicidios, 2015-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros PNC y proyecciones INE.

En el gráfico precedente debe notarse que San Raymundo y San José del Golfo tienen una variación que no se puede expresar en porcentaje, pues en 2015 no registraron homicidios, mientras que en 2016 tuvieron seis y uno, respectivamente. De particular atención debe ser el caso de San Juan Sacatepéquez que tuvo un aumento en su tasa del 145 por ciento, debido a 54 homicidios adicionales, es decir, fue el tercer municipio en importancia para explicar el aumento del departamento, después de Guatemala y Villa Nueva.

También debe advertirse que el total neto del departamento es el resultado de sumas (aumentos) y restas (disminuciones). El total del país también incluye lo ocurrido en el departamento de Guatemala. Si lo excluimos, entonces, el resto del país tendría un descenso de 417 homicidios (reducción del 13 por ciento), equivalente a una disminución del 15 por ciento en la tasa, de 25 a 21 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto, nuevamente, nos refleja el peso específico que tiene el área metropolitana para afectar el resultado nacional, en concreto: elevar la tasa hasta 27 por 100 mil.

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18 Dic Guatemala 2016: séptimo año consecutivo de descenso en la tasa de violencia homicida

Según la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), en noviembre 2016 se registró un total de 305 homicidios. De manera independiente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reportó 385 necropsias relacionadas con muertes posiblemente causadas por hechos criminales, aún en investigación. La diferencia entre ambas fuentes es sistemática, pues la PNC sólo registra a los muertos en la escena del crimen y su bitácora de heridos no se actualiza con posterioridad. Muchas de las víctimas que aún se encuentran vivas al momento del crimen mueren con posterioridad en los centros de atención y, luego, sus cadáveres terminan en las sedes periciales del INACIF, donde sí ingresan a las estadísticas de necropsias. Por otro lado, el INACIF no distingue entre suicidios y accidentes con armas de fuego. Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay casi unos 500 suicidios al año, por lo tanto, de los 80 casos de diferencia entre PNC e INACIF en noviembre, posiblemente la mitad se tratan de heridas auto infringidas.

Lo importante de comparar ambas fuentes es que la tendencia debe ser la misma, aunque la cifra registrada no lo sea, si no existe otro tipo de error u omisión intencional. Por otro lado, es importante examinar noviembre 2016 porque resulta ser el mes menos violento de los últimos 95 meses para los cuales contamos con registros comparables de PNC e INACIF. Esto es cierto, tanto en números absolutos como en tasas ajustadas por la población. Por ejemplo: mientras que en 2009 el promedio diario de necropsias fue de 19, en 2016 dicho promedio es de 15 según INACIF. En el caso de la PNC, en 2009 el promedio era 18 homicidios por día y ahora es de 12 diarios. En cualquiera de los casos, podemos afirmar que la violencia ha descendido entre 21 y 33 por ciento respecto al 2009, el año más violento jamás registrado durante la época democrática, esto es, desde 1986 (lo cual podemos verificar con datos de Estadísticas Vitales del INE disponibles desde dicha fecha).

Gráfico 1. Tendencia inter-anual INACIF y PNC, 2010-2016.
tendencia-interanual-pnc-dic2000-a-nov2016-guatemalaFuente: elaboración propia con base a datos de PNC.

Gráfico 2. Promedio diario de necropsias (INACIF) y homicidios (PNC), 2009-2016.
promedio-diario-de-necropsias-y-homicidios-2009_2016-pnc-inacif-a-novFuente: elaboración propia con base a datos de PNC.

Una vez ajustamos por el tamaño poblacional proyectado por el INE para cada año, la mejoría resulta más impresionante. La violencia homicida de hoy es 40 por ciento menor a la registrada en 2009, según PNC, o 34 por ciento menor si usamos los datos del INACIF. El descenso será aún mayor si tomamos como referencia los meses de agosto o septiembre del 2009, cuando se encuentra el pico de violencia. Lo importante es reconocer que, a pesar de los altibajos de un mes al otro, la tendencia de largo plazo se mantiene y es hacia la baja. Ese largo plazo se aprecia mejor con datos de la PNC disponibles anualmente desde 1995 y mensualmente desde 2000.

