Diálogos | Violencia
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Violencia Tag

22 Abr Informe Anual sobre la Violencia Homicida en Guatemala, Año 2018

Resumen

Guatemala redujo nuevamente su tasa de homicidios durante el año 2018. Aunque las explicaciones de dicha reducción aún no están claras, y a pesar de la coyuntura política adversa debido a la crisis provocada por el mismo Gobierno y el Congreso en su afán por expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de esta manera frenar todo esfuerzo en la lucha contra la corrupción, lo cierto es que la tasa se encuentra en un mínimo histórico, según los datos de la Policía disponibles y comparables desde 1995. La violencia homicida se ha reducido en más de la mitad desde el punto máximo observado en agosto de 2009 cuando la tasa interanual llegó a 48 por cada 100 mil habitantes. El año 2018 se cerró con una tasa de 22.4 por 100 mil, la menor tasa registrada en los últimos 24 años. Los principales progresos se ubican claramente a favor de los grupos más vulnerables a este tipo de violencia: los hombres jóvenes, generalmente víctimas de heridas provocadas con arma de fuego. La tasa de muertes violentas por arma de fuego en 2018 descendió casi 12% respecto al año 2017. La tasa total de homicidios disminuyó en 14%.  

En el presente informe se revisan no sólo las tasas con las que se terminó el año, sino especialmente las tendencias interanuales que nos dan una mejor idea de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos en términos de la violencia homicida. El análisis se desagrega por sexo y edad de las víctimas, así como por el tipo de arma utilizada por los victimarios. También se comparan entre sí diversas fuentes para mostrar que hay consistencia entre las mismas a pesar de ser independientes y alimentar sus registros en momentos distintos (escena del crimen vs examen médico forense). Se confirma de igual manera la tendencia de la tasa de homicidios en contraste con la de lesionados o heridos por violencia. Se hace un breve recuento de los acontecido durante el año con base a la tendencia de corto plazo que generó una serie de alertas tempranas por parte del Observatorio de la Violencia de Diálogos. Finalmente, se revisa la geografía de la violencia a nivel departamental y municipal. Como en años anteriores, se observa que, aunque los niveles de violencia nacionales vayan a la baja se mantiene el patrón geográfico de la violencia homicida, distinguiéndose claramente dos zonas en el país: una extremadamente violenta y otra pacífica, ésta incluso bajo estándares internacionales (tasa anual de un dígito). En el anexo del informe (formato MS-Excel) se incluye el ranking con la respectiva tasa de los 340 municipios del país, desagregada por sexo de las víctimas, y se compara con lo registrado en 2017, clasificándolos por su tamaño poblacional.

Contenido

Introducción: informe 2018

Variación anual y tendencias: 10 años de datos
Tasa anual por sexo de las víctimas, 2018
Tasa anual según la edad de las víctimas, 2018
Tasa por tipo de arma utilizada por los victimarios
Tasa anual de heridos o lesionados por violencia, 2018
Tendencia en el corto plazo: altibajos durante 2018
Geografía de la violencia homicida, 2018

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06 Mar COMUNICADO: En 2017 se redujo violencia homicida, pero se incrementó muerte de mujeres

El informe anual de la organización civil Diálogos, que evaluó las cifras de la violencia homicida en Guatemala, durante el 2017, da cuenta que se registraron 110 muertes menos en comparación con el 2016.

El año 2017, cerró con una tasa de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, 4,410 muertes violentas, -110 menos que en el año anterior-, donde se registró 4,520, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

A pesar de tendencia a la baja en la tasa de muertes violentas a nivel nacional, que se han mantenido en los últimos ocho años, hay un comportamiento variable en cada uno de los 22 departamentos. En nueve de ellos aumentó la violencia, pero disminuyó en 12, mientras que en Sololá no varió.

Los cinco departamentos más violentos del país en 2017 ordenados por su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: Zacapa (61), Chiquimula (57), Escuintla (53), Guatemala (52), e Izabal (44).

Mientras que los más pacíficos, con un dígito de tasa de violencia homicida fueron: Totonicapán (3), Quiché (3), Sololá (4), Alta Verapaz (6), y Huehuetenango (6).

