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Desigualdad en Guatemala: un problema para todos

Por Carlos Mendoza
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La desigualdad puede medirse de diversas maneras. La desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza son las formas más conocidas. Se utilizan diversos indicadores para medirla, como los índices de Gini y de Theil. Aquí me limitaré a ver los resultados de las encuestas realizadas por el MINEDUC a los graduandos del 2014, para mostrar cómo el sistema guatemalteco de educación es una de los principales obstáculos para la movilidad social.

Un proxy del nivel de riqueza de las familias con hijos terminando el ciclo de diversificado se puede obtener sumando el número de electrodomésticos que poseen. Los más pobres no tienen siquiera uno, mientras que los más ricos suman hasta diez aparatos (TV, refrigerador, equipo de sonido, VHS o DVD, lavadora, secadora, horno microondas, computadora, consola de videojuegos, y otros). Como se puede observar en el histograma siguiente, sólo el dos por ciento de los graduandos posee en su casa los diez electrodomésticos y sólo dos por ciento no poseen al menos uno. El 14 por ciento posee cuatro, otro 14 por ciento posee tres. En general podemos decir que la distribución está sesgada hacia la izquierda.

Gráfico 1. Histograma de porcentajes de graduandos del nivel diversificado con determinado número de electrodomésticos en el hogar. República de Guatemala, 2014.

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de DIGEDUCA (2014).

Lo interesante, sin embargo, es ver el rendimiento de los estudiantes a partir de su nivel de riqueza familiar medida por dicho proxy. Una simple tabla de contingencia nos muestra que, en efecto, son los jóvenes con más recursos en casa los que muestran un mejor desempeño en la prueba de lectura (50 por ciento obtienen “excelente”), mientras que en el caso de los más pobres sólo el dos por ciento obtiene esa máxima calificación (en contraste, el 80 por ciento obtienen “insatisfactorio” –es el 13 por ciento para el caso de los jóvenes de familias ricas). En la prueba de matemáticas la situación es similar. Hasta un 33 por ciento de los graduandos con diez electrodomésticos en casa obtiene la nota “excelente”, mientras que en los más pobres sólo la obtiene el uno por ciento. Un 83 por ciento de estos últimos tienen resultados “insatisfactorios”. Entre los ricos el 25 por ciento saca ese mal resultado en la prueba numérica.

Sumatoria TABLAS resultados desempeño DIGEDUCA 2014 x nivel de riqueza (PDF)

En ambas pruebas, los jóvenes con más recursos están sobrerrepresentados entre los mejores punteos, pues la “excelencia” a nivel nacional sólo la alcanza el 14 por ciento en la prueba de lectura y únicamente el 5 por ciento en la de matemáticas. Respecto al rendimiento “insatisfactorio” están sub-representados pues en lectura le va mal al 48 por ciento, mientras que en matemáticas es al 65 por ciento de todos los estudiantes graduados que se les califica así. Por lo tanto, los más pobres están sub-representados en las altas notas, y sobrerrepresentados en las bajas calificaciones. Como sabemos, esto no es fruto de la casualidad. Si nos atenemos sólo al indicador de electrodomésticos, es fácil ver cómo el acceso a una computadora en casa puede aumentar el rendimiento académico de cualquier estudiante. Adicionalmente, hay otros electrodomésticos claves para el desarrollo humano, como nos diría Hans Rosling en su genial presentación TED sobre el tiempo que liberan las lavadoras automáticas a las mamás, para así atender la educación de sus hijos. Por ello, el proxy que usamos aquí no sólo refleja determinado nivel de ingresos o riqueza acumulada, sino también calidad de vida.

¿Cuál es el problema con todo esto? Pues en una sociedad democrática con igualdad de oportunidades, el sistema educativo es uno de los mecanismos para ascender en estatus. Por lo tanto, se esperaría que una educación pública de calidad facilitara la movilidad social aunque sea después de algunas generaciones. Pero en Guatemala, la calidad de la educación que provee el Estado es tan baja que condena a los pobres a un círculo vicioso: no pueden enviar a sus hijos a un colegio privado con mejor calidad en educación primaria y nivel básico de secundaria, por lo tanto sus posibilidades de encontrar empleos mejor remunerados se ve severamente limitada, lo cual hace que la siguiente generación se vea nuevamente en el mismo punto de partida.