Gráfico 3. Tasa inter-anual de violencia homicida (PNC), 2000-2016.
tendencia-interanual-pnc-dic2000-a-nov2016-guatemala-newFuente: elaboración propia con base a datos de PNC.

Como se puede observar en el gráfico anterior, la tasa que Guatemala tiene al 30 de noviembre 2016 no se experimentaba desde agosto 2001. El año 2016 terminará, entonces, con una tasa alrededor de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Según registros de la PNC, en 2016 habrá 273 homicidios menos que en 2015, y según INACIF serán 229 necropsias menos. En términos de tasa, la variación será de casi -8 por ciento y -6 por ciento, respectivamente. Algunos críticos argumentarán que un total de 4 mil 500 homicidios (PNC, proyectada) y 5 mil 500 necropsias (INACIF, proyectada) al finalizar el año, siguen siendo cifras de violencia intolerables, y que una reducción en las magnitudes antes mencionadas es imperceptible para cambiar la sensación de inseguridad. No obstante, lo que esos escépticos no ven es que aun pequeñas variaciones en la tasa por cada 100 mil habitantes se hacen grandes a lo largo del tiempo. En realidad, ya se han salvado unas 13 mil vidas con las mejoras “insignificantes” que se observan desde 2010.

Gráfico 4. Variación anual en cifras y porcentual de tasas anuales de violencia, PNC e INACIF, 2009-2016.
variacion-pnc-e-inacif-2009-a-2016-nuevaFuente: elaboración propia con datos de PNC e INACIF.

Gráfico 5. Costo de oportunidad del descenso en la violencia homicida (PNC), 2010-2016.
costo-de-oportunidad-en-vidas-humanas-reduccion-de-violencia-2009-2016-pnc-nuevaNota: cifra de vida salvadas se obtiene de restar el número hipotético y la cifra real registrada para cada año. Fuente: elaboración propia con base a datos de la PNC y del INE.

La pregunta que todos nos hacemos es cómo se logró, no sólo detener la escalada de violencia homicida que venía desde el año 2000, sino que hemos sido exitosos en disminuirla de manera consistente a lo largo de siete años y durante tres diferentes administraciones de gobierno. Nadie puede explicarlo con certeza. Sólo hay hipótesis, unas más plausibles que otras. La caída de los últimos meses en la tasa de homicidios podría atribuirse, en buena medida, a la fortaleza que ahora tiene el Ministerio Público y el apoyo que ha recibido de los jueces, así como de la ya rutinaria coordinación con la Policía Nacional Civil y el sustento científico del INACIF para respaldar las pruebas que condenan a los criminales en las cortes y los sacan de circulación.

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11 Nov ¿Es una buena idea la de un impuesto extraordinario, temporal y específico para financiar la lucha contra la impunidad?

Sí lo es. ¿Por qué?

Guatemala continúa siendo uno de los países más violentos e inseguros del planeta. Aunque hemos mejorado en los últimos seis años, terminaremos el 2015 con una tasa de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta realidad nos perjudica a todos, incluso a los guatemaltecos de más altos ingresos y con mayor riqueza, que se ven obligados a gastar en su protección personal y la de sus negocios. También afecta negativamente la actividad económica, especialmente desincentivando las nuevas inversiones, debido a los elevados costos que impone un clima de negocios incierto por falta de seguridad y justicia, y por las altas probabilidades de ser víctima del secuestro o la extorsión, entre otros delitos graves contra la integridad personal y la propiedad.

El Estado guatemalteco es uno de los más débiles de América Latina, visto desde varias perspectivas. Una de ellas: sus escasos recursos financieros para invertir en servicios públicos esenciales como educación y salud primarias, y en infraestructura productiva. Tampoco tiene recursos suficientes para un cuerpo de Policía fuerte, moderno y eficiente. Las condiciones en las que trabajan los agentes de Policía son deplorables y tienen bajos salarios que los hacen vulnerables a los sobornos. Se ha comprobado, incluso, que estructuras policiales terminan trabajando al servicio del crimen organizado o se convierten en bandas criminales. En este sentido, se debe continuar con la depuración y profesionalización de la Policía Nacional Civil (PNC), avanzando en su reforma. Todo ello requiere de recursos financieros que el Estado no posee, especialmente en medio de esta crisis fiscal que afecta a todas las entidades públicas, como en el dramático caso del sector salud, también debilitado por los altos costos de atención a las víctimas de la violencia armada.