De los 4,410 homicidios del 2017, 593 víctimas fueron mujeres, 20 más que en el 2016, lo que representa una tasa de 7 por cada cien mil mujeres, mientras que los homicidios de hombres registraron 3,816 muertes equivalente a una tasa de 46 por cada cien mil hombres.

Homicidios de Mujeres

  • En 2017, tres cuartas partes de los homicidios de mujeres ocurrieron en seis departamentos: Guatemala (46%), Escuintla (10%), Chiquimula (5%), Izabal (4%), Petén (4%) y Zacapa (4%).
  • A nivel municipal, el año anterior la violencia homicida contra las mujeres muestra una concentración: Guatemala (105); Villa Nueva (60); Mixco (31); Escuintla (17); Puerto Barrios (12) Puerto de San José (11); Tiquisate (10); Esquipulas (10), y Morales, Izabal (10).

Pese a que la violencia homicida ha mostrado un descenso sostenido en los últimos años, es importante implementar acciones en los municipios en donde la tendencia se ha mantenido o incrementado. En el caso de las mujeres no refleja una reducción significativa en los últimos años, comparado con los hombres.

Es importante que las autoridades a cargo de la seguridad ciudadana desarrollen acciones de prevención en los municipios con altos índices de violencia homicida.

 

Autores del informe:  Evelyn Espinoza y Carlos Mendoza, con la asistencia de María Alejandra Menaldo y Sergio Zapeta. 

Diálogos agradece el apoyo financiero de Open Society Foundations (OSF) para la realización del informe.

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08 May Guatemala: una sociedad en desconfianza

La sociedad guatemalteca afronta un problema endémico de violencia que repercute en nuestras actitudes y comportamientos sociales. La ciudad se encuentra repleta de agentes de seguridad privada, guardaespaldas, autos polarizados y condominios cerrados, protegidos por garitas de seguridad y alambre espigado. El ciudadano se somete a un encierro físico, en parte como un antídoto a la ansiedad que genera la amenaza de la violencia, pero el encierro también se produce en el ámbito social: nos organizamos en pequeños nichos de personas afines, donde se compensa la inseguridad, pero al mismo tiempo se perpetúa el rechazo hacia el “desconocido”.

El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), una encuestadora regional, mide la confianza interpersonal mediante la pregunta: ¿diría que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable? La media en todos los países en la región centroamericana se encuentra dentro de las posiciones moderadas (algo, poco). El caso guatemalteco muestra una particularidad en sus polos extremos, además, donde por un lado tiene el porcentaje más bajo en el rubro “muy confiable” y por otro, tiene el segundo porcentaje más alto de “nada confiable”.

El diagnóstico no aplica para todos los guatemaltecos, sin embargo, por lo que es importante diferenciar cuáles son las distintas realidades del país – un viaje al interior inmediatamente nos muestra otra realidad con otros mecanismos de cooperación y relaciones sociales, por ejemplo – y examinar qué conduce a que las relaciones sociales alimenten la confianza o la desconfianza.

¿Quiénes desconfían?

La desconfianza es un fenómeno urbano. Los encuestados ubicados en el sector rural superan por más del doble a los habitantes urbanos en el rubro de “muy confiable”. Los mismo sucede en el sentido contrario, la población urbana se encuentra más propensa a catalogar al conciudadano como “nada confiable”. Estos resultados coinciden con el informe de violencia que ha señalado la marcada diferencia en tasas de violencia homicida entre urbano-rural.

Añadiendo a esto, existe una distinción en el género de los encuestados. Aunque la relación no es igual de fuerte que el fenómeno de urbanización, se puede afirmar que las mujeres están más inclinadas a desconfiar que confiar en sus pares.  La mujer se encuentra más propensa a afirmar “nada confiable” con un 61%, mientras el hombre lo hace con un 39%. Nuevamente, los resultados no resultan sorprendentes considerando que la mujer se encuentra más vulnerable a distintos actos de agresión, que van más allá de cifras de violencia homicida.

 

La educación de los encuestados parece marcar una relación débil: Quienes no completaron ningún grado educativo muestran un grado mayor de confianza, mientras que para el resto no existe una clara relación entre grado de escolaridad y la propensión a confiar en sus conciudadanos.