En cambio, los padres de familia que cuentan con recursos que les permiten evadir la condena de una educación pública de mala calidad, envían a sus hijos a colegios donde pueden recibir una preparación mucho más adecuada para el futuro. Para estar claros: el 94 por ciento de las familias con 10 electrodomésticos envían a sus hijos al sector privado diversificado para educarlos. Un 63 por ciento de las familias más pobres envían también a sus hijos al sector privado, pero el de mala calidad (de hecho, mucho estafan impunemente a los padres de familia), pues como sabemos la educación diversificada está prácticamente privatizada.  El sector público únicamente atiende al 23 por ciento de la población estudiantil, según el censo de la DIGEDUCA que usamos como referencia para este análisis. No obstante, sigue siendo cierto que a menor riqueza, mayor es la dependencia en la educación pública.

Lo peor de todo es que aquí también hay incentivos fiscales que no están funcionando. Ningún establecimiento educativo privado paga impuestos, es decir que reciben subsidios gubernamentales que pagamos todos. Recordemos que una exención de impuestos es exactamente lo mismo que un subsidio, sólo que nunca entra en las arcas del Estado. Es decir que los centros educativos de élite, y esto alcanza al nivel superior (con el agravante que las Universidades no pagan siquiera la cuota patronal el IGSS para los pocos empleados que les quedan en planilla, pues es bien sabido que se han movido a un régimen de contratos temporales para sus catedráticos), pueden hacer discriminación de precios para maximizar sus ingresos (pues en teoría no tienen utilidades), pero no están obligados a conceder proporcionalmente becas o subsidios a estudiantes con potencial académico, pero sin recursos económicos. Es decir que el sistema, como está, termina subsidiando a los que más recursos tienen y castigando a los que menos poseen. Perpetuándose así la desigualdad estructural.

A mediados del siglo XX todavía era posible para algunas familias del interior de la República enviar a sus hijos a la Ciudad de Guatemala para estudiar en la famosa Escuela Normal y de esta manera obtener la educación necesaria para asistir luego a la Universidad de San Carlos, con un título de nivel medio que les permitía trabajar y estudiar a la vez. Ese fue el caso de mi padre, quien daba clases a los adultos en una escuela nocturna de la zona 3, mientras llevaba sus cursos de ingeniería civil en la USAC. Ese esfuerzo individual de mi padre, posible gracias al esfuerzo colectivo de su familia (mis abuelos que lo enviaron desde la Verapaz, y mis tíos abuelos y bisabuela que lo acogieron en la Ciudad de Guatemala), fue el que permitió que años más tarde él me pudiera enviar a mí y a mis hermanas a colegios y universidades privadas de prestigio. Ahora, esa movilidad social por medio de la educación y el sacrificio de familias enteras está mucho más limitada.

En sociedades donde la movilidad social es difícil o casi imposible, los hombres jóvenes siempre buscarán maneras alternativas para mejorar su estatus en la jerarquía social. De ello depende su supervivencia y hasta sus probabilidades de reproducción. En muchos casos, esas alternativas incluyen el uso de la fuerza y el engaño, es decir, la criminalización para ser respetados por sus pares y, si es necesario, ser temidos por los demás. Tal es el caso de las pandillas juveniles o maras, cuyos miembros en un primer momento se unen a ellas como una forma de sustituir el capital social que perdieron al migrar del área rural a las urbanas (como medio de protección ante un ambiente que no sólo les es extraño sino también hostil). Luego, ante la precariedad de oportunidades, tanto para acceder a la educación de calidad como para empleos bien remunerados, se convierten en organizaciones criminales que prestan “servicios de protección” a sus colonias o barrios, y extorsionan a la misma población del territorio que controlan. Ejercen impunemente la violencia contra aquellos que no pagan (de enero a octubre 2015, la PNC reporta 135 homicidios cuyo móvil fue la extorsión, en el área metropolitana de Guatemala que incluye varios municipios altamente urbanizados). De esta manera la pandilla se convierten en un rival directo del Estado, pues le disputa el monopolio de la utilización del poder coercitivo para la extracción de los recursos. Esto, entonces, se convierte en un problema para todos no sólo para las víctimas directas, incluyendo a las empresas que no pueden entrar a hacer negocios en esos territorios sin pagar las extorsiones.

 

Fotografía: Niños de la Escuela Oficial Rural Mixta (EORM) Colonia 19 de mayo, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. DIGEDUCA (MINEDUC).

 

[1] Pinker, S. (2011). The Better Angels of Our Nature. Why violence has declined. Pinker cita allí los diversos trabajos de Eisner, M. (2001-11), quien a su vez hace referencia a meta análisis de LaFree, G. D. (1999). “A Summary and review of comparative cross-national studies of homicide”. En M. D. Smith & M. A. Zahn (Eds.), Homicide: A Sourcebook of Social Research (pp. 125-145).

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Carlos Mendoza

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Año

2015

Tema

Serie

País

Guatemala