El Sistema de Justicia está compuesto por otros eslabones fundamentales para continuar la lucha contra la impunidad en el país. El Ministerio Público (MP) ha dado muestras indiscutibles de solvencia moral, y de una mayor eficiencia en la desarticulación de bandas criminales y en los avances bien fundamentados de los casos judicializados contra la defraudación aduanera, que tienen en prisión preventiva a un ex Presidente de la República y a su compañera en la Vicepresidencia. Así que en estos momentos es importante premiar al MP con más recursos para poder afrontar los cientos de miles de denuncias por diversos delitos que recibe anualmente, entre ellos, más de 5 mil homicidios, que se suman a los miles de casos de años recientes y que no han podido ser investigados de manera que se castigue a los responsables. Sólo en la última administración de Gobierno se acumularon unos 20 mil casos más de muertes violentas sin resolver. No obstante, con sus recursos limitados, el MP ha logrado disminuir el indicador de impunidad. Así que la falta confianza o eficiencia no son un argumento válido para negarle más recursos.

De la misma manera, el Organismo Judicial (OJ), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Sistema Penitenciario y demás entidades del sector justicia, requieren recursos financieros para atraer a los mejores recursos humanos del país y para modernizarse en su administración, así como en el uso de la ciencia y la tecnología. Alcanzar una sociedad pacífica y segura tiene un costo financiero que todos debemos contribuir a cubrir. Hasta el ideólogo más libertario estará de acuerdo en que el Estado tiene un papel fundamental como proveedor de orden, seguridad y justicia. Sin estas tres características, el mercado no puede funcionar bien en una sociedad. Estado y mercado se necesitan el uno al otro para florecer, pues las transacciones deben ser libres y voluntarias, de lo contrario no hay intercambio que beneficie a ambas partes y la economía se destruye.

Según una Fundación financiada por el mismo sector privado organizado (FUNDESA 2013), la población y las empresas gastan anualmente el equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para protegerse de la violencia, el crimen organizado y la delincuencia común. El sector productivo desvía recursos propios para pagar agentes de empresas privadas de seguridad, cámaras de vigilancia, vehículos blindados, cercas y alambradas, y otra gran cantidad de mecanismos en defensa de las vidas de sus trabajadores o de sus clientes, así como para la protección de sus activos, servicios y productos. Aunque no existe una encuesta de victimización al sector privado, sabemos por las noticias que muchas empresas que tienen camiones ruteros para distribuir sus mercaderías son víctimas constantes de la extorsión. No pueden entrar a ciertos barrios del Área Metropolitana si no pagan. Varios choferes y escoltas han sido muertos por los extorsionistas al negarse a pagar.

Además del costo en vidas humanas y pérdidas para los negocios, el problema de las extorsiones refleja muy bien la debilidad estructural del Estado guatemalteco. En ciertos barrios o colonias, la burocracia estatal, la fuerza pública, no retiene el monopolio en el uso legítimo de la violencia. Por lo tanto, tampoco es capaz de mantener el monopolio sobre la extracción legítima de los recursos de la población (los impuestos). En ese sentido, hablamos de territorios en disputa con el Estado, para el control y explotación de la población que allí habita. Esto es algo que ninguna sociedad civilizada se puede dar el lujo de permitir, porque es un claro retroceso hacia el caos social, que se refleja muy bien en los altos niveles de violencia e impunidad de los que somos víctimas. No hay economía, ni negocio legítimo que pueda ser viable en esos contextos. Sólo florecen los negocios al margen de la ley, precisamente los que se especializan en el uso de la fuerza y el engaño como modus operandi.