 

Además de la confianza, el capital social también consiste en contar con normas efectivas y redes sociales que faciliten la acción colectiva y el desarrollo de la vida del grupo. Como demostró este ejercicio, también es importante recalcar que toda actitud y comportamiento social no puede ser reducido a una generalización abstracta y se debe considerar el contexto en que ocurre. Para empezar, la confianza hacia el conciudadano parece ser más fuerte en poblaciones rurales, entre hombres, y en segmentos poblacionales sin educación formal. En cambio, la confianza es débil en poblaciones urbanas y mujeres. Ante todo, el factor de urbanización mostró la distinción más grande.

Las ciudades – y complejos urbanos – son los centros de actividades económicas, sociales y políticas del país, pero es justo en ellas donde existe menos confianza interpersonal. Esto no parece ser nada nuevo: la sociología apunta a que, entre más grande es la ciudad, más impersonales son la relaciones entre sus habitantes, una situación que exige que los individuos dejen de recurrir a lazos étnico-familiares y les sustituyan por lazos más indirectos, mediadas por instituciones formales e informales. No obstante, no debería existir una gran brecha entre ambos tipos de círculo social como en el caso guatemalteco. Y un nivel de desconfianza saludable debería mantenerse a niveles moderados, a manera de precaución, más que en el ámbito de los absolutos (nada confiable).

Trasladando este análisis a la arena política, la falta de confianza es un fenómeno que afecta nuestra participación política y se traduce al conflicto entre visiones políticas, económicas y culturales. Pero a pesar de la creación de nuevos espacios y la movilización de nuevos actores que hemos visto desde el despertar ciudadano del 2015, la desconfianza sigue marcando la arena política. Las discusiones sobre las reformas constitucionales han generado fricciones entre distintos actores, no sólo en el plano discursivo sino a través de actos violentos, como el que ocurrió el pasado viernes en el palco del congreso. Además, las redes sociales han traído consigo nuevas formas de anonimato que se utilizan para difamar y desprestigiar proponentes de ciertas posturas, o polarizar las discusiones sobre temas puntuales, a través del uso de perfiles falsos y la desinformación. La nueva política debe hacerle frente a estos desafíos porque más allá de los cambios estructurales que se intenten plantear por medio de reformas, también requerimos nuevas maneras de relacionarnos los unos con los otros: la confianza es después de todo una percepción moldeable y evolutiva.

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20 Mar Informe sobre la Violencia Homicida en Guatemala 2016

Diálogos anuncia la publicación del Informe sobre la Violencia Homicida en Guatemala (2016), que ofrece una visión general sobre los homicidios dolosos en el país. El informe busca ampliar el conocimiento de las tendencias y patrones delictivos en Guatemala, a nivel de país, por departamento y por municipio. El mismo fue elaborado por Evelyn Espinoza y Carlos A. Mendoza, con la colaboración de Pedro Alfonso Romero en la compilación de los datos a lo largo del 2016.

En el documento, se detallan las tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes para los 22 departamentos del país y son presentados con base a las categorías de departamentos con tasa de homicidios menor a 10.0 hasta departamentos con tasa de homicidios mayor al promedio nacional (27.3). Para cada departamento se presenta el análisis de los municipios que reportan más violencia y menos violencia.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

  • En el año 2016, un total de 4,520 personas fueron víctimas de homicidios a nivel nacional. El departamento que concentra el mayor porcentaje del total de homicidios ocurridos a nivel nacional durante 2016 es Guatemala (37.8%); seguido de Escuintla (11.0%); Petén (6.5%), Izabal (5.7%) y Chiquimula (5.1%). Los departamentos con menor porcentaje de homicidios fueron, Totonicapán (0.1%); Sololá (0.5%), Quiché (0.6%) y Baja Verapaz (0.6%).
  • La violencia homicida en la República de Guatemala ha descendido por séptimo año consecutivo, desde el máximo registrado por la Policía Nacional Civil (PNC) en 2009 (tasa de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes) hasta una tasa de 28 por 100 mil en 2016, con lo cual se vuelve al nivel observado hace 15 años, en el 2001. Es un descenso de casi 40 por ciento respecto al pico de violencia en 2009.
  • Alrededor del 40% de la violencia homicida ocurrió en 10 municipios: Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Puerto Barrios, Escuintla, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, Masagua, Chinautla, y Morales. En total, fueron 71 municipios en donde no se registró ningún hecho de homicidio en 2016. La característica principal de estos lugares (con excepción de Chichicastenango, Quiché) es que tienen una población menor a 100 mil habitantes.
  • Departamentos con tasa de homicidios menor a 10.0 por 100 mil habitantes. Los departamentos en esta categoría son seis: Totonicapán (0.8), Quiché (2.6), Sololá (5.1), Huehuetenango (5.7), Alta Verapaz (8.1) y Baja Verapaz (9.0). En Totonicapán, Quiché y Sololá, no se registró ningún homicidio en al menos la mitad de sus municipios. Mientras que en Las Verapaces únicamente 1-2 municipios no tuvieron violencia homicida. El Departamento de Huehuetenango no registró violencia en 11 (un tercio) de sus municipios. En total, en estos departamentos se ocurrieron 256 homicidios (6.0% del total a nivel nacional).
  • Departamentos con tasa de homicidios igual o mayor a 10.0 y menor a 27.3 por 100 mil habitantes. Los departamentos en esta categoría son seis: San Marcos (10.0), Sacatepéquez (11.0), Chimaltenango (16.0), Quetzaltenango (14.0), Suchitepéquez (17.0) y Retalhuleu (25.0). En total, en estos departamentos ocurrieron 582 homicidios (13.0% del total a nivel nacional). En la mayoría de estos departamentos, entre 1-7 municipios no registraron ningún homicidio. Los municipios que marcaron la tendencia dentro de cada departamento son: Malacatán; Sumpango; Chimaltenango cabecera; Quetzaltenango cabecera, Coatepeque; Mazatenango; y Retalhuleu cabecera.
  • Departamentos con tasa de homicidios mayor a 27.3 por 100 mil habitantes. Los departamentos en esta categoría son diez: Santa Rosa (33.0), Jalapa (36.0), Jutiapa (36.0), Guatemala (50.0), Petén (51.0), El Progreso (52.0), Chiquimula (54.0), Zacapa (56.0), Izabal (59.0) y Escuintla (65.0). En estos departamentos ocurrieron 3,682 homicidios (81% del total a nivel nacional). La violencia homicida se manifestó en mayor medida en las cabeceras departamentales (con excepción de Petén y El Progreso), las cuales, en su mayoría, tienen una población superior a los cien mil habitantes.
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03 Dic Desigualdad en Guatemala: un problema para todos

Guatemala es una de las sociedades más desiguales del planeta, y por ello no es extraño que sea una de las más violentas también. Hay más de 50 años de estudios empíricos que muestran algún grado de correlación entre violencia y desigualdad.[1] Por eso mismo, ignorar dicha realidad es un error grave. Peor aún, negar el problema es casi un suicidio. Reconocer la desigualdad y sus consecuencias no debe ser algo de izquierdas versus derechas, tampoco debe serlo la búsqueda de soluciones concretas. Es un problema que nos afecta a todos y debe abordarse de manera pragmática, superándose los tradicionales prejuicios ideológicos.

La desigualdad puede medirse de diversas maneras. La desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza son las formas más conocidas. Se utilizan diversos indicadores para medirla, como los índices de Gini y de Theil. Aquí me limitaré a ver los resultados de las encuestas realizadas por el MINEDUC a los graduandos del 2014, para mostrar cómo el sistema guatemalteco de educación es una de los principales obstáculos para la movilidad social.

Un proxy del nivel de riqueza de las familias con hijos terminando el ciclo de diversificado se puede obtener sumando el número de electrodomésticos que poseen. Los más pobres no tienen siquiera uno, mientras que los más ricos suman hasta diez aparatos (TV, refrigerador, equipo de sonido, VHS o DVD, lavadora, secadora, horno microondas, computadora, consola de videojuegos, y otros). Como se puede observar en el histograma siguiente, sólo el dos por ciento de los graduandos posee en su casa los diez electrodomésticos y sólo dos por ciento no poseen al menos uno. El 14 por ciento posee cuatro, otro 14 por ciento posee tres. En general podemos decir que la distribución está sesgada hacia la izquierda.