Desde abril 2015, la sociedad civil organizada y no organizada, ha participado en un esfuerzo sostenido, tanto en las calles y plazas como en los juzgados y otros espacios de influencia (medios de comunicación y redes sociales), para depurar la casta política y sacar de puestos públicos a los corruptos. Ahora se está empezando a capturar y procesar a los empresarios corruptores, pero esto es un proceso que toma tiempo, investigación, inteligencia, equipos de expertos y profesionales, recursos tecnológicos, y todo termina en la disponibilidad de recursos económicos para financiarlos. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha jugado un papel importante en todo esto, apoyando al MP en sus labores, pero la CICIG es un esfuerzo temporal financiado por la cooperación internacional. Sus capacidades técnicas deben ser transferidas al MP y somos los mismos guatemaltecos los responsables de financiar el esfuerzo de largo plazo.

Aún no existe una propuesta técnica específica que deberá ser discutida por la nueva legislatura para su eventual aprobación. Simplemente se han mencionado experiencias en otros países, como la de Colombia, donde el gurú del sector privado más conservador de este país, Álvaro Uribe, implementó un impuesto al patrimonio de las personas ricas (con más de US$1.5 millones declarados como riqueza). Sin embargo, en Guatemala no se cuenta con declaraciones patrimoniales que permitan hacer viable este mismo criterio. A lo mejor habría que empezar por allí, pero el argumento en contra será, precisamente, que en un país como Guatemala es peligroso dar a conocer el patrimonio porque uno se puede volver víctima de los extorsionistas o secuestradores aunque, en realidad, pareciera que le temen más al fisco.

De esta manera, en el sector privado tradicional y agremiado pareciera que cada quien prefiere pagar por su cuenta su seguridad, generándose una pérdida social neta. Todos estamos peor en esa situación. Si por el contrario, lográramos superar el problema de la acción colectiva y contribuyéramos dando dos puntos adicionales del PIB al sector público para que éste se encargue de la seguridad y la justicia para todos, entonces estaríamos en una mejor situación social, como nación. Pero también a nivel individual y de las empresas, porque esos dos puntos del PIB les permitirían ahorrar los otros dos puntos que ya gastan, y que luego podrían invertirse en actividades más productivas que generarían más empleos y también más riqueza para todos. Entraríamos así en el círculo virtuoso al que todos aspiramos, pero primero debemos romper el círculo vicioso existente por algún lado. Lo peor que podemos hacer es apostarle al statu quo.

Es cierto que necesitamos una reforma fiscal integral, pero la misma no se logrará en el corto plazo. También es correcto exigir a la nueva administración de Gobierno metas claras y verificables, así como planes viables para alcanzarlas. Pero la coyuntura política le es favorable para este tipo de impuesto, pues el nuevo Gobierno goza de la credibilidad y de la legitimidad de las urnas para negociar exitosamente en el Congreso un impuesto de esta naturaleza. Podrían diseñarse, por otro lado, mecanismos novedosos para fiscalizar el uso de estos recursos específicos, incluyéndose la obligatoriedad de hacer evaluaciones técnicas de las políticas públicas implementadas para así medir su efectividad y retroalimentar al sistema, para no persistir con modelos de prevención de la violencia, por ejemplo, que no funcionan y sólo provocan desperdicio de recursos.

Es el momento de pasar del discurso a la práctica en la lucha contra la impunidad y la corrupción en este país, como bien lo indicó el Comisionado Iván Velásquez. Eso pasa por el fortalecimiento financiero del Estado. No hay dudas al respecto. Por lo tanto, hay que dejar de un lado las creencias ideológica que a priori descartan cualquier impuesto, y también hay que olvidarse por un momento de los intereses gremiales que no necesariamente coinciden con los intereses de toda la nación. Debe hacerse una propuesta que técnicamente sea viable, que minimice las distorsiones a la economía, y que demuestre que el análisis de costo-beneficio es favorable en términos sociales. Una vez definida y discutida, el Congreso y el Presidente deben blindarse ante cualquier poder de veto supra-político. El futuro está en juego. Merecemos vivir en paz y con seguridad.

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