Gráfico 1. Histograma de porcentajes de graduandos del nivel diversificado con determinado número de electrodomésticos en el hogar. República de Guatemala, 2014.distribucion electrodomesticos graduandos DIGEDUCA 2014

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de DIGEDUCA (2014).

Lo interesante, sin embargo, es ver el rendimiento de los estudiantes a partir de su nivel de riqueza familiar medida por dicho proxy. Una simple tabla de contingencia nos muestra que, en efecto, son los jóvenes con más recursos en casa los que muestran un mejor desempeño en la prueba de lectura (50 por ciento obtienen “excelente”), mientras que en el caso de los más pobres sólo el dos por ciento obtiene esa máxima calificación (en contraste, el 80 por ciento obtienen “insatisfactorio” –es el 13 por ciento para el caso de los jóvenes de familias ricas). En la prueba de matemáticas la situación es similar. Hasta un 33 por ciento de los graduandos con diez electrodomésticos en casa obtiene la nota “excelente”, mientras que en los más pobres sólo la obtiene el uno por ciento. Un 83 por ciento de estos últimos tienen resultados “insatisfactorios”. Entre los ricos el 25 por ciento saca ese mal resultado en la prueba numérica.

Sumatoria TABLAS resultados desempeño DIGEDUCA 2014 x nivel de riqueza (PDF)

En ambas pruebas, los jóvenes con más recursos están sobrerrepresentados entre los mejores punteos, pues la “excelencia” a nivel nacional sólo la alcanza el 14 por ciento en la prueba de lectura y únicamente el 5 por ciento en la de matemáticas. Respecto al rendimiento “insatisfactorio” están sub-representados pues en lectura le va mal al 48 por ciento, mientras que en matemáticas es al 65 por ciento de todos los estudiantes graduados que se les califica así. Por lo tanto, los más pobres están sub-representados en las altas notas, y sobrerrepresentados en las bajas calificaciones. Como sabemos, esto no es fruto de la casualidad. Si nos atenemos sólo al indicador de electrodomésticos, es fácil ver cómo el acceso a una computadora en casa puede aumentar el rendimiento académico de cualquier estudiante. Adicionalmente, hay otros electrodomésticos claves para el desarrollo humano, como nos diría Hans Rosling en su genial presentación TED sobre el tiempo que liberan las lavadoras automáticas a las mamás, para así atender la educación de sus hijos. Por ello, el proxy que usamos aquí no sólo refleja determinado nivel de ingresos o riqueza acumulada, sino también calidad de vida.

¿Cuál es el problema con todo esto? Pues en una sociedad democrática con igualdad de oportunidades, el sistema educativo es uno de los mecanismos para ascender en estatus. Por lo tanto, se esperaría que una educación pública de calidad facilitara la movilidad social aunque sea después de algunas generaciones. Pero en Guatemala, la calidad de la educación que provee el Estado es tan baja que condena a los pobres a un círculo vicioso: no pueden enviar a sus hijos a un colegio privado con mejor calidad en educación primaria y nivel básico de secundaria, por lo tanto sus posibilidades de encontrar empleos mejor remunerados se ve severamente limitada, lo cual hace que la siguiente generación se vea nuevamente en el mismo punto de partida.

En cambio, los padres de familia que cuentan con recursos que les permiten evadir la condena de una educación pública de mala calidad, envían a sus hijos a colegios donde pueden recibir una preparación mucho más adecuada para el futuro. Para estar claros: el 94 por ciento de las familias con 10 electrodomésticos envían a sus hijos al sector privado diversificado para educarlos. Un 63 por ciento de las familias más pobres envían también a sus hijos al sector privado, pero el de mala calidad (de hecho, mucho estafan impunemente a los padres de familia), pues como sabemos la educación diversificada está prácticamente privatizada.  El sector público únicamente atiende al 23 por ciento de la población estudiantil, según el censo de la DIGEDUCA que usamos como referencia para este análisis. No obstante, sigue siendo cierto que a menor riqueza, mayor es la dependencia en la educación pública.

Lo peor de todo es que aquí también hay incentivos fiscales que no están funcionando. Ningún establecimiento educativo privado paga impuestos, es decir que reciben subsidios gubernamentales que pagamos todos. Recordemos que una exención de impuestos es exactamente lo mismo que un subsidio, sólo que nunca entra en las arcas del Estado. Es decir que los centros educativos de élite, y esto alcanza al nivel superior (con el agravante que las Universidades no pagan siquiera la cuota patronal el IGSS para los pocos empleados que les quedan en planilla, pues es bien sabido que se han movido a un régimen de contratos temporales para sus catedráticos), pueden hacer discriminación de precios para maximizar sus ingresos (pues en teoría no tienen utilidades), pero no están obligados a conceder proporcionalmente becas o subsidios a estudiantes con potencial académico, pero sin recursos económicos. Es decir que el sistema, como está, termina subsidiando a los que más recursos tienen y castigando a los que menos poseen. Perpetuándose así la desigualdad estructural.

A mediados del siglo XX todavía era posible para algunas familias del interior de la República enviar a sus hijos a la Ciudad de Guatemala para estudiar en la famosa Escuela Normal y de esta manera obtener la educación necesaria para asistir luego a la Universidad de San Carlos, con un título de nivel medio que les permitía trabajar y estudiar a la vez. Ese fue el caso de mi padre, quien daba clases a los adultos en una escuela nocturna de la zona 3, mientras llevaba sus cursos de ingeniería civil en la USAC. Ese esfuerzo individual de mi padre, posible gracias al esfuerzo colectivo de su familia (mis abuelos que lo enviaron desde la Verapaz, y mis tíos abuelos y bisabuela que lo acogieron en la Ciudad de Guatemala), fue el que permitió que años más tarde él me pudiera enviar a mí y a mis hermanas a colegios y universidades privadas de prestigio. Ahora, esa movilidad social por medio de la educación y el sacrificio de familias enteras está mucho más limitada.

En sociedades donde la movilidad social es difícil o casi imposible, los hombres jóvenes siempre buscarán maneras alternativas para mejorar su estatus en la jerarquía social. De ello depende su supervivencia y hasta sus probabilidades de reproducción. En muchos casos, esas alternativas incluyen el uso de la fuerza y el engaño, es decir, la criminalización para ser respetados por sus pares y, si es necesario, ser temidos por los demás. Tal es el caso de las pandillas juveniles o maras, cuyos miembros en un primer momento se unen a ellas como una forma de sustituir el capital social que perdieron al migrar del área rural a las urbanas (como medio de protección ante un ambiente que no sólo les es extraño sino también hostil). Luego, ante la precariedad de oportunidades, tanto para acceder a la educación de calidad como para empleos bien remunerados, se convierten en organizaciones criminales que prestan “servicios de protección” a sus colonias o barrios, y extorsionan a la misma población del territorio que controlan. Ejercen impunemente la violencia contra aquellos que no pagan (de enero a octubre 2015, la PNC reporta 135 homicidios cuyo móvil fue la extorsión, en el área metropolitana de Guatemala que incluye varios municipios altamente urbanizados). De esta manera la pandilla se convierten en un rival directo del Estado, pues le disputa el monopolio de la utilización del poder coercitivo para la extracción de los recursos. Esto, entonces, se convierte en un problema para todos no sólo para las víctimas directas, incluyendo a las empresas que no pueden entrar a hacer negocios en esos territorios sin pagar las extorsiones.

 

Fotografía: Niños de la Escuela Oficial Rural Mixta (EORM) Colonia 19 de mayo, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. DIGEDUCA (MINEDUC).

 

[1] Pinker, S. (2011). The Better Angels of Our Nature. Why violence has declined. Pinker cita allí los diversos trabajos de Eisner, M. (2001-11), quien a su vez hace referencia a meta análisis de LaFree, G. D. (1999). “A Summary and review of comparative cross-national studies of homicide”. En M. D. Smith & M. A. Zahn (Eds.), Homicide: A Sourcebook of Social Research (pp. 125-145).

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23 Oct Disminuye violencia homicida por sexto año consecutivo en Guatemala

La crisis política del país, provocada por los escándalos de corrupción en las aduanas, dejó al Organismo Ejecutivo sin cabeza y también implicó cambios en la cúpula del Ministerio de Gobernación, el cual tiene a su cargo la seguridad ciudadana. Se temía que el vacío de poder fuera aprovechado por el crimen organizado y la delincuencia común para hacer de las suyas, y elevar así las estadísticas de violencia y otros delitos. También se especulaba sobre la violencia exacerbada por la campaña electoral, pero sabemos que la tasa nacional es independiente de la violencia política.[1]  Nada de eso ocurrió. Por el contrario, hemos mantenido la tendencia de largo plazo en el descenso de la tasa de homicidios a nivel nacional.

Según data registrada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), al 30 de septiembre de 2015 la tasa acumulada de necropsias relacionadas con hechos criminales va seis por ciento por debajo de la observada a la misma fecha del año anterior. En términos absolutos, en 2015 hay 165 muertes menos que en los primeros nueve meses del 2014. Sólo en enero y mayo de 2015 se sobrepasó la cantidad de necropsias de los mismos meses en 2014, mientras que en los otros siete meses el número fue menor. En julio y agosto se lograron las mejorías más notables. Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) confirman este descenso, aunque la caída es más modesta: del cinco por ciento.

La tasa interanual de la PNC se ubica en 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, y la tasa acumulada de los primeros nueve meses del año en 23, por lo que es bastante probable que el año concluya en alrededor de 30 por 100 mil. Eso significa dos puntos menos que la tasa anual del 2014. Lo cual implica que se estaría logrando un sexto año consecutivo de descenso en la violencia homicida en Guatemala, a nivel nacional. No importa si ésta se mide con data del INACIF o de la PNC, como se muestra en el siguiente gráfico.[2]

tasa anual de necropsias y homicidios 2009_2015 PNC INACIF watermark

La mejoría de Guatemala es acompañada por la de Honduras, aunque el nivel de violencia en este segundo país llega a duplicar al del primero, su reducción es más impresionante: del 13 por ciento. Ambas tendencias contrastan con el aumento del 65 por ciento de la violencia en El Salvador, cuya tasa interanual ya triplica a la de Guatemala, como se observa en el siguiente gráfico. No debe olvidarse que en el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, la subregión más violenta del planeta, hay factores comunes a los tres países y vasos comunicantes que podrían explicar las variaciones mucho mejor que los cambios en políticas públicas de seguridad ciudadana a nivel nacional. Por ejemplo, se dice que la violencia está correlacionada con factores como el narcotráfico (sobre todo en Honduras), como la violencia entre pandillas y de éstas contra el Estado (sobre todo en El Salvador) y como la “cultura del honor” en ciertas comunidades donde históricamente los conflictos se resuelven por medio de la violencia armada (sobre todo en la zona oriente de Guatemala).[3]

tasa interanual HN GT ES a sep 2015 watermark

En Guatemala seguimos sin tener muy claras las causas del descenso en la violencia, pues los cambios en las políticas públicas no se suelen evaluar de manera rigurosa, y sabemos que pueden existir factores exógenos que explican mejor la variación en la tasa de homicidios que la toma de decisiones gubernamentales. Aunque se califique como modesta, dicha mejoría ha salvado unas 10 mil vidas en los últimos seis años, si tomamos como punto de referencia el año 2009, cuando se registró la tasa anual más elevada.

Entre los especialistas, se acepta como una hipótesis plausible el hecho que una mejor coordinación de trabajo entre el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación (MINGOB), también con el apoyo del INACIF por medio del aporte de las pruebas científicas para la investigación criminal, ha contribuido a disminuir la impunidad y, por lo tanto, los incentivos para cometer crímenes. Por un lado, se han capturado y condenado a varias estructuras criminales, sacándolos así de circulación. Por otro lado, se ha enviado a dichas organizaciones un mensaje claro por parte del sistema de justicia, elevándose así los costos del crimen y, consecuentemente, sus beneficios netos.

En efecto, ha disminuido la impunidad en Guatemala desde el año 2010 de manera perceptible, como se puede verificar en un estudio por publicarse (elaborado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG). Aunque no está del todo claro cómo los criminales incorporan en su análisis de costo-beneficio ese cambio en la probabilidad de ser capturados y condenados. Una explicación alternativa es que los mismos criminales se han estado eliminando entre sí y por ello quedan menos en operación. Puede ser que hayan migrado a otros países donde les sea más rentable o seguro cometer crímenes o que, simplemente, hayan decidido llamar menos la atención de las autoridades alcanzando una especie de pacto de no agresión entre ellos mismos.

Aunque la violencia en Guatemala ha disminuido durante los últimos seis años, la tendencia de mediano plazo parece estar estancada desde hace varios meses en torno a los 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto puede deberse a que aún persisten inalterados los determinantes estructurales de la violencia en el país, como lo son la pobreza y la desigualdad. Una numerosa población masculina, joven y sin empleo formal, en medio de tanta inequidad, es la combinación más peligrosa que una sociedad puede ofrecer. Los cambios institucionales no bastan para detener el uso de la violencia en los mercados ilegales que surgen para proveer bienes y servicios no permitidos, y en los cuales las “disputas comerciales” se resuelven a balazos, como es el caso del narcotráfico.

Mientras escribo estas líneas, el MP pide sentencia condenatoria contra unos 40 jóvenes integrantes de pandillas a quienes se les acusa de extorsión, asesinato y conspiración para el asesinato de unas 70 víctimas. Según la PNC, en 2014, hubo al menos 80 muertes violentas entre pandilleros, mientras que ellos victimizaron a unas 76 personas.[4]

Finalmente, respecto a la geografía de la violencia en Guatemala, al 31 de agosto de 2015, la data de la PNC refleja patrones muy similares a los de años anteriores. Escuintla, Chiquimula y Zacapa presentan las tasas acumuladas más altas, ya superando los 50 homicidios por cada 100 mil habitantes. De hecho, los dos primeros son también los que más han aumentado en números absolutos. En contraste, el departamento de Guatemala ha mejorado, mostrando 164 homicidios menos que en 2014, es decir, una disminución del 14 por ciento. Es en dicho lugar donde ocurre el 32 por ciento de todos los homicidios (aunque allí habita el 21 por ciento de la población total del país).

Hace cuatro años, incluso hace ocho, las campañas electorales se centraban en quién podría solucionar el problema de la violencia y la inseguridad. Ahora es el problema de la corrupción el que obtiene la atención del electorado y los candidatos sólo responden a ello. Aunque hemos mejorado, Guatemala sigue siendo una de las sociedades más violentas del planeta. El actual período de gobierno terminará entregando un reporte de más de 20 mil vidas perdidas por hechos criminales. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de las zonas urbanas pobres. Por ello, es crucial que la nueva administración de gobierno sea capaz de sostener la tendencia positiva y que acelere el descenso.

 


[1] Sí hubo asesinatos de candidatos políticos durante la presente campaña. Se contabilizan entre 25 y 28 víctimas relacionadas de alguna manera con los partidos políticos –según recuento de Plaza Pública (21 oct. 2015), pero ello no afecta el nivel general de violencia homicida anual, la cual está más relacionada con otras causas.

[2] En Guatemala, las principales fuentes sobre la violencia homicida son la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que generan registros independientes entre sí, con diferencias sistemáticas explicables por el momento en que contabilizan las muertes. La PNC se limita a la escena del crimen, donde muchas víctimas son registradas como heridas pero luego mueren en centros de atención hospitalaria. El INACIF recibe casi todos los cadáveres con signos de violencia, incluyendo a quienes murieron por accidente o por heridas auto-provocadas.

[3] Escribí una breve explicación sobre el término “cultura del honor” en The Black Box (23 ene. 2013).

[4] En 2014 la PNC únicamente generó hipótesis del móvil criminal para menos del 40 por ciento de los homicidios. Su registro es ampliamente cuestionado por la escasa capacidad de investigación de los agentes de la Policía, pero sirve por un indicativo ante la falta de registros sistematizados por parte de otras entidades del sistema de justicia, como el mismo MP y las hipótesis criminales elaboradas por sus fiscales.

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